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Editorial del diario La Jornada, México
Domingo 2 de enero de 2005
Hace 11 años, justo cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo pública su existencia con la toma de cuatro municipios en Chiapas, sacudiendo la escena política mexicana. Los combates iniciales, que duraron unos 10 días, dejaron un saldo de 150 muertos. Inmediatamente después comenzó el proceso de paz, que quedó congelado en 1996, cuando los zapatistas acusaron al gobierno de hacer a un lado los acuerdos de San Andrés, firmados ese mismo año, texto que favorece la autonomía de los pueblos indígenas de todo el país, que dicho sea de paso siguen viviendo en la marginación. Sin embargo, el EZLN no se quedó con los brazos cruzados y en 2001 una comitiva encabezada por comandantes rebeldes y el subcomandante Marcos viajó a la capital para impulsar ante el Congreso los derechos indígenas.
La gira generó gran expectación en la sociedad, sobre todo entre las etnias, y dio paso a la aprobación de una reforma indígena, conocida como ley Bartlett-Fernández de Cevallos, ampliamente repudiada por los principales interesados, pues restringía el concepto de autonomía. Ya en diciembre de 1994 el EZLN fundó 32 municipios autónomos respaldados por el tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos de San Andrés. Y en 2003 fundó las llamadas juntas de buen gobierno, autoridades indígenas que tienen la misión de mediar en conflictos y atender denuncias contra concejos autónomos, entre otras tareas, y que no son aceptadas por los gobiernos estatales y federal. Estas instancias sostienen que las juntas no son legales, ya que constituyen un cuarto nivel de gobierno. A pesar de la polémica, fomentada desde el poder político, hay quienes ven con buenos ojos estas organizaciones. Juan Carlos Martínez, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, considera que esas estructuras de gobierno son un acto de revitalización del proceso político zapatista y un significativo paso en la construcción de nuevas formas de gobierno indígena y de fortalecimiento de su autonomía.
La lucha del EZLN ha sido benéfica para las comunidades rebeldes chiapanecas y su ejemplo es seguido por etnias de otros estados, como los habitantes del municipio de Paracho, Michoacán, quienes este 31 de diciembre se declararon municipio autónomo zapatista. No obstante estas iniciativas para mejorar su calidad de vida, la situación de los 13 millones de indígenas del país que viven en la pobreza, a consecuencia del modelo económico imperante, es sumamente grave. En esto las autoridades federales tienen gran responsabilidad, debido a que no han mostrado la voluntad de cumplir los acuerdos de San Andrés ni para desactivar el conflicto en la zona, al consentir la existencia de grupos paramilitares que acosan permanentemente a las comunidades zapatistas. De hecho, todo parece indicar que el gobierno se ha desentendido del tema indígena. En este sentido, diputados de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) denunciaron este sábado que ni Chiapas ni la problemática social y económica de las etnias del país están entre los temas prioritarios de la agenda nacional. Tal parece que a cuatro años de que comenzó su gobierno, el presidente Vicente Fox ya no se quiere acordar de su compromiso de resolver la cuestión zapatista en “15 minutos” y de mejorar la calidad de vida de los indígenas.
Pero un punto positivo que se ha alcanzado en estos 11 años, desde la irrupción del zapatismo, es que prácticamente se ha conjurado el peligro de una guerra civil como las que azotaron a Centroamérica en las décadas de los 70 y 80 y que significaron una gran sangría para esas naciones. Ambas partes coincidieron en la necesidad de canalizar el conflicto por la vía política en vez de la armada, salvando así muchas vidas y evitando un inútil derramamiento de sangre. Por otro lado, el EZLN ha continuado con su levantamiento cívico permanente, apoyado por una eficaz campaña mediática y respaldado por organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, convirtiéndose en un ente político con vida propia. Pero no hay que olvidar que la raíz del problema sigue vigente y es una lástima que el gobierno federal no busque resolver la cuestión indígena, con medidas eficaces que garanticen una vida digna a las etnias.