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Desde la perspectiva de las ciencias sociales, se observan fenómenos de concentración, incluso de conformación de centralidades que gravitan respecto a los entornos, ocasionando conformaciones sociales, territoriales y políticas, que definen nuevas composiciones espaciales de impacto en la geografía humana. En este sentido vamos a efectuar un repaso sobre aportes investigativos e interpretativos sobre la problemática en cuestión, buscando establecer nuevos enfoques para abordar la crisis múltiple del Estado.
Raúl Prada Alcoreza
La geografía, ciencia de la descripción de la Tierra, es decir, del planeta, puede brindarnos interpretaciones espaciales sugerentes sobre las modificaciones sociales en la historia, pónganse en el presente, en la historia reciente. Por ejemplo, si queremos comprender las modificaciones, los desplazamientos, incluso las transformaciones de los mapas sociales en el tiempo, por así decirlo, en el mundo, en la región, en la geografía nacional y en lo local. Sin embargo, no hay que olvidar que esta es una perspectiva, por lo tanto, relativa, en un campo de posibles perspectivas. En el tejido del espacio tiempo lo que acontece se da de manera simultánea y dinámica, entonces no hay centros, tampoco periferias, ni lo que se ha venido llamando geopolítica del sistema mundo capitalista. Estas son perspectivas centradas, focalizadas, en el fenómeno de la acumulación y en el dato de la concentración. Para decirlo de una manera, esto del centreamiento y de la acumulación se da en el mundo, en el sistema mundo moderno, no necesariamente en el planeta. El planeta es un acontecimiento integral, acontece simultáneamente; cualquier parte del planeta está condicionada a la armonía planetaria.
Sin embargo, desde la perspectiva de las ciencias sociales, se observan fenómenos de concentración, incluso de conformación de centralidades que gravitan respecto a los entornos, ocasionando conformaciones sociales, territoriales y políticas, que definen nuevas composiciones espaciales de impacto en la geografía humana. En este sentido vamos a efectuar un repaso sobre aportes investigativos e interpretativos sobre la problemática en cuestión, buscando establecer nuevos enfoques para abordar la crisis múltiple del Estado.
Territorialidades y geografía política
En el libro El territorio como recurso, volumen colectivo a cargo de Odile Hoffmann y Abelardo Morales Gamboa, investigadores y autores, en el capítulo Las configuraciones territoriales de movilidad, o el espacio como lenguaje político, en la introducción Odile Hofmann escribe:
“Partiendo del postulado de que las relaciones tejidas con y alrededor del espacio se recomponen cuando se modifican los entornos y ambientes de vida, buscamos entender cómo la experiencia de movilidad (migración, circulación, retornos) redibuja las categorías de experiencia, en particular las categorías de prácticas y representaciones espaciales de los sujetos-habitantes-migrantes. Entendemos que el espacio no es mero soporte ni contexto, que sólo existe en tanto que concebido, comprendido y producido por actores sociales y sociedades y, de manera compleja y diferencial, dentro de estas sociedades (lo desarrollo más adelante). Pero, además de ser una producción y una construcción social, el espacio también es portador de sentido y, por lo tanto, productor de comportamientos o acciones. Es decir, el espacio es a la vez producto y productor de sentido social, se sitúa en el interfaz de la innovación y de la reproducción social y política. Comprender mejor las relaciones que se tejen entre los sujetos alrededor del espacio y de las prácticas espaciales, a distintas escalas y en distintas temporalidades, nos lleva a comprender mejor los resortes societales y políticos de las sociedades concernidas.
La exploración de esta cuestión me llevó a probar dos hipótesis principales. La primera consiste en plantear que los contextos de movilidad favorecen las “innovaciones territoriales”, aunque sea sólo para responder a la novedad objetiva de las situaciones con las que se encuentran las personas, las familias y los colectivos durante sus desplazamientos. La segunda hipótesis plantea que estas innovaciones territoriales son una vía privilegiada de expresión pública para los que no disponen de capital suficiente para hacerse oír a través de los medios políticos institucionalizados: los que no tienen acceso a un capital económico negociable; o los que no disponen de suficiente capital discursivo para garantizarles un mínimo de capacidad de negociación en las escenas públicas. Es decir, sugiero que el espacio funciona como un lenguaje político accesible a los que suelen estar excluidos de las arenas políticas instituidas. Esto no significa que las prácticas espaciales deban entenderse como un lenguaje específico de los subalternos. Recordemos, en efecto, el control y el manejo del espacio siempre han sido instrumentos privilegiados de los poderes existentes. Gobernar, es primero conocer y controlar los recursos, entre ellos el espacio; es implementar técnicas de poder basadas en el espacio y el territorio, como lo han señalado autores clásicos desde Raffestin (1980), Lacoste (1976). Me inscribo en esta línea de interpretación con una matiz, pues no enfoco mi análisis hacia las prácticas espaciales de los actores dominantes sino hacia las de personas y colectivos que están en posición de subordinación, a veces incluso de franca dominación. Al igual que otros lenguajes, las prácticas espaciales se insertan en juegos de poder en los que, según los casos, pueden – o no – imponerse frente a prácticas y argumentos de los demás. Reconocer que el espacio funciona como lenguaje político no es, en sí, una novedad. En cambio, reconocer el potencial político de este lenguaje entre actores y sujetos cuya legitimidad territorial es sistemáticamente cuestionada, como en el caso de los migrantes, constituye una contribución que merece desarrollarse. Empezaré exponiendo los fundamentos teóricos de mi argumento, para luego analizar distintas configuraciones empíricas que permiten apoyar mis hipótesis”.
En el apartado Recortar y categorizar el espacio, las tecnologías territoriales, la autora expone lo siguiente:
“Desde los años 1970 existe un relativo consenso alrededor de nociones centrales en geografía: el espacio no es una categoría objetiva sino que éste sólo existe en cuanto está vivido, percibido, representado por individuos y colectivos sociales. Se transforma y reinterpreta cotidianamente por las poblaciones que lo explotan, lo viven, lo atraviesan (Frémont, 1976). Reconocerlo llevó a plantear que el espacio se construye socialmente; es un producto social (Lefevbre, 1974). Hablar de espacio « construido » implica hablar de los actores de esta construcción, los agentes, los procesos de construcción (técnicas, tecnologías) y la historia, los tiempos.
Es así como una corriente importante de la geografía se dedicó a explorar las funciones políticas de la disciplina, en la medida en que ésta proporciona técnicas de gestión y manejo del espacio que son instrumentos de control y dominación. Después del famoso libro de Lacoste en 1976 ( « La geografía sirve, ante todo, a hacer la guerra »), otros autores han descrito como el control del espacio ha sido históricamente una prerrogativa del Estado que la ha ejercido a través la creación de institutos militares de geografía, la formación de personal técnico especializado, la monopolización de las cartografías nacionales y ciertas políticas públicas que han llevado a desigualdades e injusticias socio-espaciales (Reynaud, 1981). Otro paso importante consistió en reconocer que esta dimensión política no es solo instrumental, sino que es consustancial al espacio. El espacio es, en naturaleza, político (Lévy, 1994). Si espacio y sociedad no existen separadamente, significa que, lógicamente, el espacio no solamente es socialmente construido sino que también participa en la construcción social. El espacio es producto social, pero también productor de sentido social.
Ahora bien, ¿de dónde viene esta calidad consustancialmente política del espacio, en la práctica? Viene de que vivir en el espacio es una experiencia humana universal; implica la coexistencia y la obligación de convivir, es decir de “ver” y finalmente de comunicar y negociar con el otro, aunque solo sea para evitarle o eliminarle. En tanto que siempre una posición en el espacio siempre debe “negociarse”, nunca es “natural”. El espacio es el ámbito de experiencia de la pluralidad, de la co-presencia necesariamente negociada; este aspecto ha sido particularmente desarrollado en la antropología urbana que ve en la ciudad, aunque sólo sea por la densidad de población que la caracteriza, el ámbito privilegiado de la negociación espacial (Joseph, 1998).
En las décadas de 1990 y 2000, se vuelve a enfatizar en la dimensión política del espacio, pero « lo político » es ahora visto desde otro ángulo, de una manera que rebasa la geopolítica de los años 1970 e insiste en la dimensión filosófica de la relación espacio-política. El espacio es doblemente político, en tanto que hace posible y visible el debate público, y en tanto que obliga a uno (individuo) a actuar a la vista del otro (Dikeç, 2012). Es decir, el espacio (las prácticas en el espacio, del espacio) es condición y expresión de democracia.
Desde la sociología política, se reconoce que el espacio es político en cuanto que es un “sistema de relaciones”. Significa, prácticamente, que la espacialización hace posible ciertas puestas en relación, algunas sí y otras no, algunas más que otras. La relación (entre dos personas, colectivos, fenómenos) nunca es evidente, natural ni sistemática. Se construye en el proceso de subjetivación. La noción de subjetivación define el proceso de construcción de la relación sujeto / espacio, en la medida en que no existe sujeto fuera de un posicionamiento espacial, ni espacio sin sujeto social que lo conozca y lo identifique. La subjetivación no se construye desde el exterior; se construye desde la acción y el posicionamiento; la subjetivación es fundamento de la ciudadanía y de cualquier relación política (definida como relación entre sujetos legítimos) (Agier, 2013). Y siempre es espacializada.
