Reforma estructural de un bien escaso y caro. Los estados provinciales en Argentina y sus territorios son campo de disputa en que actúan los capitales y sectores sociales que impulsan la apropiación, mercantilización y financierización de los bienes de la naturaleza. El agua dulce sin contaminar es uno de los recursos más escasos en la Tierra y, por tanto, estratégico para la vida de la humanidad y de todas las formas de vida en el planeta. Este año, el Estado nacional acordó con la estatal Mekorot Israel National Water Co. iniciar una reforma estructural de la gestión de los recursos hídricos en cinco provincias. Los alcances de esta reforma estructural complementa y supera las reformas de la década de los ’90 que privatizó y desarticuló los servicios públicos de agua y cloacas, de acuerdo a la escasa documentación pública disponible. Con la administración nacional en un aparente segundo plano, los gobiernos de Río Negro, Catamarca, Mendoza, San Juan y La Rioja avanzan en la reforma hídrica, proceso paralelo a la ampliación de la frontera (neo) extractivista y transferencia de riqueza colectiva al capital privado.

La empresa estatal israelí que secó el río Jordán —aquel en cuyas aguas fue bautizado Jesús y ungido Mesías por el cristianismo— se afianza en la Argentina para el proceso de creación de un mercado del agua de consumo humano, productivo e industrial. A diez años del proyecto frustrado en la provincia de Buenos Aires, Mekorot Israel National Water Co firmó un acuerdo con el Gobierno nacional que le permite iniciar negocios para la gestión integral de los recursos hídricos de cinco provincias, en tanto que mantiene avanzadas conversaciones al menos con dos municipios sobre la costa del río Paraná. La misma empresa realiza inversiones en infraestructura de agua y salubridad por otro memorándum de entendimiento firmado el año pasado, los que se articulan estratégicamente.

Uno de los objetivos principales de la política hídrica en Israel fue que la gestión del recurso esté centralizada en pocas instituciones con una clara delimitación de las facultades y responsabilidades de cada una”, según el análisis de Evangelina Dardati, economista chilena. Mekorot es uno de los cinco puntales de ese modelo.

La empresa firmó un acuerdo para la gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien a su vez lo hizo con los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro. Las declaraciones oficiales de funcionarios públicos y de los directivos de la empresa permiten interpretar los alcances del acuerdo de negocios plasmados en los respectivos convenios particulares. Arancelamiento de todos los servicios de aguas, modificación de las leyes provinciales y de sus organismos de aplicación, reordenamiento total de los usos y destinos de la infraestructura existente, creación de valores económicos y financieros para establecer un costo del agua en la Argentina, nacionalización y centralización de algunos sectores del mercado, entre otros objetivos de esta gran reforma que pretende completar y perfeccionar la de los ’90.

En este caso, el conflicto se plantea por dos frentes. Por una parte, por el plan de negocios neoliberal para el agua dulce potable, recurso estratégico comparable a la tierra libre de agroquímicos y de ocupantes con título de propiedad privada. Por otra, Mekorot es una de las empresas cuyas prácticas fueron condenadas por el Relator Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, con rol clave en el proceso calificado como apartheid contra el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén este. El último informe del Comisionado se hizo público en el 25 de marzo pasado; un mes después después, una misión argentina encabezada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, recorrió las obras modelo de Mekorot que privan de a Palestina agua en calidad y cantidad suficiente para una vida digna.

 

El interés de siempre

Como para empezar de cero, sin el lastre de los negociados menemistas, los funcionarios públicos nacionales y provinciales insisten en hablar del acuerdo con Mekorot como reciente, de menos de dos años.

La Argentina e Israel firmaron en 1995 un acuerdo de cooperación comercial y económica. Uno de los antecedentes importantes es el acuerdo del Gobierno de La Pampa e Itzhak Aviran, embajador de Israel en la Argentina a partir de una gestión personal de Osvaldo Roberto Schvartzer, en su rol de presidente de la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben Gurión. El economista estuvo involucrado en los 90 en el cobro y uso de 17 millones de pesos en concepto de ATN (aportes del tesoro nacional) cedidos por la cartera de Carlos Corach a la embajada israelí en Buenos Aires. Años después, le armó la gira de negocios por Israel a Mauricio Macri cuando era Presidente.

