Clajadep :: Red de divulgación e intercambios sobre autonomía y poder popular

En esta jornada se presentaron testimonios desde las comunidades afectadas y a partir de recorridos de campo recientes en los territorios, encontrándose un agravamiento de la confrontación intracomunitaria, por los efectos del despojo de tierras, pagadas con frecuencia a precios irrisorios, presiones de los encargados de los programas clientelares, de los llamados siervos de la nación y de integrantes del partido oficial que estigmatizan y criminalizan a quienes se manifiestan contra la obra. La estrategia de dividir y fragmentar a las comunidades avanza en los diferentes tramos, con rupturas familiares y comunitarias entre quienes apoyan o resisten la megaobra.

La militarización se profundiza no sólo en lo que respecta al proceso de la construcción de la obra ferroviaria en sí, sino también en la edificación de seis hoteles, que estarán bajo la administración castrense, incluso en zonas de reserva natural protegida, ocupando grandes extensiones de terrenos que están siendo talados, para consternación de los habitantes de los pueblos cercanos que verán notablemente disminuidos sus recursos hídricos y que sufrirán los impactos que significan estos centros recreativos, que contemplan, incluso, casinos.

Estos hoteles se ubicarán en las zonas arqueológicas de Palenque, Edzná, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum y Calakmul. A la par de esta inusitada tarea, que correspondería, en todo caso, a la Secretaría de Turismo, el proceso de militarismo continúa, con la exaltación apologética de los militares en videos de propaganda en los que otra vez se observa la presencia de efectivos armados del Ejército en zonas arqueológicas –en violación a reglamentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)–, y en los que destaca una instrumentación de la identidad étnica, con indígenas mayas que parecen lograr su plena realización por ser integrantes de las fuerzas armadas (https://www.facebook.com/SEDENAmxOficial/videos/campeche-los-mayas-y-el-calakmul/593115628506848/). Cabe señalar que estos videos son, paradójicamente, producidos en colaboración con el INAH.

Estos hoteles demuestran cuánta razón tienen los firmantes del documento Por qué nos oponemos al Tren Maya, cuando expresaron su preocupación sobre la destrucción, por una parte, que ocasionaría la megaobra de edificaciones, vestigios y sitios arqueológicos –que ya ha estado ocurriendo– y, por otro lado, cómo estos sitios serán transfigurados por su conversión en mercancías de atracción turística. “En cualquiera de los dos casos se destruye su valor histórico, la posibilidad de encontrar en ellos las claves culturales de larga duración de la civilización maya y los sentidos presentes que tienen para los mayas contemporáneos. El desconocimiento de las prácticas socioculturales locales propicia que la mercantilización del patrimonio sea vista como una oportunidad. La frase ‘el etnocidio puede tener un giro positivo: el etnodesarrollo’, tomada del documento oficial de la manifestación de impacto ambiental del tramo 1, implica que se considera que acabar con las prácticas culturales de una región, puede resultar ventajoso para la población indígena al ‘modernizarse’ trabajando en resorts con nombres mayas, pero en realidad ya está causando desplazamientos poblacionales, especulación con las tierras y destrucción comunitaria.” Se menciona un aumento notable de las actividades del crimen organizado en los ámbitos comunitarios, a pesar de la presencia de los militares, lo cual, se advierte, incrementa la conflictividad social y los desplazamientos.

Otra de las denuncias expresadas en la jornada informativa, y anotada en observación de campo, es el relleno de cenotes a lo largo de las vías trazadas con materiales diversos, lo cual, afectará el extraordinario sistema hidrológico subterráneo. Los hoteles y desarrollos turísticos a gran escala, estaciones, centros poblacionales, cuarteles militares, granjas porcinas, a lo largo de la ruta, y el crecimiento exponencial de turistas que se espera en estas regiones, seguirán contaminando aún más todo el sistema de cuevas y ríos subterráneos, que, como se sabe, es el más largo del mundo.

Más allá de la creación temporal de empleos –fundamentalmente precarios–, y relativos beneficios que conlleva, éstas son las razones por la que seguimos oponiéndonos al mal llamado Tren Maya.

