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Quince millones de chilenos están convocados el domingo para elegir a 50 redactores de una nueva constitución, en lo que representa la segunda oportunidad para que el país sudamericano reemplace la carta magna impuesta por una dictadura militar en 1981. En septiembre pasado, el 62% del electorado rechazó un primer texto constitucional refundacional elaborado por una convención izquierdista. Ocho meses después, el aparente desinterés domina el ambiente electoral. Coincidentes sondeos indican que la oposición conservadora y la centroderecha obtendrían más escaños que el oficialismo.
Quince millones de chilenos están convocados el domingo para elegir a 50 redactores de una nueva constitución, en lo que representa la segunda oportunidad para que el país sudamericano reemplace la carta magna impuesta por una dictadura militar en 1981.
En septiembre pasado, el 62% del electorado rechazó un primer texto constitucional refundacional elaborado por una convención izquierdista. Ocho meses después, el aparente desinterés domina el ambiente electoral.
Coincidentes sondeos indican que la oposición conservadora y la centroderecha obtendrían más escaños que el oficialismo.
Desde el estallido social de octubre de 2019, que abrió la puerta a los dos procesos constituyentes, los chilenos han pasado por seis elecciones y sus prioridades han sido sus demandas por mejor salud, educación y pensiones, así como la creciente preocupación por una extendida crisis de seguridad y la inflación.
Carmen Le Foulon, coordinadora del Área de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos, señaló a The Associated Press que en el actual “desinterés” influyen la “poca movilización política”, el bajo nivel de información de los candidatos y los partidos y una “menor expectativa con respecto a la (nueva) constitución”.
Por su parte, Gonzalo Muller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, declaró a la AP que otro factor que influye en el desinterés es el fracaso del proceso anterior, que “generó frustración, descontento y de alguna manera desesperanza”.
Aunque coincidentes sondeos indicaron en marzo y abril que la mayoría de los chilenos no estaban interesados en la elección de los redactores, el autónomo Servicio Electoral estima que participarían entre 11 y 12 millones de personas.
La elección es de participación obligatoria y quienes no voten arriesgan multas que van desde los 31.000 a los 189.000 pesos (38 a 230 dólares).
Los 50 redactores que sean elegidos integrarán el Consejo Constitucional paritario, cuyo único objetivo será “discutir y aprobar” una propuesta de constitución, la que deben entregar el 7 de noviembre. Posteriormente, el texto se aprobará o rechazará en un plebiscito de participación obligatoria el 17 de diciembre.
Trabajarán sobre un anteproyecto constitucional que elabora un Consejo de Expertos de 24 miembros designados por los partidos políticos y ratificados por el Congreso. La mitad son oficialistas y la otra de oposición.
Los expertos y redactores deben elaborar los contenidos del texto sobre 12 bases constitucionales, previamente redactadas por las colectividades políticas, que establecen que Chile es un Estado unitario, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la separación de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y garantías por el respeto de derechos y libertades, incluidos el derecho a la vida, a la propiedad y la igualdad ante la ley. También incluyen el respeto a los estados de excepción constitucionales en materias de orden y seguridad y el cuidado y conservación de la naturaleza.
Los consejeros, que recibirán el anteproyecto el 6 de junio, podrán aprobar, modificar o eliminar normas al texto con al menos 30 de los 50 votos de sus miembros.
Los tres partidos de la oposición centroderechista -Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y el Partido Evolución Política- compiten unidos en el pacto Chile Seguro, mientras en otras dos listas se presentan el conservador Partido Republicano, que no favorece una nueva constitución, y el populista Partido de la Gente.
El oficialismo va dividido en dos pactos: Unidad para Chile, integrado por el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio, al que se sumó, por primera vez, el centroizquierdista Partido Socialista.
En el segundo bloque, Todo por Chile, compiten los centroizquierdistas Partido Por la Democracia, Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano. Además, hay tres candidatos independientes y dos indígenas.
El Partido Comunista y el Frente Amplio conforman el bloque Apruebo Dignidad, el más cercano a Boric, cuya popularidad bordea el 30%, lo que no parece ayudarlos en sus aspiraciones electorales.
En un escenario ideal, los partidos y bloques aspiran a obtener al menos 30 escaños, lo que les permitiría instalar libremente sus postulados en el texto.
Coincidentes encuestas señalan que la oposición, especialmente el Partido Republicano, sacaría en torno a los 30 escaños, mientras en el oficialismo aspiran obtener 21 redactores, lo que le permitiría vetar normas propuesta por la derecha y obligaría a negociar los contenidos.
De ser rechazado el nuevo proyecto, es improbable que el Congreso apruebe otra reforma constitucional que permita otro proceso constituyente. Por lo menos para esta generación “sería la última oportunidad” de cambiar la constitución, consideró Claudio Fuentes, analista político y académico de la Universidad Diego Portales.