Visto así, el manejo político del espacio ni es sistemáticamente una prerrogativa del poder y la autoridad como se había documentado ampliamente en los años 1980-90, ni tampoco es un recurso siempre movilizable por los subalternos en su movilización para la emancipación o la resistencia (Nicholls et al. 2011; Scott, 2008). El espacio es más bien un campo de disputa, un lugar de posible imposición y también de posible protesta contra el orden establecido. Para Dikeç (2005) que retoma al filósofo Jacques Rancière, la naturaleza política del espacio viene de su capacidad de introducir polémica proponiendo nuevos principios (en su caso, igualdad y libertad). El espacio vale por su capacidad a (de) aportar sentido a las acciones, individuales y colectivas, sin utilizar vocabulario explícito previo y fijo. Hay códigos pero gran latitud para interpretarlos.
Las prácticas redibujan tanto los sujetos como los espacios. Ambos adquieren calidades distintas en función de su interrelación: los pobladores de tal o cual porción de espacio se transforman en « tributarios » o « ciudadanos » en cuanto ésta se vuelve jurisdicción (municipio, estado, nación). Al revés, una lucha política o económica entre facciones fácilmente adquiere expresiones espaciales que pueden desembocar en nuevas divisiones territoriales, el caso más evidente sigue siendo el de las luchas anticoloniales y de la creación de territorios políticos independientes. Es ahí donde la diferencia entre espacio y territorio se hace más pregnante. A diferencia del espacio, que es un campo de disputa a la vez material e inmaterial (político, cultural, etc.), como lo acabamos de precisar, el territorio es una porción delimitada de espacio, sujeta a un proceso de apropiación por sujetos sociales y actores políticos, sean individuos (territorio corporal, territorio familiar) o, lo más comúnmente, colectivos: los territorios de un pueblo, una empresa, un grupo étnico, una nación.
Históricamente, en la tradición política occidental, el modelo del estado-nación moderno westfaliano que se impone en el siglo XVII ha legitimado un orden territorial que se construyó sobre la adecuación entre espacio y población, territorio y pueblo, es decir una supuesta correspondencia entre una nación, un pueblo, un territorio nacional e, idealmente, una lengua común. Desde entonces, en este modelo occidental, gobernar consistió en gestionar estas dos entradas: el control del territorio (soberanía territorial, fronteras) y el control de la población (fiscalidad, registro civil). Para ello, la administración organizó e instituyó categorías, tanto de espacio como de población: jurisdicciones territoriales (municipios, distritos, departamentos o provincias, etc.); categorías demográficas (por edad, sexo, empleo, residencia, religión, etc.). En el acto de gobernar se toman en cuenta las interacciones entre las categorías de un orden (espacial) y las categorías del otro (poblacional) y las maneras en que evolucionan (por ejemplo: qué políticas públicas adoptar cuando se detecta la presencia de más pobres en tal lugar, de menos jóvenes en tal otro, etc.). Se podría pensar en la democracia como una permanente y necesaria reorganización entre distintos registros de clasificación: espaciales, identitarios, económicos, etc., siendo, cada una, una puesta en orden parcial del mundo que sólo cobra sentido respecto a los demás. Al contrario, el totalitarismo aparecería cuando la adecuación es total y fija entre espacio y población: cuando cada quien “está en su lugar” y nadie se mueve sin una buena razón y sin autorización.
Los contextos de movilidad son lugares de observación privilegiada de las interacciones entre espacio, población y el actuar político. La migración (comprendida en el sentido amplio de circulación y movilidades múltiples) significa ruptura en el espacio y también en el tiempo, o más bien en las temporalidades: afecta al tiempo cotidiano (tiempo del espacio doméstico que se transforma con la migración), al tiempo colectivo (ligado al espacio del pueblo o la comunidad que se deja o a la que se llega), al tiempo también de las pertenencias sociales ampliadas (los ritmos de la ciudadanía con las elecciones y las manifestaciones cívicas de un país o de otro, por ejemplo). En contexto de migración se rearticulan las escalas espaciales y temporales -así como sus relaciones- para dar lugar a nuevos significados de espacios y lugares que cuentan con una morfología renovada. Estas reorganizaciones no se hacen de manera natural, flexible y armoniosa. Se elaboran en medio de incertidumbres, desconocimientos, limitaciones, imposiciones y, a menudo, violencia. En efecto las reorganizaciones espaciales movilizan jerarquías e introducen nuevos mecanismos de poder, cuestionan el orden establecido y llevan a reinventar mecanismos de hegemonía local, regional o nacional. Moldean nuevos sujetos sociales y políticos, y fronteras entre estos sujetos.
Estas propuestas teóricas tienen repercusiones metodológicas y empíricas muy concretas. Para entender las transformaciones en y del espacio hay que observar las prácticas espaciales, las tecnologías territoriales, las escalas de tiempos y espacios, los actores y sus comportamientos, las representaciones que se tiene de los lugares, territorios y espacios. También hay que entender el espacio en su materialidad y poder describir su ubicación, extensión, sustancia (lugar, área, zona, región, el vocabulario emic, etc.). Para lograrlo, se necesita combinar los enfoques de la geografía con una etnografía que contemple tanto los procesos estructurales como la agencia de los sujetos espacializados. Así se busca detectar y describir dispositivos territoriales originales con el fin de comprender mejor las lógicas de los actores y las escalas de acción que los respaldan. En las últimas décadas este enfoque se ha desarrollado principalmente en contextos urbanos marcados por una intensa movilidad y un fuerte impacto de los fenómenos de globalización. Así, los estudios sobre la “ciudad global” resultante de las circulaciones distinguen algunas formas ideales-típicas como la ciudad diaspórica, la ciudad fronteriza o la ciudad cluster (Besserer, 2015), mientras que los estudios sobre las movilidades transnacionales pusieron en evidencia la existencia de enclaves étnicos comerciales y “territorios circulatorios” (Tarrius, 2009; Parella, Valenzuela y Güell, 2015), entre otras posibles formas territoriales.
En este trabajo, propongo examinar algunas configuraciones territoriales de movilidad en las que claramente es el proceso de movilidad el que explica y condiciona la aparición de nuevas categorías territoriales. Presento sucesivamente tres casos: los territorios étnicos; los territorios ad hoc nacidos de coyunturas específicas; las configuraciones territoriales en diáspora”.
En al apartado Los territorios étnicos, la investigadora propone:
“Me refiero aquí a espacios tradicionalmente asociados a pueblos o comunidades pensadas como estables –las comunidades indígenas rurales- y que, en contextos de movilidad, se reconfiguran in situ, en los lugares de origen de los migrantes. Tomaré dos ejemplos, el del pueblo misak en Colombia y el del territorio comunal maya en Belice. Ambos casos son representativos de las dinámicas políticas y étnicas que, desde los años setenta del siglo pasado en América Latina, llevan a ciertos colectivos étnicos a reivindicar derechos específicos, en particular derechos territoriales asociados a los pueblos autóctonos. Sin embargo, aquí no me intereso tanto por las reclamaciones territoriales basados en la ancestralidad de una comunidad en un territorio dado, sino por la manera en que la noción de “territorios étnicos” se adapta a procesos recientes de movilidad y migración fuera del territorio “ancestral”.
En Colombia, el pueblo misak (antes conocido como guambianos, unas 21.000 personas en 2005, que viven en la cordillera central en el departamento del Cauca) reivindica la autonomía de gestión de sus territorios ancestrales definidos, en otros argumentos, sobre la base de las tierras de resguardo asignadas por los gobiernos coloniales y posteriormente republicanos (siglo XIX). Para construir una legitimidad territorial portadora de autonomía política y cultural, las organizaciones étnicas misak movilizan la historia, la memoria, la autoctonía y la ancestralidad. La autonomía territorial se justificaría, en particular, por una construcción cultural muy específica del espacio que se ilustra en la figura 1.1. Según la visión misak, el territorio se expande “mediante 4 direccionales lingüísticas hasta llegar a expresar la redondez infinita (…) Con respecto a las nociones de espacio, la lengua guambiana siempre refiere al individuo a un punto o lugar de referencia, a partir del cual desarrolla su espacio hasta abarcar el territorio y el mundo, a este ejercicio los Misak lo llaman “desenrollar”. Este punto o lugar de referencia es la casa, o el sitio de habitación del grupo de parentesco” (Duarte, 2015, p. 289, tomado de Muelas, 1993, p. 21).
