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Anuncian juicio popular contra el presidente de Bolivia en El Alto
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto anunció ayer un juicio contra el presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, por realizar “gestiones para favorecer” a la filial boliviana del grupo francés Suez para que se quede en el país andino.
LA PAZ, 27. El contrato de esta filial, Aguas del Illimani, acusada de contravenir los términos de su concesión para el lapso 1997-2037, fue unilateralmente rescindido en enero pasado, vía decreto supremo, por el entonces presidente Carlos Mesa, presionado por organizaciones sociales de El Alto.
“Se va a hacer un proceso al presidente Rodríguez por haber obligado al superintendente (de Servicios de Saneamiento Básico, Rodrigo Camacho) la aceptación de las boletas de garantía” de la operadora, a sabiendas de que el plazo de presentación expiró más de un mes atrás, afirmó el líder de la Fejuve Abel Mamani.
La falta de renovación de las boletas de garantía anulaba, de hecho, la concesión.
El dirigente de los vecinos de El Alto, epicentro de una revuelta popular que en 2003 tumbó al presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada y que en mayo y junio últimos presionó la renuncia de Mesa, acusó a Rodríguez de atentar así contra los intereses de su ciudad, la cuarta más poblada y una de las más deprimidas del país.
Rodríguez “ha obligado al Superintendente para que acepte las boletas de garantía cuando estas boletas estaban fuera de la fecha, es decir había (la empresa) incumplido con el pago de las boletas de garantía, estaba la fecha vencida, pero aún así el Presidente ha obligado a que acepte las (tres) boletas de garantía” por un valor global de 17 millones de dólares, acusó.
Aguas del Illimani opera en La Paz y El Alto desde agosto de 1997.
La Superintendencia de Saneamiento Básico había ya notificado, la tercera semana de julio anterior, la rescisión del contrato.
“El Gobierno se está comprometiendo a que esta empresa se quede (en ambas ciudades), que siga prestando el mal servicio a la población (y) ha incumplido con la salida de Aguas de Illimani, pese a que ha habido un decreto supremo”, denunció Mamani.
El dirigente también instruyó a los habitantes de El Alto, de mayoría indígena, “desobediencia civil” en el pago de tarifas y dio una suerte de autorización para que los vecinos “realicen instalaciones y reconexiones clandestinas”.
En medio de escarceos entre La Paz y la administración de Aguas del Illimani entre enero y julio últimos, Rodríguez confirmó en julio la decisión de su administración de comprar el paquete accionario del grupo francés Suez.
Este recurso fue planteado para evitar la expulsión de la firma o la interposición de una demanda en estrados internacionales por parte de la empresa, además de una eventual indemnización del Estado que según cálculos extraoficiales bordearía los 60 millones de dólares.