Imprimir
Jueves 20 de enero de 2005
Quienes se dedican a esas actividades son condenados a trabajar para la comunidad
Desalienta la justicia zapatista las acciones de polleros y coyotes
Los traficantes han optado por evadir las regiones donde impera la ley de las JBG
La Realidad, Chis. 19 de enero.
Polleros y coyotes, dos especies del “folclor” de la corrupción nacional que gozan de bonanza en estos días, han topado con la justicia zapatista en la región selva fronteriza, y han debido cambiar, cuando menos, de planes. Ya tres traficantes “profesionales” de indocumentados centroamericanos fueron aprehendidos y castigados por la junta de buen gobierno (JBG) “Hacia la esperanza” en meses recientes. Abundan historias y testimonios sobre la impunidad y protección de que gozan los polleros de aquí a Las Margaritas, Comitán, Altamirano, Ocosingo, y aún más allá.
Uno de ellos, guatemalteco, ya quedó libre, después de pagar su delito trabajando en la construcción del puente que unirá la clínica de San José del Río con la comunidad, sobre el estacionalmente caudaloso río que da nombre al poblado. Los otros dos polleros, habitantes de la región, siguen detenidos en San José, y trabajan en el puente, hombro con hombro con 24 bases de apoyo zapatista y un ingeniero suizo, más los ocasionales voluntarios de la sociedad civil. A esto se refiere la periodista Concepción Villafuerte cuando dice que en los territorios zapatistas hay presos, pero no cárceles.
Por otro lado, el coyotaje es la opción “natural” para que millares de indígenas consigan vender café, maíz y frijol. Tradicionalmente, los coyotes determinan el precio real de estos productos muy por debajo de los precios nacionales e internacionales. Así es el neoliberalismo. Por eso coexisten en armonía con los gobiernos antes del “cambio”, del “cambio” y después del “cambio”. Ahora, la JBG ha encontrado un mecanismo para obligar a los coyotes a pagar mejores precios: entró al mercado, y compra café siempre 50 centavos arriba de los coyotes. En una curiosa puja que hace poco empezó en 10 pesos por kilo de café, hoy está en 14.50, donde al parecer se estabilizó. Los productores pueden elegir entre el coyote o la junta, pero con mejor precio del inicial en esta cosecha del aromático.
El tráfico de centroamericanos fue uno de los primeros problemas que encontró la JBG al iniciar su funcionamiento en 2003. En particular, el trato que los indocumentados recibían de los polleros. El gobierno autónomo estableció para las comunidades zapatistas la obligación de atender a los “hermanos de Centroamérica”, darles alimento y hospedaje gratuitamente, y protegerlos de los abusos que pudieran sufrir de los polleros o cualquier policía.
Al mismo tiempo, la JBG advirtió a las personas de la región, conocidas por dedicarse a este “negocio”, que sus actividades no serían permitidas en los municipios rebeldes. Según informa la propia junta, el centro de los polleros, donde radican sus jefes, es la comunidad priísta de San Quintín. Allí mismo se localiza la mayor base militar de la selva Lacandona.
“Recogen a ’su gente’ en el río Euseba, adelantito de donde estaba el cuartel militar (hasta enero de 2001) y ahora hay unas oficinas de la Sedeso. Los llevan rumbo a Ocosingo”, refiere un miembro de la JBG en el caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños.
“Al principio no nos creyeron, y siguieron pasando por Guadalupe Tepeyac, por San José, por Miguel Hidalgo y otras comunidades, pero cuando vieron que sí los agarrábamos, empezaron buscar otras rutas para salir”, agrega.
“Ya casi no pasan. Los detenidos seguirán trabajando hasta marzo. Están allí desde junio. Martín, el guatemalteco, ya terminó. Otro, Germán, de la comunidad Aguaperla, todavía no.”
Con tono de enojo, otro miembro de la junta dice: “¿sabe cuánto cobraban los polleros nomás por traer la gente de Poza Rica a Guadalupe Tepeyac?” (unos 20 kilómetros de trayecto). Y se responde: “¡20 pesos! Por una distancia que se podría hacer a pie. Además, sabemos de todo lo que les hacen a los hermanos indocumentados antes de entregarlos en los transportes ‘tijuaneros’, si acaso llegan. Los amenazan, los obligan a pagar ‘impuestos’ para atravesar determinadas comunidades priístas, los conducen hacia ‘la migra’ o los asaltantes, de quienes son cómplices.
“No podemos permitir esas injusticias. Los indocumentados son gente pobre como nosotros. Se arriesgan por necesidad. Lo único que hacemos es recomendarles que se regresen a su país, pero es cosa de ellos.”
Semanas atrás, Concepción Villafuerte hacía una descripción de la justicia rebelde que corresponde puntualmente a lo que ocurre ahora en San José del Río con los polleros reincidentes: “En la zona zapatista no hay cárcel, aunque sí presos. Cuando un habitante de la comunidad comete un delito, es juzgado por las autoridades zapatistas delante del afectado y los familiares de ambos para que conozcan las causas por que se enjuicia al detenido. Después de la deliberación se determina la penalidad”.
A los detenidos, prosigue Villafuerte, “se les trata como a seres humanos, simplemente se les conmina a permanecer en el lugar que se les designe. Tendrán que efectuar un trabajo en beneficio de la comunidad, sin exceder una jornada diaria hasta que purguen su condena. Se les proporcionan alimentos, atención médica si llegan a necesitarla, albergue, día de descanso, y pueden ser visitados cuántas veces sus familiares quieran hacerlo”.
La periodista llama a esto “la justicia histórica, lógica; no una justicia de sufrimiento sino de rehabilitación. Porque además se educa al preso, se le enseña un trabajo y se le da la oportunidad de dignificar su vida. Nadie intenta huir, pues no iría lejos si lo hiciera” (Contalínea Chiapas, diciembre de 2004).
El puente de San José, claro, no se erige sólo para castigar delincuentes. Se trata de una obra colectiva en la que se turnan sucesivos grupos de 24 indígenas de los cuatro municipios autónomos de este caracol. Iniciada el 6 de septiembre pasado, la obra ya casi concluyó la instalación de la base, toda de material. Falta la colocación de 180 planchas de madera de ocho pulgadas de grosor y tres metros de largo. Cuando esté concluido, el puente sustituirá la inestable “hamaca” que permite cruzar el río. “Es difícil cruzar así un enfermo en camilla, o una mujer que está pariendo”, dice la JBG.
Los polleros de la selva fronteriza y las cañadas de Las Margaritas ya lo piensan dos veces. Prefieren intentar rutas más seguras fuera de territorio zapatista, así se pierdan la oportunidad de efectuar obras para beneficio común, aprender un oficio y dignificar su vida (doña Conchita dixit).