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Ciudad de México, a 1º de abril de 2022

Al C. Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
A la Opinión Pública

Por qué nos oponemos al Tren Maya

Desde que se anunció el Proyecto de Desarrollo Integral Tren Maya, en noviembre de 2018, unos días
antes de que usted tomara posesión, le dirigimos una respetuosa carta en la que expusimos las razones
por las que la obra no debía llevarse a cabo, con argumentos y datos que provenían tanto de estudios
científicos, como de la sabiduría de los pueblos que habitan la región.
Ahí le exponíamos también, que era indispensable “no pasar por alto el principio de la ‘consulta previa,
libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas’ a que obliga el Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); ésta no puede sustituirse
con ninguna “consulta nacional”, y tendría que realizarse de manera transparente y bajo la observación
de una comisión sin conflicto de interés”. Sin embargo, no fuimos escuchados y hoy el llamado Tren Maya,
impulsado por su gobierno, se está construyendo por encima de la libre determinación de los pueblos y
comunidades que ancestralmente habitan ese territorio; sin consentimiento explícito de los pueblos y las
comunidades, y sin una consulta a los expertos en quienes el pueblo de México ha invertido cuantiosos
recursos para generar un conocimiento sobre el patrimonio biocultural de la Nación. En la actualidad, las
obras de construcción del Tren Maya ya afectan los modos de vida, la biodiversidad, la sustentabilidad, la
calidad ambiental y los derechos humanos y existenciales de los pueblos y comunidades que habitan toda
la región que dicho proyecto pretende beneficiar.
Ante la gravedad e irreversibilidad de los daños que están siendo causados y ante la falta de respuesta a
nuestra petición de detener la obra y abrir un espacio de diálogo, presentamos, una vez más, nuestras
razones.
1. Este territorio, habitado por el pueblo maya desde tiempos ancestrales, ha generado modos de
vida, costumbres, visiones del mundo y modos de producción y de subsistencia comunitarios, que

respetan las condiciones ecológicas y aprovechan los potenciales de sus territorios; éstos no
coinciden con los ideales de progreso, rentabilidad y urbanización que impulsa el proyecto Tren
Maya. Contrariamente, estos modos de vida se ven violentados, y la amenaza que conllevan
apunta a la extinción de una gran civilización que ha logrado, a pesar de los embates de la
modernidad y el desarrollo, mantener sus propias lógicas de vida y sentidos del mundo. La
convivencia de esas culturas con otros seres vivos, es la que ha protegido hasta ahora la Selva
Maya sustentada en su diversidad biocultural y en los equilibrios ecosistémicos de sus territorios
de vida, incluyendo la versión contemporánea de la cultura maya, en resistencia frente al
avasallamiento del proceso de colonización/modernización, impulsado por la acumulación
destructiva y la desposesión que ejerce la lógica del Capital.
2. Los indicios conocidos, muestran que ese territorio fue extensamente ocupado por el pueblo
maya y que gran parte de los datos sobre la historia y trayectoria de esa civilización se encuentran
plasmados en las edificaciones, vestigios y sitios arqueológicos que en parte serán destruidos por
las obras, y en parte vulnerados o transfigurados por su conversión en mercancías de atracción
turística. En cualquiera de los dos casos se destruye su valor histórico, la posibilidad de encontrar
en ellos las claves culturales de larga duración de la civilización maya y los sentidos presentes que
tienen para los mayas contemporáneos. El desconocimiento de las prácticas socioculturales
locales, propicia que la mercantilización del patrimonio sea vista como una oportunidad. La frase
“el etnocidio puede tener un giro positivo: el etnodesarrollo”, tomada del documento oficial de
la MIA del tramo 1, implica que se considera que acabar con las prácticas culturales de una región,
puede resultar ventajoso para la población indígena al “modernizarse” trabajando en resorts con
nombres mayas, pero en realidad ya está causando desplazamientos poblacionales, especulación
con las tierras y desestructuración comunitaria.
3. La península de Yucatán es una plataforma cuyo relieve se origina por la meteorización química
de rocas calizas sedimentarias, conocidas como karst, que dan al suelo una condición quebradiza
y frágil, no adecuada para soportar el peso de trenes rápidos y pesados para el transporte de
turistas, mercancías e hidrocarburos.
4. El suelo kárstico, poroso y permeable, ha determinado la creación de un complejo sistema
hidrológico subterráneo que alberga uno de los acuíferos más importantes de México: algunas
estimaciones indican que contiene 33% del agua nacional; hoy ya está siendo afectado por las
obras del Tren Maya.

