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Una comisión de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Trujillo se reunió con dirigentes del Frente de Defensa, rondas campesinas y representantes de la iglesia para buscar la solución al problema minero del poblado cajamarquino de Santa Cruz, territorio controlado por el estado peruano.
Tras el encuentro, el comisionado Richard García manifestó que hay voluntad de los ronderos de participar en la mesa de diálogo que se instalaría próximamente.
“Estamos trabajando muy de cerca en el conflicto social generado por la población de Santa Cruz y sus distritos contra la actividad minera”, agregó.
Añadió que sostuvieron un acercamiento con la población para recoger cuál es su inquietud con respecto a la presencia de la compañía Buenaventura que está impulsando el proyecto minero La Zanja.
“Nuestro trabajo es preocuparnos por la población que se encuentra disconforme con la actuación del Estado en cuanto a la fiscalización de la actividad minera”, aseveró.
El comisionado mencionó también que recogieron algunas inquietudes de los pobladores para ser canalizados al ministerio de Energía y Minas, con el propósito de saber en qué etapa se encuentra la actividad en la zona, la labor de fiscalización que han hecho y las quejas que no ha sido atendidas de la población.
“Ellos (los ronderos) manifiestan una serie de objeciones al tema minero por cuanto generaría algún impacto ambiental en cuencas, en sus recursos hídricos ya sea para consumo humano o riego. Entonces, es algo que el Estado sí tiene que supervisar y ver qué impacto tendría esta actividad en los recursos naturales utilizados”, remarcó.
Comentó que en estos días las bases ronderiles elegirán a sus nuevos dirigentes y que probablemente la quincena de marzo vuelva a efectuarse otra reunión con ellos y los demás representantes de la sociedad civil para definir las condiciones para la instalación de la mesa de diálogo.