Imprimir
El 15 de agosto pasado se ha hecho el traspaso del mando presidencial en Paraguay, ha concluido el gobierno de Mario Abdo Benítez y se inicia otro, del mismo partido, Santiago Peña. La ocasión es importante para señalar y recordar a los campesinos muertos en los últimos cinco años alrededor del conflicto por la tierra. El gobierno que se fue dejó un saldo fatal de 5 luchadores campesinos asesinados en plena impunidad.
En el escenario que se denomina democrático en Paraguay, la protección del derecho a la vida a quienes se organizan y luchan por el acceso a la tierra no está siendo garantizada por el Estado, a pesar de que en el artículo 4 de la Constitución Nacional se establece: “..Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica..” un proceso de criminalización se profundiza sobre los sectores populares, violando sistemáticamente sus derechos ante el actuar represivo de agentes estatales o paraestatales en favor de los intereses privados.
Los asesinatos de los que han sido víctimas campesinos y campesinas tienen como trasfondo la estructura agraria en Paraguay, con tierras que de forma ilegal y violenta han sido apropiadas por un pequeño sector para producir commodity para la exportación. No se dan de manera aislada, sino como una serie de respuestas represivas por parte del Estado para conservar la desigualdad y la opresión, que van acompañadas de “endurecimiento” de la legislación, represiones, ataques violentos a comunidades campesinas, detenciones, amenazas, hasta el asesinato selectivo que está marcado por un manto de impunidad propiciado desde el mismo Estado paraguayo.
Desde el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de la organización BASE Investigaciones Sociales, se han registrado 5 campesinos asesinados en el marco de la lucha por la tierra durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (agosto 2018 a agosto 2023):
- Edilson Mercado: campesino sin tierra de 38 años de edad. Fue asesinado a tiros por civiles armados el 11 de junio del 2019, el hecho se produjo en el marco de un conflicto entre campesinos y una familia de terratenientes del Departamento de Canindeyú. Edilson fue emboscado en horas de la noche y recibió 7 impactos de balas. El asentamiento campesino lleva hoy su nombre como forma de homenaje a uno de los campesinos que dió su vida en la lucha por la tierra. Los matones estuvieron 2 meses recluidos para luego ser liberados bajo libertad condicional.
- Arnaldo Rodriguez: Dirigente campesino de 40 años de edad, fue presidente de la “Comisión sin tierra 7 de enero”, murió el 8 de junio del 2020 en el Departamento de Amambay. Fue asesinado de un disparo, frente a varias personas a plena luz del día, el autor del disparo, Héctor Calonga, supuesto propietario de unas 300 hectáreas de tierras en disputa y vinculado al narcotráfico. Un tribunal de sentencia encontró culpable a Calonga, pero entendió que actuó bajo “excitación emotiva” por lo que le dieron una condena de 4 años y 6 meses de cárcel.
- Arnaldo Solís: Campesino sin tierra, de 33 años de edad se encontraba en una lucha por recuperación de tierras para campesinos/as. Asesinado por civiles armados. Solis fue herido gravemente el 4 de diciembre de 2020 en el marco de un desalojo forzoso, los disparos lo realizó un guardia o civil armado al servicio de un latifundista en el Departamento de Canindeyú. Murió el 18 de enero del 2021.
- Herminio González: Campesino y agricultor de 39 años de edad, murió de un impacto de bala en la cabeza, y otros campesinos quedaron heridos, los criminales huyeron del lugar, Esto ocurrió el 11 de septiembre del 2021 en un ataque al asentamiento campesino Tava Jopoi, departamento de Canindeyú. Los campesinos estaban apoyando activamente la lucha de comunidades indígenas por la recuperación de tierras ancestrales en disputa con un terrateniente del lugar.
- Edgar Emiliano Centurión: Campesino y agricultor de 29 años de edad, asesinado en manos de efectivos de la Policía Nacional el 15 de junio del 2022. El crimen se cometió en el marco de un operativo policial desarrollado para resguardar la siembra del cultivo de trigo de la Agroganadera Industrial Kuma S.A., en las tierras ocupadas por el Asentamiento 1° de Mayo, departamento de Itapúa. Después de 10 años un campesino fue muerto nuevamente en manos de agentes estatales.
El asesinato de dirigentes campesinos que luchan por el derecho a la tierra, se ha desarrollado sistemáticamente aún luego del golpe de 1989 en el Paraguay. El Informe Chokokué de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) en su segunda edición del año 2013 denunció que los crímenes “Se perpetraron en el contexto de un plan general de ataque sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración sistemática y generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial”[1].
La democratización de la tierra no ha llegado a Paraguay, y por el acceso a la misma campesinos y campesinas siguen siendo atropellados/as, judicializados/as, violentados/as y asesinados/as brutalmente como caracteriza a un Estado controlado por terratenientes y las corporaciones del agronegocio.
[1] Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay Informe Chokokue 1989 – 2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino Asunción: Paraguay: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (codehupy), 2014. Disponible en https://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2013/03/INFORME-CHOKOKUE-1989-2013.pdf