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por Hugo Alberto de Pedro
En primer término aclaremos que para el ordenamiento constitucional de la República Argentina el “Estado de Sitio” puede ser declarado cuando exista perturbación del orden por una conmoción interior o por un ataque exterior (art. 23) dentro de la parte asignada a las Declaraciones, Derechos y Garantías de la magna carta, estableciendo asimismo que el “habeas corpus” deberá ser resuelto por el juez aún bajo éste estado tan especial (art. 43) si se viera lesionado, restringido, alterado o amenazado cualquier derecho con la libertad física, entre otros casos.
El Senado Nacional es la cámara legislativa que podrá autorizar al Presidente de la Nación la declaración del estado de sitio sólo en caso de un ataque exterior (art. 61), y corresponderá a ambas cámaras declararlo en caso de conmoción interior salvo en el caso de su receso, durante el cual podrá hacerlo el Poder Ejecutivo Nacional que deberá ser aprobado o suspendido por los legisladores nacionales (art. 75 inc. 29 y art. 99 inc. 16).
Queda en claro, entonces, de que el Presidente de la Nación no tiene atribución para declarar el estado de sitio, salvo en caso de receso legislativo legal y no del que se verifica en la realidad en los últimos años.
Ahora bien, ayer se ha producido el segundo hecho, el anterior hace siete días atrás, donde el presidente Néstor Carlos Kirchner ha prohibido ejercer los derechos ciudadanos de petición, reunión y manifestación, cual si los 20.000 manifestantes estarían por cometer un delito de sedición. El mensaje institucional está muy claro: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.
Cualquiera que desconozca los hechos podría pensar, hasta aquí, que la vida nacional estaba en peligro. Aunque las consignas de la movilización de estudiantes secundarios y universitarios, profesores, trabajadores, desocupados, piqueteros y partidos de izquierda eran las siguientes: 1) Trabajo y Salario a $ 1.800 (600 dólares) de básico, 2) Subsidio Universal de $ 350 (117 dólares) para trabajadores desocupados, 3) Más presupuesto para Salud y Educación, $ 800 (267 dólares) para el cargo testigo docente, 4) Abajo las leyes Federal y Superior de Educación, 5) No a la represión de la protesta social, y 6) Por el triunfo de la lucha del Garrahan.
Si los manifestantes tratamos a Kirchner como “basura” y de que “vos sos la dictadura” no deja de confirmar que la respuesta popular a las políticas represivas y de saturación policial presidenciales no tienen espacio en la vida de éste pueblo. Por memoria, por sufrimientos, por desapariciones, por procesados, y por presos sociales es inaceptable.
Solamente desde una visión y una pertenencia reaccionaria, derechista y fascista puede reaccionarse en tamaña medida. Nosotros no tenemos la culpa que el presidente Kirchner no haya jamás luchado por los derechos de los trabajadores como profesional y político, que jamás haya trabajado por la vigencia y el respeto por los Derechos Humanos como profesional y político y que jamás haya tenido que padecer la insatisfacción de sus necesidades mínimas de vida desde su posicionamiento millonario y rentístico que goza.
Los que venimos advirtiendo desde hace muchos años del peligro que genera Kirchner, desde su impronta autoritaria y hegemónica, hoy tenemos más elementos para afirmar que estamos frente a un serio problema en la vida democrática y en la convivencia social, porque los derechos y garantías están siendo violentadas sistemáticamente.
Si bien decir que el estado de sitio está vigente en Argentina pueda parecer a muchos como un exceso de interpretación, deberíamos contemplar una realidad que ahora no está peleándose con la apariencia. El Gobierno Nacional se ha arrogado el derecho de ser el único que puede decidir cómo, cuándo y dónde se realizan las movilizaciones y actos políticos y sociales dentro del territorio, no teniendo la misma rápida actitud cuando se le exige que diga cómo, cuándo y dónde llevará adelante las políticas económicas y sociales que permitan terminar con un sistema capitalista de explotación, donde los derechos de los pobres, desocupados y trabajadores son institucionalmente vilipendiados.
La historia del peronismo es muy interesante para poder establecer que nunca ha sido un movimiento tolerante de las diversidades de ideas políticas y sindicales, que ha tenido siempre a los sectores progresistas y de izquierdas como a los verdaderos enemigos. Aún contra aquellos que desde esa mirada han formado parte de sus filas y que fueron utilizados, echados y luego asesinados por el mismísimo peronismo.
Los miedos de los gobernantes autoritarios hacia quienes quieren oponerse a sus políticas siempre han terminado en persecución, represión, procesamiento, cárcel y muerte. Stalin, Hitler, Mussolini, Franco y Perón no nos dejan mentir. La apoyatura en la mendacidad de querer imponer un orden de convivencia en la vía pública es la base de cualquier modelo político-económico-social que desconoce los reclamos de las mayorías, desde las más activas hasta las más acalladas. Porque lo que interesa es el orden en el desorden del bienestar humano.
El prohibir el ingreso a la histórica Plaza de Mayo es un gesto de soberbia política, ya que pretende cambiar un orden de preferencia del pueblo, impuesto desde el nacimiento mismo de la Patria hasta nuestros días. Esa plaza ha sido utilizada como lugar de concentración y queja de las más variopintas manifestaciones sociales, sindicales, políticas y populares a lo largo de casi dos siglos. Siempre han tenido, más allá de las muchas diferencias, el común denominador de no equivocarse sobre los hechos allí denunciados, manifestados y las reivindicaciones exigidas allí.
Entonces, al prohibirse por vía de la intimidación, con la utilización de medios de represión casi nunca vistos, haciendo palanca en la desinformación pública estamos frente a un grave problema. Tan grave como para poder encontrar simetrías en las posiciones autoritarias y fascistas. Porque de lo que se trata es de terminar con cualquier manifestación en contra del modelo de acumulación financiera y económica impuesto desde el poder, que desconoce por completo cualquier criterio distribucionista del ingreso nacional, que pretende ocultar una realidad mediante estadísticas y encuestas tan mentirosas y aberrantes como las propias iniciativas gubernamentales.
Se podría afirmar, sin temor a equivocarnos, que el “estado de ocupación”, el “estado de saturación” es el paso previo y necesario hacia el “estado de sitio” de hecho.
La única salida que tenemos los que nos seguiremos oponiendo a éstas prácticas es seguir insistiendo y resistiendo, es seguir militando, es seguir luchando para frenar a todos estos esperpentos políticos autoritarios.
3 de setiembre del 2005