El gobierno ha venido actuando de manera persistente para desmovilizar al pueblo venezolano e impedir el ejercicio pleno de la soberanía, en el sentido en que lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 5to, es decir, “ejercer sus derechos políticos para elegir su propio futuro”.

De allí que, el gobierno ha desplegado todas las fuerzas de su aparato propagandístico y represivo, así como, los mecanismos de control social que ha instaurado, para que la población acepte, como si se tratase de una fatalidad, la situación actual del país, la tragedia que se vive todos los días. Por eso, su insistencia en convencer al pueblo de que “todo se normalizó”, de que toda esta situación de pobreza generalizada, caos, y disfuncionalidad, la ausencia de los servicios y condiciones básicas para la vida cotidiana de la población, que el “por lo menos”, es una condición normal de vida.

Tratan de que la clase trabajadora, los asalariados y jóvenes, acepten como normal que exista una minoría que disfruta de groseros privilegios, mientras el resto del país, trata de sobrevivir con un salario promedio de 22 dólares al mes; que es normal que la gente consuma su vida y esperanzas en la lucha cotidiana de cómo resolver este día, para llegar al siguiente, lidiando con los abusos y atropellos de cualquier tipo, la improvisación y arbitrariedad de una clase política indolente que vive encerrada en su burbuja de privilegios; que acepten la “normalidad” de un país donde, trágicamente, se está vivo para seguir muriendo.

La situación es insostenible, el gobierno no encuentra la manera de estabilizar su modelo, ha desmantelado la economía nacional y entregado nuestra soberanía económica a los sectores más rapaces del capital, que han impuesto su dinámica de especulación, explotación y apropiación de las riquezas del país y de su pueblo.

Nada le sale bien al gobierno, a pesar de entregar la economía y nuestros recursos naturales, de actuar en secreto y ceder a todas las exigencias del capital, convirtiendo al Estado en una entelequia represiva.

La industria petrolera, la más importante del país, sigue estancada en los niveles de producción más bajos de su historia reciente, comparables a los de hace 90 años. PDVSA está desmantelada y golpeada por la persecución política; entregada por pedazos y en secreto a los distintos grupos de poder y a otros países; nuestra empresa nacional, no levanta cabeza y Venezuela sigue perdiendo oportunidades, retrocediendo, diluyéndose como país petrolero, ante una economía mundial que, lejos de las previsiones de una “transición inminente” a otras energías, sigue consumiendo, más que nunca, energía fósiles.

La economía mundial, luego de su caída por el COVID, donde perdió en 2020 el consumo de 10 millones de barriles día de petróleo, no solo recuperó ese volumen en 2021, sino que este año 2022 ha alcanzado los niveles más altos de consumo de petróleo de su historia: ¡100 millones de barriles diarios de petróleo!

El rol del petróleo y el gas sigue siendo de extrema importancia, vital, para la economía mundial; el resto de los países petroleros, que han tenido la capacidad y sabiduría de mantener funcionando al tope su industria, incluso aquellos tan sancionados como Irán; están recibiendo, en este momento, inmensos recursos correspondientes a la renta internacional del petróleo, una oportunidad estelar de disponer de recursos para beneficio de sus pueblos, en una economía capitalista que concentra en las corporaciones y potencias industrializadas el manejo de la riqueza.

A pesar del deterioro de la industria petrolera nacional, PDVSA aún con su menguada producción de 659 mil barriles diarios, está en capacidad de generar importantes recursos para la economía nacional. Con los niveles de precios actuales, deberían ingresar al país, al menos, 30 mil millones de dólares este año, pero ese dinero no llega al pueblo, ni siquiera entra a la economía nacional, se queda en el camino en manos de los grupos que se apropiaron de la empresa y que ahora venden nuestro petróleo, con descuentos de hasta el 40% de su precio, sin control de ningún tipo, ni rendirle cuentas a nadie. Todo ello con la excusa de las muy convenientes “sanciones”, que le permiten al gobierno actuar en secreto.

Igual ha sucedido con el desastre del Arco Minero. Han arrasado con nuestras selvas y bosques, profundizando como nunca la actividad extractivista minera, desplazando a nuestros pueblos indígenas de sus tierras y llevandose del país todo tipo de minerales preciosos y estratégicos. Pero al pueblo no le queda ningún beneficio de esta actividad, el dinero se queda en manos de los grupos de poder y empresas extranjeras que han destrozado nuestro medio ambiente. Al país no le queda nada de lo que hace este gobierno madurista, solo la destrucción de sus selvas milenarias y los edificios en Las Mercedes o los hoteles de lujo donde las nuevas élites entierran su dinero, resulta indignante que estas, disfruten de sus privilegios profanando el precario equilibrio del ecosistema de los Tepuyes o parques nacionales en sus fiestas o derrapes.

