Imprimir
Hemos visto muy poco del cambio que esperábamos. También sufrimos recientemente un desalojo muy violento por parte de la policía, policía comandada por el presidente. No perdemos la esperanza pero necesitamos, junto con las comunidades, ver reconocidos los derechos humanos y colectivos de nuestras poblaciones. Por eso luchamos en línea con las demás poblaciones indígenas y negras de Honduras, para defender nuestros caminos de reivindicación y construir formas de autonomía y autogestión.
“Vivir en Honduras hoy es como estar condenado a la pena de muerte”, dice Itsmania Platero, periodista experta en derechos humanos, “es vivir con el miedo constante de no saber qué va a pasar contigo al día siguiente”.
Potente resumen de al menos 50 años de historia de un país donde las personas que lo habitan se encuentran luchando a diario entre la violencia y la pobreza, resultado de las opciones políticas y económicas que han marcado a Honduras desde la década de 1970.
Tegucigalpa, la capital, es una síntesis del país. El centro se sitúa en torno a la plaza de la iglesia, de la que parte un breve camino que conecta con la calle comercial. Unos cientos de metros de vía cerrados al paso de coches, llenos de comercios, dos bancos y mucha gente. La seguridad efímera y diurna de estos escasos metros está “garantizada” por decenas y decenas de policías armados. Ves pocos turistas que en su mayoría son centroamericanos. Los occidentales acuden en masa a las zonas costeras y por motivos de trabajo se encuentran en las ciudades y sus alrededores.
El país ha sido colonizado por multinacionales de todo el mundo por lo que las grandes cadenas son las dueñas y a diferencia de lo que se ve en México o Guatemala es más difícil, en los centros urbanos, encontrarse con vendedores ambulantes y comida callejera. Economías informales que llenan las zonas más pobres de la ciudad, a diferencia de la inmundicia que se generaliza. En el centro de Tegucigalpa conviven montones de basura con un tráfico desenfrenado que se alimenta de la ausencia de semáforos.
El aeropuerto internacional está ubicado en San Pedro Sula, la capital económica del país. No hay taxista, en las dos principales ciudades, que no cuente historias de asaltos nocturnos, robos o amigos asesinados por unas pocas lempiras por miembros del crimen organizado. Cuando oscurece, las ciudades se vacían por miedo a las agresiones. Los problemas económicos alimentan el fenómeno de la delincuencia, lo que aumenta la inseguridad, por lo que Honduras es uno de los países con mayor tasa de migración en el mundo. “La pobreza es un hecho estructural del país”, dice Bartolo Fuentes, político y periodista, “una pobreza que ha crecido enormemente durante los años del gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández.
Hoy estamos hablando de un 74% de la población que vive en la pobreza, un 47% incluso de forma extrema”. Y es así como, a la espera de la noche, todos los días, un número variable de personas intentan partir hacia Estados Unidos. Quienes viven el gran viaje se concentran en torno a la terminal de ómnibus de San Pedro Sula. Allí nacieron las caravanas de migrantes, a partir de 2018, que tuvieron “el papel fundamental de visibilizar el fenómeno, un proceso que existía desde hacía años pero que en realidad era invisible”, recuerda siempre Bartolo Fuentes. Según el político hondureño, las caravanas también fueron una herramienta que hizo posible que incluso los más pobres, «incluso los que no tenían dinero ni para tomar un autobús a Guatemala», intentaran migrar.
La pobreza en Honduras y la entrega del país no comenzó el 28 de junio de 2009, con el golpe de Estado que derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya, ni comenzó en 2014 con la victoria electoral de Juan Orlando Hernández y por ende el inicio de lo que se define como un “narcogobierno”, justificando la idea de un “Estado fallido” y quitando así las responsabilidades histórico-políticas que han generado la situación actual. Necesitamos remontarnos a los años del Plan Cóndor y la violenta acción colonialista de los Estados Unidos en el centro y sur del continente americano.
Luego de la victoria sandinista en Nicaragua, Honduras fue considerada por Estados Unidos una avanzada de control del territorio, así como un lugar para la formación de la “contra”, completada con el establecimiento de bases militares. Este escenario de esclavización de los EEUU ha ido surgiendo a lo largo de los años, a partir de los golpes de Estado de 1963 y 1974. La historia de Honduras está así marcada por la violencia, los asesinatos y los desaparecidos.
