El sábado 6 de mayo de 2023 habitantes del municipio Caimanera, en la provincia de Guantánamo, tomaron las calles para manifestar su descontento debido a la actual crisis en Cuba. Los hechos se produjeron pasadas 24 horas de efectuarse el postergado acto conmemorativo por el Día Internacional de los Trabajadores.

Ante la difusión en redes sociales de videos que documentaban los acontecimientos, se produjo un corte de internet en el país; medida habitual del poder ante circunstancias de esta índole, dada la posibilidad real que la circulación de información pueda movilizar a otras comunidades para sumarse a las protestas. Sin embargo, una vez restablecido el servicio, reporteros afiliados a medios estatales, manifestaron que se trató de «tres individuos alcoholizados que cometían desórdenes públicos», los que rápidamente fueron «neutralizados» por las fuerzas policiales y miembros de la Seguridad del Estado.

La narrativa gubernamental en torno al desenlace, no solo busca legitimar la represión contra manifestantes pacíficos que ejercían sus derechos constitucionales frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC); también refuerza la criminalización de la protesta cívica, a la que considera: «inapropiada y carente de legalidad».

Caracterizar a los presentes usando calificativos como: «sujetos alcoholizados», estigmatiza a quienes acudieron a las calles para utilizar los mecanismos de inconformidad pública a través de la manifestación social. Dicha estrategia, así como el uso directo de la violencia física contra los manifestantes, ratifica la ausencia de voluntad del Gobierno en respetar los derechos que su propia legislación reconoce. De esta forma, las condiciones del escenario autoritario en la Isla se agudizan, bajo un contexto afectado por las consecuencias de la crisis económica: inflación monetaria, escasez de alimentos, carencia de carburantes y la extensión del mercado informal para la satisfacción de necesidades básicas.

En el transcurso de las protestas, los medios de comunicación oficiales sostenían pleno silencio, mientras la población movilizada lanzaba gritos de: «¡Libertad!» y «¡Abajo los corruptos!», junto a reclamos ante la falta de alimentos, en tanto rechazaban la excusa del bloqueo como única justificante de sus pesares.

Las condiciones estructurales de la crisis político-económica

En el país existe una fractura del tejido social determinada por la crisis del sistema político, la profundización del autoritarismo —debido a la ausencia de garantías para el ejercicio de los derechos civiles—, el aumento en los niveles de pobreza y el desarrollo del éxodo migratorio más significativo de las últimas décadas.

Las crecientes muestras de inconformidad no solamente encuentran su cauce a través de las manifestaciones desatadas a lo largo del país, ante un inédito ciclo que inició a finales de 2020 y aún no culmina. Tales signos de desaprobación se traducen en los elevados índices de abstención electoral de las últimas convocatorias a votaciones. A su vez, la ruptura del consenso ciudadano está motivada por el deterioro del modelo educacional y el colapso del sistema sanitario, que incluye la ausencia de medicamentos, insumos y la mala praxis en los centros hospitalarios.

Semejante debacle abarca la comercialización de tales servicios, así como el surgimiento de un mercado paralelo en el que se oferta gran parte del material y píldoras en falta, disponible a precios prohibitivos para la mayor parte de la ciudadanía. Ello certifica un claro retroceso en comparación con la calidad que distinguió la salud cubana durante años; mientras el sistema cede ante las lógicas capitalistas del mercado y sus mecanismos de competencia deshumanizantes.

Las protestas en Caimanera no están desconectadas de la fatal combinación de crisis social y económica en que sostiene al país su máxima dirigencia, encabezada por la oligarquía burocrática del PCC. Las máximas instancias de poder controlan el campo participativo de la deliberación pública, alejado de las decisiones que impactan sobre la realidad cotidiana de la ciudadanía.

Tales formas de gestión autoritarias están definidas por mecanismos de planificación discrecionales y centralizados por la clase dominante/hegemónica. Un grupo de poder que ha militarizado las esferas más lucrativas de la economía, al tiempo que insiste en la implementación de un modelo remesista/importador improductivo e ineficiente, que no fomenta la industria nacional.

Los ciclos de reproducción ampliada del capital están acompañados por la fosilización de las instituciones administrativo-burocráticas, el deterioro en la credibilidad de las organizaciones sociales y de masas, la corrupción existente en las altas esferas, la poca transparencia de las estadísticas públicas y la carencia de información estatal que impide corregir —mediante acertados análisis—, los crecientes espacios de marginalización, pobreza y desigualdad.

En medio de tan complejo contexto, la libertad de expresión continúa siendo privilegio para los partidarios del régimen; en tanto los sectores populares que demandan mayor acceso a recursos y asumen la toma del espacio público para reclamar el cumplimiento de sus garantías, resultan expensos al accionar represivo, la judicialización por los órganos de justicia y el estigma criminalizante que distingue la narrativa del Partido/Gobierno.

Todo ello tributa hacia una postura contraria al diálogo interno y el establecimiento de nuevos consensos ante el desgaste del pacto social. De igual modo, dicho proceder agrava la polarización y provoca mayor malestar en la sociedad; de modo que resulta previsible que permanezcan las manifestaciones, motivadas además por la falta de medidas eficaces con carácter holístico, dirigidas a revertir la actual crisis que padece el modelo.

Por una gestión de autogobierno ecosocialista, popular y democrática

Una parte de la intelectualidad cubana promueve como posible salida al contexto de precariedad existente, la privatización de las principales actividades económicas; dada la imposibilidad del Estado en viabilizar por un cauce óptimo los ámbitos de producción y servicios.

Los propulsores de esta alternativa ceden ante las lógicas del pensamiento binario: privado vs. estatal. De esta forma, dejan fuera la posibilidad de relanzar la participación consciente de los trabajadores en los procesos de generación de riquezas, a través de la democracia económica; sin que ello conduzca al aumento de las asimetrías, como definen las lógicas del crecimiento en los regímenes capitalistas.

La viabilidad de un modelo político comunitario, cooperativo y popular, que contribuya a la democracia basado en principios de bienestar no sustentados en la explotación de clase y la concentración de capital-poder, requiere la conciencia de las masas para la búsqueda de alternativas armónicas con el medio ambiente; en tanto refuercen los preceptos de participación y bienestar, enfocados en la planificación desde abajo hacia las instancias superiores del Gobierno.

La alternativa republicano democrática, contraria al mandato excluyente del poder postotalitario en Cuba, urge concientizar sobre los beneficios de la socialización del poder y las riquezas, como un camino para la materialización de la equidad ciudadana. Dicho imaginario aún resulta tarea pendiente por la tradición emancipatoria del pensamiento patriótico cubano, inclinado a los preceptos caudillista/autoritarios de sus principales líderes.

Los anhelos de justicia e igualdad que sustentan la racionalidad ética del proyecto libertario socialista, exige el accionar revolucionario de las fuerzas sociales de transformación para el establecimiento de una institucionalidad que tribute hacia la autogestión obrera, la organización cooperativa del trabajo y la instauración descolonizada del poder soberano, materializada en los valores fraternales de la democracia popular.

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