Frente a la crisis política y sus amenazas a la Amazonía, a los pueblos indígenas y al pueblo peruano en general, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) y nuestras nueve organizaciones regionales respaldamos la decisión autónoma de las comunidades y pueblos de declararse en movilización permanente en y desde los territorios amazónicos, hasta lograr la convocatoria de adelanto de elecciones generales, tanto del Ejecutivo como del Congreso.

La actual crisis ha sido aprovechada y se ha consolidado el asalto al poder de las mafias corruptas y racistas del Congreso de la República que han impuesto un gobierno huérfano, pero bajo su dominio. Esto agrava las amenazas a los derechos de los pueblos indígenas en salud, Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la protección de pueblos en aislamiento, la titulación territorial, los impactos de la explotación de hidrocarburos y el avance del narcotráfico, las invasiones de colonos, la minería y tala ilegal, entre otras agresiones.

Por eso, los pueblos indígenas hemos decidido movilizarnos desde nuestros propios territorios y regiones amazónicas, en forma decidida pero pacífica, exclusivamente para exigir el adelanto de elecciones generales.  Enfatizamos que estas acciones NO tienen nada que ver con el tema político y judicial de Pedro Castillo ni tampoco con otras movilizaciones que responden a demandas distintas o adicionales. Sin embargo, también exigimos el cese de la represión policial, de la Fiscalía y de los grandes medios contra toda acción legítima de protesta ciudadana.

Exigimos el respeto a nuestro derecho ciudadano de concretar el diálogo directo y franco con la presidenta Dina Boluarte, el Congreso, el Poder judicial, la Fiscalía y el Jurado Nacional de Elecciones, para abordar las demandas indígenas y del pueblo peruano, y solicitamos la intervención de las instancias tuitivas de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Nuestras demandas son:

1. Convocatoria inmediata de nuevas elecciones generales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, con los ajustes para que no regrese la misma clase política corrupta y discriminatoria.

• Cierre del congreso obstruccionista y racista, porque representa una amenaza a los pueblos indígenas, y que solo se mantenga la comisión permanente no para legislar sino solo cumpliendo funciones de coordinación.

• Cancelación de los proyectos de ley, propuestas ministeriales y de los gobiernos regionales a favor de la colonización, deforestación, expansión de monocultivos, tala y minería ilegal, hidrocarburos y sus impactos, y contra los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial, así como aquellas normas que atentan contra la Educación Intercultural Bilingüe.

• Acciones preventivas del Estado y los gobiernos regionales para que la crisis política no sea aprovechada para más agresiones al pueblo peruano, la Amazonía, los pueblos indígenas y el asesinato de defensores y defensoras indígenas.

• Avanzar hacia cambios sociales, políticos y electorales que frenen los desastres impulsados por mafias politiqueras. Incluyendo, por ejemplo, la Circunscripción electoral nacional para pueblos indígenas y la titulación territorial integral y personería jurídica colectiva como pueblos indígenas, aplicando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, pedimos ampliar las garantías para la salvaguarda de los derechos sociales del pueblo peruano en general; renovar el 50% del Congreso a mitad de su periodo, y prohibir que corruptos, con, sin o post condenas, ejerzan cargos públicos, integren o financien partidos políticos.