La actividad minera está destruyendo la naturaleza y los pueblos indígenas de la amazonía venezolana. Comunidades organizan la Guardia Territorial
Observatorio de Ecología Política de Venezuela :: 07.08.23
Es precisamente por el incumplimiento por parte del Estado en garantizar sus derechos, que se ha hecho cada vez más extendida entre los pueblos indígenas la figura de las guardias territoriales, intentando ellos mismos a través de mecanismos de seguridad y vigilancia local en principio no armada, la protección de sus comunidades ante los ataques de agentes externos.
La actividad minera está destruyendo la naturaleza y los pueblos indígenas de la amazonía venezolana
A continuación presentamos el segundo capítulo del informe Situación Socioambiental en Venezuela 2022.
Descargue aquí el informe Situación socioambiental de Venezuela 2022
El Estado venezolano ha venido promoviendo la actividad minera en el país, facilitando cada día más las condiciones para expandir a toda costa la explotación de minerales en el territorio, especialmente en el sur de Venezuela.
En Venezuela, la minería legal e ilegal confluyen, y se retroalimentan, siendo difícil establecer límites precisos entre una y otra. De hecho, según Science Panel for the Amazon[1], la minería ilegal representa el 90% de la explotación de oro en Venezuela.
La minería ilegal[2] están generando nefastas consecuencias socioambientales en distintas partes del territorio nacional. A pesar de esta situación, el Estado venezolano sigue insistiendo en impulsar la actividad minera como un medio para obtener recursos. Es importante destacar que el Ministro de Ecosocialismo indicó en una entrevista[3] que el Arco Minero del Orinoco “es una política soberana del Estado venezolano” y en ese sentido ese ministerio da los permisos para “la explotación soberana aurífera”. Un discurso que revela la justificación de la minería incluso en un representante de un ministerio cuya misión es la preservación del ambiente[4].
Por otra parte, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez señaló en una reunión con COINDUSTRIA realizada en diciembre, que para seguir “promoviendo el crecimiento económico” el gobierno nacional impulsará los sectores petrolero, minero y de turismo[5]. Se trata precisamente de sectores, como se muestra en este informe, cuyas dinámicas están ocasionando graves problemáticas socioambientales en el país, sin regulación alguna ni procesos de protección y remediación ambiental.
No obstante, los ingresos por concepto de la explotación minera se han convertido en una gran caja negra difícil de auditar y susceptible de desviarse hacia economías ilícitas como el narcotráfico y el tráfico ilegal de oro. En este sentido, los ingresos de la explotación aurífera no se expresan precisamente en la mejora de las condiciones de vida de la población venezolana, que paradójicamente ha visto disminuir cada vez más sus salarios y asiste a una precarización en todos los ámbitos de desempeño laboral en la medida que avanza el extractivismo en el país[6].
Otra circunstancia interesante a destacar aquí es que, a pesar de la intensificación de la minería aurífera, las reservas de oro en Venezuela han disminuido significativamente. En diciembre de 2022, las reservas de oro se ubicaron en 68,5 toneladas. Según el portal Economía Hoy esta cifra representa 10% menos que en el 2021[7].
Se estima que solamente en El Callao, estado Bolívar, se producen 3.000 kilos de oro mensuales[8] Sin embargo, este oro no está llegando a las arcas del Banco Central de Venezuela.
2.1. Minería y pueblos indígenas del sur de Venezuela
La promulgación del decreto que oficializa el proyecto Arco Minero del Orinoco en el 2016, produjo un punto de inflexión que ha conducido a la creciente degradación de la Amazonía venezolana y el deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. En este capítulo queremos hacer énfasis en las implicaciones de la minería ilegal en lo que refiere al deterioro de las condiciones de vida y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas del sur del país.
La situación de los pueblos indígenas que habitan esa zona es crítica, porque la explotación intensiva de minerales en los estados Amazonas y Bolívar ha generado problemas complejos que afectan sus dinámicas socioculturales y ponen en peligro la integridad física de sus comunidades.
2.2.Grupos armados y minería ilegal en Venezuela
El auge de la minería ilegal en Venezuela ha impulsado cada vez más la irrupción de agentes externos en territorios indígenas. Según la organización Venezuela 360[9], el 60% del territorio “más prístino del país” está controlado por grupos armados irregulares.
