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Entrevistamos a Raphael Hoetmer, analista político y miembro del Grupo de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de América Latina y Caribe, sobre la complicada situación en Perú.
Entrevistamos a Raphael Hoetmer, analista político y miembro del Grupo de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de América Latina y Caribe, sobre la complicada situación en Perú.
Cómo se presenta hoy en día la situación en el país y cuáles perspectivas veis para el futuro?
La situación actual es de una suerte de status quo tenso; las protestas en la mayor parte del país han bajado, principalmente por las fiestas de navidad y fin de año, que muchas organizaciones consideren un momento inadecuado para avanzar. A la vez, el nivel de violencia tan grande desde el Estado ha tenido su impacto: generando miedo y dolor, como también indignación. En algunos sitios como Andahuaylas siguen protestas en una escala menor, en otros las organizaciones están preparándose para retomar acciones en el nuevo año.
En este periodo el gobierno y Congreso podían haber tomado acciones que respondieran al malestar de la población, pero ello no realmente ha pasado. Si bien el Congreso ha decidido aprobar un adelanto de elecciones, esto se recién será para 2024, que es largamente insuficiente para los manifestantes, quienes quisieran elecciones generales dentro del plazo mínimo posible en 2023. Por su lado, Dina Boluarte pudiera haber generado una salida de la crisis: su eventual renuncia hubiera implicado elecciones dentro de seis meses. En vez de ello, ha optado por mantenerse en el poder, en base de una abierta alianza civico-militar, con claros rasgos autoritarios.
Después de unos primeros días de mucho caos y pocos reflejos políticos, Boluarte optó por responder a las protestas de forma violenta, aparentemente dejando campo libre a las fuerzas del orden de actuar según su propio criterio. Ello ha resultado en 27 personas muertas, siguiendo una geografía muy parecida al conflicto armado interno, concentrándose en las regiones Quechuas de Apurimac y Ayacucho. Una vez mas se evidencia, que las vidas de quienes viven en los Andes indígenas no tienen el mismo valor que en la capital o la costa, evidenciando el racismo sistémico o la colonialidad del poder que siguen organizando la sociedad y política peruana hasta la actualidad. En cierto sentido sorprende que ello sea el caso en un gobierno de la primera presidenta del país, quien habla Quechua y proviene ella misma de Apurimac.
El gobierno de Boluarte en términos formales puede ser legal, pero carece de legitimidad ante la sociedad, y particularmente en el Sur Andino. Resulta inaceptable que la muerte de 27 ciudadanos peruanos no tendrían mayores consecuencias políticas. A la vez, es importante señalar que la situación actual no es una crisis única, sino parte de un proceso de colapso total de la sociedad política y su legitimidad ante la sociedad. Ya vamos seis años sin nunca saber quién pueda ser presidente dentro de un medio año.
De lado de la sociedad organizada, hay que tener claro también que no hay una organización dirigiendo las protestas: hay muchas protestas por todos lados que comparten ciertos discursos pero también tienen agendas particulares. Tienen una fuerza mucho mayor en el sur del país que es lógico porque es donde siempre Castillo tuvo mayor apoyo y donde la gente tiene un discurso en la mirada política mucho más antisistémica, anti élite, anti Lima.
Ambas partes en conflicto hablan de golpe: a tu parecer quien está haciendo un golpe y porque?
Creo que en términos reales no hay solo dos partes en el conflicto, sino una variedad de posiciones tanto a la derecha como a la izquierda. Inclusive hay disputas de liderazgo ante el vacío de representatividad en los distintos campos políticos. Por ejemplo, hay un sector que pide el retorno de Castillo, pero es una posición que me parece minoritaria.
La posición común en las protestas es “que se vayan todos” para que se puedan realizar nuevas elecciones generales dentro del menor plazo posible. Ello implicaría que tanto Dina Boluarte, como la Mesa Directiva del Congreso deberían renunciar. Si bien, estas nuevas elecciones no necesariamente generan una mejor situación, permitirían una suerte de “reset” de todo.
