En medio del tan complejo momento que atraviesa el capitalismo, es cada vez más importante dilucidar la cuestión de la hegemonía, o al menos intentarlo. Sus crisis multifacéticas y sistémicas, con claras señales de debacle civilizatoria, conforman un escenario complejo de analizar. Sin embargo, es indispensable escudriñar los procesos de transnacionalización y globalización del capital. Reconozcamos también el deterioro de los estados-nación, al menos como los conocíamos o como nos los imaginábamos. Merecen por igual nuestra atención las guerras y los enfrentamientos en marcha, que no pueden simplemente ser asumidos como conflictos entre estados. Las grandes empresas transnacionales han configurado otras relaciones de poder y son actores cada vez más potentes en el ámbito de la geopolítica global.

 

Analizar el papel de las transnacionales es fundamental. Eso nos permite transparentar inclusive la tensión Capital-Naturaleza, una cuestión central para comprender los procesos de expansión del capitalismo en América Latina. Para garantizar su accionar se han desarrollado una  serie de dispositivos que se aplican cada vez de manera más descarnada a pesar de que se atropellan sistemáticamente derechos que protegen a los estados, a las sociedades y a la Naturaleza: cambios en el régimen de propiedad, la aplicación de “servidumbres”,  declaraciones de utilidad pública para el control privado, flexibilización de  las normas, políticas públicas y decisiones destinadas a flanquear aquellas fronteras que históricamente mantuvieron a muchos territorios a cierta distancia de las ambiciones desplegadas en la dinámica capitalista, entre otras acciones.

Los últimos 30 años el poder transnacional, siempre cambiante y muchas veces en alianza con los estados, ha consolidado aún más su poder sobre todo alrededor de las hegemonías y la diversificación de sus acciones.

En este tránsito, la hegemonía norteamericana se debilita en medio de un creciente enfrentamiento con una China en auge, con Rusia -que comienza recuperar espacios globales luego de la disolución de la Unión Soviética- y también con una relativamente alicaída Unión Europea. Los organismos internacionales, en tanto bandas de transmisión de los poderes del capitalismo metropolitano, se acomodan a las cambiantes circunstancias. El BRIC -Brasil, Rusia, India, China- asoma más como una posibilidad escuálida en el largo plazo, pues, en la práctica, su potencial es tan relativo como la capacidad de sus estados de plantear verdaderas alternativas conjuntas en tanto se les ve disputar espacios del mercado global. Una situación aún más compleja con las lógicas sub-imperiales de Brasil en relación a América Latina.

En este entramado de tensiones geopolíticas y geoeconómicas, a más de los grandes conglomerados transnacionales, hay una creciente presencia de cierto tipo de organizaciones -ONGs globales, grandes medios de comunicación o universidades, por ejemplo- que cumplen su papel de apoyo ideológico a diversas exigencias del capital, por ejemplo legitimando las bondades del mercado mundial, las inversiones extranjeras, el extractivismo minero, los organismos genéticamente modificados, las economías verde o circular, la transición energética corporativa, etc.

En suma, con institucionalidades democráticas jaqueadas, no es fácil anticipar por dónde evolucionará el mundo y cómo los distintos grupos de poder se refuncionalizan en la medida que traten de mantener viva esta máquina de acumulación y muerte que es el capitalismo: una civilización que se renueva y se destruye a la vez, por la codicia y la consiguiente ambición que le mueven.

Así, para poder abordar la cuestión propuesta en este artículo / entrevista precisamos partir del carácter del capital y del capitalismo en el siglo XXI. El punto de partida es aceptar que corporaciones transnacionales son actores fundamentales, que, en contubernio con los grandes estados y los organismos multilaterales de crédito y comercio, han creado un régimen internacional con una supra-jurisprudencia que les permite operar en impunidad y con sistemas de imposición de su domino sobre los estados nacionales de Nuestra América y del resto del Sur global. Así, este poder transnacional está en capacidad incluso de plantear sus narrativas contemporáneas con un alcance global con las que se mantiene encarcelado el imaginario emancipador de amplios segmentos de la sociedad mundial. Y este empeño cuenta, en la práctica, más allá de inútiles discursos soberanistas, con la complicidad del desarrollismo que impulsan los gobiernos neoliberales e inclusive los progresistas,

En este ambiente hay que entender el flujo de los capitales hacía los países empobrecidos. No llegan para ayudar a hacer realidad la promesa del progreso. Buscan el beneficio de las sociedades opulentas y el lucro sin fin. Eso es evidente. Los capitales se trasladan cada vez más al Sur global, preferentemente a aquellos países que ofrecen mejores condiciones para obtener beneficios sea alentados por mercados importantes o recursos naturales significativos, a lo cual se suma como alicientes adicionales la flexibilización del trabajo, las menores trabas ambientales, las institucionalidades jurídicas nacionales sometidas a arbitrajes internacionales, etc. Los extractivismos desbocados para asegurar el control de los recursos -petroleros, por ejemplo- no tienen reparo en recurrir a la fuerza. Todo movido por el hambre insaciable de acumular que caracteriza al capital, sobre todo mientras alcanza niveles cada vez más transnacionales y más aún globales.

Sin embargo, como podemos constatar hoy, el capitalismo tiene cada vez más dificultades para encontrar territorios supuestamente vírgenes o baldíos donde el mismo no esté presente, y por lo tanto ha buscado ampliar su órbita de influencia hacia otras áreas. El capitalismo amplía cada vez más la mercantilización de muchos ámbitos de la Naturaleza, incorporando en su lógica de acumulación los mercados de carbono y los servicios ambientales, que constituyen en este momento una de las más recientes fronteras de expansión para sostener la acumulación del capital. En otras palabras, se lleva la conservación de los bosques o de los océanos o la biodiversidad o el clima al terreno de los negocios. Se mercantiliza y privatiza el aire, el agua y la Tierra misma. Y esa cada vez mayor demanda de recursos naturales, emanada de las necesidades de acumulación de capital, fuerza los extractivismos de todo tipo incluso a través de lógicas especulativas: por ejemplo, en los eufemísticamente conocidos como mercados secundarios, se venden cereales que no se han sembrado o minerales cuyos yacimientos no están siquiera en fase de explotación. Así, aunque a primera vista no parece muy evidente, hay una relación evidente vía especulación y fuga de capitales entre extractivismos y paraísos fiscales, no simplemente porque muchas empresas transnacionales extractivistas tienen sus sedes en dichos paraísos. Incluso hay nuevos rincones creados para que el capitalismo pueda seguir acumulando, como son los fondos de pensiones y las tarjetas de crédito.

