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Los Tiempos y Agencias.- Pese a la radicalización y masificación de las medidas de presión asumidas por varios municipios del país y universidades públicas, con bloqueos de caminos, movilizaciones callejeras y huelgas de hambre, y el anuncio de otras medidas a partir de hoy; el Gobierno se mantiene firme en su decisión de no entregarles mayores recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El presidente Eduardo Rodríguez cuestionó ayer las medidas asumidas por alcaldes y universidades en demanda de mayor participación del impuesto petrolero y los convocó a acudir a la ley, no al bloqueo y la huelga de hambre, para reclamar “en paz sus pretensiones”.
“No hacerlo y hacerlo por la vía del bloqueo, de la huelga de hambre, genera, sobre todo a los ciudadanos, un clima de incertidumbre y de una muy mala práctica porque si las primeras autoridades son las que no honran la ley para reclamar, pues todos vamos a hacer lo mismo”, cuestionó.
Los municipios y universidades iniciaron medidas de presión después del fracaso de las negociaciones con las autoridades gubernamentales. Alcaldes y concejales de más de una decena de municipios de Cochabamba liderizaron las presiones el martes pasado, con la instalación de un piquete de huelga de hambre. El miércoles, adoptaron similar medida autoridades de la Universidad Mayor de San Simón y de los municipios de La Paz. La situación se agudizó ayer en Cochabamba con bloqueos y movilizaciones, así como en Santa Cruz y Potosí donde también se instalaron piquetes de huelguistas y realizó una marcha.
Para hoy, los municipios de Cochabamba anunciaron el bloqueo de las carreteras interdepartamentales e interprovinciales, además de movilizaciones y la paralización del servicio público de transporte urbano de pasajeros. Mientras que en otros departamentos, se anuncia el inicio de similares medidas en los próximos días, al no existir ninguna reunión fijada con el Gobierno para revisar el tema ni nuevas propuestas que permitan llegar a alguna solución.
Diálogo abierto
En este contexto, el presidente Rodríguez reiteró ayer que su administración tiene toda la predisposición de continuar el diálogo y la concertación para llegar a un acuerdo en el que se establezca la mejor forma de distribución de los recursos generados por la explotación de las reservas de gas del país y que pertenece a los bolivianos.
“Que vuelvan a la mesa del diálogo, no sólo con el Gobierno sino con el Congreso y con otros sectores que también, de manera legítima tienen una posibilidad de tener acceso a estos recursos que genera el IDH”, expresó en una conferencia de prensa ofrecida en la nueva Sala Prensa a su retorno de Puerto Maldonado, donde participó del inicio de obras de la carretera denominada Eje Amazónico.
Sin embargo, contrariamente a este llamado, el delegado Presidencial para Asuntos Políticos, Jorge Lazarte y el ministro de Hacienda, Waldo Gutiérrez, ratificaron que la exigencia de los municipios no era viable, expresaron que las alcaldías y universidades pretenden acceder directamente al 25 por ciento de coparticipación tributaria del IDH, sin mayores responsabilidades.
Anotaron que de ser atendida esa exigencia no permitiría que el Tesoro General de la Nación (TGN), tenga ingresos para atender las múltiples necesidades del país.
El Gobierno planteó que del conjunto de recaudaciones del IDH se destine 40 millones de dólares a las alcaldías y 10 millones de dólares a las universidades, pero con la obligación de asumir mayores responsabilidades teniendo en cuenta que estos recursos son de los bolivianos y deben beneficiarles directamente.
Se propuso a los municipios correr con el costo del seguro de vejez, el desayuno escolar, la atención a los programas culturales de alcance local y otros. Las prefecturas tendrían a su cargo programas de mantenimiento de vías y la atención del crecimiento vegetativo en salud y educación. En cambio, las universidades tendrían que emplear la nueva asignación en infraestructura, principalmente.
El presidente Rodríguez explicó que acceder a la solicitud de estos sectores, amparados en un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, afectaría al erario y a otros sectores.
Sin embargo y más allá de ello sostuvo que se trata de no imponer una posición, en este caso edil y universitaria sobre el resto de los sectores que igualmente reclaman su parte de estos recursos como pueblos originarios, comunidades campesinas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Poder Judicial.
También explicó que se debe pensar en que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) requiere de recursos para encaminar el proceso de refundación tal cual marca la ley para participar en toda la cadena de los hidrocarburos. “El camino de la ley faculta a todos los bolivianos y más aún a rectores y alcaldes a acudir a los tribunales, al Tribunal Constitucional para reclamar en paz sus pretensiones”, reiteró.
El peor conflicto de su gestión
El presidente Eduardo Rodríguez enfrenta el peor conflicto desde que asumió el gobierno en junio pasado, debido a la huelga de hambre de ediles y funcionarios de universidades públicas descontentos con la distribución del impuesto a los hidrocarburos. Aunque, tiene en puertas otros dos conflictos que por ahora se encuentran en cuarto intermedio, con los productores de coca de los Yungas por la instalación del cuartel La Rinconada y con los indígenas del oriente que demandan tierras.
Los ediles masificaron el jueves un ayuno voluntario en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se anuncian bloqueos a partir de hoy, exigiendo al Gobierno central parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) tras el fracaso luego de varios meses, de las negociaciones. Los universitarios anuncian marchas en esas ciudades.
El Gobierno no logró convencer a los municipios y universidades sobre cómo se puede distribuir 100 millones de dólares de los 417 millones que espera captar por concepto del IDH en 2005.
Ayer, el ministro de Hacienda, Waldo Gutiérrez, explicó que el Gobierno sólo puede entregar 50 de los 100 millones de dólares que demandan los municipios (40 millones) y universidades (10 millones) por concepto del IDH.