La realidad es que Castillo hizo un intento de autogolpe que usó los mismos mecanismos que usó Fujimori en ‘93 pero sin ningún respaldo en los poderes fácticos y por lo tanto sin ninguna posibilidad de ser exitoso. Ha sido una jugada equivocada en muchos sentidos. En términos éticos y democráticos no se puede valer este tipo de acción antidemocrática. No es justificación que la oposición no han dejado gobernar a Castillo o que negaron la legitimidad de su gobierno.
Más bién, si Castillo hubiera sido vacado por el Congreso, hubiera permitido un movimiento mucho más amplio y potente en defensa de la democracia, y a favor de Castillo. En términos políticos ello probablemente hubiera sido mejor para el propio Castillo, y definitivamente para el país. Una protesta más parecida a la de Noviembre de 2020, donde el pueblo manifestó rechazo a las movidas autoritarias de la oposición de derecha, pero esta vez enraizado en el interior del país.
Es evidente que buena parte de la derecha es antidemocrática y racista en el Perú, pero al optar por el auto-golpe, Castillo les permitió de avanzar dentro de los marcos legales y constitucionales del país.
Acá en Europa se habla mucho de Castillo como un candidato “andino”, es así? Y qué papel juegan los pueblos originarios?
Castillo viene de la zona andina norte del país que ha pasado un proceso muy fuerte de desindigenización. En esta zona quedan muy pocas comunidades indígenas con una cultura, un idioma, o prácticas culturales indígenas fuertes, salvo en Ancash y unas pocas zonas de Lambayeque y Cajamarca. Castillo mas bien pertenece a la cultura campesina, que también es una identidad colectiva fuerte con prácticas comunitarias, que tiene a Cajamarca como su centro político y organizativo principal.
El gobierno de Castillo no tuvo una agenda pro-indígena, más allá de ciertos gestos simbólicos. Particularmente frente a la Amazonía ha promovido políticas a costo de los derechos territoriales y culturales de los pueblos amazónicos. Ya en el escenario de movilización, esta se concentra en la zona Quechua del páis. De parte del movimiento amazónico y de las comunidades Aymaras también hay un llamado a cambios mas profundos en el país, que puedan expresarse en las semanas que vienen.
¿Qué papel jugaron las grandes corporaciones en los acontecimientos desde la elección de Castillo hasta ahora?
Me parece que también aquí hay de distinguir entre posiciones. Hay una extrema-derecha que desde antes del gobierno ha buscado sacar a Castillo del poder, hablando del fraude. Una extrema-derecha muy conservadora, racista y autoritaria, que tiene a López-Aliaga, el nuevo alcalde de Lima, y que busca tomar el poder en el país. Si bien, no representa una parte tan grande de la población, mueve mucho dinero y poder, y son muy peligrosos en un escenario como el actual.
Hay otras derechas mas empresariales, que no tenían simpatía por Castillo, pero quienes se mueven principalmente por sus intereses económicos. Y la verdad es que solo los primeros dos gabinetes de Guido Bellido y particularmente de Mirtha Vasquez buscaron cambios y reformas sustanciales de la economía y sociedad, con un rol clave del Ministro de Economía y Finanzas Pedro Francke. Después de ello, el gobierno de Castillo ha sido errático y largamente funcional a los intereses de las elites económicas. De hecho, a las empresas mineras -gremio muy poderoso en el Perú- les ha ido bastante bien en el último periodo debido a los altos precios de los minerales. No estoy muy convencido que este sector está contento con la crisis política actual, que implica riesgos para sus proyectos e inversiones.
Desde una mirada más estructural, las protestas si rechazan a un modelo de sociedad y economía neoliberal radical, y como esto sigue produciendo un país muy desigual, con una fractura social grande entre la costa (y particularmente Lima) y el resto del país. El “que se vayan todos” también es un reclamo de transformación social real, que acaba con el racismo sistémico y crea un país más justo para todes. Llamado de cambio que llevó a la victoría electoral de Castillo (y antes de Humala), y que genera escenarios de crisis y conflicto de forma regular. La negación de las elites y de la política de responder a esta expectativa de cambio, es lo que está en la base de lo que pasa estos días en el Perú.
Publicado originalmente en Pressenza