Desde el 16 de septiembre pasado, cuando comenzaron las protestas masivas antigubernamentales en Rojhilat (Kurdistán Oriental) e Irán por el asesinato de la mujer kurda Jina Mahsa Amini a manos de la denominada policía de la moral, casi 19 mil manifestantes fueron detenidos y detenidas. Aún se desconoce el paradero de innumerables personas arrestadas por las fuerzas de seguridad.

El régimen iraní recurre a la pena de muerte para intimidar y reprimir a los y las manifestantes. Más de 30 civiles ya fueron condenados y condenadas a muerte hasta la fecha. En tanto, Mohsen Shekari y Majid Reza Rehneverdi han sido ejecutados recientemente.

A los condenados a muerte se les acusa de “matar a miembros de las fuerzas del Estado, enemistad con Dios, propagar la corrupción, rebelión armada contra el Estado e insultar al profeta”.

Según el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre las ejecuciones, 26 manifestantes detenidos durante las protestas podrían ser ejecutados en un tiempo breve.

Seis de estos manifestantes proceden de Rojhilat: Ferzad y Ferhad Tahazade, Karwan Sahi Pervane, Reza Islam Dost, Hejar Hamid y Shahram Mehrud Mela. Al parecer, un tribunal dictó sentencia de muerte para estas seis personas procedentes del Kurdistán iraní, quienes actualmente se encuentran presas, aunque se desconoce a dónde fueron trasladados desde la prisión de Urmiye. La incertidumbre ante sus paraderos hace sospechar que van a ser ejecutadas en cualquier momento.

Tres cantantes de rap, llamados Saman Yasin, Tomac Salihi y Behram Ali Kendi, también se encuentran entre los condenados a muerte. Saman Yasin, de Kirmaşan, está acusado de “librar una guerra contra Dios y propagar la corrupción”.

Además, tres mujeres -Mesha Muhamed, Fehime Kerim y Farzane Qerehesnli- figuran entre las condenadas a muerte. Mesha Mohammed está acusada de insultar al profeta. Fehime Kerimi, detenida en Pakistán, es entrenadora de voleibol. Hamid Qerehesnli y su esposa, Farzane Qerehesenli, ambos trabajadores sanitarios, están acusados de ayudar a matar a un miembro de la fuerza paramilitar Basij.

Además, dos activistas, Milan Armun y Nestu Nikxa, se enfrentan a la pena de muerte por supuestamente asesinar a otro miembro de los Basij, en la región de Ikbatan.

Tres futbolistas, Emir Nasir Azadani, Said Yaqub y Salih Mir Haiim, también fueron condenados a muerte por presuntamente matar a un agente de policía y a dos detenidos, en Ispahán.

Los nombres de los demás condenados a muerte son los siguientes: Sehend Nurmiheme Zade, Mahan Sedaret Mern, Menuçher Mehman Newaz, Muhammed Berxun, Muhammed Qubadlu, Ebulfazil Mehrî Hüseyin Haci, Muhsin Rezazzadei Qeraqlu, Said Şirazi y Ekber Xefari.

Los “delitos” de hacer la guerra a Dios y propagar la corrupción se adaptaron al sistema judicial iraní en 1982, y posteriormente se reconocieron como actos delictivos punibles con la pena de muerte en el Código Penal Islámico, en 1990.

Otros delitos tipificados en la ley islámica iraní son “utilizar armas para intimidar al pueblo, rebelión armada contra el Estado, planear el derrocamiento del Estado y robo a mano armada”. Quienes cometen estos delitos son castigados con la pena de muerte, la amputación o la deportación, según el derecho penal iraní. Estas penas se imponen a discreción del juez.

Según el artículo 286 del Código Penal iraní, aprobado en 2011, los delitos de propagación de la corrupción se consideran dentro del ámbito de los “delitos que afectan a la seguridad pública del país, perturban la seguridad, perjudican a las personas y a la propiedad pública y privada”.

Los delitos contra la seguridad interna y externa del país, sobornos a la administración, la perturbación del funcionamiento del país, la perturbación del sistema económico del país, los incendios provocados, la distribución de sustancias venenosas y peligrosas, y la venta de armas se definen como ejemplos de delitos de propagación de la corrupción.

La rebelión armada contra las autoridades también se considera delito. El régimen iraní afirma que los activistas que toman las armas contra el Estado deben ser condenados a muerte, y los que no usan armas deben ser condenados a prisión.

Según el artículo 262 del Código Penal iraní, si una persona insulta al profeta del Islam o a otros profetas, debe ser condenada a muerte. Sin embargo, si la persona está ebria o no se puede determinar el significado de sus palabras, no se le impondrá la pena de muerte.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina