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Entre octubre de 2021 y julio de 2023 se registraron 31 agresiones colectivas e individuales contra comunidades y defensores del territorio, en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico. En su mayoría, indicaron en un comunicado, la violencia fue contra personas pertenecientes a comunidades indígenas.
La polarización de la región es una de las constantes. Hay comunidades que manifestaron su total rechazo a los polos de desarrollo incluidos en el megaproyecto. Hay otras que lamentan no tener información y padecen la violencia generada por la especulación inmobiliaria sobre sus tierras.
Otros testimonios aclaran que sí quieren el proyecto, pero no les está tocando lo justo
, y les están pagando a 27 pesos el metro cuadrado de tierra, poco más que un kilo de tortillas.
Entre una y otra postura, lo que es un hecho es que se han registrado desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de defensores en Mogoñé Viejo, Estación Sarabia, y Palomares; y amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte y San Juan Guichicovi. Mientras, en Santa María Mixtequilla, la Guardia Nacional ha intimidado con su presencia la Asamblea Comunitaria, y en Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, se denunciaron agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras.
Se suma la comunidad de Puente Madera, que se opone al polo de desarrollo
de San Blas Atempa, motivo por el que ha sido víctima de detenciones arbitrarias y fabricación de delitos en contra de 17 defensores, entre otras intimidaciones.
¿Se podrán revertir los daños?, se les pregunta. Los muertos no regresan
, responde Juana Ramírez, habitante ayuuc de San Juan de Guichicovi.