En concreto, a más de la explotación del trabajo, la Naturaleza, los recursos naturales y últimamente los servicios ambientales, convertidos en mercancias, permiten sostener el objetivo dominante sintetizado en la búsqueda del siempre escurridizo progreso. Y así incluso la expansión financiera global va de la mano de la expansión del capitalismo productivo global, acelera el ritmo de la imparable rueda de extracción de recursos naturales y otras materias primas.

A pesar de que la necesidad de entender y más aún de superar esta dura realidad, surgen respuestas para preservar la vida del ser humano en el planeta. Los pueblos, mejor digámoslo de forma más precisa las sociedades en movimiento y sobre todo las comunidades directamente afectadas por tantas violencias, son cada vez más conscientes y críticas. Y así, en este difícil transito a otros mundos es preciso reflexionar sobre las formas de organización y de lucha para enfrentar la barbarie del capital.

 

El poder de las corporaciones transnacionales amenaza a los pueblos y a la Naturaleza, en América Latina y en el mundo entero. ¿Cómo responder?

 

AA: La tarea pasa, como siempre, por entender lo que está sucediendo. Es complejo, no lo dudo, pero indispensable. Y para dar ese paso no nos sirve el uso exclusivo de las viejas herramientas epistémicas. Las lecturas tradicionales de izquierda y derecha, normalmente atrapadas en visiones e intereses coyunturales, se quedan con frecuencia en la epidermis. Por ejemplo, asumir a los progresismos como de izquierda por su discurso antineoliberal o socialista, no sirve para nada cuando constatamos que en la práctica esos grupos políticos y sus gobiernos apenas intentan modernizar el capitalismo, es decir la barbarie con algunos parches sociales.

También es indispensable dejar de lado esas visiones ortodoxas que impulsaban las luchas a partir de contradicciones fundamentales. Las luchas deben nutrirses de lo mejor de las reflexiones dependentistas, decoloniales, feministas y ecologistas, pero sobre todo de las luchas de resistencia y re-existencias, que tejidas en un entramado emancipador -sin espacio para vanguardias de predestinados- pueden enfrentar la barbarie del capital en diversos espacios escalares de acción estratégica, que atraviezan desde los local a lo global, sin marginar lo nacional y regional.

En este punto, conscientes de las limitaciones actuales para incidir en el espacio nacional y más aún en el global, hay que potenciar las acciones de resistencia, que a la vez son de re-existencia desde las diversas comunidades. Sin despreciar o marginar otros ámbitos de acción, como el nacional o el global, urge tejer redes de resistencia que vayan sumando las luchas locales, urge impulsaar procesos diversos que vayan construyendo otras narrativas y ampliado otros espacios de incidencia. Para ponerlo en términos concretos, las comunidades que resisten a la minería no pueden hacerlo de forma aislada, precisan construir alianzas con otras comunidades en similar situación. Inclusive hay que ir mucho más allá, esas alianzas deben darse con quienes enfrentan otros extractivismo, como el petrolero o el agroindustrial. Y todos estos esfuerzos deben darse incluso dentro de las institucionalidades formales, como la jurídica, tal como lo recomendaba el maestro y amigo Aníbal Quijano: dentro del Estado y contra el Estado.

 

EM: La Constitución en Ecuador reconoce tres sujetos de derechos: las personas, las comunidades y la Naturaleza, sin embargo, en la práctica las empresas tienen un gran poder, son personas jurídicas que actúan como sujetos de derecho.

El tema de las sociedades transnacionales y de su papel en el mundo contemporáneo es cada vez más conocido, a pesar de ser complejo porque es un rompecabezas de muchas piezas.  No sólo se requiere analizar a las propias transnacionales que son en su mismas un fenómeno cambiante, sino también comprender el sistema que orbita a su alrededor, que está conformado por relaciones con la banca, con  las cúpulas de las organizaciones internacionales, con las  élites nacionales, con la economía del narcotráfico, con su capacidad de control sobre muchos medios de comunicación y una creciente influencia  en los mundos de la ciencia y la academia.

Las corporaciones transnacionales son grupos económicos privados -aliados con los estados-, con intereses distintos y contradictorios con los de otros grupos de la sociedad, como son los trabajadores, los campesinos e indígenas e incluso las mismas empresas nacionales, sobre todo las pequeñas.

El enorme poder de las transnacionales y su presencia dominante en todas las esferas de la actividad humana les ha permitido, entre otras cosas, subordinar a sus propias estrategias las políticas de los Estados y de las instituciones internacionales intergubernamentales.

Los impactos de las corporaciones sobre los derechos de los pueblo y de la Naturaleza estan bastante documentados, ha sido el escenario de demandas, reclamos, análisis en los últimos 30 años, y las empresas han respondido negando su responsabilidad o afirmando que cumplen con los procedimientos formales de los lugares en donde operan o incluso, de forma cínica, que actúan en función del bien común.

Las empresas transnacionales se desplazan rápidamente, cambian de nombre, hacen alianzas, se absorben entre si, se mimetizan. Cuando se instalan en un país crean algunos empleos, pero destruyen muchos más de los que crean, porque desaparecen las artesanías e industrias locales que no pueden competir con la sociedad transnacional, pero, además, operan pisoteando derechos, que son embestidos a nombre de la eficiencia, el desarrollo tecnológico, la productividad y la competitividad.

