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Familiares de los reos de conciencia en Nicaragua y defensores de derechos humanos han confirmado que 23 presos políticos, tres en El Chipote y 20 en la cárcel Modelo, han iniciado huelgas de hambre, a riesgo del deterioro de su salud, demandando la suspensión del régimen de aislamiento y tortura impuesto hace más de un año por Daniel Ortega.
Se trata de una acción extrema de protesta, que no sería necesaria si el sistema carcelario estuviese abierto a inspección por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Pero la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como El Chipote, aunque técnicamente es un centro temporal de investigación, en la práctica se ha convertido en una cárcel permanente de tortura que ha sido cerrada a la CIDH, Oacnudh, el CICR y a la Comisión de Expertos Independientes de la ONU. En El Chipote, los presos políticos sólo tienen derecho a una visita familiar de dos horas cada 45 días, se les niega una alimentación balanceada y atención médica especializada, y está prohibido el acceso a libros, lapiceros o cuadernos, para leer y escribir.
De manera que la huelga de hambre a la que han recurrido los presos políticos, como último recurso, es un llamado a la conciencia nacional y a la comunidad internacional para rechazar la normalización de la tortura. Exigir que se abran las cárceles al escrutinio internacional es el primer paso para derribar un sistema carcelario que simboliza la crueldad y deshumanización de la pareja presidencial, cuyo poder absoluto basado en la represión no tiene otro límite que su sed de venganza, el miedo a la libertad y su decrepitud moral.
Dora María Téllez, de 66 años, heroína en la lucha contra la dictadura de Somoza en el siglo pasado, quien ya enfrenta una grave pérdida de peso y padecimientos crónicos de salud, demanda a través de su ayuno que cese el régimen de confinamiento solitario al que ella y otras tres dirigentes de Unamos han sido sometidas durante más de 475 días de cárcel. Exige, además, que se les otorgue a todos los presos el derecho a la lectura y que le permitan firmar un poder legal para que sus familiares puedan retirar la pensión del seguro social que por ley le corresponde.
Los familiares de Suyén Barahona, otra presa política sometida a confinamiento solitario durante más de 475 días, iniciaron la campaña “una llamada para Suyén”, para que le permitan tener una llamada de audio y video con su hijo de cinco años.
El periodista y bloguero Miguel Mendoza, preso desde hace 467 días, inició un ayuno para que el régimen le permita la visita de su hija de nueve años.
El abogado Róger Reyes, preso por más de 400 días, inició una huelga de hambre, exigiendo el derecho a la visita de sus hijas menores que se encuentran enfermas.
Los reos de conciencia Miguel Mora y Tamara Dávila ya pasaron por el martirio de una huelga de hambre para lograr el derecho a una visita de sus hijos menores, pero el régimen no lo instituyó como derecho para todos. En El Chipote y otros centros carcelarios se violan las reglas mínimas Nelson Mandela de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, y se ha impuesto un sistema de aislamiento que los especialistas médicos han calificado de “tortura” que provoca daños físicos y síquicos irreversibles en los presos.
La demanda de los 23 presos políticos en ayuno para que cese el aislamiento es, por tanto, un imperativo humanitario para preservar la salud de ellos, mientras se anulan los juicios políticos para que todos recuperen su libertad.
Después de la muerte del preso político Hugo Torres bajo custodia policial en febrero de este año, ningún preso político debería verse obligado a exponer su salud en una huelga de hambre, para demandar el fin del régimen de crueldad. Sin embargo, este miércoles 28 de septiembre, en su discurso en el anivesario de la Policía Nacional, Ortega intentó justificar el sistema de tortura contra los presos políticos como uno de los pilares de su régimen. El dictador calificó de “terroristas” a los presos que están en la cárcel por demandar elecciones libres y arremetió contra la Iglesia católica, el Papa y el secretario general de la ONU, que exigen cesar la represión. Pero su ataque más virulento fue contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, uno de los líderes de la izquierda democrática en América Latina, que como el presidente de Colombia Gustavo Petro ha demandado la liberación de los presos políticos de Nicaragua.
En el lenguaje orwelliano de Ortega y Rosario Murillo, al invocar los derechos humanos como valores universales y condenar su régimen de crueldad, Boric y Petro actúan como perros falderos del imperialismo. Su dictadura familiar, cada vez más aislada en Nicaragua y en el mundo, alineada con Rusia, Irán, Norcorea, China, Cuba y Venezuela, no puede ofrecer una solución nacional, sino sólo una sucesión dinástica. Ortega puede prolongar la agonía de su régimen por un tiempo, imponiéndole más dolor y sufrimiento al pueblo nicaragüense, pero no puede excusar el fracaso de su gobierno que sólo puede mantenerse en el poder con presos políticos y bajo estado policial.
Tampoco acepta una salida política negociada o un diálogo con la comunidad internacional. Al rechazar la gestión humanitaria de Gustavo Petro para liberar a los presos políticos y al expulsar a la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muschdeit, Ortega sigue dinamitando puentes, porque sabe que nadie le puede ofrecer impunidad por crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles. Como los tiranos al borde del abismo, está empeñado en radicalizar la represión y cerrar todo espacio político. Su objetivo es cohesionar a sus fanáticos de su núcleo político duro, pero en ese salto hacia adelante también está alienando el apoyo de los mismos sandinistas y de los servidores públicos, civiles y militares que no están comprometidos con las masacres y la corrupción.
Frente a este callejón sin salida, la huelga de hambre de los presos políticos representa una llama viva de resistencia nacional. Un llamado dramático para romper el silencio, que demanda una presión internacional extraordinaria, no para intentar apaciguar al tirano, sino para que se suspenda el régimen de aislamiento y tortura en la cárcel. Es el primer paso para lograr la liberación de los reos de conciencia, que encarnan la esperanza del cambio democrático en Nicaragua.
Por Carlos F. Chamorro, periodista nicaragüense