Por su parte, la economía no petrolera ha sido demolida en todos estos años de una errática e improvisada política que ha tenido como eje central el paquetazo económico anunciado por maduro en agosto de 2018. No solo es que la economía ha retrocedido en un 80% respecto a sus niveles del 2013, sino que el aparato productivo está desmantelado y los trabajadores han sido despojado de su trabajo, de sus ahorros, de su salario, en una política deliberada de arrebatarle sus beneficios y conquistas para eliminar el llamado, en el argot capitalista, “costo laboral” y crear las “condiciones” para que el capital los explote como le dé la gana en las llamadas “zonas económicas especiales” o cualquiera de las ofertas o gangas mediante las cuales se sigue entregando el país.

El país está en ruinas y el único “milagro” del modelo económico del gobierno ha sido la proliferación de enclaves, que se dedican a todo tipo de actividades superfluas para las nuevas élites que se apropian de la renta petrolera y de la riqueza del país cuyas expresiones más chocantes son los bodegones, los casinos y los hoteles exóticos en los parques nacionales. Sobre las ruinas de nuestro país, se erige una burbuja para el disfrute de los que tengan dólares, condenando al 90% de la población a la pobreza.

Por eso se van los muchachos, sale el que puede. Las últimas cifras de las Naciones Unidas indican que el éxodo venezolano alcanza la increíble cifra de 7,1 millones de venezolanos que han abandonado la patria, han salido asfixiados por una situación económica insostenible y una calidad de vida deteriorada al extremo.

El hecho de que el 24,5% de la población haya abandonado la patria entre 2016-2022, debería encender las alarmas, las alertas, de cualquier país, de la sociedad y en primera instancia, del gobierno; sin embargo, un hecho tan grave se minimiza, se diluye, en una justificación rápida, un tweet o un comentario infeliz, achacando la culpa al supuesto bloqueo, o peor aún, burlándose de la tragedia de los venezolanos, en una especie de “te mereces lo que te pase en el Darién, por andar detrás del sueño americano”.

Lo que no terminan de entender quienes denigran de esa manera de la tragedia del éxodo, es que no se trata del “sueño americano”, como dicen los programas del odio y los monstruos detrás del Twitter, sino que la realidad es que al pueblo venezolano le han arrebatado sus sueños y está en la búsqueda del sueño colombiano, del sueño peruano, del sueño chileno, del sueño español, el sueño americano, el sueño de cualquier sitio que les permita reconstruir su vida y construir un futuro mejor para sus hijos.

El éxodo es una verdadera tragedia para las familias venezolanas, fracturadas, separadas, por un fenómeno único en nuestra historia, nunca había sucedido algo así; sin embargo a los políticos y al gobierno no les importa, incluso se sienten aliviados de que millones salgan del país, que otro resuelva o que cada quien se salve como pueda, siempre que manden remesas o paguen bien caro cualquier trámite migratorio.

El gobierno está en serios problemas, no tiene ningún éxito que mostrar, nada que ofrecer a los venezolanos, ni siquiera la perspectiva de un cambio en la situación. No tienen “autoritas“, ni plan, ni capacidad. Están achicharrados en su credibilidad, no emocionan a nadie, fracasaron, dilapidaron el inmenso capital político que les dejó Chávez. Por eso recurren a la represión, a la violencia, al autoritarismo y la imposición del miedo para sostenerse en el poder.

Los sucesivos reportes e informes, tanto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como de la Comisión Internacional Independiente para Determinación de los Hechos en Venezuela (“Fact-finding Commission”) del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU son demoledoras. Ante la ausencia de Estado de Derecho en el país y el silencio cómplice de las instituciones que han debido velar por los Derechos Humanos de los venezolanos, estas instancias internacionales, la más prestigiosas y creíbles del mundo, han recopilado suficiente información y documentado cientos de casos que le han permitido identificar patrones de conducta y líneas de actuación que demuestran que la violación de derechos humanos en el país se ha convertido en una política de Estado y que sus actuaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo cual cursa ante la Corte Penal Internacional, una investigación penal en contra de los altos personeros del gobierno.