 

¿Cuál debería ser el papel de los Estados ante estas arremetidas transnacionales? 

 

EM: Obligandolas a cumplir con sus responsabilidades. Rompiendo el nexo de Estados subordinados a las empresas. Construyendo múltiples espacios de resistencia en los territorios e inclusive en las institucionalidades existentes. Transparentando sus prácticas. Agotando todos los espacios y ámbitos de acción legal y política desde dentro del Estado y las veces que sea necesario en contra del Estado.

Pero no nos olvidemos que hay exigir a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. Existen, pues, responsabilidades diferenciadas entre las empresas y los Estados. Los Estados deben proteger, promover y garantizar el respeto a los derechos, deben tomar medidas adecuadas para investigar, castigar y reparar cuando ha habido delitos. Las empresas  tienen obligaciones en corregir tempranamente los impactos negativos que provocan, resolver quejas antes de que empeore la situación. Mantener la debida diligencia, que se entiende al proceso permanente mediante el que una empresa detecta y resuelve las consecuencias que pueda tener para los Derechos Humanos y los de la Naturaleza en el contexto de todas su operaciones y productos y en toda su red de proveedores y socios comerciales. Mas, como eso no sucede en la viva cotidiana, es indispensable una sociedad vigilante capaz de accionar y responder frente a los atropellos.

Incluso hay iniciativas internacionales. En el año 74 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) creo la Asociación Internacional de Conservación Ambiental de la Industria del Petróleo (IPIECA) del que son aun parte algunas de las compañias mas grandes y cuestionadas del mundo incluyendo las hoy estan en el yasuní como la Andes Petroleum, Petro Oriental.  Ha habido esfuerzos internacionales para obligar a las empresas a cumplir con sus compromisos, primero con acuerdos voluntarios, que fracasaron sistemáticamente. Posteriormente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2011, estableció los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los Derechos Humanos. Incluso existe el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y Derechos Humanos. Hay obligaciones, pero sin embargo las empresas saben sortearlas.

Cómo enfrentar tantos atropellos, es el gran reto que tenemos entre manos.

 

¿En qué reside el poder de estas corporaciones y como afecta a los pueblos y la Naturaleza?

 

AA: Ese poder es económico, político y por cierto hasta cultural. La Naturaleza, los recursos naturales y últimamente los servicios ambientales son vistos como pilares para el “desarrollo”, en tanto vía indiscutible de progreso en su dominante versión materialista y acumuladora; de suerte que la interminable producción de bienes -y la herramienta indiscutida del crecimiento económico- apuntalan la visión lineal de la historia gobernada por dicho progreso. Todo enraizado en las bases del dualismo cartesiano y el divorcio entre seres humanos y Naturaleza; pilares fundamentales de la Modernidad.

En este escenario ideológico, al extractivismo se lo asume como producción -que no lo es necesariamente- y como fuente fundamental de financiamiento para conseguir el desarrollo. Negarlo cerraría las puertas del progreso, según esta visión todavía bastante extendida. Esta es una visión evidentemente aupada por la voracidad de la acumulación capitalista, y que se intenta legitimar en la firme y dogmática creencia en las poderosas capacidades de la ciencia y la tecnología.

Esta aproximación se explicaría mejor si aceptamos que en nuestras sociedades, empezando por nuestros gobernantes, se ha desarrollado una suerte de ADN-extractivista que limita plantear un debate amplio y serio sobre estas cuestiones. Inclusive muchos críticos del sistema capitalista han caído en esta trampa, pues apenas centran su atención en el control de la explotación de estos recursos por parte del Estado, y no en la extracción misma. El punto no es si el extractivismo beneficia más al capital nacional, transnacional o a las arcas gubernamentales -que muchas veces terminan formando una sola amalgama-, el punto es que el extractivismo per se es inadmisible en sociedades y comunidades que propugnan una vida digna para todos los seres humanos y no humanos.

 

EM:  Su poder reside en ese vigor multifacético. Un poder que se traduce en influencia e impunidad.  Muchas empresas transnacionales tienen más poder y muchas veces más recursos que algunos estados, lo que sumado a su voracidad les otorga una gran capacidad para infiltrar a los estados nacionales. Pero, además, cuentan con un arsenal jurídico a su servicio apuntalado cada vez más en los tratados bilaterales o multilaterales, o en instancias internacionales para administrar sistemáticamente justicia a su favor, como son como los tribunales arbitrales.

Adicionalmente, con “las puertas giratorias”, los ejecutivos de las empresas pasan a ser parte de los funcionarios del Estado, o al revés, y con ello no solo manejan información y valiosos contactos, sino capacidades de incidir en las decisiones de los gobiernos y de la misma justicia, ayudando a sortear dificultades a las empresas extranjeras.

Adicionalmente las empresas tienen capacidad de seducción, de cooptación e intromisión en procesos locales.  Valiéndose de la incapacidad de los Estados de cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales, las empresas, en complicidad con los Estados, pasan a suplir el papel del Estado con ofrecimientos que casi siempre incumplen, pero que les permite mantener una presencia en base a expectativas insatisfechas. Y no son pocos los casos en que vía cuerpos paramilitares creados y financiados por las mismas empresas logran imponer su poder y sus condiciones en los territorios que van ocupando; recordemos el caso de Intag en la provincia de Imbabura en Ecuador o el papel de esos grupos armados que han contribuido a ampliar las fronteras extractivistas en diversas regiones de Colombia.

 

¿Cuáles son las particularidades de las acciones y de las empresas de los países emergentes y de los países industrializados, como los europeos, los norteamericanos o los asiáticos?