Esta lectura culturalista de las relaciones entre la comunidad étnica y su espacio de pertenencia es privilegiada por las organizaciones étnicas para justificar sus peticiones. También responde a las exigencias de las instancias de decisión gubernamental que piden a los grupos étnicos ofrecer pruebas de “especificidad cultural” para poder ser sujetos de políticas de reconocimiento de derechos con base en su diferencia cultural o étnica. Sin embargo, a finales del siglo XX, esta lectura queda sujeta a una fuerte presión debido a cambios estructurales que afectan las relaciones de las comunidades con sus espacios de vida. En efecto, la presión demográfica y los grandes cambios económicos (principalmente el declive de la actividad agrícola) suscitan la migración de personas misak fuera de sus territorios de origen, dirigiéndose ellas hacia las ciudades o hacia otras regiones del país. En este contexto, las autoridades tradicionales misak ampliaron sus concepciones de “espacios de vida”. Se concibe ahora el pueblo misak como un “pueblo disperso”, cuya territorialidad no implica continuidad espacial sino que integra potencialmente cualquier nueva localidad en la que residen los misak. El territorio misak se extendería a cualquier lugar habitado por un misak. Al mismo tiempo, aparece entre los dirigentes la necesidad de organizarse políticamente para adaptarse a esta nueva situación, constituyéndose en una confederación. La Confederación de territorios indígenas misak “representaría el paso necesario hacia la constitución de una Nación indígena Misak o Nuna Chak, en el interior de la nación colombiana” (Duarte, 2015, p. 304). En este caso, es realmente la movilidad –aquí la migración- la que, mediante nuevas prácticas espaciales, lleva al pueblo misak a inventar nuevas representaciones de sí mismo en el espacio y, por lo tanto, de su lugar en espacios más globales, en este caso espacios nacionales. Las prácticas espaciales se insertan en temporalidades múltiples que articulan la ancestralidad de la presencia (resguardos indígenas) con la actualidad de la migración laboral y combinan las legitimidades procedentes de ambos posicionamientos. La práctica espacial (aquí la dispersión) es la que crea un nuevo sujeto colectivo (la Confederación misak).
Encontramos un caso similar en Belice, donde los mayas del sur del país –principalmente hablantes de mopan y q’eqchi’- se organizan desde hace veinte años para luchar contra su marginalización, contra las concesiones que el gobierno otorgó a empresas forestales y petroleras sobre lo que consideran sus tierras y, en general, por el reconocimiento de sus derechos territoriales en una amplia región del distrito de Toledo. Reunidos en varias organizaciones (Toledo Alcaldes Association, Maya Leaders Alliance, Toledo Maya Cultural Council), los dirigentes mayas empezaron luchando por la protección de las tierras de pueblos que correspondían a las “indian reservations”, las reservas coloniales que el gobierno colonial británico les habían asignado a principios del siglo XX. En este esquema de movilización, a cada localidad (village) le corresponde una tierra propia y una autoridad política reconocida (alcalde). Más recientemente, a raíz de su inserción en las redes internacionales de solidaridad con los pueblos autóctonos en América Latina, los dirigentes mayas actualizaron sus discursos y reclamos sobre los territorios. Las organizaciones elaboraron el concepto de “Maya homeland”, el territorio maya ancestral o “tierras comunales” (communal land) asociadas al grupo maya en su conjunto (mopan y q’eqchi’). En esta concepción, el maya homeland no es la suma de las reservas territoriales otorgadas por el poder colonial sino que es un territorio unificado y contiguo que cubre el conjunto de lugares apropiados por gente maya. Se trata de una innovación discursiva y conceptual de primera importancia ya que abandona la noción de las “tierras de reservas” o de pueblos / localidades / villages, que son unidades separadas las unas de las otras, para promover la defensa de un territorio colectivo sin límites fijos que se adapta a las movilidades y los anclajes de los habitantes maya. Lo ilustra la cartografía del Maya Atlas, una magnífica obra realizada por las comunidades mayas de Toledo en su lucha por el territorio maya, publicada en 1997. Una de las láminas del atlas representa las tierras de pueblos (land villages) como tantos territorios distintos unos de otros. Otra lámina del mismo Atlas ilustra la misma cuestión de las tierras pero con otro código gráfico: dibuja un área unificado que viene a englobar y sobreponerse a las anteriores tierras de pueblos, bajo otra apelación: es el maya homeland o communal lands.
La adopción de una nueva categoría de espacio – el maya homeland – da cuenta de la evolución política, demográfica y geográfica del asentamiento maya en el sur de Belice. La noción es construida por y para un nuevo actor colectivo -el pueblo maya- que no preexistía a estas innovaciones. Por supuesto, ya existían campesinos y pueblos mayas, lenguas mayas (mopan y q’eqchi’), organizaciones maya, pero no un “pueblo maya” capaz de tomar la palabra y exigir derechos específicos frente al Gobierno nacional y a las organizaciones internacionales (en particular, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH). Ahora es el caso. Aquí no es la práctica espacial (migración) en sí misma la que modifica los contornos del sujeto social colectivo y sus espacios, sino las elaboraciones discursivas y cartográficas cuyo efecto performativo es muy eficaz (Wainwright y Bryan, 2009)”.
En el apartado Los territorios ad hoc, Odile Hoffmann enuncia:
“Una segunda configuración territorial de movilidad corresponde a casos de construcción territorial explícitamente pensada para solucionar un problema preciso y concreto, por lo que los llamo territorios ad hoc. En Colombia, Jessica Corredor (2015) documentó este fenómeno en el caso de los desplazamientos forzados que se multiplicaron en el país en los años noventa. Después del trauma del desplazamiento, alguno.as campesino.as ambicionaron volver a vivir sobre sus tierras y se organizaron para lograrlo, a pesar de la presencia de actores externos que los acosan cotidianamente: los paramilitares que quieren expulsarlos para controlar el espacio, algunas plantaciones agroindustriales que pretenden explotar las tierras sin restricción o el propio gobierno que busca imponer sus propias instituciones y autoridad. Concretamente, en el departamento del Chocó, en la parte noroccidental del país, los desplazados lucharon para regresar a su espacio de origen, reinstalarse y crear las condiciones materiales y políticas de su protección. Para ello, una vez reinstalados en casas provisionales, empezaron a reorganizar la vida social colectiva y la protección de los habitantes. Cercaron las áreas de residencia y de trabajo, controlaron entradas y salidas, registraron usuarios con derechos, etc. Con el apoyo de las ONG, exigieron que el gobierno los recibiera para negociar garantías y políticas de acompañamiento en sus nuevas instalaciones. Así es como nacieron algunas áreas llamadas zonas humanitarias (ZH) y zonas de biodiversidad (ZB), que son espacios concretos, delimitados, cuyo acceso se controla y se reserva estrictamente a los desplazados y sus “acompañantes”, o sea las ONGs humanitarias. Las zonas humanitarias (ZH) son las áreas de residencia, mientras las zonas de biodiversidad (ZB) corresponden a parcelas de actividad agrícola. Ambas son pensadas para ser espacios de refugio que se sustraen al conflicto y sus actores armados (paramilitares, ejército, narcotraficantes, guerrillas, entre otros). Al instituir estas zonas, tanto en el terreno como en el discurso, los desplazados se dotaron de una territorialidad original que les permite resistir a las presiones de los actores externos.
Las zonas humanitarias y de biodiversidad se convirtieron en soportes de la movilización política en pro del derecho al retorno y de la protección de la vida. Son territorialidades políticamente instrumentalizadas por actores que, a partir de algunos lugares y espacios delimitados, movilizan un amplio espectro de recursos a nivel local/regional y, sobre todo, nacional e internacional (las ONG humanitarias). Para los campesinos desplazados, la inscripción en un espacio local (las ZH y ZB) da acceso a una palabra ampliada que se hace escuchar mucho más allá del lugar de enunciación. Permite exigir -y obtener- de los actores situados afuera de las “zonas” el respeto de los que están ubicados adentro de las mismas. La legitimidad territorial adquirida mediante el control material de un espacio local, aunque fuera de tamaño muy reducido, -su delimitación, su control, su uso-, sirve para ganar poder de negociación frente a las autoridades en otros registros. A partir de las zonas humanitarias y las zonas de biodiversidad, los protagonistas locales del Chocó hasta pudieron pretender influir en políticas públicas relativas al trato de las víctimas del desplazamiento forzado en todo el país. La convergencia entre una demanda local territorializada y una lógica de negociación más global hizo posible la emergencia de una dinámica política nacional.