Grupos armados extranjeros como las FARC y el ELN, bandas criminales autodenominadas “sindicatos”, grupos mineros provenientes (conocidos como ‘garimpeiros’, y que también pueden estar armados) e incluso militares, forman parte de un entramado de actores que se disputan el control del negocio del oro. Todos ellos ejercen la violencia (física, psicológica y sexual) sobre pobladores, mineros, mujeres, niñas y pueblos indígenas, especialmente sobre estos últimos como lo ha señalado la organización Kapé- Kapé[10]. El avance de la minería en más territorios aumenta las disputas por el control de los mismos. Asimismo, el informe «Esclavitud moderna en pueblos y comunidades indígenas del estado Bolívar» realizado por la UCAB (2022)[11], señala casos de esclavitud laboral que afectan a indígenas en el contexto minero.
Por otro lado, en septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, documentó en un informe de 156 páginas casos de vulneración de derechos humanos en el contexto del Arco Minero del Orinoco, específicamente en el estado Bolívar[12]. En esta investigación se confirma la presencia de grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes operan en el territorio nacional con presunta complicidad de las autoridades nacionales. “Según las investigaciones de la Misión, parece existir una forma habitual de colaboración entre la FANB y los grupos ilegales consistente en el intercambio de oro a cambio de armamento”. Es así como el ELN, junto a la FANB[13], “sindicatos, mineros ilegales nacionales o extranjeros (garimpeiros) y bandas criminales, invaden los territorios y se disputan entre ellos el control del oro, y en medio de esta pugna, los pueblos indígenas son víctimas de amenazas, acosos, maltratos, violaciones, desapariciones, mutilaciones y asesinatos”. Aunque esta situación ha sido denunciada y ha habido pronunciamientos por parte de organizaciones indígenas, la ocupación de sus territorios por esos agentes externos se sigue extendiendo cada vez más.
La complicidad de funcionarios del Estado venezolano con grupos como las FARC y el ELN ha sido denunciada en la Misión de la ONU y por investigaciones como la de Insight Crime[14] develando una situación de impunidad y de indefensión de los pueblos indígenas.
La minería ilegal se ha ido constituyendo en una red criminal cada vez más estructurada y con mayor capacidad de operación, que cuenta con 42 pistas de aterrizajes clandestinas y al menos 3.718 puntos de minería ilegal, según lo señaló una investigación de Armando Info[15].
2.2.1. Garimpeiros
Además de los “sindicatos” y los grupos armados irregulares, los mineros ilegales de Brasil mejor conocido como garimpeiros, irrumpen en los territorios ancestrales de pueblos indígenas en Venezuela. Según una investigación de SOS Orinoco[16], la zona más afectada por la invasión de garimpeiros es la Reserva de la Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare en el estado Amazonas, en la que se encuentran más de 50 puntos de minería ilegal en esta zona.
La invasión de tierras indígenas por parte de los garimpeiros supone un riesgo para la vida de diferentes pueblos indígenas entre ellos los Ye’kwana, Sanema y especialmente los Yanomami. En los expedientes georreferenciados del OEP[17], en el caso de comunidades yanomami afectadas por minería ilegal de oro en Cerro Aracamuni y río Siapa, se indica con detalle los impactos económicos, socioculturales y de salud que traen los mineros ilegales brasileños en territorios indígenas.
En agosto de 2022, un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional y un grupo de garimpeiros dejó un saldo de 5 mineros brasileños muertos[18]. Hecho que confirma la presencia de los garimpeiros y el auge de la minería ilegal en el estado Amazonas
2.3. Guardias territoriales
Es precisamente por el incumplimiento por parte del Estado en garantizar sus derechos, que se ha hecho cada vez más extendida entre los pueblos indígenas la figura de las guardias territoriales, intentando ellos mismos a través de mecanismos de seguridad y vigilancia local en principio no armada, la protección de sus comunidades ante los ataques de agentes externos.
Una de los primeros en establecer estas guardias fue la comunidad pemón Muarak en la Gran Sabana, la cual quien instauró la Guardia Territorial Pemón en el 2000 como medida de seguridad interna. Sin embargo, a partir del 2016, según indica el informe de la misión de la Naciones Unidas, esta derivó en una defensa explícita ante las acciones emprendidas por actores vinculados con la explotación aurífera.