Los tres informes de la “Fact-finding Commission” han documentado los distintos patrones de conducta de la represión, incluido el “sippenhaft” nazi, es decir, el secuestro o detención de familiares de lo que ellos han identificado como “objetivos políticos”, percibidos como opositores o enemigos del gobierno, una práctica deplorable del gobierno de maduro, que solo había tenido antecedentes en nuestra región en las dictaduras de Videla y Pinochet. En el segundo informe de esta comisión identifica al Poder Judicial y la Fiscalía como cómplices en la perpetración de estos crímenes, mientras que el tercero, demuestra que la actuación represiva de los cuerpos de inteligencia del país, sobre todo, el DGCIM y el SEBIN, no solo es del conocimiento, sino que es dirigida desde las altas esferas del gobierno. Esto es un hecho extremadamente grave, es decir, ya no se trata del extravío represivo de un funcionario, no es un hecho aislado, más bien se trata de la deriva represiva de todo el gobierno.

En el último periodo de sesiones de la ONU, el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra renovó el mandato de la “Fact-finding Commission”, mientras que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela quedó fuera de dicho Consejo.

Lo paradójico de esta situación es que nuestra Constitución vigente garantizó, como nunca antes, los derechos fundamentales de los venezolanos, incluyendo los derechos humanos y los políticos, y previó innumerables mecanismos para garantizar el ejercicio pleno de la soberanía, partiendo del hecho de que ésta reside en el pueblo, quien la delega en autoridades electas que pueden ser revocadas a mitad de su periodo o cambiadas al final del mismo por el voto directo y secreto de los venezolanos.

El gobierno ha desaplicado la Constitución, tal como lo ha hecho con las leyes de la República, las ha convertido en letra muerta, a pesar de que es la voz del pueblo y parte del legado político de Chávez. Desde el gobierno se aferran desesperadamente al poder, cerrando de manera insensata y cruel cualquier posibilidad de participación popular, negando derechos fundamentales a los ciudadanos, copiando modelos autoritarios y represivos, que están contra corriente, en contradicción permanente con nuestra doctrina bolivariana y el pensamiento de Chávez.

Esta es una situación insostenible políticamente, no se puede asfixiar a todo un país, no se puede mantener agarrado por el cuello a todo un pueblo, no se puede seguir censurando las voces de la sociedad, encarcelando y persiguiendo, exiliando, llevándose presos a los familiares de los oponentes políticos, mantener secuestrados a cientos de venezolanos por sus posturas políticas o como simples rehenes; no es posible vigilar a todo un país, abusar permanentemente de los ciudadanos, sea en una alcabala, en un aeropuerto, en un trámite cualquiera.

Esta actitud represiva-autoritaria, esta indolencia y crueldad de las élites enquistadas en el poder tiene sus días contados, como dijo Salvador Allende en sus últimas palabras al pueblo chileno: “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen… ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

El proceso bolivariano, la experiencia de lucha con el Presidente Chávez sembró una semilla en la conciencia del país, del pueblo más humilde, que está allí, en el corazón de los que se van y los que se quedan, a pesar del terrible daño que el madurismo ha hecho a las ideas de Chávez y del socialismo, éstas son universales y muy latinoamericanas, como lo demuestra el reciente triunfo de Gabriel Boric, en Chile; Gustavo Petro en Colombia; y el inminente triunfo de Lula Da Silva en Brasil. Los procesos de transformación política, con sus distintos matices y realidades, son indetenibles.

No se puede mantener a un pueblo sumido en la oscuridad, bajo la opresión de una tiranía, corresponde al liderazgo político asumir sus responsabilidades, acompañar al pueblo en sus luchas, a los trabajadores en la exigencia de sus justas reivindicaciones, reconstruir un sueño colectivo, dar la cara con valor, a pesar de la represión y el miedo, ayudar a conducir a nuestro pueblo, a toda nuestra sociedad, a construir una salida política en el marco de la Constitución, en su plena vigencia.
Volver al camino de Chávez requiere ser como él, no manipular su imagen y palabra, sino ir a su esencia, la de un revolucionario integral, valiente, leal a su pueblo, capaz de indignarse ante la injusticia; volver al camino de Chávez es estar junto al pueblo para reconstruir nuestra patria, reconstruir al país, reivindicar al plan de la patria, sus objetivos históricos, el “Vivir Bien” del pueblo venezolano, dejar atrás el miedo y la resignación, no ceder a la tentación de abandonar a los humildes a su suerte, abandonar al país en su deriva. Desde donde nos encontremos, dentro o expatriados, cada uno tiene que hacer lo que le corresponda para reconquistar nuestra soberanía y fuerza colectiva. Como le gustaba repetir al Presidente Chávez, citando la biblia: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Esta hora ha llegado, la palabra la tiene el pueblo.