Este ejemplo ilustra la manera en que categorías de espacios instituidas (las “zonas”) remiten a prácticas de intervención asociadas a colectivos sociales ( “los desplazados retornados”), así como a métodos específicos de gobierno (las autoridades de los grupos de retornados y las ONG acompañantes). Es muestra de un registro político calificado por Planel de “derogatorio”, en el sentido en que, en ciertos espacios delimitados, el gobierno instituye normas particulares de regulación (Planel, 2015). Esta autora insiste en que la excepción territorial es, en sí, un dispositivo de control de la población que ahí reside. A esto sólo añadimos, con el caso de los territorios ad hoc, que este tipo de dispositivo territorial derogatorio no solo le sirve a los dominantes para imponer su propio orden, sino que puede promoverse también como recurso por parte de actores subalternos que encuentran ahí argumentos de resistencia (Hoffmann, 2016; Nicholls et al. 2011). Encontramos otro ejemplo de expresión territorial de la resistencia en las movilizaciones sociales que, en Francia, se dan en torno a conflictos ambientales en áreas calificadas de “ZAD”. El acrónimo ZAD es inicialmente una sigla empleada por las autoridades para señalar “Zonas de ordenamiento diferido” (zones d’aménagement différé), es decir, zonas cuyo uso se restringe ya que se “reservan” para operaciones de ordenamiento a futuro (aeropuerto, presa, etc.). Posteriormente este significado fue desviado por los militantes ecologistas y anticapitalistas que se movilizan en contra de dichos proyectos de ordenamiento territorial. Ellos ocupan las zonas reservadas y las renombran según el mismo acrónimo ZAD pero que significa ahora “Zonas por defender” (Zones à défendre). Ellos mismos se transforman entonces en zadistes. La palabra entró en el vocabulario usado en los medios de comunicación y hasta figura en el diccionario Petit Robert en su edición de 2016. Es el espacio (ZAD) el que define los contornos del actor político (zadiste); es la zona que define la función a defender, y en consecuencia el colectivo político zadista”.
En el apartado El caso de las configuraciones de diáspora, la autora propone:
“Finalmente, un tercer caso de configuración territorial en movilidad, más conocido, es el de los espacios diaspóricos, en los que la movilidad va acompañada de un cambio radical de la territorialidad, consecuencia de la pérdida traumática de la relación con el territorio de origen. Numerosos trabajos han subrayado la intensidad de los traumatismos de los exilios forzosos (Hovanessian, 2007 (2011); Chivallon, 2004). Otros autores destacan la manera en que, en contextos de globalización, la circulación acelerada de personas y sujetos lleva a la constitución de diásporas culturales y de nuevos “paisajes” (los scapes de Appadurai, 1996). En efecto desde hace varias décadas, el concepto de diáspora se ha extendido a los casos de migraciones masivas; califica fenómenos que afectan a numerosas regiones del mundo y reorganizan las territorialidades, tanto en las zonas de salida como en las de llegada, y sus interacciones. Para América Latina, los trabajos sobre la migración hacia los Estados Unidos pusieron en evidencia lógicas de migración transnacional (Glick-Schiller, Bash y Blanc-Szanton, 1995) que desembocan en la construcción de comunidades transnacionales (Portes, Guarnizo y Landolt, 2003) cuya existencia se formaliza a veces en el vocabulario popular (Nezayork, Oaxacalifornia).
Las relaciones entre migrantes y residentes suscitan procesos de recomposición de los espacios de vida y de los colectivos de pertenencia, siendo los migrantes tanto de aquí como de ahí, de aquí o de ahí, de aquí gracias a ahí, de aquí dentro de ahí, etc. Ya no se oponen los lugares de salida y los lugares de llegada sino que se transforman unos y otros gracias a nuevas articulaciones e interpenetraciones. La multiplicidad de las formulaciones traduce la multiplicidad de los fenómenos que sustentan estas innovaciones espaciales. Unos remiten al campo cultural, como lo ilustra la realización de eventos culturales gemelos en los lugares de origen y de residencia, en los dos países: típicamente la fiesta patronal del pueblo mexicano que se adapta a la localidad de residencia de los emigrantes integrando imágenes y símbolos de los Estados Unidos, por ejemplo su bandera. Otro caso lo ilustra la adaptación de algunos rituales de curación que se siguen celebrando en el pueblo de origen, aun en ausencia de los pacientes que están en migración pero cuya “presencia” se garantiza a través de su teléfono móvil.
Otros fenómenos dan cuenta de esta territorialidad compleja que ofrece nuevas oportunidades económicas. Así en Playa Vicente (Veracruz) a principios de los años 2000, una señora se dedicaba a la venta de “pan hecho en casa” a los migrantes residentes en Estados Unidos. Se beneficiaba de una visa que le permitía viajar muy frecuentemente, trayendo de vuelta noticias de los migrantes y ropa de segunda mano. El comercio transnacional de bienes íntimos de escaso valor mercantil pero muy valorados por los migrantes (objetos de la vida corriente o bienes personales, alimentos preparados en el pueblo) resultaba lo suficientemente redituable –junto con el comercio de ropa- para pagar los pasajes aéreos. En este esquema los bienes transitan de un lado a otro de la frontera, en los dos sentidos, y mantienen un potente vínculo entre residentes de los distintos lugares. Estas situaciones resultan en su mayoría de iniciativas personales o familiares, a menudo poco estabilizadas y poco institucionalizadas. No solo ponen en relación los lugares de origen y de residencia de los emigrantes, sino que crean nuevos espacios, materiales o inmateriales, y nuevas prácticas económicas o de sociabilidad (la relación con el especialista ritual, los nuevos espacios rituales cívicos o religiosos, los espacios físicos y económicos de circulación). Varios autores desarrollaron a este respecto el concepto de comunidades transnacionales que serían fruto de “procesos transnacionales subalternos” resultantes de una “globalización desde abajo” en oposición a la globalización impuesta desde arriba (Besserer, 2015, p. 8). No obstante, conviene matizar este entusiasmo y recordar que estos procesos transnacionales no se inventan en contextos de armonía y consenso. Al contrario, como cualquier innovación, provocan rivalidad entre registros de autoridad y entre los sujetos y actores sociales que los experimentan: entre los que se quedan en el pueblo y los que emigraron, entre los que “lo han logrado” y tienen recurso y los que no lo tienen, entre los que adoptan las nuevas normas de vida (familiar, de pareja, de género, de trabajo, de religión) y los que no cambian, etc. Las nuevas prácticas se dan en lugares específicos que estructuran el espacio de manera distinta a la anterior: nuevas iglesias, nuevos comercios, nuevas casas, nuevas organizaciones políticas, etc. Aunque el fenómeno ya está bastante documentado en la literatura especializada, conviene recordar las conclusiones que se pueden extraer para sentar nuestra argumentación: las prácticas del espacio desarrolladas en contextos de diáspora visibilizan nuevos colectivos, como pueden ser “los emigrantes” que viven lejos de sus lugares de origen, “los ilegales” que comparten la experiencia traumatizante de la migración sin tener los papeles legales, “los paisanos” sujetos de las políticas públicas mexicanas, “los conversos” miembros de tal o cual nueva iglesia, etc. Las fronteras entre estas nuevas identidades son múltiples y no coinciden unas con otras. De la misma manera que no hay ruptura definitiva entre espacios y actores migrantes y no migrantes, tampoco hay adecuación sistemática entre espacios y actores sociales en diáspora. La configuración territorial en diáspora se caracteriza más bien por yuxtaposiciones, a veces intersecciones entre grupos de actores que comparten lugares para acciones o tiempos específicos (de residencia, de trabajo, de prácticas religiosas…), sin constituir territorios estabilizados”.
Por último, Odelie Hoffman llega a las siguientes conclusiones:
Conclusiones
“La primera hipótesis que había planteado en la introducción queda sobradamente consolidada, en realidad era bastante intuitiva. La movilidad crea nuevas territorialidades y a veces, incluso, nuevos territorios. Los ejemplos han mostrado la capacidad de los protagonistas para crear territorio a partir de competencias vinculadas a su movilidad, e implementar acción política usando herramientas geográficas. Ante una movilidad obligada, por ejemplo, los protagonistas inventan categorías geográficas que les sirven para expresar sus nuevos posicionamientos en el registro político. El espacio funge como recurso para construirse e identificarse. Hemos visto en el ejemplo de las zonas humanitarias y de biodiversidad cómo la privación violenta de espacio (las personas desplazadas) generó nuevas prácticas territoriales (el regreso en las zonas humanitarias) que a su vez instituyeron y legitimaron nuevos colectivos sociales y políticos. El espacio remite al grupo que lo crea, lo comprende, y a la vez se crea a él mismo (la nación misak, el colectivo de víctimas del desplazamiento forzado, los zadistas).
La relación del sujeto con el lugar/espacio es constitutiva de la relación de uno con sí mismo y sus vecinos. Cimenta las fronteras simbólicas y políticas que organizan el mundo en cada sociedad o grupo (Gupta y Ferguson, 1992). Estas fronteras remiten generalmente a procesos de separación “nosotros/ellos” e incluso de discriminación “nosotros contra ellos”. Históricamente, en los modelos occidentales, la frontera entre estados- naciones ha sido la más pregnante y pretendió ser a la vez social, económica, cultural y política. A finales del siglo 20, también se reconoció el significado político de otras territorialidades, específicamente en el caso de los grupos étnicos que reivindican subjetivaciones territorializadas en tanto Naciones originarias, Pueblos autóctonos, pueblos indígenas, pueblos maya de Guatemala, entre otros ejemplos. En ambos casos –las fronteras nacionales y las territorialidades étnicas la gestión de los lugares y los territorios ocupa un papel estratégico en el aprendizaje político, cultural y social de los protagonistas de la historia. Transformar los espacios es transformar a los sujetos y a su relación unos con otros.