Impunidad, corrupción y memoria
Mantener viva la memoria y el vínculo histórico-político con la actualidad es la resistencia de organizaciones como el Cofadeh (Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras), una ONG fundada en 1982 a partir de la valentía de 12 familias de desaparecidos. Bertha Oliva de Nativí, una de las fundadoras, recuerda que “la organización nació como respuesta a la doctrina de la Seguridad Nacional que, al perseverar en formas de violencia similares a las de la dictadura, impuso el nefasto proyecto neoliberal en nuestro país”.
Bertha señala que la historia de Honduras está marcada por la impunidad y la corrupción, “por lo que la gran mayoría del país se encuentra en una posición de desventaja frente al poder político. Pero lo cierto es que en el país quien manda es quien tiene el poder económico, militar y religioso y quien realmente controla la estructura del Estado. Dentro de esta dinámica hay una estrecha relación entre la década de 1980 y el golpe de Estado de 2009. Vivimos, pues, todavía en una fase de incertidumbre porque los poderes económicos y la estructura criminal que los sustenta no han cambiado, no han sido desmantelados”.
Para Bertha, la llegada al poder de Xiomara Castro abre una etapa importante de transición que debe ser apoyada por las organizaciones sociales, pero que sólo puede funcionar si al mismo tiempo el gobierno es capaz de escuchar a los movimientos sociales, “porque si este gobierno fracasa, entonces las diferentes fuerzas reaccionarias que mencioné habrían vuelto a triunfar y ganado otros cuatro años”.
Para combatir la violencia y la corrupción, el gobierno de Castro ha lanzado una cruzada contra los grupos criminales que en algunos barrios, especialmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa, siembran el terror y hacen la guerra. Una cruzada en la estela de lo que hizo Bukele en El Salvador pero, hasta ahora, con la atención de no borrar los derechos humanos, dejando margen extrajudicial a las Fuerzas Armadas –como sucede en cambio en el país vecino- y desarrollar, al mismo tiempo, formas del poder popular.
Sergio Rivera, delegado del gobierno en el tema, dice que “la idea de este gobierno no es proponer obras de bienestar sino desarrollar proyectos virtuosos y formas de economía popular”. Un proyecto en curso, difícil y ambicioso, que responde a la lectura según la cual tanto el atrincheramiento de los grupos criminales como el crecimiento de los flujos migratorios son el resultado de la venta del país, la inseguridad y la pobreza. También porque, recuerda siempre Sergio Rivera, “Libre y Castro ganaron las elecciones, pero no tienen el poder. Poder es otra cosa, poder es tener la posibilidad de cambiar la realidad. Quienes todavía gobiernan el país son los oligarcas y las fuerzas armadas”. Conscientes de que el cambio de gobierno no es suficiente para cambiar Honduras, existen varios grupos que resisten y tratan de construir formas alternativas y de autonomía.
Entre China y los pueblos originarios y negros
Es noticia del 15 de marzo que la presidenta Castro ha decidido entablar relaciones económicas con China. Probablemente una señal a EEUU sobre la voluntad de romper la relación hegemónica impuesta por Washington en los últimos 60 años. Pero la otra cara de la moneda es la del riesgo de crear un segundo sometimiento económico y de ser aplastados en los enfrentamientos entre las dos potencias.
Están las poblaciones lencas, por ejemplo, que con Copinh, organización fundada por Berta Cáceres, defienden su territorio de las multinacionales. Hace unos días recordaron los siete años del asesinato de Berta. Una muerte con justicia parcial, donde los autores intelectuales, como ocurre prácticamente siempre en el país, no fueron condenados ni llevados a juicio aunque las ocho condenas sumadas hasta ahora nos dicen que hubo ejecutores e intermediarios.
Luego está la población garífuna que divide el territorio en 47 comunidades y lucha por recuperar las tierras que les arrebataron. En 1979 fundaron OFRANEH, la Organización Fraternal Negra Hondureña, para defenderse de los constantes ataques que solo en enero de 2023 costaron la vida a tres mujeres y un hombre. Según Roni Castillo, miembro de la organización, la victoria de Castro trajo una ola de optimismo pero “por ahora hemos visto muy poco del cambio que esperábamos. También sufrimos recientemente un desalojo muy violento por parte de la policía, policía comandada por el presidente. No perdemos la esperanza pero necesitamos, junto con las comunidades, ver reconocidos los derechos humanos y colectivos de nuestras poblaciones. Por eso luchamos en línea con las demás poblaciones indígenas y negras de Honduras, para defender nuestros caminos de reivindicación y construir formas de autonomía y autogestión”.