Clajadep :: Red de divulgación e intercambios sobre autonomía y poder popular

Compañeras y compañeros de Clajadep:

En nombre de la Coordinadora Nacional de los Comunistas en Guatemala, les enviamos el número extraordinario del mes de septiembre de VENCEREMOS, el órgano divulgativo oficial de los comunistas en Guatemala. Lo ponemos a su disposición para ser conocido, publicado o reproducido. Sería de mucho ánimo para nosotros y seguramente para otros revolucionarios, saber que en Guatemala, los comunistas estamos en proceso de organización de un nuevo partido comunista, después que su organización fue disuelta en 1997.

Agradecimientos de antemano.

Víctor Gutiérrez
Coordinadora Nacional de los Comunistas
Guatemala

Nota de Clajadep:
Las consignas levantadas por los compas comunistas en Guatemala de insumisión, rebeldía y resistencia, en las horas en que las comunidades han demostrado una enorme capacidad de lucha, nos parecen geniales.
Saludamos con entusiasmo la manera con que los compañeros de esos territorios entienden la lucha y creemos que sin duda su postura será una bella contribución para muchos otros que aún no aprenden que hay que superar el pasado y plantearse nuevas tareas para las transformaciones revolucionarias.
Nos complacemos en acoger el llamado de los compañeros.
Los invitamos a ver su informativo:

VENCEREMOS
Voz popular, divulgar para la Revolución

Número Extraordinario Septiembre de 2005

LOS COMUNISTAS Y LA LEY DE CONCESIONES

En nuestro Venceremos Extraordinario del mes de marzo de 2005, advertíamos el carácter de esta iniciativa de Ley. Afirmamos que es una nueva cara de la privatización, cuyo objetivo es facilitar el saqueo del Estado a partir de entregar los bienes y servicios públicos a la “iniciativa privada” para que los explote.

En esta iniciativa de ley se incluyen dentro de los servicios y obras a concesionar: servicios de salud pública e IGSS, y educación (primaria, secundaria y universitaria); turismo, parques y edificios públicos, saneamiento y recuperación ambiental, correos, alimentación de hospitales, cárceles y escuelas; la construcción y mantenimiento de carreteras, autopistas, viaductos, túneles, vías férreas, puertos, aeropuertos, acueductos, oleoductos, gasoductos; la instalación, funcionamiento y prestación de servicio de plantas de generación de energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones; la elaboración de cédulas, pasaportes, licencias de conducir; el transporte público y parques turísticos. A lo anterior se agrega un artículo que abre la posibilidad de concesionar cualquier otro servicio, pues establece que el anterior listado no es limitativo. A través de la figura de concesión, se pretende privatizar la construcción de obras públicas, la explotación de recursos naturales y culturales y la prestación de servicios públicos. Asimismo, traslada obligaciones constitucionales del Estado hacia el interés de lucro del capital. Se validan intereses y principios de la burguesía que ve en el Estado la obligación de incrementar la riqueza pero vinculada, como dice la iniciativa, a la “justa pretensión de las empresas de recuperar sus inversiones y obtener las ganancias que deben asegurársele”. Se habla expresamente de “hacer de estas concesiones una actividad susceptible de explotación por los empresarios”. Esto significa –como lo establece la iniciativa de Ley- que toda empresa estará en la posibilidad de cobrar a los usuarios según su propia conveniencia, lo cual no es otra cosa que una forma más de acumulación de capital a costa del hambre y los derechos de las y los guatemaltecos.

Con esta Ley se pretende que el Estado deje de prestar servicios públicos, deje de construir obras y, además, entregue al capital local y transnacional recursos naturales y estratégicos que pertenecen al país.

Se pretende adelgazar el Estado, quitarle la obligación de garantizar derechos humanos elementales como la vida, la salud, la educación gratuita, laica y obligatoria. Con esto se afecta sustancialmente a la clase trabajadora y, particularmente, a la población sometida a condiciones de pobreza y pobreza extrema. Las políticas neoliberales de privatizar, concesionar, desincorporar o vender activos del Estado, tienen un la finalidad de entregar recursos públicos y nacionales y adelgazar y debilitar el Estado para que no obstaculice la acumulación de capital.

Esta Ley forma parte de un conjunto de leyes correspondientes a la política neoliberal impuesta por Estados Unidos y el capital mundial a través de sus organismos de domino como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y la complicidad de la burguesía local y los sucesivos gobiernos en las dos últimas décadas. Esta política ha privatizado empresas y servicios públicos y, por consiguiente, ha disminuido la responsabilidad del Estado con la población. En este conjunto de leyes se encuentra: 1) La aprobación de reformas al Decreto 34-2004 para evitar que el pueblo pueda comprar productos medicinales genéricos, 2) La aprobación del TLC con Estados Unidos, 3) La Ley de Minería, 4) La Ley de Aguas, para mencionar las más recientes.

Esta política, como está demostrado, ha generado más pobreza en toda América Latina y, con coherencia, ha provocado luchas y levantamientos sociales de muchos pueblos hermanos, tales como el argentino, ecuatoriano, boliviano, venezolano, chileno, salvadoreño, mexicano y el mismo pueblo guatemalteco que, son su movilización, logró retrasar al aprobación de esta Ley expoliadora.

LA POSICIÓN DE LOS COMUNISTAS ANTE ESTA LEY

Los comunistas nos oponemos a esta ley porque:

1) En el artículo 2º. de la Constitución de la República se establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. En el concepto de concesiones el interés social no prevalece. Por el contrario, prevalece el interés de lucro del capital.

2) La privatización y, como parte de esta la concesión, ha significado: encarecimiento y mal servicio, corrupción, etc. Significa profundizar y dar continuidad a la política de privatizaciones promovida por el capital mundial y ejecutado por gobiernos entreguistas.

