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El PDPMM según la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC
1.Contexto
El Magdalena Medio durante los últimos 25 años ha pasado de constituir
una región marginal caracterizada por la presencia estatal exclusivamente
militar y de economías de enclave a constituirse en un territorio en el que
el Estado tiene una definida pretensión de recuperar el monopolio de las
armas y el control del territorio. El objetivo es articular este espacio
regional a las necesidades del capital nacional y extranjero, a las
demandas del modelo de desarrollo neoliberal adoptado desde comienzos de los años ochenta.
Una estrategia básica para lograr este propósito, que compromete tanto a los poderes económicos locales, al narcotráfico, así como al Estado, lo constituye el paramilitarismo, que resultó ser un “recurso eficiente” ante la ausencia del monopolio estatal de la fuerza y ante la inhabilidad del propio Estado para imponer orden en la jurisdicción que reclama. Los empresarios de la coerción –como definió un investigador a los paramilitares-, “surgen en este vacío de control”; su papel es el ayudar en el establecimiento del
orden económico, político y social y, paradójicamente, mantener los
medios de violencia bajo el control del Estado.
El incentivo para los carteles paramilitares lo constituye la posibilidad de
usufructuar actividades ilegales y delincuenciales como el robo de
combustibles, el narcotráfico, el lavado de dólares, la expropiación de tierras, la siembra ilegal
de palma africana, la corrupción en contrataciones públicas, la extorsión e incluso el secuestro, contando con la anuencia del Estado. Su objetivo militar fundamental: Las organizaciones sociales y políticas que no están de
acuerdo con el modelo excluyente impuesto.
La estrategia de guerra sucia paramilitar se complementa con la aplicación
de políticas contrainsurgentes externas amparadas bajo el sofisma de la
lucha contra las drogas y el narcotráfico: El Plan Colombia. En el
Magdalena Medio este plan se concreta en la posibilidad de introducir
grandes operaciones militares y de afectar la economía y la vida
campesina mediante las fumigaciones indiscriminadas con glifosato. Estas
actividades represivas no afectan de manera considerable a las guerrillas
que operan en la región, pero si acentúan el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas.
Finalmente, las políticas represivas encarnadas en el discurso y el
accionar de la “seguridad democrática” necesariamente tienen que
complementarse, desde el Estado, con la implementación de programas de
desarrollo que permitan darle cierta apariencia de moralidad al status quo y
al modelo de desarrollo impuesto, esto explica porqué toda la filosofía del
PDPMM se basa en la pretendida “recuperación de la legitimidad del
Estado”, un contrasentido ético, si tenemos en cuenta la historia reciente
de violencia política y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos
ejercidas por el Estado colombiano sobre los pobladores del Magdalena
Medio.
2. ¿Qué es el PDPMM según la ACVC?
El PDPMM instrumentaliza un modelo de intervención política, económica y social que es fundamentalmente institucional estatal, pues influye y
condiciona a organizaciones y movimientos que históricamente se han
opuesto a las políticas del Estado, por represivas en lo político y por
excluyentes y marginalizadoras en lo económico y social.
El PDPMM obedece a un modelo de intervención regional estatal
contrainsurgente, que reedita los esfuerzos anteriores del Estado por
”cambiar” las condiciones objetivas de pobreza rural sin la suficiente
inversión social estructural en regiones de histórica presencia de
guerrillas, donde éstas se constituyen en un referente de control, de
administración y de poder local y regional. Propuestas como el Desarrollo
Rural Integrado - DRI o el Plan de Nacional de Rehabilitación – PNR son los predecesores fracasados de “modelos contrainsurgentes de desarrollo” en Colombia.
El PDPMM articula las iniciativas de Estados, del sistema de Naciones
Unidas, de organismos multilaterales y de agencias de cooperación que
promueven un modelo de desarrollo dependiente y extractivo que perpetúa
las desigualdades regionales y de clase.
La cooperación internacional de la Unión Europea que intermedia el PDPMM, englobada en el “Laboratorio de Paz del Magdalena Medio” no condiciona al Estado colombiano en materia de derechos humanos y de recomendaciones internacionales sobre la materia, garantizando la impunidad de los autores intelectuales, financiadores, promotores y ejecutores de las violaciones de derechos humanos.