5. El uso excesivo y la contaminación del agua subterránea, así como el aumento de basura
inorgánica sin procesamiento alguno, ya amenazan desde ahora el abasto de agua y acercan el
peligro de la salinización del acuífero con el inminente riesgo de producir sequías y una
desertificación generalizada. Este proceso se multiplicará con la urbanización y actividades
productivas que propiciará el Tren Maya.
6. Debajo del suelo peninsular se despliega el sistema de cuevas y ríos subterráneos más largo del
mundo, donde florecen ecosistemas únicos y se conservan restos humanos con una antigüedad
de 13,500 años en los casos ya estudiados. Chicxulub, el Anillo de Cenotes formado por el impacto
del meteorito hace 70 millones de años, alberga fauna endémica e información geológica única
en el mundo. Todo ese sistema podría ser afectado por la construcción del Tren Maya.
7. La riqueza biocultural de la región es de relevancia planetaria. Quintana Roo cuenta con los
arrecifes bacterianos en sistemas de agua dulce más grandes del mundo y en sus costas está el
segundo arrecife coralino más largo a nivel mundial. Muchas de estas cuevas albergan grandes
poblaciones de murciélagos que son controladores de plagas, dispersores de semillas y
polinizadores insustituibles. Sus ecosistemas albergan otras especies valiosas y amenazadas como
el jaguar, el pecarí de labios blancos y un sinnúmero de especies de peces dulceacuícolas, aves e
insectos. Los polos de desarrollo planeados a partir del Tren Maya los ponen en riesgo.
8. Los ecosistemas de la península de Yucatán han sido reconocidos entre los más biodiversos, y que
proveen de múltiples servicios ecosistémicos a la región y al planeta. En la franja costera de la
península se asientan 54% de los manglares del país, los cuales almacenan 60% del carbono azul,
relevante para mitigar el daño de los gases de efecto invernadero sobre el calentamiento global
del planeta.
9. La salud de los manglares, de los humedales, de los arrecifes coralinos y bacterianos conocidos
como estromatolitos, de las costas, dunas, pastos marinos y selvas, depende del agua subterránea
y de la red de ecosistemas que se desarrolla en ella. A su vez, estos ecosistemas reducen la
vulnerabilidad de la población frente al cambio climático. El daño que les han infringido las
actividades económicas como el turismo, las granjas pecuarias y las agroindustrias debería
conducir con urgencia a impulsar proyectos de restauración ecológica. Por el contrario, el
proyecto del Tren Maya es impulsor de actividades productivas que agravan el deterioro socio-
ecológico de la península de Yucatán.
10. En las últimas décadas, la cobertura coralina ha disminuido dramáticamente hasta llegar a menos
de 10% de su extensión potencial, las enfermedades de los corales se han incrementado y también

la cobertura de macroalgas, como resultado del turismo masivo y del aumento de actividades
pecuarias y de agroindustria, principalmente. Al aumentar el turismo a partir del Tren Maya, estas
condiciones se agravarán.
11. En Laguna Bacalar, en el sur de Quintana Roo, la falta de tratamiento de agua residual, el aumento
desmedido del turismo no sostenible, la deforestación y el uso de fertilizantes químicos para
favorecer actividades agrícolas intensivas han provocado cambios ambientales que afectan la
salud de los arrecifes bacterianos y que han disminuido la variedad de colores de la laguna.
12. En el estado de Yucatán más de 80% de la vegetación natural ha sido perturbada. A mucha de esta
vegetación se le denomina “acahual”, que no es otra cosa que un proceso natural de sucesión
secundaria, que regida bajo las prácticas tradicionales de los pueblos asentados en los
ecosistemas tropicales, ha conducido hacia la producción de la biodiversidad, y constituye el
patrimonio biocultural de las comunidades. Por lo tanto, estos espacios pueden ser restaurados y
su estado no debe ser argumento para afectarlos a través de modos de apropiación que rompen
el ya frágil equilibrio y sustentabilidad ecológica de sus territorios.
13. El Tren Maya generará una migración masiva que impactará a los bosques tropicales, que al igual
que otros ecosistemas, se ven presionados por el crecimiento poblacional, la ganadería, la
agricultura extensiva, el agronegocio y los desarrollos turísticos de gran escala.
14. La infraestructura del Tren Maya fragmenta el paisaje, impidiendo la movilidad natural e
indispensable de las especies, y propicia daños irreversibles en los servicios ecosistémicos, que
tarde o temprano afectarán la calidad de vida de los centros urbanos y las poblaciones locales.
15. El turismo masivo que impulsa el Tren Maya con la consiguiente urbanización acelerada y no
planificada, afectará los modos de vida, deteriorará las condiciones sanitarias, propiciará la
generación excesiva de basura y aumentará tanto el consumo como la contaminación del agua.
16. La afluencia turística que se calcula, sin ninguna previsión certera, haría pasar por la selva a 3
millones de turistas en lugar de los 40 mil actuales (en el tramo de Calakmul), provocando los
efectos de barrera, ruido, vibración y peso, además de una invasión difícil de gestionar por las
comunidades y pueblos aledaños.
17. El tren es en realidad un proyecto inmobiliario y de urbanización con bandera de turismo
responsable, que busca ser motor de la economía peninsular. Sin embargo, ese modelo de
desarrollo ya probado en la península de Yucatán, ha llevado al empobrecimiento ambiental y a
una creciente inequidad social en la región, exponiendo a los más vulnerables a pagar los enormes
costos del deterioro ambiental sin recibir a cambio algo más allá que empleos precarios. A pesar

