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Las autoridades comunitarias dejaron claro que estas son sus tierras y que el invasor y los caciques se las arrebataron. En estos días los gobiernos neocolonialistas siguen sangrando a las comunidades, pero se olvidan para reconocerles sus derechos. Sin embargo, desde hace 27 años decidieron ejercer su derecho a la autonomía y a la libre determinación. La policía comunitaria seguirá en el camino de la organización para sembrar esperanzas para que las familias indígenas y afromexicanas alcancen sus sueños. Hasta que el respeto a nuestros derechos se haga justicia.
Todo empezó como un grito desesperado ante la violencia generada por las bandas de asaltantes. Posteriormente la inseguridad se incrementó con los grupos de la delincuencia organizada. Los caminos en las montañas no sólo eran sinuosas, sino altamente peligrosas. La preocupación creció en las comunidades indígenas y afromexicanas.
La policía comunitaria surge de las asambleas un 15 de octubre de 1995. Autoridades de 34 comunidades y representantes de seis organizaciones sociales acordaron conformar la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).
De acuerdo con con la breve reseña histórica que compartió el coordinador de la CRAC-PC, Raúl de la Cruz Cabrera, la principal causa del surgimiento de la policía comunitaria en la región fue la grave inseguridad que padecían en los caminos y carreteras.
Las comunidades estaban asoladas entre las solitarias barrancas y cerros. Nadie las miraba, nadie las escuchaba. Tampoco había a quien reclamar porque las autoridades estaban ausentes, es más, no estaban en el mapa del estado de Guerrero. Los tres niveles de gobierno no garantizaban la seguridad en las comunidades indígenas y afromexicanas. “Las comunidades Me’phaa, Na Savi, Nahuas y mestiza que transitaban de la Montaña a San Luis Acatlán a vender sus productos y a realizar sus compras de la canasta básica lo hacían arriesgando sus vidas”.
“Nuestros hermanos Me’phaa y Na Savi de la Montaña alta sufrieron en carne propia el azote de la violencia que desplegaban bandas de asaltantes que operaban con la complacencia de las autoridades y la clase caciquil de la costa chica. Varios fueron asesinados y las mujeres violadas sexualmente sin que nada pudiéramos hacer”, señaló el coordinador de la CRAC-PC de la casa de justicia de San Luis Acatlán.
Las autoridades comunitarias tuvieron que solicitar la intervención de los gobiernos para frenar la violencia que lastimaba a las comunidades, pero nadie hizo caso. Las solicitudes de los comisarios y comisariados fueron archivadas, empolvadas de la burocracia estatal. Por eso se empezaron a realizar asambleas regionales, para encontrar formas de resolver el grave problema de inseguridad.
Finalmente, los pueblos decidieron unificar las policías de los pueblos y enfrentar directamente a las bandas delictivas.
Raúl de la Cruz Cabrera cuenta que “varios asaltantes fueron detenidos y entregados al ministerio público. Con impotencia los pueblos vieron que sin mayores complicaciones los asaltantes quedaban liberados. Más tardábamos en llevarlos que los ministerios públicos y jueces en soltarlos, y regresar más enojados a seguirnos asaltando. Por esta razón, los pueblos siguieron buscando otras formas de resolver el problema. Finalmente decidieron aplicar sus sistemas normativos para brindar seguridad, aplicar la justicia y reeducar a los detenidos como lo hacían ancestralmente los abuelos”.
A 27 años de justicia comunitaria, con la palabra sabia de las comunidades indígenas y afromexicanas han disminuido los índices de violencia. El sistema de justicia comunitaria se ha expandido a 215 comunidades, en 29 municipios del estado de Guerrero. Hay cinco casas de justicia establecidas en San Luis Acatlán; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc; El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres y Caxitepec, municipio de Acatepec.
La policía comunitaria cuenta con un reglamento interno para aplicar la justicia. Los esfuerzos para plasmar reglas morales ha sido por las sabias y los sabios de las comunidades. En la justicia comunitaria no hay intocables, “el que la debe la paga, sea quien sea y nuestra autoridad son ejemplos de honestidad, pero también el que se aparta del camino de la justicia la asamblea de los pueblos los quita de inmediato”.
“Nuestro sistema de justicia ha sido exitoso. Logró bajar un 90 por ciento el índice delictivo. El gobierno nos acusó durante mucho tiempo de que no contábamos con datos objetivos de este porcentaje de incidencia delictiva, sin embargo, en años recientes por la ola de violencia que azota en otras regiones, es notorio que nuestra región es la única que se encuentra en paz, sin que existan hechos de violencia equiparables con otros lugares. Por citar algunos ejemplos, no hay desplazados en las comunidades donde tenemos presencia, el flujo comercial se desarrolla sin problema alguno, las personas transitan por la zona sin que existan hechos de violencia que les afecte, los servicios de salud, educación y transporte funcionan a cabalidad sin que se vean suspendidos por hechos de violencia. En suma, los índices de homicidios y secuestros son mínimos”, dijo Raúl de la Cruz.
A pesar de los trabajos de seguridad que realiza la policía comunitaria hay una profunda preocupación por los gobiernos neocoloniales de todos los partidos que se niegan a reconocer los derechos como pueblos indígenas y afromexicano. “Los gobiernos del PRI y el PRD de la administración pasada realizaron una contrarreforma que reprobó nuestros derechos ganados en la Ley 701 de reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. En el año 2019 realizamos una gran consulta en la que dialogamos, analizamos y debatimos en nuestros pueblos y comunidades para ver cómo queríamos ser reconocidos en la constitución local del estado de Guerrero.
Esto derivó en una iniciativa de ley que se presentó en diciembre del año pasado sin que las diputadas y diputados de ese entonces le dieran trámite legislativo, por el contrario, la dejaron en la congeladora legislativa. Por su parte, el ejecutivo y legislativo actual permanecen en la indiferencia y han vuelto a realizar consultas falsas y viciadas, además, realizan reformas sumamente regresivas que se apartan de lo que disponen los tratados internacionales en la materia y la propia constitución federal”, reclamaron las autoridades comunitarias.
Las autoridades comunitarias dejaron claro que estas son sus tierras y que el invasor y los caciques se las arrebataron. En estos días los gobiernos neocolonialistas siguen sangrando a las comunidades, pero se olvidan para reconocerles sus derechos. Sin embargo, desde hace 27 años decidieron ejercer su derecho a la autonomía y a la libre determinación. La policía comunitaria seguirá en el camino de la organización para sembrar esperanzas para que las familias indígenas y afromexicanas alcancen sus sueños. Hasta que el respeto a nuestros derechos se haga justicia.
Publicado originalmente en Tlachinollan