La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), es una entidad que (como otras similares) sustituye a las ex-Superintendencias creadas en el periodo neoliberal, entre otras razones porque se buscaba anular aquella perniciosa orientación inducida por organismos internacionales como el Banco Mundial, para favorecer los intereses empresariales y corporativos en controversias con el Estado. El Estado, y por tanto la sociedad, siempre perdíamos.

Por eso, con este largo y rimbombante nombre, pero además en un supuesto marco de imparcialidad e independencia, se puso en funcionamiento a la AAPS, con el fin de defender a la ciudadanía, prevenir y evitar que las empresas e instituciones de servicio público comprendidas dentro de sus competencias, NO cometan abusos, respeten derechos, presten servicios adecuados y actúen en un marco de idoneidad, eficiencia y ética.

La AAPS no solo ha dejado de cumplir sus competencias, obligaciones y fines para los que fue creada, sino que (como demostraremos más adelante), desde hace varios años se ha convertido en cómplice y encubridora en el caso de lo que ocurre en Cochabamba con la empresa SEMAPA.

Esta insólita como legalmente sancionable actuación de incumplimiento de deberes, negligencia y complicidad que la AAPS comete al no impedir y evitar los flagrantes abusos, la impunidad y la conculcación de derechos que SEMAPA impone abusiva y flagrantemente sobre la ciudadanía cochabambina, tiene diverso tipo de expresiones.

La negligencia e inoperancia de la AAPS se constata al comprobar que desde hace varios años permite la dilación, retraso, alargamiento de plazos y la falta de aplicación de un nuevo régimen tarifario justo y acorde que sustituya al actual sistema discriminador y arbitrario que SEMAPA ha impuesto. La AAPS permite y se hace la desentendida al cobro doloso que SEMAPA impone abusivamente, porque al margen de consentir una categorización domiciliaria que no tiene nada que ver con el consumo real y efectivo de la cantidad de agua que las familias reciben en su domicilio, inclusive lo hace cuando se factura sumas mensuales desorbitantes e indexadas, sin siquiera proporcionar una sola gota de agua a los “usuarios”. Es decir, SEMAPA cobra descaradamente con la anuencia y silencio de la AAPS que lo permite, por un servicio que NO presta. Mayor atentado a los bolsillos ciudadanos es imposible. Ello, sin mencionar las recurrentes y sistemáticas quejas por el incremento arbitrario de tarifas; el desmesurado costo del agua que se cobra; la permanente “racionalización” y cortes de servicio que se sufren; la privatización del agua y su comercialización lucrativa que afecta precisamente a los hogares más pobres y necesitados; el establecimiento de precios del agua que se vende, que no tienen el menor respaldo técnico, social ni económico, pero que si ayudan a su encarecimiento y acceso restrictivo para los más pobres; el incumplimiento y conculcación sistemáticos del derecho humano al agua que está reconocido legalmente pero que se hace caso omiso; la tácita liberación de responsabilidades y el libre albedrío que se permite a SEMAPA para que siga actuando abusiva y discrecionalmente, etc., que los cochabambinos siguen soportando por años ante la impasible inoperancia de la AAPS.

Y como si semejante drama no fuese suficiente; a dicha inoperancia de la AAPS que deja en total indefensión y desprotegidos a los usuarios frente a los abusos e imposiciones de SEMAPA, se suma el agravante que cuando se presenta una queja y se sufre el interminable calvario de los trámites y la larga tardanza burocrática de la AAPS; resulta que por respuesta se recibe un rechazo y la insinuación de seguir peregrinando de Herodes a Pilatos con impugnaciones que, para ellos, bien podrían llegar al tribunal celestial, sin que se inmuten en lo más mínimo.

Es decir, que en vez de cumplir las responsabilidades, obligaciones y competencias que le mandan las normas, la AAPS ha decidido convertirse en cómplice y encubridora de los abusos y el latrocinio de SEMAPA que favorecen a su impunidad. Este indignante extremo que permite un cobro abusivo, el incumplimiento de derechos expresamente regulados (como por ejemplo efectivizar un porcentaje de descuento a las facturas por servicios que se prestan a los adultos mayores), e inclusive el falseamiento de hechos y las mentiras aducidas como argumento para fundamentar su irresponsable proceder; es posible comprobar en resoluciones emitidas, e inclusive en rechazos a impugnaciones presentadas en las que se hace caso omiso al desmentido y las pruebas documentales presentadas.

Con relación al Municipio de Cercado y específicamente del alcalde de Cochabamba que forma parte del directorio de SEMAPA, definitivamente la decepción es mayor, porque a pesar del largo tiempo de gestión que le pudo haber permitido corregir estas irregularidades que afectan a gran parte de la ciudadanía cochabambina, ha preferido mantener un silencio e inacción cómplices.

(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia; Febrero de 2023.