A medida que la minería ilegal se ha ido extendiendo a otras entidades más allá del estado Bolívar, otros pueblos indígenas del sur también han ido constituyendo Guardias Territoriales. Un caso emblemático es el del pueblo uwottüja (Piaroa) en el estado Amazonas, cuyos voceros indicaron lo siguiente en 2020 en un pronunciamiento[19]:
“Cansados que los gobiernos no atiendan nuestros problemas o necesidades; cansados de observar en medio de la crisis de nuestro país, que todos los días suban en nuestros ríos Sipapo y Autana, grandes cargas de los tambores de combustibles y alimentos, de que nuestras familias no puedan movilizarse, ni sacar sus productos, dependiendo de unos grupos o personas ajenas a nuestro territorio. Hemos decidido defendernos por nuestro propio medio, de esta invasión silenciosa, haciendo uso de nuestro derecho constitucional a la defensa de la soberanía de nuestra Nación, como ciudadanos indígena venezolanos, hemos decidido defender nuestro territorio Uwottüja, denominado “Teärime Siri´koi, Aerime, Suititi…”
La defensa de sus territorios ancestrales supone un peligro para la vida de los guardias territoriales. Un ejemplo de ello lo constituye el asesinato el 30 de junio de 2022 del jefe de las guardias territoriales uwottuja[20]. Virgilio Trujillo. Este crimen confirma el peligro constante que acecha a los pueblos indígenas. En el caso de Virgilio, la defensa del territorio terminó por costarle la vida. Este no es un hecho aislado y está vinculado directamente con el extractivismo y las mafias que se han constituido en torno al negocio del oro y otros minerales. Esta situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el OEP y otras organizaciones, incluso por los mismos pueblos indígenas, sin que las autoridades competentes actúen para evitar estos hechos criminales. Es importante destacar que el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) ha indicado que desde el 2013 al 2021 han asesinado al menos 32 líderes indígenas y ambientales en Venezuela[21].
2.4. Enfrentamientos y asesinatos en el 2022
En el 2022 se han registrado varios eventos y asesinatos de indígenas en los estados Amazonas y Bolívar. En la mayoría de los casos, estos crímenes están vinculados con actores que están vinculados con la minería en Venezuela.
En enero de 2002, tres indígenas resultaron heridos, entre ellos un guardia territorial, tras un enfrentamiento con miembros de un “sindicato”. El hecho se suscitó cuando miembros de las comunidades indígenas Sororopan, Inaway, San Miguel, Araima Tepui y Hoboshirima, ubicadas en el estado Bolívar, ocuparon un galpón que se ubica en territorio indígena con el fin de vender allí sus cosechas y productos. No obstante, la banda criminal que controla una mina adyacente al galpón, no permitió la ocupación y procedió a desalojar de manera violenta a los indígenas[22].
Posterior a este incidente, las comunidades indígenas cerraron la vía como protesta ante la invasión de sus tierras y las constantes agresiones que reciben de los sindicatos.
En el mes de marzo, cuatro indígenas de la etnia Yanomami fueron asesinados en el estado Amazonas por efectivos militares de la Aviación, al parecer por una “disputa” suscitada en torno al acceso a internet. Borges Sifontes, joven indígena que resultó herido en el evento, fue trasladado a Caracas supuestamente para su atención médica. Sin embargo, meses después no se le permitía ninguna visita a este adolescente, testigo importante del hecho, ni siquiera de familiares ni abogados. El jurista Olnar Ortiz denunció en julio que la madre de Borges Sifontes estaba recibiendo amenazas y que además no había hasta le fecha ningún imputado por el asesinato de los cuatros indígenas[23].
En abril reportaron tres indígenas heridos por arma de fuego en el punto de control indígena Súpiro situado en Atabapo, estado Amazonas. El hecho ocurrió cuando los indígenas intentaron impedir que una embarcación de origen colombiano se acercara a las minas que hay en el Parque Nacional Yapacana.
En mayo el líder indígena piaroa Pablo Medina es secuestrado por bandas armadas para ser liberado posteriormente. El secuestro tuvo lugar en la comunidad Pendare del municipio Autana en el estado Amazonas.
En junio, se reporta el asesinato de Virgilio Trujillo, guardia territorial del pueblo Uwottüja.
En julio, veinte días después del asesinato de Virgilio Trujillo, tres indígenas jivi fueron asesinados en la parroquia Guarataro, del municipio Sucre, en el estado Bolívar. Se presume que los responsables del crimen son bandas armadas vinculadas con la minería.
En septiembre la organización Kape-Kape reporta la muerte de dos indígenas en el estado Amazonas. Uno fue el profesor Pablo Guzamana, del pueblo Baniva, quien apareció muerto en el puerto de embarcaciones fluviales de San Fernando de Atabapo. El otro fue el joven indígena Euclides Padrón, cuyo cuerpo apareció amordazado.
En noviembre, la organización Kapé-Kapé[24] denunció que un hombre armado disparó a la comunidad indígena La Rueda en el estado Amazonas. Aunque el incidente no dejó personas heridas, el hecho muestra la creciente vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante personas y grupos que incursionan en sus territorios ancestrales.