 

AA: Reconociendo que es posible y deseable diferenciar los diversos tipos de capitalismo realmente existentes -anglosajón, renano, nipón, chino, periférico-, lo que interesa es identificar cuál es la matriz del capitalismo. Así como las serpientes cambian de piel de tiempo en tiempo y continúan siendo serpientes, el capitalismo se mimetiza, se camufla y sigue reptando, pero no deja de ser capitalismo. Es, entonces, un gran reto comprender lo que representa su esencia para no quedarnos estudiando “las pieles” que van quedando en el camino.

Teniendo ese prisma como punto de observación cabría difrenciar el funcionamiento de los distintos grupos transnacionales. Sin agotar para nada el tema, conviene ver cómo actúan las empresas mineras canadienses aupadas directamente por su estado, introduciéndose en diversos países en primera línea con las empresas junior encargadas de hacer el trabajo sucio: es decir de abrir la puerta a otros conglomerados más grandes. Empresas estadounidenses y europeas, no menos voraces y violentas, tienen que cuidar de su prestigio ante la existencia de organizaciones de la sociedad civil de sus países atentas a denunciar posibles violaciones de derechos. Las chinas, por su lado, sin controles de una sociedad civil -muy débil o inexistente-, entran con una mucha fuerza y agresividad con el respaldo de su estado. El caso de otros conglomerados transnacionales, como los rusos o bielorusos, no se diferencian de lo anteriormente expuesto.

Por cierto, estas acciones de los consorcios transnacionales son siempre posibles gracias a la complicidad con los estados del Sur global.

 

EM:  Demos un paso más. Diría que estos análisis sobre cómo enfrentar el poder transnacional no necesariamente funciona con generalizaciones, son caso a caso. En muchas ocasiones, dependiendo del grado de respuesta de las organicaciones de la sociedad civil y de los procesos de resistentencia se puede detener a los extractivismoa o al menos relatizar su avance; las luchas en contra del fracking en diversas partes de la región, por ejemplo, dan valor a esta aseveración. En otras ocasiones se ha podido influir en las instancias internas de las ampresas a nivel de su junta de accionistas o a través de las organizaciones sindicales. También se registran otras acciones sugerentes como la de afectar a las empresas mineras en las bolsas de valores por sus prácticas depredadoras de derechos; se lo hizo en el caso de Intag, en donde a la postre, ya en un gobierno progresista se impuso atropellando derechos la megaminería de la mano de una empresa estatal ecuatorina de papel y de la estatal chilena CODELCO, utilizando la fuerza pública para debilitar la resistencia comunitaria; por cierto que hay otros mecanismos a través de los cualés las empresas dividen y captan apoyos de las comunidades ofreciéndoles una serie de dádivas. Incluso hay casos de técnicos que asumen determinadas funciones que permiten, aunque sea temporalmente, influenciar en  diferentes empresas y en sus operaciones.

Pero la premisa es clara, una empresa está hecha para ganar, y la ganancia se hace a fuerza de explotación de la fuerza de trabajo y de la Naturaleza. Las inversiones tecnológicas -a las que con frecuencia se les presenta hasta responsables con el ambiente- terminan ocasionando graves afectaciones en aras del beneficio económico empresarial. Por eso el cuento de la tecnología de punta se desvanece una y otra vez como hemos visto con terribles derrames mineros o petroleros en diversos países de la región, bastaría recordar las tragedias de Samarco en el 2016 y Brumadhino en el 2019, ambos crímenes socioambientales en Brasil.

En las tensiones capital/Naturaleza es posible encontrar ciertas tendencias, por ejemplo, los europeos están desarrollando con más intensidad lo que hoy se reconoce como “capitalismo verde”, que básicamente suponen decisiones empresariales sustentadas en restricciones, nuevos productos y nuevos negocios. El norteaméricano, más voraz, apunta al control de territorios y a actuar como fuerza disuasiva, incluso recurriendo a paramilitares en algunos casos, como el ya mencionado en Ecuador. El asiático al control tecnológico para acelerar procesos de transformación y el chino al control de materias primas con todos los medios a su alcance. Los países emergentes, como Brasil, también disputan el control de las materias primas en América Latina, pero también escenarios geopolíticos de influencia global.

A nivel global y en relacíon con la Naturaleza este nuevo decenio será seguramente el de las “soluciones basadas en la Naturaleza”, a las que podríamos calificar como de despojo por consevación.

 

¿Cuál es el entramado del accionar de las corporaciones transnacionales de América Latina?

 

AA: Lo grave en este complejo entramado es la presencia de otras empresas transnacionales: regionales privadas e inclusive regionales estatales. Las hay para todos los gustos y usos. Las junior para abrir la puerta a las grandes. Las estatales para vencer la resistencia de comunidades que luchan por décadas en contra de la minería transnacional en Ecuador, por ejemplo. Y todas, con la abierta complicidad estatal, empeñadas en consolidar aún más la posición de país-producto de Ecuador, a más de ser país-cacaotero, país-bananero, país-camaronero, país-floricultor, país-petrolero… ahora a Ecuador le quieren convertir en país-minero.

En este punto se destaca el subimperialismo brasilero. En ese país las dictaduras militares brasileras hicieron coincidir los intereses de la burguesía con los intereses de la nación, al mismo tiemplo que los promovía a nivel internacional. Su conlomerado petrolero, alrededor de Petrobras, tiene un largo historial de violaciones de derechos y de imposición de condiciones onerosas a sus vecinos más pequeños. Odebrecht obra también en esta dirección. Esto demuestra que esta política exterior del Brasil continuó incluso durante la etapa democrática con sus gobiernos neoliberales y progresistas.

Tampoco se puede marginar el subimperialismo chileno, que con su empresa estatal minera CODELCO, en contubernio con empresas estatales de otros países, ha contribuido a romper la resistencia de muchas comunidades: Intag, en Ecuador, es un ejemplo de esta afirmación.

