Tras el conflicto en Ucrania, otro asunto ha encendido el debate político brasileño en los últimos días es el del medio ambiente. En concreto, el proyecto de perforación de la petrolera Petrobras en el estuario amazónico, la separación provisoria de algunos órganos del Ministerio de Medio Ambiente y el proyecto de revisión de los derechos territoriales de los pueblos indígenas han llevado a las ministras de Medio Ambiente, Marina Silva, y de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, a enfrentarse con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Todo empezó cuando el Instituto Brasileño de Recursos Naturales Renovables y Ambientales (Ibama), que depende del Ministerio de Medio Ambiente, dijo no al proyecto de perforación petrolífera en el estuario del Amazonas. Se trata de una zona de 350.000 km2, tan grande como todo el estado de Goiás, que se extiende entre la bahía de Marajó, en Pará, y la frontera con la Guayana Francesa. Petrobras, en el pasado escenario de escándalos de corrupción denunciados por la operación Lava Jato, quiere ahora explotar esta zona también ante la disminución de las reservas nacionales en la región del Presal, entre los estados de Santa Catarina y Espírito Santo.

Ya en el pasado, especialmente en la década de 1970, se habían perforado 95 pozos petrolíferos en la Amazonia con pobres resultados. En 2011 se habían suspendido las perforaciones debido a las fuertes corrientes. Pero desde que se descubrieron gigantescos yacimientos de petróleo en las vecinas Guayana y Surinam, Petrobras ha decidido invertir de nuevo en la zona ecuatorial, que se extiende 2200 km desde Rio Grande do Norte hasta el Amapá. Estudios recientes estiman los yacimientos de la margen ecuatorial entre 20.000 y 30.000 millones de barriles, y se ha hecho una estimación similar para el estuario del Amazonas, donde está previsto perforar tres pozos, además de otros seis en toda la zona, por una inversión total de 6.200 millones de reales, unos 1.250 millones de dólares.

Ibama dijo no al proyecto porque provocaría un gran flujo de barcos y aviones, y el rescate en caso de vertido de petróleo sería imposible debido a la distancia con tierra firme. Los pozos en cuestión están a 179 km de la costa del estado de Amapá y a 500 km de la tierra firme del río Amazonas. Para los partidarios del proyecto, esta misma distancia lo haría menos peligroso desde el punto de vista medioambiental. Algunos líderes aliados de Lula, como Randolfe Rodrigues que esta semana dejó el partido de Marina Silva, la Rede, y Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil y presidente de la Comisión de Constitución y Justicia, dos senadores de uno de los estados implicados, el de Amapá, se enfrentaron con la ministra de Medio Ambiente. También echaron leña al fuego las declaraciones de Lula al final del G7. “Si se extrae petróleo en la desembocadura del Amazonas, que está a 530 kilómetros, en alta mar y si la explotación de ese petróleo supone un problema para el Amazonas, seguro que no se explotará”, dijo Lula. “Pero me parece difícil, porque está a 530 kilómetros del Amazonas.”

Sin embargo, el informe de Ibama es muy claro y denuncia que las perforaciones pondrían en riesgo a decenas de especies, algunas ya amenazadas como el delfín gris y el rosado. “Estamos en contra de la explotación petrolífera en esta zona, al igual que las organizaciones indígenas, porque supone una grave amenaza para el medio ambiente y para las personas que viven en la región y dependen de la floresta para sobrevivir”, explica a Infobae Alice Farano de Survival International. Además de los animales, según el informe del Ibama, “las comunidades costeras que viven de la pesca” sufrirían en caso de vertido de petróleo. En la zona hay quilombos, aldeas clandestinas que armaron los esclavos fugitivos en el siglo XIX, ahora protegidos por el Estado, y tierras indígenas “que se verían especialmente afectadas por la base aérea prevista en el proyecto”. El “no” de Ibama no detuvo a Petrobras, que anunció que recurrirá la decisión, alegando que la posibilidad de vertidos de petróleo es remota “y que su dispositivo de respuesta es el mejor del país”, con 12 buques y tres helicópteros. El Ministerio de Minas y Energía se puso del lado de Petrobras y le pidió que no retirara las sondas a pesar del informe condenatorio de Ibama.

Los parlamentarios también aprobaron una medida provisional que debilita las normas de protección de la Mata Atlántica, ya víctima de una violenta deforestación en los últimos años. Pero, sobre todo, la señal verde dada por los mismos parlamentarios para la tramitación urgente de un proyecto de ley que puede obstaculizar la demarcación de tierras indígenas ha creado una alerta entre las comunidades y organizaciones de los pueblos originarios que luchan en defensa de sus derechos. Se trata del llamado “Marco Temporal”, promovido por el sector del agronegocio, según el cual los pueblos indígenas que no puedan demostrar que vivían físicamente en sus tierras el 5 de octubre de 1988, día en que se promulgó la Constitución brasileña, dejarán de tener derechos sobre ellas. “El Marco Temporal supone una grave amenaza para cientos de territorios indígenas, decenas de pueblos no contactados y cientos de miles de indígenas en todo el país - declaró a Infobae Farano de Survival International - muchos pueblos podrían ser desalojados de sus territorios, y muchos otros, que ya han sido despojados de sus tierras, podrían no volver jamás. Este es otro intento de robar tierras indígenas para beneficiar al agronegocio y la minería”.