La apuesta de desarrollo del PDPMM no representa el acumulado de
reivindicaciones y de propuestas de desarrollo de las comunidades
campesinas y mineras del Magdalena Medio, expresadas en acuerdos
firmados entre sucesivos gobiernos y organizaciones sociales. Los
acuerdos logrados después de marchas y protestas que movilizaron a
decenas de miles de habitantes del Magdalena Medio durante las últimas
décadas han sido sistemáticamente incumplidos por los gobiernos. La
mayoría de dirigentes sociales de estas movilizaciones han sido asesinados,
desaparecidos o desplazados de la región.
El PDPMM ha implementado iniciativas de desarrollo nocivas para el
campesinado, contando con el dinero de la cooperación internacional, como
el proyecto de Palma Africana. Un iniciativa impuesta en Colombia por
poderes industriales, latifundistas y narcotraficantes ligados al
paramilitarismo que deja en el plano de pequeños productores de materia
prima y de jornaleros a los campesinos, con el riesgo de perder las tierras
frente a las presiones violentas de quienes promueven el cultivo o en
manos de los usureros del sistema financiero.
3. ¿Cuál es la propuesta de la ACVC?
La ACVC Considera que la cooperación internacional debe tener un imperativo ético frente al actuar del Estado colombiano.
La ACVC considera que la Comunidad Internacional:
Debe condicionar la inversión de recursos de financiamiento de proyectos de desarrollo al cumplimiento de convenios y
protocolos internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado colombiano. .
Debe condicionar la cooperación para el desarrollo a que ésta no complemente estrategias de guerra sucia como el
paramilitarismo, o estrategias de guerra de intervención militar y política
impuestas desde los Estados Unidos, como el Plan Colombia.
Debe condicionar la cooperación a que el Estado colombiano opte por la salida política al conflicto, político, social
y armado regional y nacional.
Debe condicionar la cooperación al cumplimiento de los acuerdos firmados e incumplidos por el Estado Colombiano con las organizaciones campesinas del Magdalena Medio.
Debe condicionar la cooperación a que no se criminalice a los miembros de la ACVC y de las organizaciones sociales por
parte del Estado colombiano. En la actualidad 4 dirigentes de nuestra
organización tienen orden de captura por estar sindicados de rebelión en base a montajes judiciales.
La comunidad internacional no debe permitir que la cooperación internacional sea centralizada y controlada por el Estado Colombiano en función de sus políticas represivas (“seguridad democrática”) y de la implementación de modelos económicos lesivos para la sociedad colombiana (el neoliberalismo).
La propuesta de desarrollo de la ACVC está contenida en el “Plan de
desarrollo y de protección integral de los derechos humanos de Magdalena
Medio” y en el “Plan de desarrollo sostenible de la zona de reserva
campesina del Valle del Río Cimitarra”. Estos planes hacen parte de los
acuerdos del Éxodo Campesino del Magdalena Medio, firmados con el
ex - presidente Andrés Pastrana el 4 de Octubre de 1998, hasta el momento
incumplidos en su totalidad.
Los planes de desarrollo de la ACVC buscan la vigencia plena, la garantía
y la satisfacción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de los habitantes del Magdalena Medio. Estos planes
representan el pago de la deuda histórica social del Estado colombiano
hacia los pobladores de la región.
Mientras que el Estado colombiano no cumpla los acuerdos y mientras no se solucione el conflicto la ACVC
desarrollará una estrategia de organización comunitaria, de construcción
de poder local, de seguridad alimentaría y de defensa de los derechos
humanos del campesinado, buscando garantizar la permanencia de la gente
en el territorio en medio de la guerra. Para nosotros este es el concepto de
desarrollo por ahora.
4. ¿Cómo son las relaciones ACVC – PDPMM?
La relación de la ACVC con el PDPMM va a cumplir una década, pues se inició en el año 1996.
Desde un comienzo han sido unas relaciones de interlocución permanente,
caracterizadas por el debate continuo. Se trata de discusiones políticas
de antagonistas que pueden llegar a acuerdos.
La ACVC exige el dinero de la cooperación porque es dinero público. La
ACVC no acepta condicionamientos de la Unión Europea, ni de las agencias
de cooperación, ni del PDPMM.
La ACVC es una organización civil de campesinos expropiados y desplazados que tiene una propuesta política y de desarrollo para la región del Magdalena Medio y para el país.
Puerto Matilde, Zona de Reserva Campesina
Abril 24 del 2005
ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA - ACVC