de eso, este modelo pretende ser replicado, involucrando más ciudades y más estados, con las
mismas omisiones y errores. El proyecto Tren Maya, considera la creación de empleos en el corto
plazo en el ramo de la construcción, pero no considera el fenómeno migratorio en los polos
urbanos.
18. Con Cancún como caso testigo, cabe presumir que a la masificación de las actividades y locaciones
turísticas corresponderá un incremento del tráfico y consumo de drogas, que no se restringe a los
turistas sino a parte de la población joven de la región también. Consecuentemente cabe prever
un aumento de la violencia y la potencial trata de personas para prostitución. Todo ello
definitivamente alterará de manera irreversible y muy dañina a la sociedad regional.
19. Una gran preocupación es la falta de planeación, discusión y evaluación que por ley debió tener
esta megaobra. Esto determina cambio de rutas multiplicando el daño ecosocial y destruyendo
comunidades y ecosistemas de manera inútil y más allá de lo que la obra requeriría.
20. El proyecto se lleva adelante sin el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas, sin
una consulta que cumpla con los requisitos establecidos por el Convenio 169 de la OIT, sin
estudios de mecánica de suelos, sin manifestaciones de impacto ambiental en todo el territorio
que abarca y con algunas muy deficientes para algunos de los tramos. Tampoco se ha realizado,
por cierto, un estudio de factibilidad económica y los presupuestos se van acrecentando sin poder
mostrar resultados.
Finalmente, es altamente preocupante que se haya dado el mando a las fuerzas armadas para el desarrollo
del Tren Maya. Al militarizar el proceso y la construcción del megaproyecto, se reducen aún más los
mecanismos de protección a la naturaleza y se coloca en situación de vulnerabilidad a los habitantes de
la región.
Por todas estas razones, sobre las que podemos abundar en datos y argumentos, mantenemos nuestro
rechazo al proyecto Tren Maya.
Nos pronunciamos por:
1. Que el gobierno detenga el proyecto del Tren Maya.
2. Que se comience una evaluación seria y cuidadosa de los impactos que la obra ha ocasionado.
3. Que se destine financiamiento para la restauración social y ecológica de la región.
4. Que se realice una profunda discusión, que incluya prioritariamente a los pueblos y comunidades
indígenas regionales, sobre la pertinencia de éste y otros proyectos que tiendan a recuperar sus
valores ambientales y culturales.

