ENCARCELAN A GABRIEL PINTO THOLA
Los “sin tierra” declaran la guerra a los “latifundistas”. Los empresarios de La Paz reaccionan y exigen garantías y seguridad al Gobierno
Quispe, Olivera y Durán unifican luchas
La Paz | Los Tiempos, La Prensa y Agencias.-
Una vez que el juez Luis André ordenara la detención del “sin tierra” Gabriel Pinto Thola en la cárcel de San Pedro por el asesinato del Alcalde de Ayo Ayo, los líderes del Movimiento Sin Tierra (MST), de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Coordinadora de Defensa del Gas declararon “una verdadera guerra” al latifundio y al Gobierno que, según su criterio, criminaliza la protesta social.
Ángel Durán, dirigente nacional del MST al finalizar la audiencia en la que se resolvió la prisión preventiva de Pinto Thola, amenazó: “Quiero decirles, en forma conjunta con el compañero Felipe Quispe y Óscar Olivera, de la Coordinadora del Gas, de (que vamos a) iniciar una verdadera guerra contra este sistema de injusticia, contra un sistema que permanentemente nos está humillando porque el compañero Gabriel Pinto es inocente y hoy está siendo atropellada su dignidad”.
Los tres líderes permanecieron en el salón rosado de la Corte Superior de Distrito de La Paz durante las dos horas y media que se prolongó la audiencia. Al finalizar, con la orden de detención de Pinto Thola, Quispe, Olivera y Durán no dudaron en calificar a este proceso como político antes que jurídico.
¿Contra los sindicatos?
Olivera dijo: “El Gobierno quiere criminalizar toda protesta social, no es posible que una acción de rebelión, de protesta, de decir las cosas tal como son, pueda ser un acto criminoso”.
Antes de ser conducido al penal, Pinto Thola realizó una comparación entre su caso y el de “octubre negro”, en el que la Fiscalía aún no ha identificado a los autores de los excesos.
“La justicia viene para los corruptos. Nosotros vamos a demostrar quién es el asesino, por eso estoy acá con frente alta y conciencia tranquilo, como dirigentes vamos a demostrar quién ha sido el asesino, nosotros sabemos” (sic), explicó Pinto Thola, sin dar más detalles.
Los argumentos
Los fiscales Milton Mendoza y Félix Peralta imputaron a Gabriel Pinto Thola por los delitos de organización criminal, asesinato, privación de libertad, coacción y secuestro en contra del alcalde de Ayo Ayo Benjamín Altamirano, asesinado a golpes y quemado el 15 de junio.
Ambos servidores públicos argumentaron que existen otros dos procesos “la toma de la hacienda Collana y asesinato de Miguel Dupleich”, en los que Pinto Thola está imputado y obstaculiza la investigación.
La Fiscalía presentó una cinta de vídeo en la que Pinto Thola declara como dirigente “sin tierra” sobre el asesinato de Altamirano, acto que califica de justicia comunitaria. Con esos y otros argumentos, los fiscales pidieron la detención de Pinto Thola en Chonchocoro.
La defensa de Pinto denunció ante el juez Luis André que la Fiscalía tenía dos imputaciones contra su cliente, presentadas ante distintos jueces por delitos diferentes, pero sobre un mismo hecho: el asesinato de Ayo Ayo.
Luego de haber escuchado los argumentos de la Fiscalía y la defensa, el juez André consideró que existen suficientes indicios para presumir que Pinto Thola podría fugar e interferir en la investigación y ordenó que sea encarcelado en San Pedro.
ORDENAN DESTRUIR
Ángel Durán amenazó que las haciendas del “grupo de oligarcas van a ser destruidas al igual que (la hacienda) Collana para que vuelvan a manos de compañeros campesinos y ciudadanos bolivianos”.
La advertencia está lanzada además a los campesinos pobres que cooperen con “los oligarcas”, advirtió con expulsarlos.
Empresarios piden seguridad
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), Berndt Abendroth demandó ayer garantías constitucionales y acciones legales contra quienes continúan cometiendo actos al margen de la Ley en la hacienda Collana.
El empresario recordó que en repetidas oportunidades, la Feplp había denunciado el atropello del que fue objeto la hacienda, que sufrió la toma ilegal y su desmantelamiento posterior, de parte de dirigentes y miembros del MST.
“Respecto a los sucesos del martes pasado, con la quema de casas de vecinos de la hacienda Collana, la empresa privada de La Paz alertó sobre esta situación a las autoridades correspondientes y nos preocupa que no hayan actuado oportunamente”, criticó Abendroth.
El representante empresarial exigió al Gobierno, el cumplimiento con lo establecido por el Tribunal Constitucional que en julio pasado emitió su fallo (1008/2004-R) en favor de los propietarios de la hacienda (familia Campuzano Iturralde).
El Tribunal declaró procedente el recurso de amparo constitucional contra los dirigentes del MST, a la cabeza de Gabriel Pinto y Dionisio Mamani, por la ocupación y administración de los bienes e instalaciones de Collana.