Para 2003 Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén, avanzó con un proyecto de irrigación de 40.000 hectáreas en el que aparece el grupo de intereses que confluía en la embajada de Israel. Dos años después, le otorgó en forma directa (sin licitación ni concurso público) a la consultora The Israeli Consulting and Technological Company Ltd. (ITC) el diseño de un proyecto de desarrollo agroproductivo para la zona comprendida entre Arroyito, El Chocón y Challacó. El ingeniero Ernesto Schvartzer, sobrino de Osvaldo, armó ITC, brazo técnico-comercial de la Universidad Ben Gurion, con la que ejecuta proyectos de agricultura intensiva en varios países. Hicieron pie en el Valle de Antinaco (La Rioja), Formosa, Salta —de la mano del grupo Socma (Macri)—, así como en Choele Choel y el Idevi (Río Negro), con el discurso de la ampliación de la frontera agropecuaria y la incorporación de tecnología eficiente para el riego de suelos áridos.

El grupo de negocios incluyó socios locales. En 2007 fructificó la alianza con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de la República Argentina (FENTOS). Ese mismo año el gobierno de Río Negro alcanzó un acuerdo con objetivos generales similares a los de hoy. En 2008 Chubut firmó un convenio marco con la dupla gremial-empresaria cuyo desarrollo se fue licuando. Ese mismo año, el ex gobernador Daniel Scioli decretó de interés público un proyecto de saneamiento de aguas en La Plata, que no soportó los cuestionamientos técnicos y políticos y naufragó. En 2009 la empresa anunció su interés por participar del armado y emplazamiento del Polo Industrial y Tecnológico de Bariloche. Por su parte, Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba y también en 2010, analizó en  ese entonces la posibilidad de un acueducto entre el río Paraná y Córdoba.

Muchos de estos proyectos merecen revisarse en profundidad para entender un modo de acumulación de capital asociado a los Estados, los elencos locales de los partidos políticos y la burocracia sindical en el anclaje territorial del modelo neoliberal.

Otros capitales trasnacionales acapararon la atención con la transformación estructural del territorio que emergió con la soja transgénica, los desmontes masivos y el acaparamiento de tierras rurales para nuevas rentas de la naturaleza. Así, no llamó la atención cuando en 2020 reapareció Mekorot en negociaciones con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), las que se formalizaron el año pasado. “Mekorot contribuirá en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el fortalecimiento de las capacidades de gestión en los servicios de agua y saneamiento a través de un equipo de expertos israelíes con experiencia probada en la gestión de los recursos hídricos. La realización de estudios de viabilidad y de proyectos de tecnología aplicada a los recursos hídricos es uno de los puntos incluidos en el acuerdo. También la elaboración de informes, el asesoramiento, el fortalecimiento de los marcos legales y la planificación”, informó la Cámara de Comercio Argentino Israelí.

 

 

El proyecto, lxs proyectistas

“Queremos nacionalizar la gestión de los recursos hídricos. Tenemos un borrador en base a la experiencia de Israel, Estados Unidos y Australia, y al regreso del viaje discutiremos con los gobernadores las mejores opciones. Nuestra propuesta es que haya una sola autoridad del agua en el país”, dijo De Pedro a la salida de la planta Eshkol, en abril. Participa de este proyecto Malena Galmarini, presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la presencia de José Luis Lingeri, integrante del directorio y nexo con las fallidas inversiones en La Plata y Bahía Blanca de hace una década.

Mekorot tiene dos subsidiarias, Mekorot Desalination and Enterprise y Mekorot Development & Enterprise LTD. Esta última es la que integró la UTE para una obra en La Plata que Lingiere conoció de adentro. Por parte de la empresa, participó de las negociaciones con el ENOSHA Moti Shiri, director ejecutivo de Mekorot Desalination. En el acuerdo canalizado por CFI, Barak Graber y Diego Berger. Graber integra los directorios de las firmas con que desarrollaron y operan dos plantas desalinizadoras en Chipre. En tanto, Berger juega de local; nació en Argentina y se radicó en Israel. En mayo participó de actividades en Chile, donde informó al Senado sobre aspectos de la gestión del agua en vista de la reforma constitucional que por entonces se definía.

Los anuncios oficiales no fueron acompañados por la documentación pública correspondiente. La única copia disponible se publicó en el Boletín Oficial después de que la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza la reclamara formalmente con una abogada. De esa copia se desprende que al menos Mendoza firmó dos acuerdos con el CFI. El 11 de agosto acordó la realización del “Plan integral para la sustentabilidad del sistema hídrico provincial” por el plazo de dos años. El 5 de septiembre el “Convenio marco de cooperación – Lineamientos técnicos, parámetros y principios de funcionamiento aplicables a la elaboración de un plan maestro para el sector hídrico de la provincia”.