En la gobernanza por medio del espacio, no todo está controlado por un grupo o colectivo en particular. Y allí es donde nuestra segunda hipótesis ha mostrado su pertinencia y nos ha ayudado a interpretar las situaciones observadas. El espacio puede ser efectivamente un recurso accesible para los sin-voz, un medio de expresión para los que no tienen la práctica ni los medios de hacerse oír en las escenas públicas. El espacio ofrece la oportunidad de “decirse” sin tener que elaborar un discurso verbal normalizado. Es un lenguaje accesible para los que no dominan los códigos utilizados en las transacciones comúnmente llevadas a cabo entre actores públicos.
Interesándose por la arquitectura, A. Lévy también veía ahí un lenguaje, sosteniendo que esta propuesta implicaba dos postulados: “(I) el espacio no necesita hablarse para significar, sino que significa directamente; (ii) el espacio significa algo más que él mismo, algo más que su materialidad física” (Lévy, 2008). Si el espacio significa por sí mismo, sin necesidad de traducción, entonces es necesario atenderse a sus características propias, materiales (estructura, tamaño, composición, ubicación, etc.), para entender este significado. Es decir, el espacio no es sólo metafórico, sino que saca su eficacia discursiva de su materialidad oponible a la experiencia práctica de cada uno. Muy concretamente, la materialidad del espacio impone negociaciones en caso de co-presencia, lo hemos visto en los ejemplos mencionados. Y al mismo tiempo, con o sin conflicto, en un mismo espacio concreto, las territorialidades suelen ser múltiples y competir unas con otras. Las territorialidades superpuestas activan regímenes de legitimidad y autoridad que entran en rivalidad los unos con los otros (Agnew y Oslender, 2011). En este sentido, el espacio significa también mucho más allá que su materialidad. No hay transcripción directa del espacio geográfico sobre lo político, no hay proyección inmediata de uno sobre otro (por ejemplo, en la relación entre control territorial y control político). Es decir, no estamos frente a un nuevo determinismo espacial. Al contrario, el espacio abre el abanico de opciones. Las prácticas espaciales componen un lenguaje político en cuanto que posibilitan rupturas con el orden social imperante, como lo propone Dikeç, incluso sin tener que afirmarlo verbalmente. El espacio es intrínsecamente político no solo como recurso negociable, sino como lenguaje potencialmente subversivo. Ahora bien, las prácticas espaciales no son, como tales, subversivas; pero llevan en ellas este potencial, son el resultado de luchas simbólicas o materiales (Lussault, 2009). Como lo mostró el ejemplo de los territorios ad hoc como las ZH/ZB o las ZAD, las prácticas espaciales se vuelven luchas que activan procesos hegemónicos de construcción de la autoridad y del poder, mismos que rebasan de mucho el ámbito geográfico de los espacios concretos de donde surgen”[1].
Como se puede ver, el espacio y el territorio son conceptos dinámicos. Si bien responden a su propia arqueología del saber espacial, desde cuando se configuraron desde una perspectiva geométrica, en un caso, y una perspectiva antropologica, en otro caso, ahora, en la actualidad, cuando se han desatado, por así decirlo fenomenologías espaciales singulares, en el devenir de las movilizaciones poblacionales y sociales, dando lugar a una proliferante invención del espacio. Tomando en cuenta la exposición de Odile Hoffmann, podemos también observar que la construcción del espacio es también política. No solamente en lo que respecta al Estado, a la administración estatal de la geografía, sino también por las resistencias. El espacio se ha convertido, entonces, en una topología móvil, dependiendo del diseño que dejan las fuerzas sociales concurrentes. Obviamente, no podemos quedarnos solo con las categorías que nos ofrece la investigadora, que afronta problemas concretos de espacialización social, política y antropológica, que tienen que ver con los desplazamientos sociales y espaciales en la modernidad tardía, con los fenómenos sociales y culturales de las migraciones, con las resistencias étnicas, por así decirlo, con las diásporas de los pueblos, con las contingencias que hay que afrontar, tanto por parte del Estado, así, en contraste, con las resistencias que ocupan y recuperan espacios y territorios.
En lo que respecta a los desplazamientos espaciales y sociales que generan el crecimiento social de las ciudades, sumándose al consabido crecimiento vegetativo, que redundan en la configuraciones espaciales y políticas, que transforman los campos gravitatorios económicos, sociales, políticos y culturales, debemos proponer categorías apropiadas a la problemática singular. Las ciudades modernas de Latinoamérica y el Caribe, convertidas, algunas de ellas, no pocas, en metrópolis, por lo tanto con densidades demográficas notorias, son espacios complejos de conglomerados territoriales, que interactúan entre los territorios urbanos, dando lugar a dinámicas barrocas. También se puede caracterizarlas como multiculturales, usando este término discutible, puesto que las migraciones a las ciudades conllevan los habitus y pautas culturales de origen. El crecimiento de las ciudades las convierte en centros gravitantes, dando lugar a la reconfiguración de los entornos, de la región y de la geografía política nacional.
Las ciudades tienen siempre un origen, sino es que varios, varios nacimientos, incluso distintas fundaciones, además no olvidar que muchas veces repiten el nombre de otra ciudad a la que recuerdan, solo que, a veces le aumentan el término “nueva”. Santa cruz de la Sierra es una de estas ciudades, solo que, esta vez, no lleva el término “nueva”, pero si indicando que es de la “Sierra”, una pequeña cordillera que se encuentra en los llanos.
Breve historia de la fundación de Santa Cruz de la Sierra
Santa Cruz de la Sierra fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo Chaves. La fundación se dio lugar con una expedición integrada por 158 soldados, que partieron desde la ciudad de Asunción de Paraguay. El nuevo poblado fue bautizado con el nombre de Santa Cruz de la Sierra en honor a la ciudad natal del conquistador en la Extremadura Castellana. La fundación se realizó a orillas del arroyo Sutús de la serranía de Chiquitos – actual yacimiento arqueológico de Santa Cruz la Vieja Santa Cruz la Vieja – como una avanzada al este de los territorios ocupados por la Corona española, en las proximidades donde hoy se asienta San José de Chiquitos, que fuera fundada como pueblo de misión jesuita de la Chiquitania en 1697. Tras la fundación, Ñuflo de Chaves marchó a Asunción; allí consiguió convencer a los pobladores de aquella ciudad para que emigraran a Santa Cruz de la Sierra. El gobernador, el obispo y una gran mayoría de los pobladores de Asunción emigraron a Santa Cruz de la Sierra; donde fueron bien recibidos.
Se asentaron en Santa Cruz de la Sierra, que fue sumando población y provocando un desarrollo vertiginoso que llegó a casi 40 manzanas urbanizadas, convirtiéndola en la más importante de la región platense. Posteriormente fue fundada la ciudad de San Lorenzo el Real de la Frontera por el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa.
El 9 de febrero de 1825 se promulgó un decreto que mandó convocar a todas las provincias de Charcas a una asamblea constituyente. De acuerdo al decreto, Santa Cruz de la Sierra eligió a Antonio Vicente Seoane y a Vicente Caballero como representantes para asistir a la asamblea constituyente de la Audiencia de Charcas, que daría nacimiento a la República de Bolivia. Por diversas circunstancias, los representantes de Santa Cruz no llegaron a tiempo a las deliberaciones, pero sí para la firma del acta de la independencia el 6 de agosto de 1825.
El advenimiento de la República cambió el estatus político-administrativo de la región, pasando a constituirse como departamento de Santa Cruz, convirtiéndose en uno de los cinco departamentos fundadores de Bolivia, a la vez que Santa Cruz de la Sierra sería designada capital de dicho departamento[2].
Algunos datos demográficos
Santa Cruz de la Sierra contaba con una población de 10 000 hab. en 1810, cien años más tarde con 18 000 hab. (1910) lo que refleja un crecimiento demográfico lento. Muchos factores como el auge del petróleo y la riqueza agropecuaria, entre otros, son los que dieron origen a la gran explosión demográfica de Santa Cruz de la Sierra que paso de ser un pueblo a una ciudad producto del aumento de la población ocasionada de los migrantes del campo o áreas rurales del interior del departamento y migrantes del interior del país. Santa Cruz de la Sierra de 10 000 hab. en 1810; 18 000 hab. en 1910; pasó a tener 57 000 hab en 1955, 325 000 en 1976, 697 000 en 1992, 1 029 471 en 2001 y según el Censo 2012, el área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra cuenta con 1 784 549 habitantes. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha sobrepasado los límites del municipio homónimo, y los barrios más nuevos la han conectado con los municipios de La Guardia, Cotoca, Warnes y Porongo. El área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra tiene un estimado de 1 800 000 habitantes, en tanto que su población estimada llega a 2 730 120 habitantes. La ciudad forma parte del municipio homónimo y es el epicentro del área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, que es actualmente el núcleo urbano más poblado de Bolivia, con una población estimada de más de 3,8 millones de habitantes en el 2022. Esta área metropolitana está formada por una conurbación de siete municipios correspondientes al departamento de Santa Cruz de la Sierra, la Guardia, Warnes, Cotoca, El Torno, Porongo y Montero.
El conflicto por el Censo de Población y Vivienda
Así se ha conocido el último conflicto social y político, el conflicto por el censo, empero, obviamente el conflicto no se circunscribe solo a la problemática del censo o, mas bien, a la problemática de no haber hecho censo ni siquiera el 2012. No es tampoco, no se limita ni se circunscribe, el conflicto por los escaños y el reparto presupuestario, como algunos “analistas” creen entrever. De la misma manera, no se puede resumir el conflicto a la versión oficialista de que se trata de una repetición de la consabida hipótesis de la “conspiración oligárquica”, ni mucho menos en la delirante suposición de un “golpe de Estado”. El tema y el problema, relativos al conflicto reciente, es más complejo y requiere una mirada más amplia y más auscultadora. Se requiere de un enfoque crítico, que comprenda miradas geográficas, históricas, sociales y políticas. Eso es lo que vamos a intentar a hacer.
Hablaremos de los desplazamientos geográficos y sociales, que reconfiguran a la formación histórica y social. La formación social boliviana ha devenido distinta en la extensión de sus propios ciclos largos del capitalismo dependiendo, vinculados al extractivismo colonial de sus recursos naturales. El ciclo de la plata, el ciclo del estaño, el ciclo de los hidrocarburos. Sin embargo, lo que hay que anotar, que antes de la colonia, estas tierras andinas, amazónicas y chaqueñas tenían otras vocaciones, por así decirlo. La vocación agrícola, la vocación cazadora, pescadora, recolectora, tanto en el altiplano como en los valles, también en la Amazonia. El modelo colonial es lo que trastroca estas vocaciones o, mas bien, las inhibe, subsumiendo a sus territorios y poblaciones a la vorágine del capitalismo extractivista.
Lo que se ha venido llamando la región oriental, que en realidad corresponde a la Amazonia y el Chaco, donde se asentaron las misiones jesuíticas, después dominicas y franciscanas, no ha dejado sus tradiciones agrícolas, ni cazadoras y recolectoras. Se fueron incorporando tarde, después de la revolución nacional de 1952, a la subsunción del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Preponderaban las haciendas, escasas y dispersas en gigantescos territorios, también los comunidades nativas amazónicas y chaqueñas, sobre todo en lo más profundo de la relva amazónica y de la red de ríos de la cuenca. Ciertamente las haciendas avanzaban en los territorios indígenas, las comunidades optaban por adentrarse más en la selva y en los ríos profundos, o, en su caso, terminaban intercambiando, inc luso asimilándose, en muchos casos, culminando en la esclavización.
Los barones del estaño y sus gobiernos optaron por alimentar a la población minera con la importación de productos agrícolas, desdeñando la incorporación de la producción agrícola del oriente. Esto habla de que estaban más articulados a los puertos que a la integración nacional. La revolución de 1952, que constituye materialmente e institucionalmente el Estado Nación, antes era solo una ilusión jurídica, integra políticamente y económicamente al oriente, conformando una geografía política institucionalizada de alcance nacional.
A partir de entonces Santa Cruz de la Sierra se transforma rápidamente hasta convertirse, hoy, en el departamento más pujante económicamente, y, poco a poco, se está convirtiendo en un epicentro político. Claro que debemos anotar que, a lo largo de estos desplazamientos y transformaciones, no hablamos de la misma Santa Cruz de la Sierra, pues ha venido cambiando. Tenemos que reconocer distintos contextos y diferentes escenarios. Para no ir muy atrás, un contexto histórico es el que se da después de la guerra del Chaco, cuando se reclama y se lucha el 11% de las regalías petroleras. Otro contexto es el posterior a la revolución de 1952, cuando la ciudad y el departamento adquieren relevancia económica y comienzan a crecer tanto demográficamente como poblacionalmente. Otro contexto notorio es el que se da después de la llamada de “recuperación de la democracia”, desde 1982, cuando Santa Cruz se enfrenta a sus dilemas y contradicciones, entre el pasado y el porvenir, entre opciones en pugna, la hacendada y la campesina, la industrial y la ambiental, todavía esta última incipiente, además de la variopinta constelación de partidos políticos, que, en todo caso, más que diferenciarse se parecen. Este contexto se extiende hasta entrado el llamado “proceso de cambio”, sobre todo en la etapa del proceso constituyente, cuando el Comité Cívico opta por la estrategia de la “media luna”, oponiéndose al proceso constituyente. Esta estrategia deriva en la derrota política.
El reciente contexto es otro, las concomitancias entre el gobierno central y cierta burguesía cruceña es patente, a pesar de las pugnas protagónicas entre la gobernación y el Comité Cívico con el gobierno central. Santa Cruz de la Sierra ha cambiado, es otra ciudad y es otro departamento. Hablamos de una metrópoli plural, que conglomera distintos perfiles demográficos, que interactúan y se entrelazan, ocasionando mezclas y abigarramientos dinámicos. Sin embargo, podemos entrever que los ritmos de estas modificaciones estructurales no son acompañadas en el plano de intensidad político. El campo político está, por así decirlo, rezagado respecto a los desplazamientos sociales y demográficos, las modificaciones antropológicas, así como a los desplazamientos geográficos, en el sentido de la geografía humana.
Si bien el conflicto ha estallado por motivos de la postergación del censo, el conflicto contiene un conglomerado de contradicciones acumuladas. La contradicción más visible tiene que ver las condiciones adecuadas para las próximas elecciones nacionales y subnacionales. No es, por cierto, la contradicción más profunda. Ahondando en los espesores del presente se pueden auscultar planos de intensidad más profundos, que, incluso, tienen que ver con periodos de más larga duración. A pesar de ser el departamento económicamente más pujante, la perspectiva y proyección económica sigue atada al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Lo que pasa es que acabado el ciclo de la plata y el ciclo del estaño, que nos dejaron cementerios mineros, como describe Sergio Almaraz Paz, e ingresando a la clausura del ciclo hidrocarburífero, la composición económica nacional se desplaza hacia la agroindustria, que está asentada prioritariamente en Santa Cruz. Lo que pasa con la extraxión del oro, sobre todo por cooperativas mineras, no corresponde a ningún ciclo de los recursos naturales, sino a la incursión del capitalismo salvaje, extremadamente depredador, contaminador y destructor, en la transición de la recomposición del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Solo que extractivismo ahora se hace sentir en la ampliación demoledora de la frontera agrícola, en la expansión de la agricultura de los transgénicos.
Entonces, de la contradicción de la que hablamos tiene que ver con el porvenir mismo de la región. ¿Puede sostenerse a largo plazo una economía extractivista, aunque industrial, basada en la ampliación expansiva de la frontera agrícola, en la destrucción de los bosques, en el arrinconamiento de las comunidades indígenas. La respuesta es no.
En consecuencia, en plena crisis ecológica, crisis de la civilización moderna, crisis del sistema mundo capitalista, de la economía mundo, que contiene al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, no hay porvenir para la población, para el pueblo, para la sociedad, con la continuidad expansiva de este modelo, ahora recompuesto hacia formas agrícolas e industriales de extractivismo. Ciertamente esta contradicción no ha aflorado visiblemente, ni se ha hecho consciente el pueblo de la misma, salvo los colectivos activistas, ambientalistas, ecologistas, salvo las comunidades indígenas afectados. Sin embargo, es una contradicción latente, que, de todas maneras, asoma en las insatisfacciones sociales, en las desigualdades sociales, en el crecimiento urbano, que repite la historia de otras metrópolis, ahora abrumadas, precisamente por las consecuencia de una economía motivada por la acumulación abstracta.
No podemos dejar de anotar una contradicción que se hizo patente a lo largo de la historia reciente, la contradicción con el centralismo. El Estado es de por sí centralista, supone la centralización jurídica, politica y administrativa, incluso en el Estado federal de carácter liberal. Lo que es distinto, radicalmente diferente es la Confederación y la Federación anarquista, que es abiertamente anti-centralista, además de realizar la autonomía, la autogestión y el autogobierno. Sin embargo, debemos tomar en cuenta, en la historia del ciclo mediano y en la historia reciente la lucha y los logros de la descentralización. En lo que respecta a esta historia, Santa Cruz ha llevado la batuta, los otros departamentos han obtenido el 11% de regalías. Después, en concomitancia con otros departamentos, se han iniciado procesos diversos de descentralización administrativa. Han sido introducidas las competencias autonómicas departamentales en la Constitución, además, claro está, del entramado de competencias, sobre todo las competencias correspondientes a la autonomía indígena, que se deben a la larga lucha de las naciones y pueblos indígenas.
La contradicción con el centralismo es, en el fondo, una contradicción contra el Estado, entre sociedad y Estado, es juna contradicción puesta en evidencia por el anarquismo. Sin embargo, el federalismo liberal ha limitado los alcances de esta contradicción amortiguando el carácter centralista del Estado. En otras palabras, ha mantenido el centralismo, solo que descentralizado en estados de la república federal. De todas maneras, el federalismo liberal no deja de contener la manifestación latente de esta contradicción entre Estado y sociedad, contradicción que tiene que ver con la democracia, en pleno sentido de la palabra, el autogobierno del pueblo. Como se puede ver, se trata de contradicciones no resueltas y que no se resuelven con el federalismo liberal.
