¡BASTA DE REPRESIÓN!

Como instancia de articulación de diferentes comunidades del Área Metropolitana, nos solidarizamos plenamente con el pueblo yukpa y rechazamos categóricamente las acciones coercitivas y represivas que viene ejecutando el gobierno-PSUV de Nicolás Maduro en las últimas semanas, en particular los días 13 y 14 de junio pasados en los que miembros de la comunidad yukpa de la cuenca del Río Negro fueron salvajemente agredidos por los cuerpos represivos del Estado venezolano. También condenamos con la mayor vehemencia el hecho de que estas agresiones físicas, verbales y psicológicas contra niños, mujeres y adultos yukpas sucede después de una cadena de violaciones por parte del Ejecutivo, especialmente del Ministerio para los Pueblos Indígenas (MPPPI), quien le niega sistemáticamente al pueblo yukpa su derecho al libre tránsito, garantizado en el artículo 50 de nuestra Constitución. Efectivamente, desde hace varios meses, diferentes comunidades yukpas intentan llegar hasta Maracaibo, Valencia o Caracas para vender su artesanía, ya que las pésimas condiciones de la vialidad en la Sierra de Perijá (donde viven) les impide transportar su producción agrícola para venderla. Pero, de manera sistemática, las autoridades, mediante la Guardia Nacional y otros cuerpos represivos, impiden el paso de sus vehículos, para evitar que los yukpas lleguen a Caracas a protestar y a denunciar la situación de discriminación, de pobreza y de abandono total que viven dentro de la Sierra de Perijá. Ante esta violación flagrante de sus derechos y al verse impedidos, una vez más, de avanzar hasta los centros urbanos a vender su artesanía para poder buscar su sustento diario, los yukpas protestaron, pero fueron salvajemente agredidos y reprimidos, dejando varios heridos y dirigentes yukpas judicializados, hecho que repudiamos categóricamente.

La situación de los yukpas, lamentablemente, es la situación generalizada de casi todas nuestras comunidades indígenas, a quienes se les niega de manera permanente sus derechos constitucionales más elementales. Basta presenciar lo que sucede con las comunidades warao en el Delta Amacuro, víctimas de total abandono, enfermedades endémicas, malnutrición y pobreza extrema; o con nuestros herman@s pemones, reprimidos y judicializados cuando se organizan para protestar; o con las comunidades indígenas desplazadas dentro del inmenso territorio correspondiente al megaproyecto de explotación a gran escala del Arco Minero del Orinoco; o con la desaparición progresiva del pueblo Pumé; o con la negación permanente del derecho a la auto demarcación de los territorios indígenas consagrado en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), por nombrar solo unos cuantos casos.

Además, condenamos firmemente la persecución y el hostigamiento constante de los que son objeto nuestros herman@s de clase de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que vienen protagonizando luchas históricas desde inicios del año 2023. Repudiamos, muy particularmente, el arresto totalmente ilegal de los dirigentes sindicales de SIDOR (Siderúrgica del Orinoco) Leonardo Azócar y Daniel Romero, cuyo paradero se desconoce desde que fueron secuestrados por cuerpos represivos (presuntamente el SEBIN) el pasado 11 de junio. Al igual que todos los trabajadores venezolanos, los de la CVG vienen movilizándose desde hace meses para expresar sus legítimos reclamos en cuanto a aumentos salariales, contrataciones colectivas y todos los derechos que el Estado venezolano les niega, a pesar de estar en la obligación de garantizarles. Especialmente desde el 7 de junio, los obreros de SIDOR están realizando una paralización de la empresa, como forma de presión, lo que ha ocasionado que las autoridades los amedrenten con el envío de diferentes cuerpos represivos, arresten a estos dos dirigentes sindicales y amenacen a varios otros en la noche del 13 de junio. Esta política anti obrera la viene sufriendo todo el pueblo trabajador venezolano, quien, a diario, debe lidiar con la pulverización de su salario, las pensiones de hambre, la desaparición de las contrataciones colectivas, las humillantes dádivas del gobierno mediante las bolsas CLAP o los llamados “bonos de la patria”, la destrucción de los servicios básicos y la casi desaparición de la salud y de la educación pública.

Esta escalada represiva forma parte de una política sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro contra cualquier expresión de protesta o de inconformidad y evidencia, una vez más, su esencia profundamente antidemocrática, antipopular, explotadora y neo-liberal. Recordemos que Venezuela cuenta ya con casi tres cientos presos políticos, entre ellos una gran parte de dirigentes sindicales y de luchadores sociales. Recordemos también que el gobierno-PSUV tiene años concentrando todos los poderes y negándole al pueblo venezolano el derecho al ejercicio democrático, mediante la inhabilitación o la ilegalización de candidatos y partidos políticos, tal como lo sigue aplicando actualmente en vista de las próximas elecciones presidenciales, al intentar intervenir el Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo, o al volver inoperante el CNE (Consejo Nacional Electoral) como intento para sabotear las elecciones primarias convocadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Por todo los expuesto anteriormente, desde las comunidades del área metropolitana, condenamos enérgicamente las acciones represivas que viene ejecutando el gobierno venezolano en contra de nuestros pueblos indígenas, de nuestr@s trabajador@s y de nuestro pueblo en general a quien hacemos un llamado solidario y fraterno para que siga resistiendo a estas políticas profundamente represivas y a que siga movilizado hasta derrotarlas.

¡SOLIDARIDAD CON NUESTROS HERMAN@S YUKPAS Y SIDORISTAS!

¡ELLOS NOS MARCAN EL CAMINO! ¡NO NOS VAMOS A CALLAR!

Comisión Promotora de Comunidades del Área Metropolitana

20 de junio de 2023