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El jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, anunció “ocho planes de campaña” que implican la militarización de áreas de “recursos naturales y espacios soberanos” del país, como Vaca Muerta, el Atlántico sur y zonas de extracción de litio. Lo hizo durante la apertura y primer encuentro del Ciclo de debates para la elaboración del Libro Blanco de la Defensa Argentina 2023, en el Salón almirante Brown de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), en la ciudad de Buenos Aires. Fueron publicados el 24 de marzo pasado en la cuenta de Twitter del Ejército.
Paleo señaló que “a partir de la directiva del poder político acerca del Planeamiento de la Defensa 2023″, el Estado Mayor Conjunto elaboró “ocho planes de campaña que contemplan principalmente la defensa de los recursos naturales y los espacios soberanos del país”. Asimismo, dijo que seis de ellos continúan desarrollándose y “se espera que se conviertan en ejercicios en el terreno para las Fuerzas Armadas”.
“Este año vamos a poner en práctica tres: uno es el de la zona del Comahue, donde se encuentra Vaca Muerta; otro de la zona Buenos Aires, que es fundamentalmente la zona de Bahía Blanca y el complejo nodal de comunicaciones; y otro del Atlántico. Vamos a poner en práctica nuestra capacidad de desplazar medios militares para disuadir, y en el caso necesario defender, nuestros objetivos de valor estratégico”, señaló.
En el anuncio, se refirió a los yacimientos donde se explota el litio como “fronteras a través de las cuales ingresan divisas al país”, que también se verían alcanzados por el nuevo despliegue militar. Y planteó que, debido a la escasez de recursos militares para la extensión del país, el enfoque tradicional de la defensa militar no era adecuado por lo que decidieron cambiarlo. “La geografía separa fronteras de naciones, ese era el enfoque tradicional desde Napoleón”, señaló. “Decidimos echar mano a otro concepto: la conectografía”, que “relaciona infraestructuras y cadenas de suministro. Hay una evolución de la geografía política a la geografía funcional”.
Mientras informaba sobre la militarización de zonas como Vaca Muerta o el Atlántico, mencionó el caso de un aeropuerto, una central hidroeléctrica o la localidad atlántica de Las Toninas —donde se ubica el cable que conecta con internet a todo el país— como vías por donde ingresan al país mercaderías, personas, energía o información. Y argumentó: “Un yacimiento de litio, como Vaca Muerta, u otros yacimientos de otros recursos que tenemos, ¿no es una frontera a través de la cual ingresan a nuestro país las divisas que necesita para desarrollarse? ¿No lo debemos considerar como un concepto ampliado de frontera?”
Asimismo, buscó desarrollar un supuesto “marco teórico” estratégico ubicando el año 1989 como parteaguas con la caída del Muro de Berlín y el desarrollo de la World Wide Web y ubicar a Gran Bretaña como contendiente estratégico central
Un anuncio para el Fondo Monetario Internacional
El anuncio resulta significativo en un contexto en el que tanto el gobierno nacional como los provinciales, del oficialismo y de la oposición, están decididos a profundizar aún más el modelo extractivista sobre los bienes comunes naturales, con el objetivo central de pagar una deuda ilegítima e ilegal con el FMI.
Esto significa disciplinar a las poblaciones, pueblos originarios y trabajadores que luchan contra la acción de las empresas, centralmente de capitales transnacionales, que arrasan sus territorios transformándolos en zonas de sacrificio. La militarización de Vaca Muerta no es casual: Chevrón o Shell tienen intereses clave en ese yacimiento; ni lo es la intervención en el Atlántico Sur cuando el gobierno impulsa la exploración y explotación offshore de p
etróleo y gas, nuevamente junto a British Petroleum, Shell o Equinor, y un nuevo centro de fracking en Santa Cruz (Palermo Aike) que tendrá sus puertos exportadores.
Tampoco resulta casual la alusión al litio, verdadera amenaza al agua para las comunidades y ecosistemas altoandinos en el noroeste del país. La Secretaria de Asuntos Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, declaró varias veces que este mineral es un objetivo estratégico central frente a China y Rusia. La norteamericana Livent, que se dedica a la extracción de esa sustancia, ya causó un desastre ambiental en Catamarca en febrero pasado.
En el polo petroquímico de Bahía Blanca operan, entre otras, la malaya Petronas, la estadounidense Dow, la Israelí Mekerot y muchas otras. Pero esta es solo la mitad de la lista, que puede incluir a las mineras Barrick Gold, Panamerican Energy; a productoras de hidrógeno verde como la australiana Fortescue; a centrales hidroeléctricas, empresas del fracking y un largo etcétera.
Estos anuncios no significan otra cosa que blindar militarmente la planificación de la entrega extractivista que planean los gobiernos, el ecocidio y el saqueo de los bienes comunes naturales y de la economía del país. A días de un nuevo aniversario del 24 de marzo, estos planteos del Ejército genocida merecen repudio y atención.