En los últimos meses algunos de los hechos noticiosos más relevantes en Venezuela, estuvieron relacionados con el estado de salud de algunos funcionarios gubernamentales de la “revolución”. Dichos personajes, por cierto, han asegurado que el sistema público venezolano de salud es una maravilla o algo por el estilo, en el marco de la supuesta recuperación económica de la nación suramericana. Ahora bien, ni uno solo de los altos funcionarios “revolucionarios” se hizo atender en un hospital o en un centro diagnóstico integral. ¿Por qué? Simple y sencillamente debido a la decadencia progresiva de la sanidad pública en Venezuela, acelerada por factores como las sanciones internacionales y el manejo nefasto de la pandemia por COVID-19.

Y no obstante el estado deplorable de la sanidad pública n Venezuela, los altos funcionarios gubernamentales y otros personajes de la “revolución”, insisten en afirmar día tras día que la situación ha mejorado. Evidentemente la narrativa oficial debe apuntar siempre a la manipulación de la información para hace creer a la opinión pública nacional e internacional, que Venezuela se está arreglando, incluso en el ámbito sanitario. Claro está que esos personajes no sufren las penurias de millones de venezolanos, mal atendidos en centros de salud del Estado que no disponen ni de los insumos básicos; venezolanos que se ven obligados a acudir a los hospitales, ambulatorios y centros de diagnóstico integral, debido a que no cuentan con los recursos económico suficientes para ser atendidos por la sanidad privada, para la que es más importante el beneficio económico que el bienestar de los usuarios, pero al menos cuenta con suficientes insumos y aparatos.

En pocas palabras, los altos funcionarios “revolucionarios” aseguran que el sistema público de salud en Venezuela funciona casi a la perfección, pero no acuden a un hospital, a un ambulatorio o a un centro diagnóstico integral ni por un simple dolor de cabeza. Saben de la situación real de la sanidad pública venezolana, y por esta razón acuden a los centros de salud particulares, cuyos servicios pagan, por lo general, con fondos estatales y dinero mal habido. Y mientras ellos son bien atendidos en clínicas, por ejemplo, los ciudadanos comunes deben conformarse con ser “tratados” por el deficiente sistema público de salud del país caribeño.