Imprimir
Una jueza de Managua giró un oficio acusatorio contra la universidad jesuita este 15 de agosto, consumando así la confiscación de facto de la UCA y todos sus bienes materiales y económicos, después de inmovilizar sus propiedades y congelar sus cuentas bancarias. En 2022, un diputado oficialista ya había señalado al recinto de ser “un centro de terrorismo”
Una jueza de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha girado este martes 15 de agosto un oficio acusando a los directivos de la Universidad Centroamericana (UCA) de “terrorismo”, al mismo tiempo que ordenó incautar todos los bienes materiales y económicos de la alma mater jesuita. De esa manera el régimen concluye la confiscación de facto del recinto, después de inmovilizar sus propiedades, congelar sus cuentas bancarias y revocar la acreditación de su Centro de Mediación.
Una fuente judicial y otra ligada a la universidad confirmaron por separado el giro acusatorio que fue notificado la tarde de este martes a las autoridades del centro superior de educación. A pesar del avasallamiento contra la UCA en la última semana, a través de varios correos electrónicos a su comunidad educativa, la universidad informó que estaban realizando “gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario”.
De hecho, este 15 de agosto emitieron una circular referida al pago de aranceles de la primera quincena del mes corriente, ya que, tras el congelamiento de sus cuentas bancarias, surgió la incertidumbre de cómo realizar los pagos de matrículas para el ciclo lectivo que inicia este 21 de agosto.
La Fiscalía de la recién reelecta Ana Julia Guido formuló la acusación, según la fuente judicial. Por ahora la querella contra los directivos de la UCA no aparece en el sistema del Poder Judicial. No obstante, ha sido una tónica que los casos políticos se ventilan hasta que el régimen los hace públicos.
La UCA no ha dicho nada sobre su confiscación hasta el momento. Otra fuente ligada a los jesuitas dijo que fue “tal el susto” causado por el giro judicial, que varios directivos de la alma mater salieron de inmediato de Nicaragua. “Hay preocupación por la salud del rector Rolando Alvarado, que padece del corazón”, narró la fuente. En febrero de 2022, el diputado oficialista Wilfredo Navarro ya había señalado a la UCA de “terrorista” y de no estar “al día” con el Ministerio de Gobernación (Migob). “La UCA que es un centro de terrorismo, aún actual, de desinformación y de promoción de violencia; no está al día con el Ministerio de Gobernación. No tiene sus requisitos, aunque se les ha dado cuatro veces prórroga”.
“Este es un golpe a la Compañía de Jesús, a la Iglesia Católica, al conocimiento y al libre pensamiento. ¿Vos pensás que han perdonado que haya un monumento a Alvarito Conrado en el Colegio Loyola? ¡Nada, no perdonan!”, dijo a DIVERGENTES otra fuente ligada a la UCA. “Los jesuitas en Nicaragua han pasado de la Teología de la Liberación a una teología que libera contra los Ortega-Murillo”.
UCA se une a otras 26 universidades confiscadas
Con esta orden judicial la UCA queda confiscada y pasará, como otras 26 universidades privadas, a manos del régimen Ortega-Murillo que ha desarticulado el pensamiento crítico en Nicaragua. Exestudiantes de la UCA, catedráticos y opositores insisten que la confiscación es una venganza de la pareja presidencial contra la universidad por su papel en las protestas sociales de 2018, cuando abrieron sus puertas a los manifestantes y mantuvieron una posición muy crítica frente a los crímenes de lesa humanidad ejecutados por policías y paramilitares.
Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada.
La comunidad universitaria de la UCA está integrada por más de 5, 000 estudiantes y 546 docentes, según datos actualizados hasta 2021 en el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Actualmente existen 13 universidades que están a la espera de la acreditación por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) entre ellas, la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD).
El control en las universidades es uno de los últimos blancos del Frente Sandinista. Las primeras medidas fueron expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos. Además, aumentó la vigilancia en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), el brazo sandinista en las universidades públicas.