3) Significa una ley que pone en manos de la avaricia del capital extranjero y nacional la prestación de servicios y construcción de obras públicas. Significa ampliar los privilegios históricos de la burguesía y desarrollar nuevos mecanismos para que sigan acumulando riqueza. Es permitir que lo ricos sean más ricos y los pobres se hundan en la miseria.

4) Significa enajenar las funciones del Estado en relación con la satisfacción de necesidades básicas y la garantía de servicios públicos de calidad.

5) La derecha establecerá el precio (tarifas, peajes y tasas) y/o la remuneración económica que obtendrá el concesionario (inversionista extranjero/ nacional), con lo cual está dicho que no beneficiarán a los usuarios.

6) No se establecen los beneficios que traerá al Estado una concesión en términos de utilidades, regalías y cargas fiscales adicionales. Por el contrario, obliga al Estado a garantizar el retorno del capital a las empresas. En el artículo 19 incluso se prevé que por cualquier acción u omisión del Estado que implique un perjuicio para el concesionario (inversionista), este deberá indemnizarlo.

7) Limita la posibilidad de controlar y evaluar el buen desempeño de la concesión y promueve la constitución de monopolios y oligopolios.

8) No protege los intereses del usuario y no prevé la potestad del Estado de regular las tarifas y garantizar la calidad y continuidad en la prestación del servicio. 9) Esta ley deja en la total desprotección a los usuarios, que son despojados de su calidad de ciudadanos, quedando convertidos en meros “clientes” de las empresas.

10) Se incluyen los bienes culturales y naturales, desconociendo los derechos de identidad nacional y, en especial, el derecho a la consulta que según los Acuerdos de Paz y el Convenio 169 asiste a los pueblos indígenas y las comunidades afectadas.

11) Porque la privatización (hoy llamada concesión) significa perdida de empleo y de seguridad laboral y social.

12) La política de concesiones viola flagrantemente los derechos humanos en general y fundamentalmente el derecho a la vida.

13) El actual gobierno de GANA-Berger ya comprometió recursos provenientes de estas concesiones, por ejemplo para pagar a las PAC.

14) Esta Ley significa otra injerencia más de organismos internacionales y de otros gobiernos, especialmente de Estados Unidos.

15) Significa despojar al Estado de medios estratégicos para el desarrollo nacional, tal el caso de las telecomunicaciones, carreteras, etc.

19) Como partido comunista tenemos la dignidad y decisión de resistir a toda política que afecte los intereses de la clase trabajadora, del pueblo y del país.

LA INCOHERENCIA DE UNA VARIANTE DESDE LOS SECTORES POPULARES

Diversas organizaciones populares se han embarcado en formular y promover una variante a la iniciativa de Ley presentada y apoyada por los partidos de derecha en el Congreso. En esta variante se plantea excluir servicios como salud y educación y establecer tiempo y mecanismos que garanticen mejores condiciones para el Estado y usuarios.

Esta variante resulta inviable e incoherente debido a: 1) Los partidos ya aceptaron excluir salud y educación, algo que nos les preocupa pues la salud y educación ya están privatizadas o concesionadas a la iniciativa privada. 2) Está demostrado que en la actual coyuntura las organizaciones democráticas y revolucionarias no tenemos la fuerza política para que nuestras propuestas se abran paso. La única manera de lograrlo sería con la unidad y la movilización social que actualmente son insuficientes. 3) La estrategia de formulación y cabildeo de esta iniciativa se basa en métodos que la derecha ha establecido y que sólo sirven para avalar los procedimientos para sus decisiones e intereses. La movilización planteada la vinculan a una propuesta que no constituye una alternativa. Por ejemplo, en esencia cuál es la diferencia entre esta iniciativa y la llamada “Ley de participación público - privada en infraestructura”, surgida de la cuestionada consulta que el gobierno hiciera con ciertos personajes nombrados a dedo y sin representación social.

Iniciativa que, además, en esencia tampoco se diferencia de la anterior llamada “Ley de Concesiones”. 4) Se avala una ley que por principio atenta contra la integridad y los derechos de las y los guatemaltecos y los intereses nacionales. 5) Esta ley, como todas, está siendo aprobada a espaldas del pueblo. A lo sumo el poder abre espacios donde no escucha y sólo sirven para validar supuestas consultas y opiniones desde la llamada sociedad civil, que finalmente sólo legitiman la aprobación de leyes expoliadoras.

LO QUE NOS QUEDA ES LA OPOSICIÓN Y RESISTENCIA

Cualquier variante en estas condiciones es distractora y significa aceptar tácitamente un resultado que será adverso para la clase trabajadora y los intereses del país. Es defraudar los intereses populares y nacionales. Una posición revolucionaria no puede fundamentarse en el concepto de concesiones.

La única salida coherente y digna es la denuncia y la legítima resistencia, pues lo que se está afectando son los derechos y garantías contenidas en la Constitución Política de la República.

Proponemos recuperar la perspectiva de la insumisión. Sólo la insumisión puede llevarnos a la rebeldía y sólo la rebeldía puede elevar nuestra lucha a la transformación social. El pueblo de Sipacapa nos enseña una manera, sobre todo en la perspectiva de desarrollar la movilización popular en franca oposición y resistencia.

NO A LAS CONCESIONES
SÍ A LA INSUMISIÓN, LA REBELDÍA Y LA RESISTENCIA

VENCEREMOS
Voz popular, divulgar para la Revolución
Órgano oficial de la Coordinadora Nacional de los Comunistas
pc_gua@yahoo.com
Dignidad para luchar, Dignidad para vencer.