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Veracruz, Ver., 21 de mayo. Está latente la posibilidad de un enfrentamiento entre indígenas y caciques de la región norte de Veracruz si el gobierno estatal no desactiva el poder de familias que imponen su voluntad a punta de pistola, como en el municipio totonaca de Coyutla, donde fue asesinado el ex síndico Miguel Alfonso Vázquez.
Así lo advirtió el dirigente del Movimiento Indígena de Tzocohuite, Lauro Cruz Cruz, quien también exigió a la administración estatal que encabeza el priísta Fidel Herrera Beltrán que revise la agenda de compromisos incumplidos por el ex gobernador Miguel Alemán Velasco, para dar respuesta a las demandas de los habitantes de las zonas étnicas.
En entrevista, Cruz Cruz -quien permaneció durante dos años en el penal de Jalancingo-, sostuvo que el abandono de los pueblos indígenas de Veracruz y la protección que reciben familias poderosas de parte del gobierno estatal, podría derivar en una ola de enfrentamientos y violencia en la región serrana.
Recordó que la tensión que se vive actualmente en el poblado indígena de Coyutla -donde a principios de mes fue asesinado el ex síndico Miguel Alfonso Vázquez-, luego de las amenazas de muerte contra varios ex funcionarios municipales que se enfrentaron al entonces alcalde priísta Basilio Picaso Pérez, “es producto de la tolerancia hacia grupos de poder que utilizan el crimen para someter a los pobladores”.
En la región norte de Veracruz el Movimiento Indígena de Tzocohuite surgió como una opción para enfrentar el cacicazgo de familias como los Mejía del Angel que acaparan el servicio de transporte urbano en la huasteca.
Mencionó que debido a que no obtuvieron respuesta favorable de la administración estatal pasada para buscar una solución a este problema, en 2000 los indígenas decidieron retener unidades de la empresa Autobuses Alamo, a cuyos dueños acusó de cometer “cualquier cantidad de abusos” contra las comunidades huastecas.
Asimismo, aseguró que choferes de la citada compañía son responsables de la muerte “intencional” de cinco personas en ese año, sin que sus propietarios hayan ofrecido una indemnización a los familiares de las víctimas ni promovido el castigo a los culpables.
Cruz Cruz comentó que a raíz del enfrentamiento con los caciques, el gobierno del estado aumentó la represión y el hostigamiento contra quienes encabezaron el Movimiento Indígena Tzocohuite, hasta que él fue encarcelado junto con Hilario de la Cruz, el 11 de julio de 2003 en el penal de Jalacingo.
“Nos acusaron de robo, secuestro, lesiones y hasta terrorismo, pero lo cierto fue que utilizaron a elementos de Seguridad Pública para reprimirnos y proteger los intereses de la familia que ostentaba el poder de la región”, denunció.
Señaló que, sin embargo, gracias a la presión que ejercieron organizaciones no gubernamentales, ambos dirigentes fueron liberados el pasado 14 de mayo.
Finalmente, destacó que el pasado jueves planteó a las autoridades la reapertura del diálogo para pedirles que cumplan con los acuerdos que los indígenas firmaron con el gobierno anterior el 19 de octubre de 2000 para el otorgamiento de concesiones de transporte a los indígenas, entre otras demandas.