El papel determinante de las empresas de los países enriquecidos o industrializados se consolida con los tratados bilaterales de inversión (como una pieza más de los Tratados de Libre Comercio), lo que aumenta el poder estos conglomerados protegidos por instancias de arbitraje, como el CIADI. De hecho nuestros países entregan su soberanía de lleno a los intereses transnacionales.

 

EM:  Las primeras sociedades transnacionales aparecieron hacia fines del siglo XIX, primero como grandes empresas nacionales que acumularon capital y poder empleando todos los medios, incluidos la extorsión, el chantaje, la corrupción. Luego en la medida que superaban sus fronteras -en un proceso de expansión imperial con múltiples caras- comenzaron a dominar los mercados y los países, muchas veces con el respaldo de sus fuerzas armadas. La historia del mal llamado “libre mercado” está repleta de estas agresiones, que se repiten hasta nuestros días.

En el mundo del petróleo y la minería es importante analizar lo qué son y cómo funcionan las empresas.  Las grandes transnacionales normalmente toman menos riesgos, compran a las empresas pequeñas, aprovechan de los trabajos desplegados por las pequeñas o adquieren el resultado de su extracción; en el caso de la minería legal con frecuencia aprovechando del trabajo de la considerada como minería ilegal. Alrededor de las grandes empresas surgen muchas empresas de servicios, incluso grandes y transnacionales que manejan la información, construyen infraestructuras u operan determinadas fases del proceso extractivo. En esta línea, sobre todo las empresas petroleras transnacionales alientan la privatización de las inversiones que los Estados nacionales han hecho.

A lo anterior se suma el trabajo de empresas petroleras nacionales de la región que operan fuera de sus fronteras. Entonces utilizan su doble condición, ser públicas en su país, en donde activan las ventajas nacionales a su favor, y transnacionales en el exterior, apoyadas por la diplomacia, las líneas de crédito de sus poderosos sistemas de financiamiento; este es el caso de las empresas brasileras y chinas.

La realidad de este mundo transnacional definitivamente es, en la práctica, mucho más compleja: las fronteras de las empresas son porosas, hay empresas estatales o mixtas chinas que extraen crudo y lo venden a transnacionales norteamericanas; hay empresas que siendo de servicios asumen tareas de extracción; para mencionar apenas dos casos de un complejo entramado empresarial. Y en todo este entramado las finanzas internacionales y los bancos desempeñan papeles también determinantes.

Un dato que puede ser curioso, la propiedad estatal de los recursos no asegura un comportamiento diferente de sus empresas. En el ámbito petrolero, en la practica, las propias empresas petroleras sostienen estrategias de internacionalización de sus negocios, comportándose como compañías transnacionales. Y de esta manera los Estados cristalizan sus objetivos geopolíticos manteniendo su condición de economías primario exportadoras, sin siquiera intentar dar pasos que los liberen de esa compleja y hasta perversa dependencia internacional.

 

¿Podrían identificar los entretelones de estos esquemas de protección a las inversiones extranjeras? ¿Cuál es su origen?

 

AA: Los actuales Tratados Bilaterales de Inversión, que surgieron de un intento fallido por establecer una suerte de constitución económica global que proteja los derechos de los inversionistas internacionales, confirman el afán de conseguir mecanismos de protección internacional por parte de las transnacionales. El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) -en inglés Multilateral Agreement on Investment (MAI)- se discutió, a espaldas de la mayoría de estados del planeta, en la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado. En pleno auge neoliberal, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se pretendió hacer realidad este marco jurídico supranacional con alcance global.

Las relaciones entre los Estados nacionales y las empresas transnacionales, si se hubiera aprobado el AMI, habrían establecido claros límites a los ámbitos del ejercicio de la democracia, así como a los derechos laborales, a las políticas sociales, a la misma pluralidad cultural planetaria, incluyendo la relación con la Naturaleza. Huelga decir que el AMI no pudo ser aprobado por la resistencia de amplios segmentos sociales en varios países de la propia OCDE, que entendieron con claridad los riesgos que esto implicaba.

A partir de esta realidad, las grandes corporaciones transnacionales y los gobiernos más poderosos comenzaron a idear e instrumentar otros mecanismos de protección supranacional para los inversionistas extranjeros por vías bilaterales, como son los tratados de inversión. Se trata de sistemas que protegen siempre al más fuerte, es decir, al capital, subordinando a los pueblos y a la Naturaleza. Una situación que resulta insostenible, si no queremos que se sigan multiplicando todo tipo de problemas producidos por la destrucción de las relaciones sociales y ecológicas.

 

¿Qué pasa con el Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos, es suficiente para la Naturaleza con derechos?

 

EM:  A partir de dicho tratado sobre Empresas y Derechos Humanos se ha avanzado con varios instrumentos como son los  “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar”, del año 2011, que se encuentra en el Informe A/HRC/17/31. Y actualmente se trabaja en el plan de instrumentación.

La idea de estos principios es que, si una empresa ha provocado o contribuido a ocasionar un impacto negativo para los Derechos Humanos, debe repararlo o ayudar a su reparación. En ocasiones, la empresa puede contribuir directamente a reparar el daño de manera puntual y eficaz.  En función del tipo del daño causado, la reparación puede adoptar formas diversas, como una disculpa, una indemnización (de carácter financiero o de otro tipo), el cese de una actividad o relación en particular, la adopción de disposiciones para que el daño no vuelva a producir, o cualquier otra medida acordada por las partes.

Las empresas están obligadas a la “diligencia debida en materia de Derechos Humanos”. Es decir, se entiende como el proceso permanente mediante el cual una empresa resuelve las consecuencias que pueda tener para los Derechos Humanos en el contexto de todas su operaciones y productos y en toda su red de proveedores y socios comerciales.