Ciertamente, también tenemos que mencionar la contradicción de clases, que el marxismo a denominado lucha de clases, enunciado que, empero, viene de otras interpretaciones, teóricas y del saber popular, anteriores al marxismo. Empero, hay que tocar esta problemática, de la lucha de clases, en sus singularidades, no de una manera abstracta, como lo hacen las sectas partidarias ideológicas del marxismo militante. El mismo Antonio Gramsci ya hablaba, buscando la singularidad, del fragmento geográfico de clase. Para tal efecto, vamos a abordar las categorías y clasificación de la investigadora Odile Hoffmann, que hemos anteriormente.
Uso de las categorías de territorio en el análisis del conflicto
Comencemos con la categoría territorios étnicos, que se refiere a las territorialidades de las naciones y pueblos indígenas. En el departamento de Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia sigue pendiente la cuestión colonial y la problemática de la colonialidad. No se ha asumido ni se ha aplicado la Constitución, sobre todo lo que establece el segundo artículo, que reconoce la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas, en consecuencia, su derecho a la reterritorialización, a la autonomía, al autogobierno, fuera de la lengua y cultura propias, las normas y procedimientos propios.
En Santa Cruz de la Sierra se encuentran manifiestas los territorios étnicos. Los territorios guarayos, que se encuentran en la provincia de Guarayos, se dedican a la agricultura y crianza de animales. Los territorios chiquitanos, que se encuentran en las provincias de San Ignacio de Velasco, San Miguel, San Rafael. Se dedican a la agricultura de maíz, arroz, yuca, plátano, algodón. Los territorios ayoreodes, que se encuentran en las provincias Germán Busch, Chiquitos, se dedican a agricultura y recolección. Los territorios yuracares, que se encuentran en las provincias de Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarroel, se dedican a la agricultura de maíz arroz, cítricos, café, maní, frijol, zapallo, yuca, plátano. Los territorios yukis, que se encuentran en las provincia de Carrasco, se dedican a la caza, pesca, recolección, artesanía. Como se puede ver, algunos pueblos indígenas mencionados cruzan los límites departamentales, lo que ya nos plantea el uso de la otra categoría que es territorios de la diáspora.
Sobre todo en la ciudad capital podemos hablar y usar la categoría de territorios ad hoc. Los dispositivos estatales y municipales define ciertos espacios problemáticos y buscan controlarlos mediante procedimientos cartográficos y otros ordenamientos. Como dice Odile Hoffman, a veces estos espacios son ocupados y se convierten en espacios de resistencia. En la Conferencia sobre Diálogos Urbanos se vertieron varios criterios y análisis sobre la problemática urbano. Nos vamos a ayudar con un informe sobre la conferencia mencionada para identificar algunos territorios ad hoc u otros que requieren otras categorías de clasificación.
El director del Centro de Estudios Urbano Regionales (CEDURE), Fernando Prado inauguró el evento con el siguiente diagnóstico:
“Este es un evento importantísimo para los cruceños, una palestra internacional de gran magnitud. Es importante para discutir nuestros problemas. Participaré y comentaremos lo que sucede en el área de la región metropolitana en Santa Cruz”. Desde el punto de vista de Fernando Prado, Santa Cruz ni siquiera ha entendido las problemáticas que está viviendo, razón por la cual la conferencia es vital para el desarrollo de la ciudad y del país.
“Esta ciudad está creciendo dentro de una burbuja… una burbuja de riqueza, de post-modernidad, de globalización, pero en sus minorías, no sabemos lo que realmente está sucediendo”. Prado considera que Diálogos Urbanos significa una esperanza: “vamos a abrir los ojos y poder tratar distintos problemas que estamos metiendo debajo de la alfombra”.
La anfitriona de la conferencia de prensa fue la directora del Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la UAGRM, Mercedes Nostas. La antropóloga destacó la relevancia de contar con connotados académicos y miembros de organizaciones sociales del mundo en la capital cruceña. El expositor del movimiento Rios Vivos de Colombia, Juan Pablo Soler, dijo que el fenómeno latinoamericano de la expansión de la urbanidad es una problemática muy presente e importante a tratar. “Implica una migración de pueblos rurales a la ciudad, comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, arrieras, barriqueras, que se dedican a la interacción permanente con los ríos, pero fruto de las hidroeléctricas, fruto de los grandes proyectos minero-energéticos, están siendo despojados de sus formas de vida y siendo obligados a migrar a la ciudad”. Según Soler es esta temática la que preocupa también a Bolivia, teniendo en cuenta los proyectos del Chepete Bala y Rositas, comentando solo dos de los mismos. “Aplaudimos la posibilidad de pensar el presente, porque con esto construimos el futuro. La expansión desmedida de las ciudades implica mayor extracción de energía, materiales de la ruralidad”. Desde el Movimiento Ríos Vivos de Colombia plantean y socializan propuestas, que se construyen desde los pueblos afectados y amenazados por represas.
Los movimientos sociales que estuvieron presentes en la conferencia se encuentran el movimiento Kaaguazu Rositas, la comunidad alto Tacana, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Movimiento Interestatal de Quebradoras de Coco Babazú y el Movimento dos Atingidos por Barragens de Brasil. Entre otros, también se encuentran los movimientos de base rural como la Federación de Fabriles de Riberalta, la Comunidad María Auxiliadora de Cochabamba, el Barrio Luis Espina, el Consejo de Personas con Discapacidad de La Paz y otros varios grupos del país.
El primer diálogo, en la plenaria, trató sobre las problemáticas, perspectivas teóricas y abordajes metodológicos en los procesos de urbanización en Bolivia y Sudamérica, contando con la participación del experto nacional, Fernando Prado (Bolivia), el creador del término urbanización extensiva y experto en planificación urbana, Roberto Luis Montemor (Brasil), la antropóloga Alison Spedding (Bolivia – Reino Unido) y finalizó con el investigador Horn.
El segundo diálogo trató sobre articulaciones y acción colectiva, más allá de la oposición urbano – rural, desde una mirada de los movimientos sociales y, en particular, de las mujeres que los conforman y lideran. Contó con la participación de la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Lourdes Huanca y la representante del Movimiento Interestatal de Quebradoras de Coco Babazú, Brasil, Rosenilde Dos Santos, además del ex miembro de la Fejuve de El Alto en octubre del 2003, Vicente Fernández.
Otras temáticas que se abordaron son los relativos a la conflictividad por la tierra urbana, las formas de apropiación y propiedad del suelo y la vivienda, la metropolización y la importancia de las ciudades intermedias, las aproximaciones alternativas a la dicotomía urbano – rural en Bolivia, la diferenciación socio-espacial en las ciudades, las representaciones de la ciudad en las artes, tales como el cine y la literatura.
A propósito de la problemática urbana
El coordinador del proyecto Programa Urbano de la Red UNITAS, Carlos Revilla, uno de los muchos organizadores del evento, dijo: “Queremos establecer un espacio de diálogo entre actores diversos para mostrar cuales son los rasgos de los nuevos procesos de urbanización que se viven a nivel regional y nacional. Muchas organizaciones sociales con las que nos relacionamos están viviendo problemas muy complicados y situaciones nuevas, vinculadas a la reconfiguración actual de lo urbano”.
Interpretando su exposición, ee acuerdo a diferentes estudios sobre urbanismo, la tercera década de este siglo encontrará al 60% de la población mundial viviendo en ciudades. Por ejemplo, en la actualidad y contra lo que quizás algunos piensan, Bolivia es un país predominantemente urbano con un aproximado al 68% de la población que vive en centros urbanos y en las ahora llamadas inter-ciudades, como son Montero, Colcapirhua, Yacuiba o Viacha. Tomando en cuenta el último reporte del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat), las ciudades continúan siendo los motores de las economías nacionales, dado que entre 60% y el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se origina en áreas urbanas. Las ciudades también son la fuente de numerosos “bienes públicos que resultan decisivos para el bienestar y la cohesión social de la población”. Bolivia cuenta con cinco centros urbanos mayores -más de 250 mil habitantes- y 27 centros urbanos intermedios -entre 20 mil y 249 mil habitantes- haciendo un total de 20 nuevas ciudades intermedias en un periodo de sólo 30 años.
El investigador, que forma parte del Programa Urbano de UNITAS, Walter Arteaga, explicó: “Entre los factores que dan cuenta de las transformaciones urbanas en la sociedad boliviana, encontramos la metropolización y la emergencia de ciudades intermedias como elementos distintivos de este proceso”. Arteaga señala que Bolivia cuenta con tres regiones metropolitanas -articuladas a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz- y 20 ciudades intermedias por fuera de las vinculadas a esas regiones metropolitanas. “Las ciudades intermedias, sean capitales de departamento o centros urbanos en corredores viales, zonas fronterizas, zonas agropecuarias expresan un complejo entramado, en el que la población boliviana busca ingresos laborales, protección social, vivienda, servicios básicos entre otros, y constituyen un desafío para lograr un país inclusivo donde las y los ciudadanos ejerzan sus derechos”[3].
