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AGRUPACION ex-PRESAS Y ex-PRESOS POLITICOS V REGION - CHILE
E-mail: aexpp_v@yahoo.es
DECLARACION PUBLICA
UN PROMOTOR DE LA IMPUNIDAD ASPIRA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA OEA
En las últimas semanas, el Gobierno chileno ha desplegado una febril actividad y ha realizado enormes esfuerzos para instalar en la Secretaría General de la OEA al ministro José M. Insulza. Para ello ha usado todo el aparataje del estado, en especial toda la diplomacia chilena.
A pesar de las deficiencias de la OEA y su permanente dependencia de los EE.UU., creemos que sigue siendo un instrumento regional que permite, al menos a través de su Comisión de DD.HH. (CIDH), denunciar y limitar los atropellos y excesos en ese ámbito en nuestra América. Por lo mismo creemos que el actual Gobierno de Chile no alcanza la solvencia moral y política para instalar a un personero que ha sido la cara operativa de todos los intentos de crear condiciones de impunidad en los dos últimos gobiernos del país.
Fue José M. Insulza, en su condición de Ministro de RR.EE., quien gestionó el regreso del dictador Pinochet desde Londres con el pretexto de su deteriorada salud y la promesa de que sería prontamente enjuiciado en Chile, lo que recién ocurrió después de 5 años y no por causas de Derechos Humanos (ni por empeño del gobierno) sino que, al igual que el mafioso Al Capone, por evasión tributaria.
Insulza, en sus funciones ministeriales, ha sido articulador de todas las propuestas de rebajas de penas por crímenes de lesa humanidad y, en múltiples declaraciones de prensa, ha expresado su escaso interés por el enjuiciamiento de los responsables de tortura. Por el contrario, ha sido abierto partidario de dar por cerrado el tema de DD.HH. en Chile.
Expresión de esto ha sido la promulgación en sólo 48 horas de la escuálida Ley de Reparación a los Ex Presos políticos, en la cual ignoró, exprofeso, tanto las propuestas de los afectados como las sugerencias de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, a pesar de la alta valoración ciudadana por el trabajo de dicha Comisión, desechando todas las normativas y peticiones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como de la ONU (las cuales el gobierno se comprometió a respetar). Así, en una vergonzosa maniobra, por fuertes presiones de Insulza y del gobierno, no se permitió que el Parlamento discutiera ni un ápice de dicha ley, imponiendo una tramitación inmediata.
Otro aspecto de esta política del Gobierno se expresa en el papel cumplido por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuya presidenta no sólo aboga por la aplicación de la ley de amnistía (también contraviniendo lo expresado por los organismos internacionales), sino que en innumerables procesos niega validez al Informe Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación), y suponemos que con los mismos argumentos lo hará también con el Informe Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura).
Como si no fuera suficiente, el CDE incluye en su planta funcionaria como Fiscal Regional a Enrique Vicente Molina, ex fiscal Naval durante la dictadura, que tuvo a cargo Consejos de Guerra en el año 1973, y ahora contrata al contralmirante (r) Arturo Ojeda como Gerente, a pesar de su declarado pasado golpista.
No somos partidarios de persecuciones ni caza de brujas, pero contratar a un personaje que firmó una carta sediciosa contra el Gobierno Constitucional en 1973, mientras vestía uniforme, y que ahora considera mercenarios a quienes protestan en las recaladas del buque-escuela “Esmeralda”, contrasta con la situación de cientos de ex Presas y ex Presos Políticos imposibilitados de ejercer cargos públicos, o docencia, o dirigir Corporaciones, etc. por la falta de voluntad política del Gobierno de restituir los derechos que les fueran conculcados durante la dictadura y anular definitivamente los “antecedentes penales políticos”, lo que no ha ocurrido en los tres gobiernos de la Concertación.
Por ello, y considerando que Chile tiene la mayor cantidad de denuncias ante la Comisión Interamericana de DD.HH. sin resolver (muchas por falta de respuesta adecuada del gobierno) y considerando, además, que José M. Insulza es expresión de ese desprecio del Gobierno por enfrentar adecuadamente la problemática de los DD.HH., la Agrupación de ex Presas y ex Presos Políticos de Valparaíso - V Región, se suma a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la Comisión Ética Contra la Tortura en la campaña de rechazo a la postulación de José Miguel Insulza a la Secretaria General de la OEA en el próximo período.
Llamamos que todas las organizaciones de DD.HH. de otros países hagan llegar a sus gobiernos respectivos los reparos y la inconveniencia de apoyar al funcionario del gobierno chileno que tan mal ha tratado a las víctimas de las violaciones a los DD.HH. ocurridas en Chile durante la dictadura ya que siguen pendientes en nuestro país la Verdad, la Justicia y la Reparación.
AGRUPACION ex PRESAS Y ex PRESOS POLITICOS V REGION - CHILE
Valparaíso, 14 de Febrero de 2005