No somos pseudocientíficos, no somos conservadores, no somos adversarios. Somos académicos con
trabajo de campo y de gabinete, que tenemos un profundo compromiso con el bien de México y así lo
hemos demostrado por décadas, a lo largo de las cuales hemos señalado los problemas causados por
programas de gobierno, proyectos corporativos, iniciativas no sustentables de cualquier origen, y también
hemos aplaudido los aciertos de gobiernos y empresas, cuando se trata de programas o proyectos que
nos parece que verdaderamente contribuyen a la sustentabilidad. Argumentos como los que exponemos
aquí respecto del Tren Maya, han sido planteados por muchos de quienes firmamos este documento a lo
largo de nuestra trayectoria y compromiso contra la depredación ecológica, la militarización y la
colonización.
Lo que cuestionamos es el criterio de desarrollo y progreso que ya no es acorde con las condiciones de
sustentabilidad del planeta, con los principios de una verdadera democracia y de los derechos
existenciales de los pueblos. Reiteramos que no buscamos la confrontación sino un diálogo constructivo
que permita encontrar alternativas sustentables, respetuosas con las condiciones ecológicas, con la
cultura y con la realidad social de los pueblos y las comunidades, que garantice un futuro digno y
sustentable para las siguientes generaciones.
Atentamente
Miguel Concha, Director General del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco De Vitoria, O.P., A.C.
Homero Aridjis, Escritor, Presidente del Grupo de los Cien.
Ana Esther Ceceña, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
Luis Zambrano, Instituto de Biología, UNAM.
Luisa Falcón, Instituto de Ecología, UNAM, campus Mérida.
Enrique Leff, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
Rodrigo Medellín, Instituto de Ecología, UNAM.
Cristina Barros, Investigadora independiente.
Jorge Herrera-Silveira, CINVESTAV, Mérida, IPN.
Gabriela Gaxiola, Coordinadora del Programa Camarón. Responsable académica de Nutrición UMDI-Sisal,
Fac. de Ciencias, UNAM.
Alejandro Frank, Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM.
Ángel Sulub, Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i'ibalo’on.
Alejandra García Quintanilla, Universidad Autónoma de Yucatán, Colectivo Popol wuj.

Ambrosio Velasco, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.
Peter Rosset, Investigador independiente.
Ofelia Medina, Actriz y defensora de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Marisol Anglés, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Magdalena Gómez, Universidad Pedagógica Nacional.
Teresa Rojas Rabiela, CIESAS.
Elisa Cruz Rueda, Escuela de Autodesarrollo Indígena, Universidad Autónoma de Chiapas.
Luca Ferrari, Centro de Geociencias, UNAM, campus Juriquilla.
Xavier Chiappa-Carrara, Director ENES-Mérida, UNAM.
Efraín León, Coordinador del Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
Antonio García de León, INAH.
Sergio Madrid, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Francisco López Bárcenas, El Colegio de San Luis.
Mariana Alvarez, Coordinadora de la Licenciatura en Ecología, Escuela Nacional de Estudios Superiores,
UNAM, Unidad Mérida.
Betzabeth Palafox, EcoSur, Chetumal.
Rosalva Aida Hernández, investigadora del CIESAS, CDMX.
Jorge Fernández Souza, Abogado, Investigador independiente.
Jorge Alonso, profesor investigador del Ciesas Occidente.
Lorenzo Alvarez-Filip, Unidad de Sistemas Arrecifales, UNAM
Patricia Thomé Ortiz, Instituto de Ciencias Del Mar y Limnología, UNAM.
Felipe I. Echenique Marcha, INAH.
José Maria Calderón Rodríguez, FCPyS, UNAM.
Margara Millán, FCPyS, UNAM.
Ana de Ita, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.
Teresa Alvarez Legorreta, Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, El Colegio de la Frontera Sur.
Miguel Ángel García Aguirre, Maderas del Pueblo.
Javier Barros del Villar, Asociado al Laboratorio de Conciencia Digital Fulvipo Eccardi, Independiente.
Fernanda Paz, CRIM, UNAM.
Dulce María Ramos Mora, Universidad Iberoamericana.
Alejandra Prieto Davó, Facultad de Química, Unidad Sisal, UNAM.
Enrique Rajchenberg, Facultad de Economía, UNAM.

Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos.
Alicia Castellanos Guerrero, UAM Iztapalapa.
Casandra Reyes García, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Alma Gpe. Melgarito Rocha, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Raúl Ornelas, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
Federico Fernández Christlieb, Instituto de Geografía, UNAM.
Sergio Prieto Díaz, Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas.
Claudio García Ehrenfeld, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.
Catherine Heau Lambert, ENAH.
Gustavo Alanís, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de
México.
Romel González, Coordinador de Capacitación del CRIPX y Coordinador de la Escuela de Defensores
Comunitarios y Buen Vivir del CRIPX.
Aldo Gonzalez, UNOSJO, Sierra Juárez de Oaxaca.
Sylvia Marcos, Universidad Autonoma del Estado de Morelos, Red de feminismos descoloniales.
Rosa María Garza Marcué, DEAS, INAH.
Tania Ramírez González, Jaguar Wildlife Center A.C.
Ignacio Chapela, University of California, Berkekey.
Arturo Escobar, Profesor emerito de antropologia, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.
José Antonio Foronda Farro, Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)
y Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A C. (PRECADEM).
Joaquín Asterio Aguilar Chan, Asociación Promotora del Ambiente Sustentable A.C.
Héctor Hernández-Arana, ECOSUR Chetumal
Eliana Acosta, INAH.
David Barrios Rodríguez, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
Servando Gaja, Cineasta.
Cristina Steffen, UAM.
Luis Tamayo Pérez, Universidad Autónoma de Querétaro.
Manuel Elías Gutiérrez, El Colegio de la Frontera Sur.
Esteban Ortiz Rodea, Doctorante en Sostenibilidad.
Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, UACM.
Hernán Correa Ortíz, UACM.

Aida Luz López, UACM.
Juan Manuel Dupuy Rada, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Patricia Ornelas, IBUNAM.
Luz María Calvo Irabien, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Cristina Mapes, IB, UNAM.
Larisa de Orbe Academia Mexicana de Derecho Ambiental
Gerardo Pérez Ponce de León, ENES, UNAM, Mérida.
María Azucena Canto Aguilar, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Mariana Chávez Pesqueira, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Rodrigo Duno de Stefano, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Astrid Schilmann, Instituto Nacional de Salud Pública.
Marlene Cortez Lugo, Instituto Nacional de Salud Pública.
Horacio Riojas Rodríguez, Instituto Nacional de Salud Pública.
Magali Hurtado Díaz, Instituto Nacional de Salud Pública.
Germán Carnevali Fernández-Concha, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Ivón Mercedes Ramírez Morillo, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Javier Orlando Mijangos Cortés, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
José Luis Hernández Stefanoni, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Uri Ramírez Vázquez, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Rodrigo T. Patiño Díaz, CINVESTAV, Unidad Mérida.
Tania Paola Vázquez Delfín, ENES, Morelia.
Sofía Riojas Paz, ENCRyM, INAH.
Aideé Tassinari Azcuaga, UACM.
Mariana Elkisch, UACM.
Mina Lorena Navarro, BUAP.
Gabriela Wiener Castillo, Arquitecta paisajista, Centro de investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y
Paisaje, UNAM.
Carlota Guzmán, CRIM, UNAM.
Karla Borges, Instituto de Ecología, A.C.
José Cú, Instituto de Ecología, A.C.
Luis Fueyo Mac Donald, Consultor.
Enrique Martínez Meyer, Instituto de Biología, UNAM.

Ella Vazquez, Instituto de Ecología, UNAM.
Elena Tudela, Facultad de Arquietctura, UNAM.
Gabriela Parra, Instituto de Biologia, UNAM.
Claudia Ortíz, Facultad de Arquitectura, UNAM.
Dario Azzellini, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, UAZ.
Josué García Veiga, Facultad de Economía, UNAM.
Jorge Galindo Gonzalez, Universidad Veracruzana.
Valeria Towns, Facultad de Ciencias, UNAM.
Celene Espadas, CICY.
Claudia Teuti Hernández, ENES, UNAM, Mérida.
Celia Selem Salas, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Sergio Guillen Hernández, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Gerardo García Gil, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Javier Sosa Escalante, CEGES.
Maria Jose Luna, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Cindy Renata Molina Corona, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Marby Gabriela Kumul Balam, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Reyna Cristina Palma Chim, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Ricarda Schlittgen, Profesora investigadora independiente.
Emilio H. Taddei, Universidad de Buenos Aires; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas;
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC); Grupo de Estudios sobre América Latina y el
Caribe (GEAL).
Edgar Emmanuel Nahuat Yama, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
José Ignacio Torres Balan, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Cassandra Garrido Cabrera, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
José Eduardo Broca Lara, Centro de Estudios Tecnológicos del Mar.
Camille Chalmers, Profesor UEH, Director PAPDA Haïtí
Sandra Jazmin Barragan Contreras, Universidad de Sheffield.
Edgar G. Ávila Luna, Instituto de Ecología, UNAM.
Rocío Santos Gally, Instituto de Ecología, UNAM.
Patricia Magaña Rueda, Instituto de Ecología, UNAM.
Clementina Equihua Zamora, Instituto de Ecología, UNAM.