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Autoridades regionales de Puno iniciarán esta semana una colecta de firmas en busca de la autonomía de la región del altiplano con respecto al Gobierno central de Perú, siguiendo el ejemplo de Santa Cruz.
La decisión de pedir la autonomía busca anticiparse a la bomba de tiempo que se percibe en la región y que es producto del olvido por parte del Gobierno central, explicó el presidente regional de Puno, David Jiménez. Según datos oficiales, el 71% de las familias en Puno -en la frontera con Bolivia y con casi un millón de habitantes- no tiene cubiertas sus necesidades básicas.
A esa cifra, se añade el alto grado de violencia social, que se expresó en 2004 en el linchamiento del alcalde de Ilave por presunta corrupción, en las fuertes protestas de los cocaleros en San Gabán, y de los ganaderos y grupos indígenas, aimaras y quechuas.
La petición de autonomía se distingue del ‘separatismo’ y busca -según Jiménez- instalar una zona franca que formalice el comercio que ingresa de Bolivia y Chile, y de un trato preferente en la agricultura que posibilite créditos agrarios para los campesinos.
“Los puneños estamos descapitalizados. El Estado no advierte que si continúa la explosión social en el Altiplano, la situación se volverá inmanejable. El tema de autonomía no es un perjurio hacia el Gobierno, busca soluciones”, indicó.
El 78% de la población local, formada por 12 provincias, vive en la pobreza, es más el 46,1% se ubica en la extrema pobreza, lo que da como resultado un déficit de consumo básico por año de $us 260 millones y un déficit de consumo alimentario por año de $us 75,2 millones.
El comercio anual que realizan Bolivia y Chile con la región de Puno, que tiene 368.852 km2 de extensión, asciende según datos extraoficiales a $us 800 millones, cifra que crecerá ‘exponencialmente’, según Jiménez, cuando se inaugure la carretera interoceánica hacia Brasil.
“Una realidad tan distinta como Lima nunca nos podrá gobernar bien. El Estado potencia la costa y abandona la sierra”, comentó. El también líder del Movimiento por la Autonomía Regional Quechua y Aimara añadió que “el proceso de descentralización no camina y el centralismo es agobiante para nuestra región”.
Indicó que en la provincia de Ilave, donde ya se eligieron nuevas autoridades, “la población está desencantada porque el Gobierno no cumplió sus promesas”. Como otro dato, en la provincia de Juliaca sólo un 30% de los pobladores tienen agua y alcantarillado.