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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
El pasado 25 de junio de 2005 la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena realizó una sesión de trabajo con motivo de la Alerta Roja decretada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la creciente militarización en el estado de Chiapas, y resolvió hacer del conocimiento público los siguientes puntos de acuerdo:
1.- Durante más de quinientos años los pueblos nuestros, pueblos primeros, de cuya sangre y semilla nació México, hemos sufrido opresión, violencia y olvido en un contexto de permanente conquista, colonización y exterminio. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro abrió un nuevo camino en la lucha de resistencia y reconstitución de nuestros pueblos, al darnos visibilidad dentro y fuera del país y acercar nuestro paso al de importantes sectores de la sociedad civil.
En dicho contexto inédito es que nuestros pueblos, convocados por el EZLN, logramos consensar con importantes sectores de la sociedad civil y el gobierno federal, los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena, aún cuando éstos fueran posteriormente traicionados y olvidados por todos los poderes que integran el estado mexicano.
Asimismo nuestros pueblos, con la iniciativa y participación destacada del EZLN, fundamos el Congreso Nacional Indígena (CNI) como un espacio que ha unido la voz y el caminar de nuestros pueblos indígenas con el fin de alcanzar la reconstitución integral y la plena autonomía como una vía para el ejercicio de nuestro inalienable derecho a la libre determinación. Desde entonces el caminar de nuestros pueblos y el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se ha acompañado, aún cuando no han faltado quienes habiendo participado en el proceso del Congreso Nacional Indígena han vendido su dignidad o tomado otros caminos distintos al nuestro.
2.- Expresamos nuestro profundo respeto y reconocimiento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los pueblos y comunidades que le dan vida, a las Juntas de Buen Gobierno, a los Caracoles Zapatistas y a los municipios autónomos; y en especial manifestamos nuestro respeto y reconocimiento a la consulta que actualmente están llevando a cabo, misma que, no nos cabe la menor duda, tiene como fin la construcción de nuevos caminos para la liberación de México, incluidos nuestros pueblos. Por esta razón les decimos que en el siguiente paso que habrán de dar, los acompañaremos con nuestro humilde caminar. Hoy como antes, desde las realidades y aspiraciones de nuestros pueblos, no estarán solos.
Por eso también exigimos al Estado Mexicano pleno respeto al proceso de consulta que están llevando a cabo nuestros hermanos zapatistas y a los resultados que de ella emanen.
3.- Condenamos enérgicamente el recrudecimiento de la militarización y paramilitarización que están viviendo actualmente el estado de Chiapas y, específicamente, los territorios zapatistas, con la venia de todos los partidos políticos y el patrocinio directo del gobierno estadounidense. Asimismo condenamos la guerra de baja intensidad desatada en contra de nuestros hermanos zapatistas a través de políticas y programas gubernamentales que tienen como propósito aislarlos y desgastar su base social para su posterior aniquilamiento.
4.- Por otro lado condenamos la militarización, acoso y represión sistemáticas en las regiones indígenas de todo el país y de manera particular en contra de nuestros hermanos y hermanas de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata y del Caracol Zapatista Erupción de Rebeldía en el Lago Azul de Zirahuén (Michoacán), del Municipio Autónomo de Suljaa’ (Guerrero), de la Comunidad Agraria Autónoma de Bancos de San Hipólito (Durango), del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal, del Consejo Ciudadano Unidalguense y de muchas otras instancias y organizaciones indígenas del país. También denunciamos la reciente intromisión ilegal de más de setenta enmascarados de la Agencia Federal de Investigación en tierras comunales de Milpa Alta, supuestamente en tareas de “combate al narcotráfico”, y la también reciente instalación de retenes policíacos en toda la región p’urhépecha.
5.- Todos los hechos arriba señalados forman parte de una estrategia global del Estado Mexicano, coludido con las grandes empresas trasnacionales, para tratar de exterminar a nuestros pueblos. Dicha estrategia tiene su complemento fundamental en la aplicación de los programas de certificación de tierras ejidales (PROCEDE) y comunales (PROCEDECOM), con el fin de generar condiciones legales para la privatización de nuestras tierras, y en la aprobación, con el consentimiento del gobierno y de todos los partidos políticos, de diversas leyes que tendrán como resultado el robo y la destrucción de las semillas nativas de maíz y la privatización del agua, de la biodiversidad, de los conocimientos tradicionales, y del conjunto de las tierras, territorios y la naturaleza de nuestros pueblos indígenas.
6.- Por todo lo dicho ratificamos que seguiremos en la lucha por el ejercicio pleno de los derechos indígenas, volviendo a manifestar que los Acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la COCOPA son nuestra ley suprema y que desconocemos, una vez más, la denominada ley Barttlet-Cevallos-Ortega y todas las leyes que de ella deriven.
7.- Llamamos a todos los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena a redoblar esfuerzos con el fin de consolidar dicho espacio en cada una de nuestras regiones y a nivel nacional; así como a estar ALERTAS con relación a cualquier agresión que el gobierno quiera realizar en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y a los resultados que arroje su actual consulta.
México, D. F., a 26 de junio de 2005.
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL
DE NUESTROS PUEBLOS
COMISIÓN AMPLIADA DE SEGUIMIENTO
DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA