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Gobierno reconoce ausencia del Estado en el Monzón
Director ejecutivo de Devida, Nils Ericsson, admite que ese distrito de Huánuco es una zona liberada.
En las tierras de Iburcio Morales, líder cocalero, no basta con decir que impera la ley de la Selva. En realidad, gobiernan las propias leyes del Monzón: un sistema cocalero en el que ni siquiera se ha podido mantener un puesto policial. “El valle del Monzón es una “zona liberada”, ha dicho ayer Nils Ericsson, reconociendo este escenario.
El director ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ha terminado por aceptar que existe una ausencia total del Estado en este distrito de Huánuco, que cuenta con un valle que supera las 8 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca.
“Hace años que el Estado no está presente en el lugar. Pero desde hace un mes y medio se ha iniciado un proceso de restablecimiento”, declaró Ericsson.
El único puesto de la Policía que existía en la zona fue destruido por Sendero Luminoso en 1984. Solo sobrevive una posta de salud.
El único operativo antidrogas de importancia que se realizó en la zona fue “Fierro 2003”, entre el 6 y 10 de noviembre de ese año. Sin embargo, como señaló Ericsson, esa intervención no fue definitiva. “El Estado llegó, actuó y se retiró”, dijo el funcionario, quien acepta que en la zona del Monzón la máxima autoridad es Iburcio Morales.
El que manda
Cerca de las 7 de la noche, Morales respondió a La República desde el teléfono comunitario del centro poblado del Monzón. Tras ciertos rodeos, reconoce que la policía no puede entrar en sus dominios. “El pueblo repudia a los policías, porque ellos son abusivos. En el operativo Fierro 2003 la Policía ingresó sin respetar, tirando bombas lacrimógenas. Por eso la gente no los quiere”, se defendió Morales.
Y agregó inmediatamente: Pero si hay autoridad, está el Ejército y además están las rondas campesinas y la gobernación.
“La coca es la única alternativa del campesino. Si se erradica la coca vamos a morir de hambre. Y vamos a luchar. La consigna es coca o muerte, pero eso no significa que vamos a agarrar las armas y matar. No nos cerramos al diálogo”, sostuvo.
Analistas temen conflicto armado
El sociólogo Jaime Antezana sostiene que la radicalización de los campesinos en la defensa de los cultivos de hoja de coca “puede desatar un conflicto armado. Una resistencia organizada de nefastas consecuencias”.
El especialista tiene conocimiento de tres incidentes en los que los mismos agricultores respondieron a balazos la presencia de la Policía en zonas como Pizana, en Tocache.
Debido a que existe el peligro de que la violencia se desborde, el analista Ricardo Soberón considera que la “erradicación forzosa de los cultivos no solo es ineficiente sino además altamente peligrosa”.
“En las zonas donde ha estado presente Artemio y hay erradicaciones compulsivas, pueden juntarse factores que crearían un escenario incontrolable”, agrega Soberón.