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Chenalho, Chiapas. 18 de junio.
Las expresiones de descontento por la militarización de las comunidades indígenas están aumentando rápidamente entre los pobladores priístas, presuntamente “aliados” de las tropas federales. No obstante, en Chenalhó nadie sabe por qué el Ejército federal levantó sus campamentos en Los Chorros y X’oyep, comunidades de este municipio tzotzil, y mucho menos si estos movimientos guardan relación con el retiro de otras cuatro posiciones castrenses fuera de la zona de conflicto, en los municipios de Bochil e Ixtapa (cercanos a los Altos, en dirección a Tuxtla Gutiérrez), además de Suchiate y Huixtla (en la lejana región fronteriza al sur del estado).
Más allá de decir que los movimientos obedecen a cuestiones “internas” de la Secretaría de la Defensa Nacional, las au-toridades castrenses no han ofrecido ninguna explicación sobre hechos que se recogen en los medios de comunicación y producen una inquietud mal disimulada entre las autoridades municipales oficiales priístas (e incluso perredistas, como es el caso de Bochil).
Paradójicamente, estos retiros aislados han servido para recordar, una vez más, cuán militarizada se encuentra la región indígena de Chiapas de manera permanente hace más de 10 años. De 114 posiciones militares registradas en Chiapas actualmente, 94 se encuentran en la denominada zona de conflicto y coinciden con los territorios indígenas (según las cuentas de la acuciosa observación realizada por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas entre 2004 y 2005).
A lo largo del sexenio foxista, las tropas federales han adoptado una cierta “invisibilidad” al quitar retenes y puestos camineros. Pero contra lo que se ha querido dar a entender, el Ejército federal no ha retirado tropas de Chiapas en ningún momento. Tan sólo en Chenalhó existen nueve posiciones (si sustraemos las dos que fueron abandonadas), y si se considera su reducido tamaño es, por encima de las cañadas de la selva Lacandona, el territorio más militarizado del país.
Naturalmente, el rechazo a la presencia militar ha sido una constante de las comunidades y los municipios rebeldes. También de organizaciones independientes como Las Abejas y Xi’Nich, y por momentos de organizaciones pro gubernamentales como ARIC Independiente. Lo novedoso es que ahora son comunidades priístas -o sea, las que realmente conviven con los soldados- las que manifiestan inconformidad. Sucede en Emiliano Zapata (Tila), Monte Líbano (Ocosingo), Vicente Guerrero (Las Margaritas), así como en Los Chorros y Yabteclum (Chenalhó).
El cinturón de comunidades priístas que rodea el municipio autónomo zapatista de San Pedro Polhó sugiere, de hecho, que son parte de una colonia militar en forma, como se aprecia en Yabteclum, Majomut, Acteal, Las Limas y Takiukum.
“Afectan en la vida cotidiana de todos”, dice Porfirio, poblador de Tzajalucum, que se resiste a definirse como priísta, pero que seguramente lo es. “Están allí (los soldados). Se acercan a las casas. En unas los reciben. A lo mejor no (les) queda de otra. La gente no está contenta. Sólo sacan beneficio unos pocos que venden comida y otras cosas”.
Interrogado sobre el impacto de los programas sociales del gobierno, responde que “no alcanzan para resolver nuestra necesidad, y a veces tardan”. Eso sí, camionetas del año con los logos de Oportunidades y el gobierno federal suben y bajan por los Altos, lo mismo que tráileres con material de construcción.
Fuera de los territorios autónomos, pareciera que la política se reduce a la gestión de dinero, programas y proyectos gubernamentales. Los diputados de PRI y PRD, el comisionado para el diálogo, Luis H. Alvarez, los delegados del gobierno estatal y los presidentes municipales están para eso, o al menos así se promocionan. Pero las carencias ancestrales no se resuelven, quizá empeoran.
Migrantes muertos
No existen aún registros fidedignos sobre la migración laboral de tzotziles en los Altos, pero todo indica que Chenalhó es el mayor expulsor de mano de obra después de Chamula. Un dato dramático: comunidades priístas de este municipio han recibido recientemente los cadáveres de seis de sus jóvenes, muertos en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos.
Los conflictos laborales del magisterio y los trabajadores del sector salud han revelado, colateralmente, los avances de la autonomía zapatista en ambos rubros. Se ven allí donde no hay “programas” ni grandes inversiones, donde ningún funcionario mete la mano en las decisiones comunitarias, donde los indígenas no están esperando más y más “apoyos” del gobierno (la cantilena sin fondo de las comunidades oficialistas por todos lados).
Cómo estará la situación que el martes pasado el secretario general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, declaró que los servicios de las comunidades zapatistas “son un ejemplo para los sistemas de salud que otorga el gobierno”, e inclusive aventuró que “los índices de enfermedad podrían ser menores entre quienes reciben atención del sistema de salud gubernamental”.
El descontento del personal institucional por la falta de medicamentos, equipo y personal especializado generó significativas protestas en semanas anteriores. Así, las palabras de Zavaleta Ruiz resultan interesantes. Los zapatistas, dijo, “no acuden a los centros de salud públicos, pero acuden a los suyos, porque cuentan con personal médico para la atención de los pacientes de las comunidades” (Cuarto Poder, 15 de junio).
El líder sindical encomió específicamente la clínica de Oventic, y aseguró que los zapatistas, mediante las juntas de buen gobierno, “capacitan científicamente a técnicos para la atención primaria de la salud. Los capacitan muy bien para que la atención sea completa”.
Más allá de lo que puedan tener de bravatas contra el gobierno estatal, estas declaraciones (que ni en materia sanitaria ni educativa son aisladas, son las más recientes) apuntan a que incluso desde las filas gubernamentales se reconoce que la autonomía de los indígenas está probando que otro modo es posible.