Imprimir
El agrotóxico glifosato fue declarado cancerígeno por la OMS en 2015, a partir de lo cual fue prohibido en Austria y varias regiones, incluso de EU, y una veintena de países lo han limitado con vistas a prohibirlo. ¿Por qué otros países pueden tomar medidas de protección de su salud, pero contra México suscita una demanda?
Dos grandes factores sostienen este sinsentido. Primero, la industria trasnacional de los agronegocios, dominada por un puñado de grandes empresas, que controlan el mercado comercial y defienden su derecho a contaminarnos, a contaminar cada persona, niña, niño, mujer o anciano; cada río, tierra, aire, para obtener más ganancias (https://tinyurl.com/3kw26nrn).
El segundo es el yugo privilegiado de las trasnacionales frente a los países y a sus poblaciones: los tratados de libre
comercio, de los cuales el de América del Norte es pionero. Son reglas leoninas a favor del más fuerte, entre ellas protección rapaz de la inversión corporativa, imposición de propiedad intelectual de las empresas y del comercio agrícola, que intentan sojuzgar cada vez más las políticas nacionales, para asegurar las ganancias de esas grandes compañías. El T-MEC agregó, además, una sección sobre biotecnología.
No obstante, ese capítulo del T-MEC, pese a sus cláusulas de promoción de los transgénicos, resume claramente: Esta sección no obliga a una parte a emitir una autorización de un producto de la biotecnología agrícola para que esté en el mercado.
[Art. 3.14.2] Por tanto México puede tomar las decisiones que estime para proteger el consumo y salud de la población, el ambiente y las semillas nativas (IATP 2022, https://tinyurl.com/32er55hz).
Aunque las empresas intentan con esa y todas las vías, la mayor presión para entablar una demanda en el T-MEC, se basa en las supuestas grandes pérdidas económicas que tendrían los agricultores de Estados Unidos y Canadá si México dejara de importar maíz transgénico. Se basan en un estudio de modelo predictivo de la consultora World Perspectives, Inc. (WPI) publicado en marzo 2022, lleno de falsas premisas y especulaciones.
Diversos medios lo citan como si no fuera una especulación desbocada y omiten decir que fue encargado por Croplife, la asociación internacional global de las corporaciones de semillas y agrotóxicos: Bayer-Monsanto, Corteva (DuPont+Dow), Syngenta, Basf y otras, dato que consta en el propio informe. Entre los que suscriben este fantasioso informe, se repiten las mismas corporaciones con diversos nombres: BIO, la asociación de la industria biotecnológica global; la AMSAC (asociación mexicana
de semilleros, donde las mismas siempre están en la directiva y a su vez es miembro del CNA); Proccyt, igual a la anterior, miembro de Croplife, etcétera. Las demás son principalmente grandes asociaciones de productores de maíz y de engorda animal.
Cómo reportó La Jornada en artículos recientes, con la agricultura transgénica y tóxica, no son las y los agricultores y las pequeñas propiedades que ganan en Estados Unidos (ni en México): son esas enormes empresas que se incluyen suscribiendo ese informe y que controlan los mercados, y sus asociaciones industriales. Fuerzan a los agricultores a usar paquetes con sus semillas patentadas, agrotóxicos, manejo, distribución, al trabajar por contrato (https://tinyurl.com/5aazthfk). Los agricultores no encuentran otro tipo de semillas, incluso aunque las convencionales sean mejores en rendimiento y precio, porque las han perdido al no cultivarlas y son las mismas empresas que ponen en venta lo que a ellas les da más ganancia y control. Las semillas transgénicas no rinden más, en promedio son 30 por ciento más caras –como demostró la investigadora canadiense Jennifer Clapp–, y usan más agrotóxicos por la feroz resistencia a malezas que producen los químicos asociados.
Si las empresas no pudieran exportarlas, tendrían que poner a la venta semillas convencionales para el próximo año, lo que podrían haber hecho desde 2021, pero en lugar de ello exigieron y consiguieron que se ampliara el plazo de restricción a 2025.
Con la misma parcialidad, el modelado de WPI/Croplife se basa en que la importación de maíz transgénico se suspende toda y abruptamente
, incluyendo la forrajera que es la mayor parte, y que desde el decreto del gobierno mexicano en diciembre 2020 preveía que podría ser exceptuada, como ahora es el caso. México limita la importación de maíz transgénico para consumo humano, no forrajero, lo cual sin duda conlleva muchos desafíos de implementación. Pero en cualquier caso, los cálculos de WPI no sirven. Además, se basan en una situación de crisis prolongada de precios, que atribuyen a la guerra en Ucrania aunque la crisis es obra de las mismas empresas. En el caso de México se conoce la intención desde 2020 y por tanto no fue abrupta.
* Investigadora del Grupo ETC