Rodolfo Alejandro Suárez, gobernador de Mendoza, refrendó por decreto el primer acuerdo, que en los considerando indica que comprende cinco proyectos concurrentes: “1) Plan Maestro para el sector hídrico; 2) Código de Aguas para la Provincia de Mendoza; 3) Herramientas para la optimización de la disponibilidad hídrica; 4) Fortalecimiento del programa de inversiones en cauce; y 5) Fortalecimiento de la gobernanza del sistema”. En el segundo acuerdo consta que la cooperación se inicia con la contratación por parte del CFI a la consultora Mekorot Israel National Water para definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos y la adquisición de las capacidades necesarias para la gestión sustentable de estos. Esos términos vagos se delimitan un poco más cuando indica que el proyecto realizará “un análisis del potencial de los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas); la creación de proyecciones de la demanda de agua (urbana, rural y de riego) para crear un sistema de asignación que permita regular la demanda de agua; definir planes alternativos de abastecimiento de agua”, entre otros objetivos. Mendoza tiene una ley provincial de aguas y una autoridad de aplicación local, el Departamento General de Irrigación (DGI).

Otros pocos detalles surgen de las declaraciones de lxs gobernadorxs firmantes. Río Negro anunció que en dos meses entregará el contenido para el desarrollo del Plan Maestro local, que quedó en manos del Departamento Provincial de Agua (DPA), autoridad de aplicación del código de aguas local. La propuesta propia incluirá una “evaluación de alternativas de desalinización para abastecimiento de agua potable en la región sur y en poblaciones de la zona atlántica; la planificación y optimización de la reutilización de los efluentes generados en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales; un análisis de funcionamiento y eficiencia de los sistemas de riego y drenaje, para realizar posteriores planes de reacondicionamiento o modernización; un análisis económico, balance prospectivo y recomendaciones para alcanzar un desarrollo equilibrado, trabajando sobre el valor económico del agua que permita alcanzar un financiamiento genuino de la gestión integrada de los recursos hídricos”, informó la gobernadora Arabela Carreras.

La provincia hizo propio el viejo interés de Mekorot por una planta desalinizadora en Sierra Grande, opción que reflotó el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en Punta Colorada.

 

Palestina, pueblo originario

Maren Mantovani, coordinadora de relaciones internacionales de la campaña palestina Stop the Wall (Paremos el muro), regresó a la Argentina por Mekorot. Había participado de la campaña de esclarecimiento “Buenos Aires, aguas turbias” por el proyecto de La Plata. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los DD.HH. organizaron la presencia de la activista en Esquel (Chubut), donde planteó el tema del dominio del agua para tener el control territorial en el caso de Palestina.

“La acción de Mekorot en Palestina es mucho más que la mercantilización del agua, es el uso estratégico del control del agua para expulsar a las comunidades de los territorios al despojarlos del recurso”, argumentó Mantovani en una conversación virtual. Israel tiene centralizado el uso del agua que es exclusivo dominio estatal. En el control estatal del recurso, Mekorot es la única empresa del sector, brazo técnico de la estrategia de gobierno para con Palestina.

En los reclamos internacionales, consta que extrae una cantidad de agua de los territorios palestinos ocupados que excede la regla de usufructo de las Regulaciones de La Haya y, por lo tanto, viola el derecho internacional humanitario (DIH). Israel prohíbe totalmente a los palestinos abrir nuevos pozos; al mismo tiempo, Mekorot perfora al lado sus pozos más profundos para los asentamientos israelíes de forma ilimitada, mientras restringe el suministro de agua para las comunidades palestinas en la misma región. Estas prácticas empresarias son violatorias de numerosos pactos internacionales.

“Como Sudáfrica y Namibia, Israel comete el delito de apartheid”, sintetizó Mantovani. En ese sentido, en su informe en la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial Lynk advirtió sobre “la transición de un estado de ocupación —que ya supone un desafío al derecho internacional—, a convertirse en un régimen de apartheid asumido por el gobierno israelí (…). Su prohibición incluso constituye una norma imperativa del derecho internacional”.

Dice la Biblia que el pueblo de Israel cruzó a la tierra prometida por el sur del río Jordán, cuyo caudal languidece por años de sobreexplotación para riego y agua potable de la colonización de los territorios palestinos. En su desembocadura, el mar Muerto desciende al perder el único aporte de este afluente de agua dulce.

Envuelto en los discursos del cambio climático y la transición de la matriz energética, la reforma estructural que plantea el gobierno nacional para con el agua dulce potable, en acuerdo con los gobernadores de distinta extracción política, plantea un conflicto de impacto masivo y al mediano plazo. De todos modos, cuesta imaginar un futuro en que las petroleras paguen a precio de mercado el agua del fracking en Vaca Muerta, que los estancieros paguen por usar el agua sin restricciones o se cobre el derroche en piscinas de las viviendas de alta gama.