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Martes 30 de agosto de 2005
Magdalena Gómez
La Jornada
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En las vísperas del “año electoral” resulta necesario el análisis del previsible comportamiento ciudadano, sobre todo en lo relativo al abstencionismo de cuyos “detractores” dependerá la orientación y resultado para Presidencia de la República. Por ello habrá que considerar cuál puede ser el incentivo para que la ciudadanía indígena acuda a las urnas. Si bien esta decisión es secreta e individual, en última instancia sabemos que en el campo indígena suele comentarse el asunto en el ámbito comunitario y que en general se define una postura común y colectiva. La situación actual es que buena parte de las organizaciones indígenas reivindican el conjunto de los derechos colectivos de los pueblos y han jugado un papel importante en la lucha por la democracia en sentido más amplio que la mera democracia representativa; están en espera del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, son cercanos al movimiento zapatista, se agrupan en el Congreso Nacional Indígena y no postulan su participación con las actuales normas y condiciones políticas. Sin embargo, tampoco parece que piensen convertirse en promotores del abstencionismo.
Bien sabemos que el contenido de la ciudadanía no se limita al derecho a votar en elecciones y que para alcanzar su integralidad requiere del componente de los derechos sociales, económicos y culturales, lo que en nuestra Constitución se traduce en derechos exclusivamente políticos. Y aun con este reduccionismo su ejercicio entraña una relación conflictiva en permanente tensión con sectores de interés, factores reales de poder que en la práctica cuestionan la supuesta universalidad de su ejercicio. El caso indígena es representativo de la distancia no sólo normativa, sino procedimental para acceder a la condición ciudadana.
En nuestra región hasta ahora hemos puesto escaso énfasis en el análisis de la ciudadanía en el contexto del reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, inmersos en la elaboración y debate de los fundamentos constitucionales de los derechos colectivos. El enfoque de la ciudadanía nos enfrenta de nuevo al debate sobre la armonización, contradicción o coexistencia de derechos individuales y colectivos de estos pueblos, así como a la necesidad de definir si la propuesta en esta materia será el planteamiento de condiciones especiales que configuren lo que Kymlicka plantea como “ciudadanía diferenciada”, o bien si basta con el reconocimiento autonómico de los pueblos para que sus integrantes ejerzan la ciudadanía en condiciones de igualdad con el resto de los mexicanos.
Este ejercicio demanda la consideración de los cambios que se están produciendo, tanto en los territorios tradicionales indígenas como en las comunidades de migrantes. Esta ausencia de análisis sistemático sobre la ciudadanía en contexto pluricultural también es reflejo de la parálisis que generó el estancamiento del proceso de diálogo en Chiapas, además de la situación que viven los pueblos indígenas, asediados por los condicionantes y presiones del programa Procede, amenazados con las nuevas leyes privatizadoras en materia de recursos naturales y enfrentados al vaciamiento de sus pueblos debido a la migración.
Es muy significativo recordar lo que planteó el comandante Zebedeo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 28 de marzo del 2001:
“Hermanos senadores, hermanas senadoras, hermanos diputados, hermanas diputadas:
“Ustedes llegaron a ocupar esas sillas no por fuerza propia. No se olviden que fue gracias a la gente, repito, gracias a los jóvenes estudiantes, a las amas de casa, a los campesinos, a los indígenas, a los obreros, a las obreras, a los taxistas, a los choferes, a los comerciantes y ambulantes, a los artistas, a los maestras y las maestras, a los doctores, a las doctoras, a los colonos, a los mecánicos, a los ingenieros, a los licenciados y al pueblo de México en general.
“Esta clase trabajadora que forma nuestro México prestaron su tiempo, acudieron en la sección que pertenecen, se formaron e hicieron cola para manchar sus boletas marcando la equis. Ellos quisieron creer y para ello pedían ni más ni menos que el reconocimiento de derechos.”
Después del desenlace que tuvo la contrarreforma indígena en ese año, difícilmente podemos esperar que este diálogo inédito en la historia de nuestro país se repita. Lamentablemente hoy los pueblos indígenas están más distantes que nunca del Estado, pues los tres poderes de la Unión les han cerrado la puerta. De manera que Andrés Manuel López Obrador, de ser candidato oficial por el PRD, y no obstante haber postulado el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, deberá asumir que lo hace en un campo minado y que la recuperación de la confianza requerirá la prueba de los hechos.
* Síntesis de la ponencia presentada en el coloquio Estado y Ciudadanía, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 25 de agosto de 2005.