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Miércoles 16 de febrero de 2005
A nueve años de los acuerdos de San Andrés continúa la resistencia indígena
Persiste la guerra de baja intensidad contra el EZLN, según especialistas
A nueve años de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, en Chiapas se mantiene la resistencia mediante las juntas de buen gobierno y, al mismo tiempo, continúa la guerra de baja intensidad del gobierno federal, señalaron especialistas.
En la mesa Los acuerdos de San Andrés, entre la memoria y el olvido, Carlos Fazio, colaborador de La Jornada, dijo que sobre Chiapas hay dos posiciones: la gubernamental, que sostiene la política de que en esa entidad “no pasa nada y todo está solucionado”, y la que remite a una fase de militarización y paramilitarización del conflicto como parte una guerra de baja intensidad, “estrategia prolongada de desgaste contra el ‘enemigo interno’, identificado en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.
Agregó que si bien los enfrentamientos en la zona de conflicto han sido menos frecuentes y de menor gravedad, el cerco de hostigamiento y aniquilamiento militar montado por el Ejército sigue vigente en los Altos, la Selva y la Zona Norte del estado, donde “las fuerzas federales actúan como un ejército de ocupación en todo el territorio indígena”.
Ante decenas de personas, gran parte de ellas indígenas, que se reunieron en el Club de Periodistas, Fazio destacó que el Plan Chiapas 94, estrategia de la Secretaría de la Defensa Nacional cuyo objetivo clave era romper la “relación de apoyo que existe entre la población indígena y la guerrilla zapatista”, se utilizó en la entidad durante la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo y aún sigue vigente.
Consideró que los señalamientos de funcionarios del gobierno federal de que el conflicto armado ha sido superado son una falacia: “la ausencia de tiros no se muestra como lo que en verdad es: una tregua armada”.
Aseveró que si no ha habido escalamiento de las hostilidades en la zona ha sido, tomando las palabras del presidente Vicente Fox, porque el zapatismo rebelde ha estado por “las armas de la política”. Sin embargo, los obispos Samuel Ruiz y Felipe Arizmendi han advertido que en Chiapas existen en este momento condiciones similares para otro Acteal, hecho que ocurrió en 1997, cuando fueron asesinados 49 indígenas tzotziles. Sostuvo que en la zona, “tanto en el contexto de las escaramuzas como en la paz armada que se ha prolongado durante diez años, la guerra continúa por otros medios, buscando invadir el cuerpo y la cabeza del enemigo y la población en general”. Precisó que las dos principales herramientas complementarias a la propaganda utilizada en la guerra sicológica son la acción cívica, que tiene como propósito llevar adelante proyectos útiles a población y atender sus necesidades básicas, y el control de comunidades, que opera sobre la base del desplazamiento de los habitantes desarraigados.
Por su parte, Magdalena Gómez, también colaboradora de La Jornada, planteó que si existen los pueblos indígenas en México es por su decisión y por el ejercicio de su resistencia y cultura. Agregó que los zapatistas han demandado ser parte del Estado, pero con el reconocimiento de sus derechos colectivos, lo cual no ha sido aceptado por el gobierno federal, que sólo les reconoce sus derechos individuales.
Recordó que en 1998 comenzó un proceso de desmantelamiento de los municipios autónomos, lo cual constituyó la simiente para la creación de las juntas de buen gobierno. Destacó que el zapatismo está en resistencia y no recibe recursos federales, mientras las juntas de buen gobierno buscaron establecer equidad en la distribución de recursos.
A su vez, la antropóloga Consuelo Sánchez, quien fue asesora del EZLN, aseguró que la iniciativa de poner en marcha las juntas de buen gobierno ha puesto en evidencia la realidad de los pueblos indígenas, los cuales han hecho de la resistencia su principal medio de lucha.