Acoso en escala
Desde abril de 2018, la represión del régimen contra la UCA incrementó, como represalia después del papel que jugó la institución y sus estudiantes en la rebelión en Nicaragua. El régimen, primero intentó asfixiarla económicamente y luego la acosaba mediante auditorías del CNU. En marzo del año pasado, se ordenó quitarles el 6 % constitucional, cuando fue separada del CNU y se aprobó una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
El exrector, José Idiáquez, y el vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados el año pasado, al negarles la entrada al país después de que realizaron viajes al extranjero. A la cabeza de la institución quedó el padre Rolando Enrique Alvarado López, quien es el actual rector de la UCA.
El padre Idiáquez denunció en 2018 que lo amenazaron de muerte y responsabilizó al gobierno de Ortega de lo que le pudiera pasar. “Ortega va a terminar como un asesino”, dijo Idiáquez el 15 de junio de 2018 al diario El País. Estas declaraciones se dieron después de que el 30 de mayo de 2018, el padre abrió las puertas de la UCA para refugiar a más de 5, 000 personas durante el ataque a la marcha del Día de las Madres, una de las más grandes manifestaciones en la que miles de personas se solidarizaron con las madres y familiares de los asesinados en abril de ese año.
En los últimos cinco años, las autoridades de la UCA han sido acosadas por medio de dos vías: por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), la organización rectora de la educación superior de Nicaragua, y la Dirección General de Impuestos (DGI).
El acoso del CNU eran revisiones exhaustivas y extraordinarias de las acreditaciones de las carreras y maestrías que eran engorrosas y generaban un trabajo descomunal para los encargados. “A la UCA le pedían con especial encono esas acreditaciones”, dijo la fuente.
La última acción fue la revocación de la acreditación de su Centro de Mediación. El catedrático Ernesto Medina considera que el cierre de la institución sería “catastrófico para Nicaragua”, pues esta universidad “es el modelo a seguir en la búsqueda de una universidad que se adecua a la realidad nicaragüense”.
Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM), dijo que la UCA es “la única institución que ha intentado convertirse en una universidad de verdad para un país como Nicaragua”. El experto en educación superior destacó que la UCA cuenta con centros de investigación de nivel latinoamericano y una biblioteca de calidad. “Se está amenazando a una universidad que en 60 años de historia ha prestado un servicio invaluable a Nicaragua, en términos de formación, de proyección social, de imagen”, añade el catedrático desterrado y desnacionalizado por el régimen.
——————————————————————-
El zarpazo contra la UCA: un paso más hacia la talibanización de Nicaragua
La confiscación de la UCA es una táctica de represalia por el papel de la universidad en las protestas sociales de 2018, durante las cuales brindó refugio a los manifestantes y criticó los abusos contra los derechos humanos, analiza Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua
Félix Maradiaga
Un sistema educativo de calidad y con autonomía, sirve como piedra angular de una sociedad próspera e ilustrada, fomentando un espíritu de curiosidad intelectual que anima a las personas libres, a cuestionar el conocimiento prevaleciente. Quizás por esa razón, a lo largo de la historia de la humanidad, las instituciones educativas independientes han sido las principales amenazas para las tiranías prevalecientes en cada época. Esa es la razón por la cual la dictadura de los Ortega-Murillo, ha lanzado un zarpazo contra la Universidad Centroamericana (UCA), la principal universidad privada del país fundada el 23 de julio de 1960 por la Compañía de Jesús.
El reciente ataque del régimen de Ortega a la UCA es una acción sumamente grave que representa el zarpazo más grave a la educación en Nicaragua, hasta este momento. Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la UCA ha sido acusada de “terrorismo” por un juez, lo que ha llevado a la incautación de sus activos materiales y financieros. Esto efectivamente confisca la prestigiosa institución jesuita, después de una serie de acciones que han inmovilizado sus propiedades, congelado cuentas bancarias y revocado la acreditación del Centro de Mediación.
