Mientras tanto, las protestas se acercan a Lima, el Gobierno se muestra cada vez más militarizado y 47 muertos en 38 días de presidencia.

“¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista?”, afirmó Dina Boluarte en su mensaje a la Nación el viernes por la noche, donde anunció que no renunciará. La presidenta de Perú tomó la palabra después de varios días de ausencia pública y una semana de luto: 19 manifestantes asesinados en la ciudad de Juliaca, en Puno, y uno en Cuzco, ascendiendo a 47 desde el inicio de las protestas iniciadas desde que se puso la banda presidencial el 7 de diciembre, en particular en el sur andino del país, de mayoría quechua y aimara.

La alusión al “terrorismo” por parte de la presidenta ocurrió en un contexto de escalada de acusaciones y detenciones, en particular en la ciudad de Huamanga, el jueves por la noche, cuando fueron detenidos siete dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Boluarte realizó la distinción entre “nuestros hermanos que salen a las calles pacíficamente a expresar un reclamo justo, de aquellos azuzadores y violentistas que utilizan al pueblo, a compatriotas inocentes y los empujan al enfrentamiento y a la muerte”. Los segundos, afirmó, serían responsables de destrozos y de las demandas de cierre del Congreso, su renuncia, así como de una Asamblea Constituyente.

Las acusaciones de Boluarte ocurrieron poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya justamente “constatado” en su informe preliminar “un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas -por Sendero Luminoso- o indios”. La CIDH llegó a Perú el 11 y recorrió diferentes regiones, en particular Puno, epicentro de la segunda masacre luego de Ayacucho en diciembre con 10 muertos.

La CIDH agregó que esos discursos creaban “un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población, especialmente cuando proviene de autoridades públicas”. Boluarte no realizó ninguna crítica a la actuación de las fuerzas policiales y militares aún con el diagnóstico forense de los muertos en Juliaca: todos abatidos por armas de fuego, nueve de ellos con municiones metálicas dentro del cuerpo, seis con proyectiles de fusil 7.62 mm, dos con restos de perdigones de metal, uno con una bala de pistola. Dos eran menores de edad, tres tenían 18 años. En los demás casos no se encontraron proyectiles porque habrían sido disparados a corta distancia, atravesando los cuerpos.

El enemigo interno

El viernes también fue entrevistado Óscar Arriola, jefe hasta poco de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y ahora director de investigación criminal. El general se refirió a las detenciones en Ayacucho bajo la afirmación de que existe allí un “comité regional de la organización terrorista Sendero Luminoso”, razón por la cual habrían sido detenidos siete integrantes del Frente de Defensa, en particular una de sus figuras principales: Rocío Leandro Melgar, quien estuvo presa 11 años por su pertenencia a la organización armada. Los detenidos fueron llevados en primer lugar al cuartel Los Cabitos, un centro de detención y tortura durante la guerra interna.

Arriola, en un discurso extraído de los años 80 y 90, no mostró la “evidencia incuestionable” de la presencia del “Ejército Guerrillero Popular” en la región. Afirmó que Melgar coordinaba con las otras regiones donde se registran protestas -sin tampoco demostrarlo-, construyendo así la idea de una conspiración armada dentro del país, que “busca muertos” y se prepara para realizar la “toma de Lima“. “La situación es compleja, el resultado puede ser muy siniestro”, sentenció, en un anticipo o amenaza de lo que podría estar por pasar.

La acusación de terrorista o terruqueo, un dispositivo habitual contra la izquierda o el progresismo en Perú, se convirtió en un discurso de enemigo interno. “La derecha, que la llevó al poder y con la cual ella conspiró, tuvo claro desde el primer momento que había que crear un enemigo interno, ese otro peligroso que subvierta el orden y nos traiga otra vez a los tiempos nefastos de Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), pero ese afán, esa narrativa de un enemigo que han querido construir se choca con la realidad de movilizaciones masivas, básicamente sociales, territoriales”, explica Anahí Durand, socióloga, docente de la Universidad de San Marcos.

“No solo es un discurso de guerra, es una coalición de guerra, la que ha hecho con el fujimorismo, la Policía, la Fiscalía; están actuando coordinadamente, más allá del discurso del enemigo interino ya hay acciones concretas en contra de él. Lo que hemos visto en Ayacucho es eso, seguir la línea de acusados por terrorismo para poder tener a ese enemigo”, afirma.

