Imprimir
1° de agosto de 2023
La lucha de los pueblos indígenas por sus derechos territoriales ha incrementado los actos de violencia de parte de los colonos que los invaden. La Masacre de Alal y el ataque a los trabajadores de la mina Kiwakumbaih son los dos actos más emblemáticos. En vez de desarticular las bandas criminales que operan en la región, la Policía Nacional y la Justicia criminalizan a indígenas mayangna como responsables de los asesinatos, masacres y destrucción de bienes. Sin embargo, la denuncia en el ámbito internacional ha logrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara la liberación de los mayangnas detenidos injustamente a través de la violación de las garantías del debido proceso.
Durante siglos, los pueblos indígenas hemos sido objeto de etnocidios, despojos, esclavitud, explotación laboral, marginación, discriminación y exclusión. Para revertir esta realidad, nuestros líderes recorrieron instancias nacionales, regionales e internacionales para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Recién desde la década del ’60, gracias al resurgimiento del movimiento indígena, hemos sido incorporados en las legislaciones nacionales y tratados internacionales. También, se ha avanzado en el reconocimiento del derecho territorial, el derecho lingüístico y el derecho a la libre determinación.
En la costa Caribe de Nicaragua, hay presencia de tres pueblos indígenas: Sumu Mayangna, Miskitu y Rama. Durante la última década, las comunidades han reivindicado su derecho territorial mediante la obtención de títulos de propiedad colectiva que se encuentran distribuidos en 23 unidades territoriales (incluyendo dos territorios afrodescendientes), lo cual corresponde al 31,3 por ciento del territorio nacional. Los principales problemas que enfrentan estos territorios son la invasión, el saqueo, el agotamiento de los recursos naturales y la inseguridad alimentaria. En este caso, nos interesa desarrollar los crímenes y las masacres que sufren las comunidades a raíz de la invasión de colonos.
La Masacre de Alal
En Nicaragua, para el Estado y la sociedad mestiza-colonial del Pacífico, nuestro mayor delito es haber logrado el pleno reconocimiento de los derechos territoriales, lo cual derivó en un aumento de los conflictos letales perpetrados por colonos invasores. Los pueblos Miskitu Nani y Mayangna Balna han padecido masacres, asesinatos, violaciones y destrucción de bienes y medios de vida. Desde enero de 2020, el pueblo Mayangna Balna ha sido el más afectado: la comunidad de Alal fue totalmente incinerada y seis de sus miembros fueron asesinados de forma cruel.
Los comunarios señalaron como presuntos responsables a la banda criminal conocida como Chabelo, aunque también sonaba el nombre de Isabel Menneses Padilla. Así lo informó la Policía Nacional en un comunicado: “Investigadores policiales identificaron al sujeto Isabel Meneses Padilla, alias “Chabelo”, cabecilla del grupo delincuencial”. Si bien la Policía Nacional, junto con las autoridades de seguridad, hizo trabajos de investigación, nunca se registró una sentencia penal contra los responsables de la Masacre de Alal.
El 10 de febrero de 2020, la Policía Nacional presentó la captura de Lester Isaias Orozco Acosta, alias “el Choco”. Este integrante de la agrupación “Chabelo” fue señalado como parte de los autores materiales del crimen, quien señaló que la cabecilla de la banda era Isabel Menneses Padilla. Aún, no se sabe si esta persona ha recibido una condena.
El ataque a los trabajadores de la mina Kiwakumbaih
Mientras las organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas indígenas, familiares de víctimas y autoridades mayangna denunciaban la persistencia de la impunidad, se exacerbaba el número de asesinatos en territorios indígenas, especialmente, en las tierras de los pueblos Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni Bu y Mayangna Sauni Arungka. El 23 de agosto de 2021, se registraron, al menos, 10 asesinatos, violaciones sexuales y destrucción de los bienes de personas que trabajaban en la mina Kiwakumbaih, en el territorio Sauni As.
A pesar de que las familias de las víctimas señalaban como responsable de este hecho a la banda criminal “Chabelo”, la Policía Nacional adjudicó el crimen a cuatro hermanos mayangna (guardabosques y autoridades de la comunidad Suni Was) y a otros seis miembros indígenas. Según esta hipótesis, el móvil de la discordia habría sido la extracción de oro y otros metales preciosos.
Hasta el momento, el Estado de Nicaragua no ha respondido, aunque tiene la obligación de presentar un informe sobre la situación de los mayangna que guardan prisión injustamente.
Este hecho consternó a la comunidad internacional y defensores de derechos indígenas, quienes destacaron la falta de veracidad. El 27 de junio de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la liberación inmediata de los indígenas mayangna dado que se violaron las garantías del debido proceso: “Por malos tratos, regímenes de aislamiento arbitrarios, toma de represalias o hechos violentos, insalubridad en celdas, falta de atención médica adecuada y oportuna”.
En su intervención, la Corte IDH resolvió: “Otorgar medidas provisionales a los señores A.C.L., I.C.L., D.A.B.A. y D.R.Z., miembros del pueblo indígena Mayangna, quienes se encuentran privados de libertad en el centro penitenciario denominado “La Modelo” en Nicaragua, y requerir al Estado para que de forma inmediata proceda a su liberación y adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad personal, salud y libertad personal”. Hasta el momento, el Estado de Nicaragua no ha respondido, aunque tiene la obligación de presentar un informe sobre la situación de los mayangna que guardan prisión injustamente.
Captura de los cabecillas de la banda
La situación de los cuatro hermanos mayangna parecía no encontrar la luz al final del túnel. Mientras los familiares y miembros del pueblo Mayangna esperan que el gobierno acate las medidas de la Corte IDH y libere a las personas detenidas, sucedió una noticia muy importante: el viernes 21 de julio, la Policía Nacional captura a dos de las cabecillas de la banda criminal “Chabelo”. Las fuerzas de seguridad presentaron a Rafael Mendoza Scoto y a Darling Antoño Scoto (alias “Barril”) como los jefes del grupo delincuencial.
La Policía Nacional los señala como responsables de tres ataques armados a la población Mayangna de Sauni As y otros actos delictivos en distintas partes de la región: la Masacre de Alal, la quema de 15 casas y los asesinatos en la Mina Kiwakumbaih. El último hecho, habría ocurrido el 11 de marzo de 2023, cuando colonos armados asesinaron a cinco indígenas e incendiaron 13 casas y una iglesia en la comunidad de Wilú.
Al quedar en descubierto los verdaderos perpetradores del crimen, los mayangna deberían haber sido liberados inmediatamente en acatamiento de la medida provisional de la Corte IDH.
La captura deja en evidencia la injusta condena a cadena perpetua a los cuatro mayangna, quienes fueron señalados como autores materiales e intelectuales del crimen de Kiwakumbaih. En este caso, la Policía Nacional fabricó falsas pruebas para acusarlos y el sistema judicial las admitió como válidas (ya sea de modo erróneo o intencional). Al quedar en descubierto los verdaderos perpetradores del crimen, los mayangna deberían haber sido liberados inmediatamente en acatamiento de la medida provisional de la Corte IDH.
Por otro lado, en febrero de 2020, la Policía Nacional había señalado a Isabel Menneses Padilla como jefa del grupo Chabelo y, tres años y seis meses después, presentó como jefe a Rafeal Mendoza Escoto. Esto no hace más que generar dudas sobre la verdadera identidad del jefe de la banda. De todos modos, finalmente ha llegado la justicia para el pueblo Mayangna. Solo queda esperar la resolución después de un debido proceso judicial, en donde resulten culpables.
Los desafíos del Estado de Nicaragua
Todavía quedan muchos asesinatos por esclarecer. No se puede permitir que nos sigan asesinando. Hay que tomar todas las medidas necesarias para contener toda acción de violencia contra los derechos individuales y colectivos de la población indígena, que se encuentra vulnerable ante las bandas criminales fuertemente armadas. Hoy nuestras comunidades son inseguras, hay problemas de crisis alimentaria y es preocupante el nivel de destrucción de los medios de vida de la población que depende de los recursos naturales.
El Estado de Nicaragua debe escuchar las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y, principalmente, el llamado de nuestra gente. De continuar esta práctica sistemática de colonización, se producirá un genocidio cultural. Por otra parte, demandamos el saneamiento de los territorios titulados y la reubicación de los colonos armados y asentados ilegalmente. Han causado mucho daño al medio ambiente y a los medios de vida de las familias mayangna, miskitus y ramas.
Si bien el discurso presidencial sostiene la consolidación de los derechos de propiedad comunal, aún no hay voluntad política para culminar con la etapa de saneamiento de los territorios indígenas. A esta altura, es fundamental que el Estado de Nicaragua intensifique sus esfuerzos para capturar a las bandas delincuenciales que operan en los territorios indígenas, así como sancionar a los notarios públicos que continúan simulando legalizaciones de transacciones de tierras en los territorios indígenas y afrodescendientes.
Mayangna Wahaini Ramhni Tani (MAWARAT) es una organización indígena que significa “Hermandad Mayangna por nuestros Derechos”.