Imprimir
Representantes de organizaciones indígenas denunciaron ayer los graves impactos ambientales, sociales y culturales que ocasiona la actual política de concesiones para las industrias extractivas en bosques amazónicos y que coloca en situación de vulnerabilidad a comunidades y pueblos originarios.
En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Iquitos los líderes indígenas exhortaron al gobierno a reflexionar seriamente sobre las consecuencias irreparables que se está ocasionando en la amazonia peruana y le pidieron “cumplir y hacer cumplir de manera estricta y eficaz las normas ambientales y sancionar drásticamente las violaciones a éstas”.
De igual modo peruano, se leyó un comunicado en el que solicitan que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos “sea debida y adecuadamente consultado con los Pueblos Indígenas para que seamos informados de sus contenidos, alcances e impactos”.
Al respecto indicaron que es fundamental preservar el respeto irrestricto a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos y protección al ambiente, como el Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Diversidad Biológica así como toda la normatividad que protege los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El comunicado fue suscrito por representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus filiales regionales ARPI, CORPI, FENAMAD, ORAI, ORAU y ORPIAN quienes participaron en un Taller sobre Hidrocarburos realizado del 24 al 26 de enero.
Concesiones hidrocarburíferas
Roger Rivas Korinti, Jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba denunció que el gasoducto Camisea es una coladera y existe un deficiente control y monitoreo ante accidentes, tal como ocurrió con el derrame de condensados líquidos ocurrido el 22 de diciembre y que dañó los recursos ictiológicos, ganado y la salud humana.
Exigió que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) atienda el pliego presentado por las organizaciones indígenas y campesinas afectadas a fin que se investiguen las causas del último derrame y se tomen medidas que aseguren no ocurran casos similares.
Rivas exigió paralizar las audiencias públicas convocadas por el MEM referidas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del lote 56, denominado Camisea 2, mientras no se atienda la petición anterior.
También se denunció la inacción del Estado frente a las empresas OXY y Pluspetrol quienes desde hace 30 años derraman crudos de petróleo en el río Corrientes ocasionando muerte y enfermedades a la piel y al estómago de indígenas, carentes de todo tipo de atención.
Al respecto los suscritos proponen que el Estado promueva un plan de limpieza general del río Corrientes y afluentes, un plan de recuperación de los recursos hidrobiológicos actualmente desaparecidos y el otorgamiento de medidas de reparación e indemnización a las comunidades indígenas afectadas.
Otro caso de denuncia fue la política divisionista de la empresa OXY que pretende por todos los medios explorar y explotar el territorio del pueblo Achuar, para lo cual ha formado pequeñas organizaciones falsamente representativas, violando la autonomía de los pueblos indígenas.
Hernán López, Presidente de la Organización Regional Aidesep Iquitos (ORAI), denunció asimismo las maniobras de la empresa Repsol que despliega sus operaciones en las cuencas de los ríos Napo, Arabela y Curaray obviando consultar a las comunidades indígenas a pesar que éstas sufrirán los impactos de su actividad. Indicó que la empresa prioriza reunirse con centros poblados mestizos con los cuales les es más fácil llegar a un entendimiento.
Concesiones Forestales
En el tema de concesiones forestales los dirigentes indígenas afirmaron que las autoridades no toman en consideración los territorios indígenas al establecer concesiones que se superponen a territorios titulados y a propuestas de reservas comunales. Indicaron que existe la amenaza de concesionar parte del área de la propuesta de Reserva Apayacu-Ampiyacu- Medio Putumayo.
Los suscritos hicieron causa común con la Comunidad Chorinashi y pidieron anular el contrato sobre su territorio entregado al Consorcio Forestal Amazónico, la anulación definitiva de la orden de desalojo que pesa sobre los miembros de la comunidad, el cese de las hostilizaciones contra las familias comuneras y la libertad de los indígenas encarcelados por esta causa.
Concesiones mineras
En Madre de Dios las concesiones mineras sobre diez comunidades indígenas siguen ocasionando graves conflictos sociales y enfrentamientos por la posesión de territorios que pertenecen ancestralmente a comunidades indígenas sin que el gobierno intervenga para pacificar y solucionar estos problemas.
Por otro lado, se denunció que 56 comunidades indígenas de la región Amazonas y 4 de la región Cajamarca sufren los impactos de la empresa minera Afrodita que además de la deforestación contamina el aire, agua, suelo y subsuelo del territorio indígena.
Fundamentos de la posición indígena
Shapion Noningo Sésen, Vicepresidente de la AIDESEP, lamentó que no exista una política de estado que asegure que las recaudaciones que el fisco obtiene de las grandes inversiones en industrias extractivas retornen a las comunidades y les depare algún beneficio.
Noningo afirmó que el gobierno no es celoso en exigir que las industrias extractivas empleen tecnología de punta que les permita cumplir stándares ambientales satisfactorios a fin de minimizar los impactos, quizás por que se trata de comunidades alejadas, perdidas en la amzonia.
Como pueblos estamos liderando un proceso de incidencia para que se escuchen las demandas indígenas. “Quisiéramos que los funcionarios y la sociedad civil conozcan mejor lo que se sucede en la amazonia” dijo Shapion.
Nuestra estructura organizativa está resistiendo pacíficamente la invasión inconsulta de las empresas como en el caso del pueblo Achuar, en el Pastaza. Y es que los pueblos indígenas somos personas pacìficas y confiamos en nuestras autoridades pero deben saber también que toda paciencia tiene un límite, afirmó el dirigente nacional wampis.