La importancia de Lima

Mientras en Puno miles de personas se reúnen para despedir a los muertos, en las zonas acomodadas de Lima todo parece seguir igual: la gente camina apacible por un sendero frente al Pacífico donde se venden crepes o ceviches, algunos hacen surf, otros pasean perros de revistas, están de tiendas en el centro comercial Larco Mar en Miraflores, desde donde se ven las luces de Barranco y Chorrillos. En zonas adineradas como esta, Castillo perdió con más del 80% de los votos en 2021. Lo que sucede en Ayacucho o Juliaca es distante de una manera profunda, no solo geográfica: dos países con idiomas diferentes.

La tranquilidad de la capital y centro del poder político comenzó, sin embargo, a verse alterada. El jueves tuvo lugar una marcha que comenzó en el centro limeño con participación de numerosas organizaciones, como la Central General de Trabajadores del Perú, el movimiento Nuevo Perú -cuyo local fue allanado por la Dircote en diciembre-, colectivos sociales, barriales, culturales. La movilización se dirigió, después de haber pasado por la militarizada plaza San Martín y el Palacio de Justicia, al parque Kennedy, en Miraflores, con consignas de renuncia de Boluarte, elecciones para 2023 o una asamblea constituyente.

Lima parece determinante en la evolución de la crisis. El premier, Alberto Otárola, afirmó esta semana que no dejarían que las provincias se desplacen hacia la capital como anunciaron que harían. Proteger el centro político es uno de los objetivos centrales del gobierno: la llegada de las provincias y un efecto contagio de las protestas podría modificar la situación limeña, cómoda para las élites, y ampliar la magnitud de una crisis hasta ahora centrada en el sur, andino, humilde, donde las muertes importan poco, visto desde Lima.

Ese efecto contagio ha comenzado a manifestarse producto de la misma represión y persecución de un Gobierno cada vez más cívico-militar. Si en diciembre podía resultar compleja la posición política de varios sectores en vista del intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso, ahora existe una voz creciente y heterogénea que se condensa en una exigencia central: la renuncia de Boluarte.

La renuncia como salida

“La renuncia de Dina es la solución más inmediata porque destraba las otras demandas, ella sabe que si renuncia tiene que haber un adelanto de elecciones en un plazo muy breve, la Constitución lo dice, a la renuncia de la vicepresidenta que ha asumido como presidenta en cinco meses máximo se llevarán elecciones generales, se va ella, se va el Congreso, es lo que pide la gente”, explica Durand, que señala a su vez la situación de Boluarte: “Ha llegado a tal punto que no le es tan fácil renunciar e irse a su casa. Su renuncia va a significar diversas acusaciones, juicios”.

“Ella es un tapón a las demandas ciudadanas, debe tener el 9% de respaldo ciudadano, igual que el Congreso. La gran mayoría de la población sabe que su gobierno es inviable, está cercada en el Palacio, no puede salir de Lima, está gobernando para Lima con esta derecha limeña que se ha consolidado los últimos años”. El aislamiento del Gobierno pudo verse esta semana cuando la delegación enviada a Puno no fue recibida, y el mismo gobernador, Richard Hannco, aseguró que “la única salida es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte”.

¿Cuánto puede decidir la presidenta? “Dina está cada vez más cercada por la derecha más bruta, por el fujimorismo, ya tiene tres ministros fujimoristas, Justicia, Interior y Mujer, ha ido ganando terreno el fujimorismo. Creo que ellos son los que la están sosteniendo y obligando a dar la cara para mantener el régimen hasta julio de 2024″, analiza la socióloga peruana.

Sin embargo, ve posible una salida adelantada: “Creo que finalmente la van a sacar si no renuncia, hay grupos en el Congreso que ya están viendo el escenario electoral como algo factible y no se van a comer los pasivos de esta señora, los grupos que la sostienen están viendo qué tanto ganan y qué tanto pierden al sostenerla, ella es el eslabón más débil”. Mientras tanto, las protestas se acercan a Lima, el Gobierno se muestra cada vez más militarizado, con el recurso a la figura de enemigo interno, y 47 muertos en 38 días de presidencia.