 

AA: A más de este tratado están en marcha otras iniciativas en varios países del Norte global para que sus empresas asuman sus responsabilidades. Hay empresas que administran proyectos tremendamente destructores del ambiente y con gravísimas afectaciones sociales. Aquí podemos citar el caso emblemático de la Chevron-Texaco en Ecuador, causante de destrozos a las comunidades indígenas y de colonos, así como a la Naturaleza; este es un caso muy conocido incluso por la sistemática y agresiva negativa de la empresa para asumir sus responsabilidades. Otro caso vincula a la empresa suiza Glencore, que administra -como parte de un consorcio internacional- la explotación de carbón en El Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grande del planeta y causante de gravísimos daños a humanos y no humanos, contaminando en particular el río Ranchería en Colombia.

Recordemos también lo que sucedió en Brasil, en enero de 2019, cuando se rompió un dique con aguas tóxicas de la mina Córrego de Feijão, en Brumadihno, una de las mayores minas de hierro del mundo. Resultado: más de 250 muertos, destrucción de decenas de casas y del medio ambiente. No fue un simple accidente sino una violación inocultable de los Derechos Humanos y de los de la Naturaleza. La primera responsable es la empresa minera brasileña Vale, la mayor productora y exportadora mundial de hierro, que ya fue condenada judicialmente a pagar los daños que provocó esa rotura y que carga con otro crimen socioambiental similar en Samarco Mineração, sucedido en el 2015. Lo grave es que hay empresas, con frecuencia del Norte global, que cargan con una gran culpa de lo sucedido, pero que no asumen responsabilidad alguna. Este es el caso de la empresa alemana TÜV Süd, que meses antes de la ruptura certificó a Córrego de Feijão como segura.

La lista de situaciones similares es larga y hasta involucra a muchas instancias del mundo financiero. De hecho, no extraña encontrar en ese listado a bancos y organismos multilaterales de crédito asociados directa o indirectamente a una multitud de compañías extranjeras -muchas transnacionales- que participan activamente en la danza de los créditos, financiado gigantescos proyectos extractivistas. En ese mundo de la corrupción transnacionalizada intervienen poderosos consorcios que venden tecnologías obsoletas e inclusive productos nocivos para el ambiente y el ser humano a pesar de haber sido prohibidos en sus países, como son aquellos agrotóxicos -el DBCP, por ejemplo, que se usó por más de 20 años en Ecuador y que fue comercializado como Fumazone y Nemagón por parte de un consorcio transnacional formado por las compañías Standard Fruit (DOLE), Dow Chemichal, Shell Oil, Occidental Petroleum y UnitedBrands; agrotoxicos que siguen ocasionando serios daños a los trabajadores de plantaciones, comunidades vecinas y sus ecosistemas.

Lo cierto es que hay casos paradigmáticos de empresas internacionales que propician cualquier barbaridad con tal de negociar sus productos o construir enormes -muchas veces inútiles- obras de infraestructura, dejando con pesadas deudas externas a los países “beneficiarios”, sin que estas empresas asuman su responsabilidad.

Este punto es bueno considerar que, cuando se da paso a tales proyectos sin incorporar el principio precautorio ni tomar las previsiones del caso, se deberían asumir también estos riesgos. En plena era del capital globalizado debería ser indiscutible la corresponsabilidad de los comerciantes, los acreedores, los constructores y los administradores y accionistas de estos grandes consorcios; más aún, si muchas de esas actividades están acompañadas con frecuencia por la corrupción y por violencias múltiples. Sin embargo, en la práctica, no hay instancias donde se puedan presentar los correspondientes reclamos. Es más, aquí hasta la participación de los paraísos fiscales contribuye a mantener en el anonimato y la impunidad a capitales asociados a la destrucción de la vida humana y de la Naturaleza.

Es hora de poner a las relaciones económicas internacionales en su lugar, es decir: redimensionar dichas relaciones en función de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Es necesario romper con los mecanismos y engranajes perversos del mercado mundial y al mismo tiempo promover el cambio: no es una tarea fácil. En este empeño por repensar la economía global, emerge con fuerza la demanda de un sistema internacional de derechos para humanos y no humanos, que establezca requisitos de debida diligencia ecológica y social a toda organización, sea empresarial o estatal, que participe en el entramado internacional: comercial, financiero, tecnológico; un sistema que, en el marco de las Naciones Unidas, incorpore aquellos tribunales que permitan impugnar cualquier controversia surgida en las relaciones económicas internacionales y en donde se pueda reclamar el cumplimiento de las debidas responsabilidades.

Por más urgente que parezca, esta iniciativa no emergerá espontáneamente desde la actual estructura de poder internacional. Nacionalmente tampoco es fácil, pues las empresas involucradas en diversas relaciones económicas internacionales se escudan perversamente en los potenciales riesgos que correría su competitividad si aceptan aquellas indispensables normas apegadas a los derechos para humanos y no humanos. Sin embargo, en estas circunstancias, los esquemas de responsabilidad adecuados deberán construirse desde cada país, sobre todo desde aquellos que cuentan con una sociedad civil responsable y comprometida con la vigencia de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza.

Suiza es uno de esos países. Cuenta con una economía relativamente pequeña pero con una innegable capacidad influencia transnacional. Y cuenta con una sociedad civil comprometida a poner en marcha la Iniciativa de Responsabilidad Corporativa –Konzernverantwortungsinitiative-, la cual exige que las empresas con sede en ese país cumplan también en el extranjero con todos los estándares sociales y ambientales. Si bien en el referéndum del 2020 no prosperó dicha iniciativa, por más que tuvo mayoría, debido a una serie de normativas internas, de hecho desde ese país se amplia este clamor. Por ejemplo con la Ley de Cadena de Suministro –Lieferkettengesetz- en Alemania, una propuesta con la misma impronta; iniciativa que, con algunas limitaciones, ya se cristalizó en Francia en el año 2017. Así, paso a paso, desde todas las esquinas del planeta y desde todos los niveles estratégicos de acción, estamos conminados a cambiar el curso de la historia para que nuestros nietos y nuestras nietas no sean las víctimas de tantas pandemias capitalistas en curso y tantas más por venir.

