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La Corte Suprema argentina anula las leyes de «Punto Final» y de «Obediencia debida»
·permitiria seguir con los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura
La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró ayer por siete votos a favor, uno en contra y una abstención la inconstitucionalidad de las leyes de «Punto Final» (1986) y de «Obediencia Debida» (1987), conocidas como «Leyes de Impunidad», aprobadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín en los años ochenta, y que supusieron el cierre de cientos de juicios contra represores de la dictadura (1976-1983).
BUENOSAIRES
La decisión ha causado inquietud y preocupación entre los militares, mientras que organismos de derechos humanos la recibieron el fallo con satisfacción y alegría. Esta resolución de la Corte Suprema implica que cerca de 1.500 militares, de los cuales alrededor del 10% permanece en activo, pueden volver a ser citados a declarar ante la justicia y quedar eventualmente detenidos por su implicación en la desaparición forzada de personas, torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar.
La nulidad de las «Leyes de Impunidad», que ya fue resuelta por el Congreso en agosto de
2003, permitió la reapertura de las causas sobre crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo de Ejército, pero una resolución de la Corte Suprema era indispensable para que todas las causas vinculadas al «terrorismo de Estado» avancen y sean elevadas a juicio oral.
Los jueces del Supremo que se pronunciaron por la declaración de inconstitucionalidad fueron Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay. Mientras, el juez Carlos Fayt decano de la institución votó en contra y Augusto Belluscio, cuya renuncia fue aceptada el lunes formalmente por el presidente Kirchner, se abstuvo de votar.
Tres de ellos, Fayt, Belluscio y Petracchi eran miembros de la misma Corte que en los años 80 avalaron las leyes del olvido. Petracchi, ahora, ha decidido decidió modificar su postura por el nuevo contexto.
Las leyes, dictadas en la década de los 80, libraron de responsabilidad a más de un millar de militares y policías implicados en delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la dictadura.
La resolución del tribunal supremo argentino abre la posibilidad de que sean enjuiciados entre 500 y 1.500 represores, de los cuales «muy pocos siguen en actividad», aseguraron a fuentes oficiales. En tanto, la mayoría de los jerarcas de la última dictadura permanece en prisión por el robo y cambio de identidad de hijos de desaparecidos, un delito que había sido expresamente excluido de las leyes de «Punto Final» y «Obediencia Debida».
Sienta precedente
El Parlamento aprobó las leyes de «Punto Final» y «Obediencia Debida» en 1986 y 1987, mientras el Gobierno que presidía Raúl Alfonsín no tenía coraje para enfrentarse a las rebeliones militares para protestar contra las citaciones judiciales a los militares.
Después de más de tres años de análisis, la Corte dictó su fallo sobre el caso de la desaparición del matrimonio formado por el chileno José Poblete y la argentina Gertrudis Hlaczik, quienes fueron secuestrados en 1978 junto con la hija de ambos, de apenas ocho meses.
La importancia de esta decisión es que sienta precedente para que puedan ser procesados los implicados en otros actos de represión.
La ley de «Punto Final» ponía límite temporal al procesamiento de acusados de crímenes durante la dictadura, lo que dejó fuera de proceso a miles de policías y militares.
La de «Obediencia Debida», a su vez, consagró la teoría de que los oficiales de rango inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron en la represión forzados por los mandos superiores.
No obstante, los ex comandantes que lideraron el plan de represión y exterminio contra opositores políticos fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en 1985.
Sin embargo, los miembros de las Juntas Militares se beneficiaron posteriormente de indultos decretados en 1989 y 1990 por el entonces presidente, Carlos Menem. Algunos de ellos volvieron a las cárceles o fueron puestos bajo arresto domiciliario por participar en el secuestro de hijos de desaparecidos. En esa condición se encuentran, el ex dictador Jorge Videla y Alfredo Astiz,
El presidente Kirchner elogia el fallo
El presidente argentino, Néstor Kirchner, consideró que
la decisión de la Corte Suprema «devuelve la fe en la Justicia». «Este día hace a la lucha contra la impunidad. Como presidente de los argentinos considero
un fallo muy importante el que se ha dictado». Kirchner dijo que los familiares de las víctimas de la represión y las organizaciones de los DDHH, «hoy al menos se reconcilian con la Justicia, porque es un grito de aire fresco que la impunidad en la Argentina entra a
terminar». -
Hebe de Bonafini muestra su cautela ante el fallo
J.M.U.
DONOSTIA
Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, si bien recibió la noticia con alegría, se mostró muy cautelosa ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina y pidió tiempo para ver cómo evolucionan los acontecimientos.
«La noticia es muy buena, es sana, pero hay que esperar. Es muy pronto para hacer valoraciones en profundidad. Hay muchas cosas por hacer y vamos a ver si de verdad los mandan a prisión», afirmó.
En su opinión, el fallo, principalmente, «es bueno para los jóvenes, para que vean que con la lucha se pueden conseguir las cosas». Sin embargo, se mostró más pesimista al contemplar a la Justicia argentina y comprobar que «hay más de 400 jueces de la dictadura, jueces cómplices de los militares» indicó, por lo que «no soy optimista de que vayan a la cárcel», añadió.
En cuanto al voto de Carlos Fayt, el único miembro de la Corte Suprema que votó en contra de la resolución y uno de los tres de la actual institución que en los 80 avaló el «olvido», afirmó que es un voto «contra la vida».
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo indicó que la asociación se reunió ayer con sus abogados para analizar la situación y preparar los próximos pasos.
En cualquier caso, las Madres volverán a concentrarse mañana, como todos los jueves desde el 30 de abril de 1977, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, junto a la Pirámide y frente a la Casa de Gobierno. La cita, como en los últimos 28 años, será a las 15.30 horas.