Imprimir
Los gobiernos utilizan el problema de la escasez y la contaminación del agua para propiciar conflictos en comunidades, pueblos y ciudades, a pesar de que los causantes de esta situación son las industrias y las autoridades que han contaminado, depredado y agotado el recurso, concluyeron ayer unos 400 delegados que asistieron al foro En defensa del agua.
Luego de las exposiciones de unos 80 representantes del continente, se determinó que el ataque del sector privado y de los gobiernos a la sociedad con miras a apoderarse de las fuentes de agua, los sitios de almacenamiento y la distribución del líquido es sistemático y con métodos similares, además de que los pobres, ya sean del campo o la ciudad, siempre carecen del recurso.
Ante esta situación, las comunidades indígenas que participaron en el encuentro consideraron que el tema del agua se debe abordar de manera integral y territorial. El asunto, dijo en la lectura de las conclusiones Andrés Barreda, del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop), forma parte de la cosmovisión de los pueblos.
El relator aseveró que la forma y el patrón de consumo y manejo del agua que han sido establecidos por el capital son los causantes de su depredación. ‘’Hace falta un cambio de cultura para entender la responsabilidad del capitalismo en el manejo irracional del agua'’, agregó.
Asimismo se refirió al programa gubernamental de pago por servicios ambientales, avalado por instituciones como el Banco Mundial, el cual representa ‘’una trampa'’, porque lleva a la privatización de bosques.
Indicó que el recurso no sólo se lleva del campo a las ciudades, sino también en éstas los pobres carecen de él, además de que el modelo de producción agrícola que impulsó el uso de agroquímicos contribuye a la contaminación de las fuentes.
La crisis del agua es un problema mundial. De acuerdo con la ONU, la sexta parte de la población del orbe (calculada en 6 mil 500 millones de personas) carece del recurso.
La falta del líquido es causante de al menos 7 por ciento de las muertes y enfermedades en el mundo, mientras las afecciones transmisibles por agua matan 3 o 4 millones de personas cada año.
En México la situación no es mejor. Hay 12 millones de personas sin acceso al servicio.
Los riesgos de La Parota
Antes, durante la exposición de las experiencias de comunidades que se oponen a dejar sus pueblos para dar paso a la construcción de presas, los representantes de cinco municipios de Guerrero, donde se prevé el desarrollo de la presa La Parota, que tendrá una inversión de mil millones de dólares, advirtieron que sus tierras no están en venta.
Ahí Refugio Palma, del municipio San José Cacahuatepec, detalló los problemas que se presentarán con esa obra.
‘’La cortina de agua de la presa provocará la inundación de 26 comunidades y el desplazamiento de 25 mil personas. Se afectará flora y fauna, incluso las especies que están en riesgo de extinción. Debajo de la cortina, las comunidades se quedarán sin agua, porque se secará el río Papagayo, en cuya orilla hay 26 comunidades asentadas.'’
En el foro, organizado por ETC Group, Casifop y el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, entre otras agrupaciones, Iván Pérez, del grupo de resistencia a La Parota, recordó que las protestas comenzaron en 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad presentó el proyecto y realizaron un plantón de protesta; desde entonces no han dejado de expresar su rechazo a la obra.
Privatización del recurso
Un caso similar es el que se presenta en Jalisco, donde están proyectadas las presas Arcediano y San Nicolás, las cuales provocarán inundaciones en comunidades, desplazamiento de habitantes y deterioro ambiental, pues se prevé desarrollar la primera en áreas ricas en biodiversidad.
Representantes huicholes del ejido Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlan, en el municipio Mezquitic, Jalisco, determinaron en asamblea defender su kapurie (rocío de agua), porque “sabemos que nuestras autoridades responsables de legislar y distribuir la riqueza natural de nuestros pueblos han contribuido en la privatización del agua, sin haber consultado a la poblaciones indígenas y tribales, como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
‘’Por esta misma razón, quienes nos representan como nación han creado alianzas con las empresas transnacionales para destruir la esencia de la espiritualidad y cultura de los pueblos, que son los manantiales y ríos”, señalaron.