El gobierno de Boluarte justificó la decisión “para garantizar el libre tránsito”.  La policía anunció que abrirán fichas con datos de quienes viajen a la capital.

Frente a la convocatoria a un paro nacional para este miércoles 19 y las movilizaciones desde el interior del país a Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el gobierno decretó el estado de emergencia por treinta días en la red vial nacional. Con esta medida las fuerzas armadas se unen a la policía en el control de las carreteras para registrar y revisar a las personas que viajen a Lima. En una abierta amenaza, la policía anunció que se abrirán fichas con los datos de quienes en estos días viajen por tierra a la capital. El anuncio del estado de emergencia lo hizo el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, que justificó la decisión “para garantizar el libre tránsito”. Sin embargo, esta medida en realidad apunta a obstaculizar el desplazamiento de quienes decidan ir a Lima a sumarse a las movilizaciones. Eso fue lo que ocurrió durante las protestas de los meses anteriores, cuando en los controles en las carreteras al amparo del estado de emergencia se obstaculizó el libre tránsito, hubo maltratos y detenciones arbitrarias.

El eje vial sur

Las autoridades han anunciado que el control policial y militar en las carreteras se concentrará principalmente en el eje vial sur, que pasa por las provincias andinas que han sido escenario de las mayores protestas contra el gobierno y desde donde se anuncia que delegaciones de manifestantes estarán viajando a Lima estos días. Las organizaciones sociales y sindicatos que convocan la protesta antigubernamental anuncian que luego del paro del día 19 las movilizaciones se mantendrán en los siguientes días, al menos hasta fin de mes. Esta protesta se convoca bajo la consigna “La tercera toma de Lima”, en referencia a una tercera oleada de las protestas que estallaron en diciembre cuando Boluarte asumió la presidencia en reemplazo del destituido y encarcelado exmandatario Pedro Castillo. La respuesta del gobierno ha sido los estados de emergencia y la represión. Las protestas han dejado 67 fallecidos, de los cuales 49 han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad.

Este viernes, Otárola, el ministro con más poder del gobierno y figura clave en la dureza represiva, señaló que la respuesta del gobierno a las protestas será aplicando “el uso legítimo de la fuerza”. Hizo el anuncio luego de una reunión del Consejo de Estado, que reúne a la presidenta, al jefe del gabinete ministerial, al titular del Congreso y a las cabezas del Poder Judicial, la Fiscalía y otras instituciones. Un anuncio que no tranquiliza, porque el jefe del gabinete de ministros ya ha dejado claro que para el gobierno la reciente brutal represión, que ha dejado decenas de muertos, está dentro de lo que considera “un uso legítimo de las fuerza”. Diversos organismos nacionales e internacionales le han respondido al gobierno calificando sus acciones contra las protestas como un “uso excesivo e ilegítimo” de la fuerza y “graves violaciones a los derechos humanos”. Advierten del peligro que eso se repita en esta nueva oleada de protestas.

“Terruqueo”

Desde el Ejecutivo se dice que se respeta el derecho a la protesta, pero la realidad lo desmiente. Se obstaculiza el movimiento de quienes viajan desde las provincias a la capital, se detiene a quienes hacen pintas apoyando el paro y el discurso oficial justifica la represión, defiende a militares y policías acusados de disparar contra la población, criminaliza las protestas y estigmatiza a los manifestantes acusándolos de violentos y terroristas. En los últimos días, desde el gobierno, sus aliados del Congreso que controla la derecha y los grandes medios, se ha agudizado una campaña de “terruqueo” (término utilizado en Perú para definir falsas acusaciones de terrorismo) contra quienes convocan el paro y las protestas, y quienes salgan a las calles para manifestarse contra el gobierno. El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que unos ocho mil policías serán movilizados en Lima. La Universidad Nacional de San Marcos, la más antigua y grande del país, ha suspendido todas sus actividades para el día del paro.

Recientemente, el Ejecutivo ha transferido 12 millones de soles (unos 3,3 millones de dólares) a las fuerzas armadas para ser destinados a los servicios de inteligencia. Insólitamente, se señala que esos recursos son para que estos servicios apoyen la reactivación económica. Se les encarga que “impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas”. Al hablar de riesgo de pérdidas económicas el gobierno se refiere a las protestas antigubernamentales. Este viernes, el semanario “Hildebrandt en sus Trece” publica que dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa declararon bajo la reserva de su nombre que ese dinero será utilizado para “vigilar” y “monitorear” a las personas que participen en las movilizaciones antigubernamentales. De otro lado, empresas privadas han hecho donaciones a la policía, a la que han respaldado ante las denuncias de cometer abusos y matar decenas de manifestantes en las protestas anteriores. Y grupos violentos de ultraderecha amenazan por internet atacar a los manifestantes que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales.