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Viernes 15 de julio de 2005
Municipios autónomos rebeldes enfrentan amenaza de grupos contrainsurgentes
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 14 de julio.
Este viernes se espera el retorno a la actividad pública de los gobiernos autónomos zapatistas en los cinco caracoles y sus decenas de municipios rebeldes, al concluir la alerta roja general decretada por el EZLN hace casi un mes.
Tras la peculiar etapa de “hibernación” que emprendió el zapatismo a la vez que anunciaba cambios en su accionar político a escala nacional, la actividad de las juntas de buen gobierno (JBG) volverá a ser visible.
Y mientras desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona se perfila la iniciativa nacional e internacional de los zapatistas para los meses próximos, que todo indica serán de gran intensidad política y efervescencia prelectoral en el país, las comunidades y sus órganos de gobierno se disponen a un nuevo periodo de resistencia en sus territorios, militarizados por el cerco del Ejército federal y donde grupos priístas se reorganizan aceleradamente para enfrentar el desafío zapatista como grupos de choque o de plano paramilitares.
No parece casual que coincidan en el tiempo la reactivación de las agresiones e intimidaciones de los paramilitares, identificados desde hace años, en Tila, Sabanilla y Chenalhó, mientras un vasto operativo de cooptación priísta recorre Chilón, Yajalón, Tumbalá, Altamirano y las cañadas de Ocosingo, y es dirigido, no a los zapatistas, sino a las organizaciones hoy salazaristas: ARIC Independiente, ARIC Unión de Uniones, Yomlej, ORCAO y otras.
Algunos municipios autónomos rebeldes enfrentan la amenaza contrainsurgente, potencialmente violenta, de estos grupos priístas vinculados con los antiguos Chinchulines, Paz y Justicia y el Mira (grupo paramilitar cuya existencia siempre fue negada por el gobierno), o bien de la banda armada de los Altos que perpetró decenas de asesinatos en serie que culminaron en la masacre de Acteal en 1997.
En las semanas recientes, la tensión y el peligro han crecido en torno a San Manuel, Francisco Villa, Olga Isabel, La Paz, El Trabajo, San Pedro Polhó y otros municipios zapatistas de la zona norte y de los Altos. En el último caso esto viene acompañado del retiro inexplicado de seis campamentos del Ejército federal en otras tantas comunidades “interiores” de Chenalhó, que inclusive son asiento de los paramilitares como Los Chorros, Pechiquil y Chimix.
Siendo el primer retiro de posiciones (aunque no de sus tropas, que permanecen en este territorio chiapaneco) en varios años, ha sido saludado como “buena señal” por sectores comprometidos con la paz, como la diócesis católica de San Cristóbal de las Casas y observadores civiles. Sin embargo, otros análisis independientes señalan que podría tratarse de un retiro estratégico, para facilitar las acciones paramilitares.
Luego de ocho años de militarización de las comunidades tzotziles de Chenalhó, queda como balance un fracaso de su presunta misión, pues nunca se desmantelaron los grupos criminales ni se decomisaron sus armas.
Viendo el grado de convivencia que lograron los soldados y estas poblaciones oficialistas, consumidoras de la “labor social” castrense y a su vez vinculadas económicamente a las tropas en Takiukum, La Libertad, Xo’yep, Acteal Los Chorros, Pechiquil y Chimix, es inevitable concluir que el Ejército federal protegió a los priístas armados.
Aunque en algunos lugares de Ocosingo, Altamirano y Chilón tanto campesinos rebeldes como miembros de las organizaciones perredistas de la región tzeltal confirmaban en días pasados las versiones sobre el activismo y las acciones hostiles de los militantes del PRI durante las semanas de alerta roja, las autoridades autónomas se mantienen en total reserva.
Del mismo modo, el municipio autónomo de Polhó no se ha pronunciado respecto al retiro de tropas federales en la zona. Además, permanecen las principales posiciones castrenses, como la ubicada en torno a la propia cabecera autónoma y en el barrio de Majomut, o bien la de Yabteclum (en la cual, por cierto, incluso el teléfono “público” está dentro de la base de operaciones).
El EZLN anunció ayer que al reanudarse las actividades de gobierno en los caracoles habrá algunos cambios en su funcionamiento, como las nuevas “oficinas de información”. Se prevé que a partir de la próxima semana se normalicen los contactos de la sociedad civil con los zapatistas, y que las acciones de gobierno autónomo y acuerdo local se restablezcan por completo.
Durante el periodo de la alerta zapatista este enviado presenció y supo de varios casos en que indígenas priístas o de otras organizaciones acudían a los caracoles de Morelia y La Garrucha para tratar asuntos con las JBG, y hubieron de marcharse sin lograrlo.
Paz y Justicia desaloja a seis familias en el poblado Andrés Quintana Roo
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 14 de julio.
Integrantes de Paz y Justicia desalojaron a seis familias de indígenas de Sabanilla que habitaban en el poblado Andrés Quintana Roo. Según la denuncia de las personas que tuvieron que refugiarse en Tapijulapa, Tabasco, los integrantes del grupo paramilitar se están “reorganizando y armando”. Según un reporte dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la madrugada del pasado 9 de junio salieron 22 familias del poblado citado, luego de que sus viviendas fueron baleadas por varios hombres encapuchados vestidos de negro. Seis días después, a consecuencia de las lluvias, 21 familias retornaron, por lo que el gobierno estatal, por medio de su comisionado para la reconciliación, fungió como mediador en reuniones que sostuvieron los presuntos agresores y los afectados de diversas comunidades de Sabanilla. Sin embargo, de acuerdo con el documento del centro humanitario, las amenazas de los miembros de Paz y Justicia continuaron.