Leer más: Compañía de Jesús tilda de “falsas” e “infundadas” acusación contra UCA, piden revertir confiscación
La confiscación de la UCA no sólo representa una grave amenaza a la libertad académica y al pensamiento crítico en Nicaragua, sino que es uno de los pasos más acelerados hacia la talibanización de Nicaragua. El término “talibanización de la sociedad” se refiere a un proceso en el cual una sociedad adopta o se ve influenciada por prácticas extremistas o fundamentalistas. El término se basa en el movimiento Talibán, el cual impone un conjunto rígido de creencias y prácticas en las áreas bajo su control. Cuando se utiliza en un contexto más amplio, se refiere a la imposición de ideologías o normas restrictivas que limitan la libertad individual, la educación, la diversidad cultural y el progreso social. Este término a menudo se utiliza para describir situaciones extremas en las que se restringen los derechos humanos, la educación, la participación política y el acceso a la información y la cultura. Eso es precisamente lo que está sucediendo en Nicaragua.
Como parte de esa talibanización, la dictadura de los Ortega-Murillo ha implementado un patrón de cierre de espacios cívicos, clausurando más de 3500 organizaciones sin fines se lucró, entre ellas la Cruz Roja. Ha expulsado del país a casi un centenar de religiosos, mantiene en la cárcel a cuatro sacerdotes entre ellos el obispo Rolando Álvarez, y ha cerrado otras 26 universidades privadas. Desde el 2018, más del 10% de la población nicaragüense ha sido forzada al exilio y más de 70 personas en situación de arresto arbitrario. Los principales líderes de la oposición han sido expulsados del país y despojados de su nacionalidad nicaragüense.
Leer más: UCA confirma confiscación de bienes y suspenden actividades académicas en Nicaragua
En medio de toda esta represión, la UCA venía siendo un faro lucidez y no-violencia, particularmente en los momentos más álgidos de la represión. La confiscación de la UCA es una táctica de represalia por el papel de la universidad en las protestas sociales de 2018, durante las cuales brindó refugio a los manifestantes y criticó los abusos contra los derechos humanos. Bajo esa misma excusa, el régimen ha expulsado del país a varias órdenes religiosas y ha roto relaciones con el Vaticano.
Además, las justificaciones para el cierre de las universidades han sido diversas, desde acusaciones de lavado de dinero hasta afirmaciones de ofertas académicas inconsistentes o infraestructura inadecuada. Este enfoque arbitrario no solo pone en peligro la educación, sino que también obstaculiza el crecimiento intelectual y el desarrollo del país. La verdadera razón, sin embargo, es la decisión de la dictadura de consolidar un modelo político tropicalizado de Corea del Norte o con esbozos de casos extremos de intolerancia política y social como la ejercida por los talibanes.
Dado que la comunidad académica de la UCA está compuesta por miles de estudiantes y cientos de profesores, su confiscación tiene implicaciones más amplias para la educación en Nicaragua. Con el control de las universidades convirtiéndose en un objetivo para el régimen, surgen graves preocupaciones sobre la erosión del pensamiento independiente y el futuro de las instituciones académicas en el país. Ya es bien conocido que el sistema público de educación está totalmente controlado por la dictadura, bajo un esquema de adoctrinamiento.
¿Qué queda ante este zarpazo a la UCA? Creemos que la comunidad internacional debe solidarizarse con la UCA y abogar por la preservación de la libertad académica y los derechos humanos en Nicaragua, y debe hacerlo con todas las herramientas disponibles. Varias personas y organizaciones hemos instado a la comunidad internacional, a los gobiernos, a las organizaciones de derechos humanos y a las personas comprometidas con la libertad y la educación a nivel hemisférico, a unirse a nuestro llamado de solidaridad y apoyo a la UCA. Necesitamos que la voz del mundo se levante en defensa de esta institución valiosa y en rechazo a los ataques injustificados de la dictadura Ortega-Murillo.
Finalmente, estoy convencido que ningún pequeño dictador podrá extinguir el espíritu indomable de la comunidad jesuita. A lo largo de la historia, han desafiado valientemente la tiranía, impulsados por su dedicación inquebrantable a la educación, la compasión y la justicia. Su legado brilla, inspirándonos a todos a desafiar las probabilidades y abrazar la resiliencia. ¡El espíritu jesuita vive en la UCA!.