Organizaciones sociales y sindicatos convocan para el miércoles a la llamada “Toma de Lima”, una movilización en la capital peruana para reclamar la salida de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso, un adelanto de las elecciones, justicia y reparación para quienes murieron en la represión de anteriores protestas, y un referéndum para que los peruanos decidan si quieren instalar una asamblea constituyente.

Para participar en la movilización, organizaciones sociales y sindicatos comenzaron a marchar en los últimos días desde distintos puntos del país hacia la capital, particularmente desde regiones del sur. También están convocadas para este miércoles protestas en otros departamentos peruanos, como Piura, Arequipa, Cusco y Ayacucho.

Para Boluarte, la convocatoria es “una amenaza a la democracia” que su gobierno no va a permitir. En una declaración pública que hizo acompañada de su gabinete completo, la presidenta peruana dijo que esta convocatoria responde a “una demanda política no entendida para la mayoría de peruanas y peruanos”. La mandataria manifestó que no comprende “por qué nuevamente” los manifestantes “atizan sus banderas de guerra”, y les dijo: “A quienes estén liderando estas manifestaciones, vengan y conversemos”. Boluarte insistió en que su gobierno no permitirá ninguna “amenaza a la democracia ni al Estado de derecho”.

Las protestas en Perú comenzaron en diciembre de 2022, cuando asumió la presidencia Boluarte luego de que fuera destituido el anterior gobernante, Pedro Castillo, que intentó dar un golpe de Estado. Desde entonces hasta febrero, murieron 49 personas y cientos resultaron heridas como consecuencia de la represión de las movilizaciones.

La organización Amnistía Internacional pidió este martes a Boluarte que ordene a las fuerzas de seguridad que respeten el derecho a la protesta durante las manifestaciones previstas para el miércoles. “Amnistía Internacional pide a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros y ministras que manden un mensaje claro a las fuerzas de seguridad en todo el país de que su deber es facilitar y proteger el derecho a la protesta, y que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza contra las personas manifestantes”, dijo en un comunicado la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara.

Agregó que “durante los últimos meses la Policía y el Ejército han hecho uso ilegítimo de la fuerza en reiteradas ocasiones, lo que les ha costado la vida a decenas de personas”, y que “estas espantosas escenas de represión del Estado no deben repetirse. Las autoridades deben garantizar que en ningún caso se empleen balas ni perdigones de plomo para responder a las protestas”.

Guevara añadió que “los agentes encargados de hacer cumplir la ley sólo deben recurrir” al uso de gas lacrimógeno “en casos totalmente excepcionales, cuando sea estrictamente necesario, para un objetivo legítimo, de manera legal y proporcionada”. Amnistía Internacional cuestionó que en anteriores protestas “las autoridades han respondido con fuerza letal y con un uso excesivo de fuerza menos letal, con el objetivo de silenciar y castigar a las personas que se manifiestan, en particular a las de comunidades indígenas y campesinas”.

La Policía estimó el martes que unas 4.000 personas participarán en las manifestaciones en Lima, aunque el número seguramente sea bastante superior. Ante esta perspectiva, se dispuso el incremento del número de sus funcionarios en las calles. De acuerdo con el director nacional de Orden y Seguridad de la Policía, Víctor Zanabria, el miércoles se desplegarán 24.000 policías, 8.000 de ellos en Lima. Según informó la agencia Efe, Zanabria dijo que los policías respetarán el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. “Acompañaremos su desplazamiento [de las protestas], de acuerdo a las coordinaciones que hagamos con los líderes, porque hasta ahora no hay un requerimiento formal de un espacio donde ubicarse o desplazarse”, dijo.

Por su parte, Jorge Pizarro, representante de la Asamblea Nacional de los Pueblos y uno de los impulsores de la marcha, dijo que las protestas serán “equivalentes o mayores” a las que se desplegaron en los primeros meses de este año. Afirmó que a las demandas que se mantienen desde entonces se agrega el reclamo de liberar a todos los “presos políticos” detenidos desde diciembre por participar en las protestas, e incluyó entre ellos al expresidente Pedro Castillo.

Antes de la “Toma de Lima” se registraron el fin de semana otras movilizaciones en Perú. Una estuvo a cargo de grupos políticos conservadores e iglesias evangélicas que marcharon en el centro de lima “por la paz”, oponiéndose a las protestas convocadas contra el gobierno. Otra movilización fue una vigilia organizada por jóvenes, estudiantes y grupos culturales bajo la consigna “No más muertos por protestar”.

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