A finales de diciembre de 2002 el indígena Wilberto Camico desapareció[25] en el estado Amazonas y hasta enero de 2023 aún no se sabía de su paradero.
Desde marzo hasta diciembre de 2022 se han reportado 10 indígenas asesinados y 1 desaparecido en el sur del país, pertenecientes a las etnias Yanomami, Jivi y Piaroa. La mayoría de estos crímenes se cometieron en el estado Amazonas.
2.5. Datos de Violencia
El aumento de la criminalidad y la violencia en los estados Amazonas y Bolívar se ha ido incrementando significativamente. En el caso del estado Amazonas, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró en el primer semestre de 2022 un aumento del 200%[26] en hechos de violencia, de 57 a 157 en el mismo período. Los asesinatos también se incrementaron; mientras en el 2021 se reportaron cuatro asesinatos, en el primer semestre del 2022 ya se habían registrado 18. Varios de estos crímenes, como se había explicado anteriormente, involucran a indígenas entre las víctimas.
Según el informe 2021 del OVV, Amazonas se encontraba entre los estados con mayor tasas de personas desaparecidas[27].
En el caso del estado Bolívar, el OVV señala que tres de los cinco municipios más violentos del país se encuentran en la zona minera de Bolívar, El Callao, Sifontes, y Roscio, con tasas de muertes violentas de 511, 189, y 125 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. El informe del OVV advierte que la distribución de los municipios más violentos en el mapa también dibuja las rutas de tránsito y puntos claves para la minería ilegal y la droga. En Bolívar, también se reportan personas desaparecidas, el 50% son mineros artesanales[28]. Las cifras de desapariciones y homicidios hacen de esta entidad una de las más violentas del territorio nacional[29].
En el informe anual de Violencia 2022 del OVV[30], destaca que el auge de la minería ha sido una de las principales causas del resurgimiento de delitos y violencia que se habían ido reduciendo en el país significativamente en los últimos años.
Es importante acotar que, en noviembre y diciembre de 2022, tras operativos militares en zonas mineras del Estado Bolívar hallaron varias fosas comunes, lo que evidencia y confirma las denuncias que se han hecho desde hace años acerca del contexto de criminalidad y violencia que rodea la actividad minera en el país.
Según el Índice Global de Crimen Organizado[31], Venezuela tiene un índice de 6,64 en puntuación de criminalidad, superando el promedio mundial de 4,88[32]. El país posee una serie de indicadores como la presencia de actores y actividades criminales que tienen una influencia considerable en la sociedad. En tal sentido, si revisamos la situación de la minería en Venezuela y su relación con la vulneración de derechos humanos y criminalidad, podemos observar que en ella hay elementos como la presencia de redes criminales, actores vinculados al Estado, actores extranjeros y estructuras mafiosas. Asimismo, hay actividades criminales como la trata de personas, delitos contra la flora y la fauna, y delitos contra recursos no renovables. Todos estos son indicadores que componen el Índice Global de Crimen Organizado y que se identifican plenamente en la actividad minera llevada a cabo en la Amazonia venezolana.
Los impactos de la explotación de minerales en Venezuela conforman un problema complejo que tiene muchas aristas y que está incidiendo grandemente en la expansión de una estructura criminal en el territorio venezolano.
En esta sección, aunque se ha hecho énfasis en el impacto ejercido por la minería en pueblos indígenas, es importante señalar que estas estas dinámicas afectan a la población en general, expresándose en desapariciones, asesinatos, redes de trata, entre otros, además de serios impactos ambientales en los territorios.
2.6. Desplazamientos forzados
Las amenazas constantes y la invasión de sus tierras generan un fenómeno de migración forzada en los pueblos indígenas. En febrero de 2022, la organización Kapé-Kapé[33] denunciaba el desplazamiento de 10 familias de la comunidad sanema Majawaña, en la parroquia Aripao del estado Bolívar, por temor a la invasión de mineros ilegales en su territorio. El reportaje citaba el testimonio del capitán de la comunidad Majawaña quien indicaba lo siguiente: “Tienen un camino que llega directamente a nuestra comunidad, utilizan como guía a nuestros hermanos yanomami, bajo amenaza, pensamos que sean el mismo grupo que están operando en el parque Yapacana, ahora nos atacan a nosotros para trabajar y explorar la minería en nuestro hábitat y tierra”.