 

¿Este tipo de tratados son suficientes para una Naturaleza con derechos?

 

EM: En el mundo de los Derechos Humanos se han desarrollado derechos y conceptos que pueden sin duda contribuir a la protección de los derechos ambientales, que, como bien sabemos, provienen de la ampliación de los Derechos Humanos. Solo a manera de ejemplo, la Opinión Consultiva de la Corte IDH 23/17. Párr.62, dice que una característica del derecho humano al ambiente es que protege también sus componentes “tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales”. Si consideramos que los seres humanos somos parte de la Naturaleza, la protección de sus derechos debería al menos en principio proteger lo del todo.

Las preguntas en relación a como aplicar estos principios para las empresas tienen muchos temas no resueltos desde la visión de los Derechos Humanos, y mucho más para una Naturaleza con derechos, que aun no es reconocida en el régimen internacional de protección de los derechos. Sin embargo, estas luchas se expanden por el planeta, lo que nos da piso para ser optimistas.

 

AA: En este punto debemos incluir como alentador el proceso de expansión de los Derechos de la Naturaleza. Estos no se oponen a los Derechos Humanos, es decir a los derechos ambientales. Todo lo contrario. Se complementan y se potencian.

Estos derechos no pueden ser asumidos como una simple formalidad jurídica, sino como la expresión de un proceso de permanente emancipación, de descolonización del pensamiento y de reencuentro con las raíces culturales de muchos pueblos originarios y por cierto de nuestra propia condición de Naturaleza. Desde allí, en paralelo a la Pachamama indígena, para resaltar esta vertiente de aproximación, que no es la única, se puede construir un cambio civilizatorio enfocado a la sobrevivencia humana en el planeta. Supervivencia que debe basarse en la superación del antropocentrismo, inspirándose para lograrlo en visiones biocéntricas -o incluso en posiciones carentes de todo centro-, basadas en una ética que acepte valores intrínsecos a la Naturaleza y a la Humanidad, y que termine con la creciente mercantilización de ambas.

Las repercusiones internacionales de la constitucionalización de los Derechos de la Naturaleza son inocultables. En varias latitudes se dan pasos históricos. De acuerdo a Naciones Unidas, ya son 37 países los que han incorporado de alguna manera esta discusión e incluso su cristalización a nivel oficial e institucional. El tránsito de objeto a sujeto de la Naturaleza ha empezado. Esta es una cuestión global, a todas luces.

Entonces, si estamos ante una cuestión global urge impulsar a nivel de Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, tanto como establecer un tribunal internacional para sancionar los delitos ambientales, contra las personas y la Naturaleza. De hecho, ante la ausencia de respuestas efectivas desde los Estados y de la misma Naciones Unidas, esa aspiración, desde 2014, comienza a tomar fuerza con el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Una instancia surgida desde la sociedad civil, con representantes de todos los continentes y conformada por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y compromiso con la Madre Tierra, nombrados por defensoras y defensores de la Naturaleza de diferentes partes del mundo.

Estas vigorosas y esperanzadoras acciones para aceptar que la Naturaleza es sujeto de derechos contrastan con los limitados avances de las tan promocionadas convenciones internacionales en el seno de Naciones Unidas empeñadas en enfrentar -discursivamente sobre todo- el colapso climático. Siendo pobres sus resultados, aceptemos eso si que paulatinamente la discusión de los problemas ambientales globales y las respuestas impulsadas han contribuido a modificar la forma de abordar este reto y la visión que tienen los seres humanos sobre la Naturaleza.

A pesar de esos cuestionamientos, destaquemos el reconocimiento de Naciones Unidas al derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible, en el año 2022; esta es una señal fuerte. En este campo cabría ubicar también al Acuerdo Regional Escazú. Algo más audaz y prometedor se deriva de los interesantes y cada vez más frecuentes debates y propuestas para introducir el delito de ecocidio, entendido como un grave daño duradero o extenso a la Naturaleza, convertido en un crimen.

 

¿Cómo parar y desmantelar el poder y la impunidad corporativas?

 

AA: Un primer paso, indispensable, es tratar de comprender lo que está sucediendo. Se requieren lecturas liberadas de posiciones dogmáticas y de deseos cargados de un volutarismo alejado de la realidad. Pero, en ningún caso podemos aceptar aquellas aproximaciones supuestamente pragmáticas que cierran la puerta a la acción sustentadas en pesimismos enfermisos. Esas lecturas y mensajes, a la postre, terminan alimentando la inacción y resultan reaccionarias en su esencia. No solo eso, castran la creatividad y ahogan el optimismo.

Otro punto a destacar es la necesidad de incidir, de actuar y pensar en cambios en los diversos niveles de acción estratégica. Desde lo local a lo global, pasando por lo nacional y regional. En esos ámbitos habrá que multiplicar las redes de resistencia y re-existencia. Habrá que incidir en todo los ámbitos de la acción política posible, sean en los jurídicos, en los políticos gubernamentales, en los políticos electorales y por cierto en las calles. La construcción de alternativas de vida digna desde abajo, sin pedir permiso al poder, son caminos a transitar en los barrios y las comunidades rurales.

La lista de acciones en este ámbito es enorme. Crece permanentemente. Recordemos un par de casos para apuntalar la memoria.

La lista de consultas populares en Colombia empezó en 2013 con la que se hiciera en Doimas y Piedras, en el Tolima, en contra de la megaminería. Posteriormente, siguiendo ese ejemplo, en Tauramena, municipio del departamento de Casanare, la segunda consulta popular en el país para frenar un megaproyecto hidrocarburífero. En este país también emblemática resulta la lucha por proteger el páramo de Santurban.

