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La supervivencia de la vida en el planeta, y de la humanidad en particular, está en contradicción con el capitalismo y el productivismo y buscan por tanto la manera de salir de este sistema destructivo e inhumano.
El «neoestractivismo» que sustentó la primera ola del progresismo en América Latina, donde los ricos se volvieron superricos y sectores pobres se integraron al consumismo, «está condenado por la crisis climática», según Boaventura de Sousa.
¿Cuál es el fundamento económico de la «nueva ola del progresismo en América Latina frente al peligro de una guerra nuclear y el «suicidio colectivo» que se impondrá de nuevo por los lobistas de las empresas transnacionales del petróleo y el carbón en la COP 27 de Egipto para obstaculizar una «transición energética justa?
La nueva «ola del progresismo» está sometida a la financierización, la deuda pública y militarización de la naturaleza con énfasis en la bioeconomía como el sustento teórico para la apropiación de las funciones de la naturaleza (fotosíntesis, ciclo hídrico, el aire, la riqueza genética) concebidas como «servicios ecosistémicos» y activos financieros para la acumulación del capital y el control (imperial) de la naturaleza y de los territorios.
Colombia solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Convenio Interactivo de la Cumbre de las Américas (2022), un crédito para desarrollar un plan de Acción para monitorear satelitalmente la Amazonía, en el marco de la Política internacional de Norteamérica para la expansión de los mercados verdes, establecida en el documento «Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad” (Orden Ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, 2021) donde se establece que “las consideraciones climáticas son un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos” que le permitirá ejercer su liderazgo frente a la crisis climática global a través del desarrollo de “una estrategia sobre cómo se puede usar la voz y el voto de los Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales, incluido el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para promover programas de financiamiento, paquetes de estímulo económico e iniciativas de alivio de la deuda y un Plan para promover la protección de la selva amazónica y otros ecosistemas críticos, en colaboración con el Secretario de Estado, el Administrador de USAID y el Director Ejecutivo de la DFC, que sirven como sumideros de carbono global, incluso a través de mecanismos basados en el mercado”.
La política ambiental del actual gobierno de Colombia como «cambiar deuda por acción climática» se circunscribe en la mencionada orden Ejecutiva que se evidencia con el llamado a “los gobiernos progresistas de la región para coordinar actividades bajo esta perspectiva” y, particularmente, sobre el Amazonas, al consignar en su programa de campaña a la presidencia que “usaremos al máximo los bonos de carbono con la garantía de recuperación de la selva amazónica hasta su frontera natural. Se crearán concesiones para familias campesinas actualmente residentes en la Amazonía, quienes podrán producir sosteniblemente con la condición de recuperar la selva en las áreas de praderización. Las comunidades rurales se vincularán a la rehabilitación, conservación y manejo sostenible de los bosques mediante el pago de servicios ambientales…”.
Se trata de la imposición de los “mercados verdes”, los Bonos Carbono y los «Pagos por Servicios Ambientales» bajo el supuesto de «mejorar los ingresos» de los indígenas y campesinos como los «nuevos asalariados precarizados» encargados de «cuidar los negocios» del capital financiero que se viene apropiando de sus territorios y de las funciones de la naturaleza a través del despojo para compensar sus emisiones, para lo cual se requiere “un gran mercado de carbono para acceder a los Bonos respectivos y monetizar la Amazonía”.
A lo anterior se suma la militarización para el control territorial como «elemento esencial de la seguridad nacional de los Estados Unidos” que viene avanzando no sólo con el envío de Helicopteros Black Hawk, por parte del Comando Sur, para «apagar incendios» sino la propuesta de Gustavo Petro de la intervención de la OTAN, con tecnología avanzada, bajo el supuesto de «proteger la Amazonía», cuando se ha demostrado que cualquier intervención militar ha sido para imponer la hegemonía imperial y ahora contra las resistencias populares que se han levantado por la Defensa de la Vida, los Territorios y los Bienes Naturales Comunes.
La resistencia a estas políticas de financierización y militarización de la naturaleza se ha expresado a escala internacional por parte del movimiento campesino e indígena organizado y de asociaciones ambientales al sostener que “estas estrategias empresariales deliberadas, distraen la atención de la necesidad urgente e innegable de eliminar las emisiones de combustibles fósiles y profundizan la financiarización de la naturaleza, reduciendo a carbono comercializable la increíble diversidad de los bosques, pastizales y humedales de nuestro planeta y desencadenando una nueva y masiva apropiación de recursos de los Pueblos Indígenas, campesinos y comunidades locales, principalmente en el Sur global”.
Son múltiples las alternativas que vienen surgiendo desde los movimientos ecosociales, indigenistas, de campesinos, afros, contra la financierización y militarización de la naturaleza como la transición energética justa y la agroecología como parte fundamental de la Soberanía y Seguridad Alimentaria, contra los agronegocios donde «la Justicia Socioambiental solo es posible con Justicia Epistémica» donde las resistencias son fuentes del Saber y del Poder Popular y que parten de reconocer que la supervivencia de la vida en el planeta, y de la humanidad en particular, está en contradicción con el capitalismo y el productivismo y buscan por tanto la manera de salir de este sistema destructivo e inhumano.
Publicado originalmente en Blogia: Miller Armín Dussán Calderón