En un reportaje titulado “Indígenas venezolanos huyen hacia Colombia por la crisis y la violencia”[34] indican que desde el 2019 el fenómeno de desplazamiento forzado se ha venido incrementando. Según el coordinador de la organización no gubernamental Fundaredes en el estado Amazonas, al menos 13.000 indígenas migraron.
Es importante acotar que los grupos armados irregulares han venido constituyéndose como una de las principales amenazas a poblaciones locales e indígenas en el país. En enero de 2022, en el estado Apure, los enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros, motivaron el desplazamiento forzado de indígenas Amorúa, Cuiva y Jivi a Colombia[35]. A principio de año también se suscitó un enfrentamiento entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un “sindicato” en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Este hecho que mantuvo en zozobra por varias semanas a la población local, ocasionó desplazamientos hacia Delta Amacuro[36]
La incursión cada vez más fuerte de grupos armados irregulares es un asunto que va más allá de las zonas mineras, pero se conecta estrechamente con las dinámicas de explotación de minerales[37] que afectan tanto a zonas fronterizas como otras entidades del país.
2.7. Minería No metálica
La explotación de minería no metálica también está en expansión en el país. Algunas autoridades estatales han promovido en este 2022 la regularización de la minería como una forma de obtener recursos. Este es el caso de la gobernación del estado Anzoátegui, que anunció en enero de 2022, un Plan de Organización y Regularización de la Minería[38]con el objetivo de incrementar las regalías obtenidas por concepto de la explotación minera en la mencionada entidad.
Por otra parte, en el estado Bolívar también se avanzaba en una propuesta para reformar la ley estadal de minería no metálica[39] con miras a facilitar los procesos de asignación de concesiones de minerales no metálicos como el caolín, el granito, la arena de río y la arena lavada.
Mientras las autoridades se inclinan a intensificar la minería, los territorios sufren las consecuencias de la explotación de minerales no metálicos. En febrero de 2022, el proyecto EPA[40], adscrito a la organización Fundaredes, denunció que en el municipio Lobatera del estado Táchira, la explotación de minas de carbón está dañando el ecosistema.
En diciembre de 2022, habitantes de Sarare denunciaron explotación de minería no metálica en el municipio Simón Planas en la parroquia Sarare[41]del estado Lara. Las comunidades de la localidad indicaron que la extracción de piedra caliza en la Serranía del Altar, está ocasionando severos daños ambientales. En este caso la actividad minera estaba siendo impulsada por la gobernación del estado Lara en alianza con las empresas privadas Minas El Altar y Canteras Aruco.
Otro caso de resistencia contra la minería no metálica es el de comunidades Yukpa contra las minas de carbón en la Sierra de Perijá[42]. Las minas de carbón suponen una amenaza a las comunidades indígenas, las que desde hace años se han visto afectadas por deforestación y contaminación con sulfato en el Río Guasare.
[1] Science Panel for the Amazon. (26 de abril de 2022). La extracción ilegal de oro representa el 28% del oro extraído en Perú, el 30 % en Bolivia, el 77 % en Ecuador, el 80 % en Colombia y entre el 80% y el 90% en Venezuela. Se estima que el valor de las exportaciones ilegales de oro es comparable al de las exportaciones de cocaína. [Tweet] [Imagen adjunta]. Twitter. https://twitter.com/theamazonwewant/status/1518918295717662726
[9] VE360. (14 de septiembre de 2022). Al unir los datos del Sur de Vzla nos encontramos con que el 60% del territorio más prístino del país está bajo amenaza de grupos armados que practican la minería ilegal, con las FFAA de testigo y una población vulnerable a la violencia y la malaria. Esta es la suma de realidades [Tweet] [Imagen adjunta]. Twitter. https://twitter.com/VE360_/status/1570025693676994560
[12] ACNUDH (2022). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar. https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
[19] Wataniba. (5 de marzo de 2020). El Pueblo Uwottüja de la cuenca del Sipapo, municipio Autana, estado Amazonas, se pronuncia sobre la protección de su Territorio frente a la presencia de grupos armados y actividades ilegales. https://watanibasocioambiental.org/pueblo-uwottuja/
[21] Rodríguez, R. (1 de julio de 2022). Odevida ante muerte de Virgilio Trujillo: en ocho años han asesinado a 32 líderes indígenas y ambientales. Efecto Cocuyo.
[22] Ramirez Cabello, M. (14 de enero de 2022). Grupo armado arremete contra comunidades indígenas tras intento de ocupación de galpón en Km 86. Correo del Caroní.
[37] En el informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana señala que el ELN se financia con la minería ilegal.
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