Ecuador tiene casos de transcendencia internacional. Más allá del juicio contra la petrolera Chevron-Texaco, bastaria traer a colación la lucha para proteger la Amazonía, que encontró su punto más alto con la Iniciativa Yasuní-ITT, que se transformó en un referente icónico en el mundo. Y que ahora, gracias a la lucha sostenenida del Colectivo Yasunidas, luego de 9 años de duro bregar en contra de diversos fraudes y acciones en su contra, podría por fin cristlizarse en una consulta popular. Por cierto hay otras consultas populares para frenar la minería, como las de los cantones Girón y Cuenca en la provincia del Azuay, las que a pesar de ser legales y contar ya con un masivo respaldo de la pobalción, aún no permiten asegurar la liberación de esos territorios de la demandas mineras.

En esta lista corta no podemos olvidarnos de la lucha de los pueblos originarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNI) en Bolivia. Los sostenidos esfuerzos en contra de la minería en distintas localidades de Argentina y Perú. La lucha por la vida y la defensa del agua en aquellos territorios destinados al sacrificio en Chile. En fin, la multiplicidad de casos demuestra el enorme potencial de estas luchas de resistencia en contra de los extractivismos y las megaobras de infraestructura en la región, algo que también se puede registrar en muchos lugares del planeta, inclusive en los países del Norte global.

Lo anterior nos dice que paulatinamente debemos articular esas luchas, recuperando las memorias diversas y comunes existentes. Así, desde la diversidad se tejerán y potenciarán estas resistencias. De esos espacios pueden surgir inclusive verdaderos semilleros de otras formas de vida. La diversidad de la lucha, de las organizaciones, de las acciones, de las alianzas, de las visiones deben transformarse en elementos potenciadores del cambio.

Cómo librarnos de la economía del crecimiento y de la acumulación de bienes permanente, que son la esencia misma del capitalismo y su permanencia que perpetua la mercantilización de toda dimensión de la vida humana, es el reto del momento.

Para construir sociedades diferentes no hay recetas ni modelos. Sin embargo, no tener un camino predeterminado no es problema. Al contrario, es una oportunidad pues nos libera de dogmas, aunque para eso debemos ser humildes en nuestras búsquedas y mantener la mayor claridad posible en los horinzotes que nos guían. Para transitar hacia otra civilización: no solo cuenta el destino, sino también el o los caminos para conseguir una vida humana en dignidad, garantizando a todos los seres humanos y no humanos un presente y un futuro, asegurando así la supervivencia de la Humanidad en el planeta.

Tengamos como sendero y meta a la vez, el Pluriverso. Un mundo donde quepan todos los mundos posibles y deseables, en donde se garantice la vida digna de todos los seres humanos y no humanos.

 

EM:  Hay muchos caminos ya andados, experiencias acumladas, propuestas en marcua. La información y el intercambio Sur-Sur sobre las corporaciones es muy importante, para que no nos sorprendan con engaños. Debemos comprender y difundir el rostro de devastación de las empresas y por cierto también el potencial de las luchas de resistencia. Sin embargo hoy tenemos un tema que creo que nos unifica: la posibilidad de tejer resistencias de las resistencias a nivel e regional, lo que nos permite fortalecer alianzas a nivel global.

Los desastres que ocurren en el planeta por el colapso climático, permiten construir nuevas agendas, solidaridades y sentidos de responsabilidad. Hoy se entiende mejor cuáles son los impactos los problemas ambientales propios del capitaloceno y por cierto sus causas. En paralelo a lo anterior conocemos cuáles son las acciones locales y globales necesarias para impulsar transformaciones de profundo contenido estructural.

Hay una nueva conciencia planetaria que cuestiona la irracionalidad del modelo económico dominante, basada en la acumulación y el despojo, en el consumismo y productivismo, sobre los que se sostienen una civilización cargada de miseria y pobreza, de autoritarismo y corrupción, que sostiene y agranda el poder que han logrado sobre todo las empresas transnacionales.

Las empresas aprendieron a negociar por separado con los trabajadores, con los campesinos o indígenas, con las comunidades, incluso con los Estados. Cruciales temas ambientales y sociales abordan estas empresas con diferente tipo de prebendas y violencias. A las catástrofes ecológicas y a las graves violaciones a los derechos sociales y laborales imputadas a las transnacionales, se busca darles una respuesta a través de compromisos voluntarios, de “medidas ecológica y socialmente correctas” o incluso transformando a las víctimas en “beneficiarias” de las ciertamente insuficientes medidas de reparación.

Necesitamos entonces, desnudar tanta falacia, recuperar la dignidad y construir otras narrativas. En este nuevo tiempo las luchas se juntan y adquieren otros sentidos, en tanto son complementarios y mutuamente potenciadores; así, defender el territorio va de la mano de defender las comunidades, defender el agua comulga con la protección de la biodiversidad. En este empeño está siendo cada vez más importante asumir la Naturaleza como sujeto, cómo espacio de reproducción de la vida, como el otro con quién podemos dialogar o por lo menos escucharla. Esta aceptación provoca una verdadera revolución.

Hoy, con una agenda desde, para y por la Naturaleza, disputando espacios incluso dentro de una cancha en la que las empresas saben cómo actuar, tenemos que construir nuevos lenguajes y nuevas estrategias que incluyen la movilización, la lucha por los derechos y la participación interseccional, intergeneracional e intercultural.

 

AA-EM: Coincidamos que el reto no es de fácil solución. Para empezar, debemos reencontrarnos con la dimensión utópica, reconociendo que es la hora de las luchas y respuestas comunitarias, sin perder de vista las reflexiones y las acciones en todos los otros ámbitos desde donde se sebe transformar el mundo.-

 

[1] Economista ecuatoriano. Compañero de luchas de los movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Autor de varios libros. Miembro del Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza.

[2] Bióloga ecuatoriana. Doctora honoris causa Universidad pública Rovira i Virgili. Presidenta de Acción Ecológica (2016).  Coordinadora de Oilwatch. Asesora del presidente de la Asamblea Constituyente. Miembro del Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza.