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A contrapelo de las organizaciones que convocan a movilizarse, Evo Morales otorga “plazo” al gobierno de Mesa

10.01.05

CONFLICTOS | Consideran que Mesa es el único que conspira contra el Gobierno y le dan siete días de plazo para responder las demandas. Alteños ratifican paro para el lunes

Los cocaleros se suman a medidas contra el Gobierno

Los Tiempos- Agencias.- El Comité Ejecutivo de las seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba decidió ayer respaldar las medidas de presión contra el Gobierno anunciadas por diferentes sectores sociales del país para este lunes 10 por el “gasolinazo”, la elevación de las tarifas del transporte, el dictado decreto a favor de las petroleras y en el caso de El Alto, por el contrato con Aguas del Illimani.

Los cocaleros decidieron en primera instancia apoyar las diferentes medidas de protesta a nivel de dirigentes y dar siete días de plazo al Gobierno para que adopte las acciones exigidas; de lo contrario, el 15 de enero, en un ampliado general a realizarse en Lauca Ñ, determinarían las medidas que como sector adoptarán, informó el máximo dirigente de este sector y diputado del MAS, Evo Morales.

Los representantes de las seis federaciones se reunieron ayer en esta ciudad para analizar la coyuntura actual y evaluar la posición del Gobierno respecto a algunos temas. “Se llegó a la conclusión que quien esta conspirando contra el Gobierno y el presidente Carlos Mesa, es él mismo, provocando al movimiento popular con medidas contrarias a los intereses de los bolivianos”, manifestó Morales.

Prueba de eso, dijo, es el decreto supremo del 24 de diciembre que permite a las petroleras enajenar tierra fiscal; el decreto del 30 de diciembre, para el “gasolinazo” o “paquetazo”; el aval por dos ministros a los transportistas y mayoristas para que se aprovechen de la población y la descapitalización de las empresas de servicios básicos.

Precisó que si en los siete días que se le está dando, el Gobierno no anula los dos decretos y el contrato con Aguas del Illimani, no aprueba la Ley de Hidrocarburos recuperando estos recursos naturales para los bolivianos y elimina a los mayoristas, tendrá que enfrentar un nuevo conflicto, el que generarán los cocaleros, empezando el 31 de enero con la movilización por la dignidad de los bolivianos.

Intentos de diálogo

Las huelgas y movilizaciones anunciadas por diversos sectores y regiones en Bolivia desde el lunes, anticipan una semana de gran tensión social, mientras el Gobierno anunció ayer que insistirá en el diálogo para satisfacer las demandas sociales.

Organizaciones cívicas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra convocaron anoche a una huelga el martes y el miércoles próximos para pedir la anulación del decreto que sube el coste de los carburantes entre 10 y 23 por ciento y que fue aprobado el penúltimo día del 2004.

La decisión dada a conocer por Rubén Costas, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que agrupa a sectores sindicales, empresariales y vecinales de esa urbe, capital del departamento del mismo nombre que es el más próspero de la economía boliviana.

Alteños paran el lunes

La ciudad de El Alto también ratificó la realización desde el lunes de una huelga indefinida para exigir la expulsión de la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux, que opera la empresa Aguas del Illimani, por considerar que incumplió el contrato que tiene desde 1997.

El Gobierno dispuso el viernes pasado la revisión del contrato y la baja de las tarifas de la empresa, pero el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, Abel Mamani, ratificó hoy a medios locales que el objetivo es la salida de la multinacional.

Durante la semana, Mamani aclaró que la huelga en El Alto no busca la renuncia del Mandatario boliviano, Carlos Mesa, como en octubre del 2003, cuando esa urbe, la más pobre del país, fue el epicentro de movilizaciones que desembocaron en la renuncia y marcha a Estados Unidos del entonces presidente del país Gonzalo Sánchez de Lozada.

OTRAS PROTESTAS

La Central Obrera Boliviana (COB) ha llamado a una huelga el lunes 10 para pedir la salida del poder de Mesa y nuevas elecciones, además de la nacionalización sin indemnización de las inversiones petroleras en el país.

El clima de tensión puede agravarse por el bloqueo de rutas anunciado por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros desde el lunes y las acciones del Movimiento Sin Tierra (MST), que instruyó a sus afiliados obre el inicio de la ocupación de tierras.

El director de Prevención de Conflicto del Ministerio de Gobierno, Gregorio Lanza, declaró ayer a una emisora de radio que “se sigue dialogando con diversos sectores para encontrar puntos en común”. “Creemos que, en la medida en que se vaya clarificando la demanda social y se separe de la visión política extrema de algunos sectores se van a encontrar soluciones”, agregó.

El viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, remarcó hoy, en una entrevista en Radio Panamericana, que ante la avalancha de anuncios de medidas de presión, el Ejecutivo continuará con la “metodología del diálogo y la concertación” para solucionar los problemas.


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