En este contexto, la Comisión Mixta que discute en el Congreso la Medida Provisional 1154/2023, que trata de la reestructuración de los órganos de la Presidencia de la República y de los ministerios, ha aprobado también la reducción del Ministerio de Medio Ambiente. En la propuesta presentada por el diputado del Movimiento Democrático (MDB) Isnaldo Bulhões, a Marina Silva se le quitaría la Agencia Nacional de Aguas (ANA), la gestión de los residuos sólidos y, sobre todo, el Registro Ambiental Rural (CAR), que pasaría a depender del Ministerio de Desarrollo Regional. La propuesta aún debe ser aprobada definitivamente por la Cámara y el Senado de forma conjunta. “El CAR es una herramienta clave en la lucha contra la deforestación ilegal y el robo de tierras”, dijo Farano de Survival International a Infobae. “Al dejar de estar bajo el control de la ministra de Medio Ambiente, ahora será mucho más fácil para las bandas de usurpadores robar tierras indígenas y registrarlas como propias”. Bulhões también retiró las demarcaciones de tierras indígenas del Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por Sônia Guajajara. En la audiencia en la Cámara, Marina Silva afirmó que estos cambios “cerrarán las puertas del mundo a Brasil” y que “la credibilidad de Lula no será suficiente para preservar la buena imagen del país”, añadiendo que “ésta no es la estructura del gobierno que ganó las elecciones”. En una entrevista concedida al canal de noticias Globo, Sonia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, afirmó que existe una “cierta frustración” con el presidente Lula debido a su “falta de compromiso en la discusión de esta medida provisional”.

En las mismas horas en que el gobierno brasileño anunciaba que la conferencia de la ONU sobre medio ambiente COP30 se celebrará en Belém, en el estado de Pará, en la Amazonia, en 2025, Lula se reunía con las dos ministras para intentar suavizar el conflicto. Sin embargo, según un editorial del diario Estado de São Paulo, “el vaciamiento del ministerio de Marina Silva no sólo fue impuesto por la coalición de centro del gobierno. Fue apoyado por el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, del Partido de los Trabajadores, el PT, de la Secretaría de Relaciones Institucionales, y por el propio Lula, bajo la suposición de que es necesario sacrificar algunas ovejas para salvar el rebaño”, es decir el apoyo político que el Gobierno busca para avanzar su agenda política en el Congreso. A la rueda de prensa que siguió a la reunión con Lula no asistieron ni Marina Silva ni Sonia Guajajara. Según el diario Folha de São Paulo, “Lula aseguró que, independientemente de cuál sea el ministerio responsable del CAR (Catastro Ambiental Rural) y de la demarcación de tierras, su administración cumplirá su compromiso de preservar el medio ambiente y defender a los pueblos indígenas”.

Entrevistada ayer por CNN Brasil Marina Silva admitió que la situación en el Parlamento es “delicada”, pero que el Gobierno lucha por mantener su proyecto político. Cuando se le preguntó si podría dejar el Gobierno, Marina Silva subrayó que “la primera persona que dice quién se queda y quién se va es el Presidente Lula, que invita”. Pero añadió que “la mejor forma de ayudar al Gobierno es estar en él para hacer viables las políticas de lucha contra la deforestación y de desarrollo sostenible”. El temor de muchos es que ella pueda dimitir si no se atienden sus demandas porque, según han explicado a Infobae fuentes de su entorno, “es una mujer que siempre ha sido coherente con los principios que defiende”. Una coherencia que ya en 2008 la llevó a renunciar con polémica al gobierno de Lula por la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en Amazonia, que tuvo un impacto medioambiental desastroso sobre la flora, la fauna y las comunidades indígenas.

Según algunos analistas brasileños un eventual dimisión de Marina Silva y el avance de estas políticas antiambientalistas en el gobierno podría tener un efecto muy negativo para Brasil en al menos dos aspectos. Podría poner en peligro la firma del acuerdo Mercosur con la Unión Europea, para el que Bruselas ya había exigido cláusulas medioambientales aún más estrictas. Pero, sobre todo, podría paralizar la financiación del Fondo Amazonia, una iniciativa germano-noruega para proteger la selva y promover el desarrollo sostenible que recaudó unos 198 millones de dólares entre 2009 y 2018, cuando el Gobierno de Bolsonaro lo suspendió. La propia Noruega ya comunicó al Gobierno brasileño que su pago al Fondo Amazonia estaría condicionado a los próximos datos de deforestación. Estados Unidos también podría dar un giro después de que Joe Biden anunciara que presentará una propuesta de financiación de 500 millones de dólares a repartir en cinco años al Congreso de EEUU, suponiendo que el Senado, de mayoría republicana, la acepte.