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha renacido con la planificación urbana, que toma como referente el control circular mediante círculos concéntricos, a partir de un determinado momento, desafiada por su crecimiento vertiginoso, tanto económico como demográfico. Empero, a partir de otro momento, precisamente por los ritmos de crecimiento económicos y demográficos, estos crecimientos desbordan a la planificación urbana, en consecuencia, se experimenta el crecimiento sin control ni planificación.
En la investigación La planificación urbana y su impacto en la calidad de vida en Santa Cruz de la Sierra[4], a cargo de Gabriela Gonzales Faria y Judith E. Serrano Serrano, se visualizan dos Santa Cruz, en sus palabras, una Santa Cruz supuestamente satisfecha y una Santa Cruz satisfecha. Las mencionadas investigadoras dicen:
“Santa Cruz de la Sierra es actualmente la ciudad con mayor movimiento económico del país; sin embargo, su capacidad para gestionar el factor humano es cuestionable, razón por la cual intentamos identificar las causas que contradicen o paralizan el diseño y la gestión urbana en detrimento de la armonía social y del desarrollo personal. Consideramos que existe una estrecha relación entre la planificación urbana y la calidad de vida, ya que la planificación urbana estratégica se encarga de diseñar una ciudad con base en las demandas y necesidades de la población y gestionarla, priorizando los problemas más complejos”.
Continúan:
“En esta ciudad todo crece a paso acelerado: su territorio, su población, su actividad productiva y laboral, entre otros aspectos. La urbe palpitante del presente es el resultado de un ciclo de vida desequilibrado e irregular, por lo que la sostenibilidad de ésta, la calidad de sus servicios, la oferta de su infraestructura pública, la desigualdad y el nivel de calidad de vida, entre otros temas, generan debates y discusiones entre los especialistas y ciudadanos, a la vez que el interés de inversores, empresarios y gobernantes”.
La planificación urbana se propuso:
“Convertir una aldea de polvo y barro en una ciudad moderna, tendría repercusiones sociales, económicas, culturales, tecnológicas y geopolíticas, que contribuirían decisivamente a transformar la realidad cruceña y boliviana (Limpias, 2010). Los cambios en las dinámicas y procesos multidimensionales de esta ciudad derivaron en su crisis y descontrol, lo cual se refleja en tres hechos contemporáneos:
Estas transformaciones no pasaron desapercibidas en la escala nacional o las redes de ciudades en las que Santa Cruz de la Sierra está insertada. Al ser la ciudad más vital de Bolivia, sea ésta una ciudad global o no (Sassen, 2005), comparte retos y problemas constatados a escala global entre las ciudades que adoptaron el modelo de desarrollo competitivo, como ser: exclusión, migración, contaminación, formalidad vs. informalidad, desigualdad y segregación social, entre otros (Borja, 2007; Mattos, 2010). Se trata, sin duda, de una ciudad donde se habla mucho del modelo competitivo y poco del otro modelo -el sostenible-. ¿Es que acaso este último no presenta rivalidad para lo competitivo en nuestro contexto?
En los instrumentos oficiales de la PUE de Santa Cruz de la Sierra, se establecen objetivos, políticas y programas para un modelo urbano mixto, reconociendo la importancia de dos ciudades o dos versiones de una misma ciudad que son vitales para el funcionamiento de ésta: la Santa Cruz formal y la informal (Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 2005). Sobre esta dicotomía, Isabella Prado comenta que Santa Cruz de la Sierra es una ciudad que proyecta una imagen de modernidad, riqueza, progreso y oportunidades. Si bien todo esto es cierto, no menos real es la creciente periferia cruceña, que convive y se cruza tangencialmente con esta realidad, sin llegar a ser parte de ella, más que como espectadora. Más allá de mostrarnos una desigualdad en la distribución del ingreso, nos descubre una ciudad contradictoria, con características de ciudad dual(2008: 1).
La Santa Cruz de dos caras arrastra características urbanas de un pasado planificado eficientemente para su momento, pero ¿qué tan planificada es la realidad urbana en la que vivimos actualmente? Fernando Prado declara que la cotidianidad cruceña poco tiene ya de lo planificado, y lo que debería planificarse permanece sin resolverse, puesto que se siguen desarrollando planes urbanos de orden meramente infraestructuritas (1993). Más de medio siglo atrás quedaron los esfuerzos iniciados por los colectivos técnicos y sociales que dieron paso a la gran metamorfosis de Santa Cruz, pues los cambios socio-económicos de la década de 1970 se habrían profundizado con el paso del tiempo hasta la actualidad, al no haber sido tratados desde una visión más amplia e integral para la PU.
Luego de la puesta en marcha del Plan Techint, la OTPR desarrolló Planes Directores en los años 1972 y 1978. Sin embargo, en la década de 1980, poco se intervino en el crecimiento territorial y poblacional, muy distinto a la década de 1990, donde los esfuerzos que se llevaron a cabo -y fueron muchos, entre ellos el Plan Director 1995- estuvieron alineados a lo que se conoce hoy como el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PDM), requisito establecido por la Ley de Municipalidades (Bolivia, Ministerio de Planificación del Desarrollo, 1999). El Plan Director de 1995 (Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Oficina Técnica del Plan Regulador, 1995) constituye el plan más reciente, promotor de cualidades urbanas de las cuales la ciudad goza desde el año 1998 -cuando se empezaron a cosechar resultados de la puesta en marcha de éste- hasta el presente. Entre sus objetivos generales, estaban:
Luego de la elaboración y puesta en marcha del Plan Ordenador de 1995, se han elaborado y aprobado otros documentos técnicos de planificación -mencionados brevemente con anterioridad-, como ser, el Plan de Desarrollo Municipal (Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 2008), que sería el único de los municipios bolivianos que incorpora nociones de PU en esta herramienta (CEDURE, 1999), y el Plan de Ordenamiento Territorial (Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 2005), de contenido meramente urbano. Estos constituyen un momento urbano más cercano, sin embargo, no estarán desvinculados de los aportes del Plan Ordenador 1995.
En la práctica urbana, las herramientas y los recursos financieros no son los únicos factores necesarios para la buena gestión de la PUE, pues es necesario un gobierno competente que gestione el presupuesto según los planes, conformando, por tanto, una triada: planes urbanos, medios económicos y voluntad política de parte de los gobernantes. ¿Cuántas de estas condiciones se cumplen en Santa Cruz? Fernando Prado resume algunas de las características del ejercicio urbano cruceño:
Tenemos una estructura de clase que frena las políticas populares para el desarrollo urbano y que desconoce la profundidad del problema urbano. Sin embargo, tenemos un potencial enorme en la población migrante que es la que alimenta la economía y que requeriría de políticas radicalmente distintas a las que se aplican hoy. Políticas que valoricen sobre todo a la gente, a la calidad de vida y a las actividades productivas y no a lo meramente estético (Antelo y Fuente, 1988: 12)”.
En lo que respecta a los territorios de las diásporas, tenemos las territorialidades urbanas conformadas por los migrantes. Las migraciones abundantes de los valles, del altiplano y de la cordillera son notorias en el nuevo perfil de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Obviamente también se nota la migración a la ciudad capital de pueblos nativos de tierras bajas. Entonces, de alguna manera podemos hablar de territorios de diásporas indígenas en la propia ciudad de Santa Cruz.
Una vez utilizado las categorías de territorios éticos, territorios ad hoc y territorios de las diásporas, provenientes de la investigadora Odile Hoffman, vamos a proponer otra categoría de análisis espacial, vamos a hablar de territorios avasallados, ahora que los colonizadores y cooperativas mineras invaden los espacios de los parques nacionales, áreas protegidas y territorios indígenas.
Como se puede ver toda esta complejidad geográfica, política, sociología antropológica, económica y cultural, hace de contexto e incide, con sus dinámicas inherentes, en la situación y condiciones singulares de una coyuntura en crisis múltiple. Las distintas territorializaciones, también desterritorializaciones, así como reterritorializaciones, configuran espacialmente la geografía social del país y del departamento de Santa Cruz, modificando el perfil de sus ciudades y del área rural. Es en este contexto geográfico y tomando en cuenta sus dinámicas y sus vectores que debemos analizar, interpretar, comprender y entender el estallido del conflicto social y político en la actualidad.
Notas
[1] Ver de Odile Hoffmann “Las configuraciones territoriales de movilidad, o el espacio como lenguaje político”. https://books.openedition.org/irdeditions/32687#tocfrom1n5.
[2] Ver Santa Cruz de la Sierra en Enciclopedia Libre, Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Sierra.
[3] Ver Desde Santa Cruz se debate sobre problemáticas urbanas de Bolivia para la región. https://www.urgente.bo/noticia/desde-santa-cruz-se-debate-sobre-problematicas-urbanas-de-bolivia-para-la-región.
[4] Ver La planificación urbana y su impacto en la calidad de vida en Santa Cruz de la Sierra, de Gabriela Gonzales Faria y Judith E. Serrano Serrano. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-74512014000200004.